Reforma malograda

Se puede tramitar una reforma legal a la carrera, pero eso incluye un alto riesgo de malograrla, como muestran los primeros resultados de los recortes en la aplicaci¨®n de la justicia universal. Desde la nueva ¨®ptica se excluye a dirigentes del Partido Comunista Chino de una causa por el genocidio tibetano, pero tambi¨¦n a ocho presuntos narcotraficantes egipcios arrestados en un barco sin bandera con casi 10 toneladas de hach¨ªs. Por hacer un favor al Gobierno de Pek¨ªn, en nombre de la realpolitik, se hace de menos al de Par¨ªs, que requiri¨® el auxilio espa?ol para el abordaje. El peligro de la impunidad se extiende a otros narcos para los que la Audiencia Nacional dirime c¨®mo les afecta la restricci¨®n de la justicia universal.

La reforma reduce notablemente la competencia de los tribunales espa?oles sobre hechos sucedidos m¨¢s all¨¢ del territorio nacional. El juez que lleva el caso de los narcos entiende que el legislador deja fuera de su alcance a presuntos delincuentes a bordo de una nave que no enarbolaba pabell¨®n espa?ol ni navegaba hacia Espa?a. La decisi¨®n, tomada contra el criterio de la fiscal¨ªa, sucede a la pol¨¦mica sobre el archivo o no de la causa por la muerte en Irak del c¨¢mara Jos¨¦ Couso. Todo ello complica los casos existentes y acumula las dudas.

A ello puede haber contribuido la redacci¨®n de una norma presentada como proposici¨®n legislativa y aprobada r¨¢pidamente en lugar de hacerlo a trav¨¦s de un proyecto de ley del Ejecutivo, que habr¨ªa exigido m¨¢s calma porque precisa de informes del Consejo de Estado y del Consejo del Poder Judicial. No habr¨ªan venido mal esos dict¨¢menes a efectos de asegurar la calidad t¨¦cnica de la norma.

Hay quien considera quijotesco que un pa¨ªs como Espa?a pretenda obtener resultados del principio de la justicia universal, cuando los sospechosos son extranjeros. En todo caso, los problemas de aplicaci¨®n de la reciente reforma exigen mejorarla y el Gobierno deber¨ªa tomar la iniciativa para producir una norma sensata. Cierto, resulta muy dif¨ªcil juzgar y condenar a presuntos criminales cuando son ciudadanos de otros Estados (por la falta de colaboraci¨®n de estos, sobre todo si son poderosos), antes de la nueva norma y m¨¢s despu¨¦s de ella; pero al menos hay que garantizar una ley sin errores y una aplicaci¨®n del principio de la justicia universal suficientemente extensa como para no debilitar su fuerza disuasoria.