La verdadera amenaza a la democracia en Venezuela

Recientemente, el presidente venezolano, Nicol¨¢s Maduro, public¨® una columna de opini¨®n en el peri¨®dico The New York Times en un intento por contrarrestar la cobertura desfavorable que ha recibido su Gobierno en la prensa tras la represi¨®n de m¨²ltiples protestas en los dos ¨²ltimos meses. Acus¨® a los medios internacionales de haber ¡°distorsionado la realidad¡± de Venezuela al describir las protestas como pac¨ªficas y a la democracia del pa¨ªs como ¡°deficiente¡±. Sin embargo, las medidas que adopt¨® para responder a las protestas en el pa¨ªs demostraron que las deficiencias de la democracia venezolana son absolutamente palpables. No s¨®lo las fuerzas de seguridad han cometido abusos contra manifestantes que no estaban armados, sino que adem¨¢s su Gobierno ha censurado la transmisi¨®n informativa de las manifestaciones y encarcelado a un dirigente opositor que apoy¨® las movilizaciones.

El presidente Maduro ha enfrentado dificultades importantes desde que triunf¨® por una ajustada diferencia en las elecciones presidenciales celebradas hace un a?o. Fiel disc¨ªpulo de Hugo Ch¨¢vez, fallecido en marzo pasado, Maduro hered¨® el apoyo de cerca de la mitad de los votantes del pa¨ªs, muchos de los cuales se han beneficiado con los programas sociales gestionados por el Gobierno durante la ¨²ltima d¨¦cada. Pero tambi¨¦n hered¨® una de las tasas de homicidio m¨¢s altas del mundo y una econom¨ªa que atraviesa serios problemas, con un ¨ªndice de inflaci¨®n que el a?o pasado sobrepas¨® el 56%, al cual se agrega una escasez cr¨®nica de alimentos, medicamentos y otros art¨ªculos de primera necesidad.

Las actuales protestas comenzaron a principios de febrero, cuando estudiantes universitarios del Estado de T¨¢chira se congregaron para exigir mayor seguridad p¨²blica. Las protestas se propagaron r¨¢pidamente por el pa¨ªs, y a las demandas iniciales se fueron sumando otras, como cr¨ªticas a la inflaci¨®n y al desabastecimiento. Poco despu¨¦s se sumaron tambi¨¦n miembros de la oposici¨®n pol¨ªtica venezolana, cuyo candidato moderado, Henrique Capriles, casi hab¨ªa conseguido derrotar a Maduro en los comicios de abril pasado. El posterior intento de Capriles por convertir las elecciones regionales de diciembre en un referendo sobre la continuidad de Maduro fracas¨®, y los candidatos oficialistas finalmente se impusieron. Luego, varios de los l¨ªderes m¨¢s combativos de la oposici¨®n llamaron a sus simpatizantes a participar en las marchas y declararon que no abandonar¨ªan la protesta hasta conseguir ¡°la salida¡±, o sea, que Maduro dejara de ser presidente.

El Gobierno encarcela a opositores, controla a los jueces, maltrata a los detenidos y? cierra canales de televisi¨®n

El 12 de febrero, Caracas fue escenario de sucesos violentos en los que algunos manifestantes arrojaron piedras y miembros de las fuerzas de seguridad dispararon municiones. Tres personas murieron a causa de los disparos, incluidos dos manifestantes y un partidario del Gobierno, lo cual suscit¨® una nueva ola de protestas en m¨¢s de 20 ciudades. Si bien la mayor¨ªa de las protestas se han desarrollado pac¨ªficamente, en muchos lugares los manifestantes han instalado barricadas, y algunos han lanzado piedras y c¨®cteles Molotov. Las fuerzas de seguridad fueron movilizadas para contener las manifestaciones, y hay numerosas acusaciones de abusos, incluidos casos en que se abri¨® fuego contra manifestantes que no estaban armados y de personas que sufrieron palizas mientras permanecieron detenidas. Bandas de civiles armados afines al Gobierno han circulado en motocicletas por distintas ciudades y han atacado a manifestantes e infundido temor para evitar que nuevas personas se sumaran a las protestas. Gran cantidad de personas han resultado heridas y m¨¢s de 30 han perdido la vida, incluidos civiles, polic¨ªas y miembros de la Guardia Nacional.

En su columna en el Times, Maduro reconoci¨® que las fuerzas de seguridad cometieron abusos, pero insisti¨® en que hab¨ªan sido muy aislados y que su Gobierno ¡°hab¨ªa respondido con la detenci¨®n de los presuntos responsables¡±. Las autoridades han arrestado, en efecto, a m¨¢s de una decena de miembros de las fuerzas de seguridad en las ¨²ltimas semanas (si bien lo hicieron a ra¨ªz de que se trascendieran grabaciones de v¨ªdeo que mostraban el uso de armas de fuego contra manifestantes). Sin embargo, su primera reacci¨®n a los asesinatos del 12 de febrero consisti¨® en arrestar a pol¨ªticos de la oposici¨®n.

El primero fue Leopoldo L¨®pez, l¨ªder del partido Voluntad Popular y uno de los actores que m¨¢s en¨¦rgicamente ha exigido la salida de Maduro. El ministro de Relaciones Exteriores, El¨ªas Jaua, se?al¨® a L¨®pez como el ¡°autor intelectual¡± de los acontecimientos violentos del 12 de febrero, y la Fiscal¨ªa General gestion¨® r¨¢pidamente una orden de detenci¨®n en su contra por diversos cargos, incluido el de homicidio. Consigui¨® asimismo que se librara una orden de arresto contra Carlos Vecchio, tambi¨¦n dirigente de Voluntad Popular, y otras dos figuras de la oposici¨®n. Despu¨¦s de ocultarse varios d¨ªas, L¨®pez finalmente se entreg¨® y fue trasladado a una prisi¨®n militar, donde lleva detenido casi dos meses. Vecchio y los otros opositores se mantienen en la clandestinidad. El Gobierno a¨²n no ha presentado evidencias cre¨ªbles que vinculen a L¨®pez o los dem¨¢s con hechos de violencia u otros delitos.

En marzo, las autoridades tambi¨¦n comenzaron a perseguir a alcaldes opositores. El 19 de marzo arrestaron a Daniel Ceballos, alcalde de la ciudad de T¨¢chira, donde comenzaron las primeras protestas, quien hab¨ªa denunciado el uso de la fuerza contra manifestantes por el Gobierno, y a Enzo Scarano, alcalde de uno de los municipios de la ciudad de Valencia donde tambi¨¦n se hab¨ªan producido protestas. El mismo d¨ªa de las detenciones, el Tribunal Supremo conden¨® al alcalde Scarano a m¨¢s de diez meses de prisi¨®n por no acatar una orden judicial que dispon¨ªa el levantamiento de cortes de v¨ªas de circulaci¨®n organizados por los manifestantes, y la semana siguiente conden¨® al alcalde Ceballos a un a?o de prisi¨®n por el mismo delito. Desde entonces, el Tribunal ha dictado ¨®rdenes de detenci¨®n contra otros cuatro alcaldes, y confirm¨® la decisi¨®n de la mayor¨ªa oficialista en la Asamblea Nacional que destituy¨® a la legisladora Mar¨ªa Corina Machado, aliada pol¨ªtica de L¨®pez, para que ella tambi¨¦n fuera procesada.

Las causas penales contra l¨ªderes de la oposici¨®n alertan sobre la ausencia de un poder judicial independiente

Estas causas penales alertan sobre uno de los problemas m¨¢s flagrantes de la democracia venezolana en la actualidad: la ausencia de un poder judicial independiente. Desde que el Tribunal Supremo fue copado por magistrados chavistas en 2004, sus miembros han rechazado abiertamente la noci¨®n de separaci¨®n de poderes y se han comprometido p¨²blicamente a apoyar las pol¨ªticas del Poder Ejecutivo. Numerosos jueces de tribunales inferiores han recibido fuertes presiones para no emitir pronunciamientos que vayan contra intereses del Gobierno. El juez que reconozca los derechos de L¨®pez y otros l¨ªderes de oposici¨®n se expone a ser destituido de manera sumaria por el Tribunal Supremo, o incluso sufrir represalias m¨¢s severas. En 2009, cuando la jueza Mar¨ªa Lourdes Afiuni, para dar cumplimiento a una recomendaci¨®n de la ONU (y a lo dispuesto por el Derecho venezolano), otorg¨® la libertad condicional a un opositor del Gobierno, el presidente Ch¨¢vez exigi¨® que fuera encarcelada. Permaneci¨® m¨¢s de un a?o en prisi¨®n, al cual se a?adieron otros dos bajo arresto domiciliario.

El presidente Maduro y su ministro de Justicia han se?alado en varias oportunidades que corresponde al sistema judicial determinar si los pol¨ªticos que fueron encarcelados son culpables de los delitos que se les atribuye. Sin embargo, a la luz del control que ejerce el Gobierno sobre la justicia, estas garant¨ªas pierden plausibilidad, al igual que la afirmaci¨®n de Maduro de que los funcionarios p¨²blicos que han cometido abusos responder¨¢n por sus actos.

Los esfuerzos del Gobierno por controlar la informaci¨®n sobre las protestas han sido igualmente alarmantes. El 11 de febrero, antes de que se produjeran v¨ªctimas fatales, el director del ¨®rgano del Estado que regula a los medios de comunicaci¨®n les advirti¨® que podr¨ªan sufrir consecuencias legales por sus transmisiones de los sucesos violentos en el marco de las protestas. La advertencia era v¨¢lida. Durante la presidencia de Ch¨¢vez se dictaron normas que proh¨ªben difundir mensajes que ¡°fomenten zozobra en la ciudadan¨ªa¡± u ¡°ofendan¡± a funcionarios gubernamentales, y autorizan al Gobierno a cerrar canales de televisi¨®n y estaciones de radio cuando lo considere ¡°conveniente a los intereses de la Naci¨®n¡±.

Pocas horas despu¨¦s de las primeras muertes el 12 de febrero, el presidente Maduro oblig¨® a proveedores de televisi¨®n por cable a interrumpir la se?al de NTN24, un canal internacional de noticias que se transmite en toda Am¨¦rica Latina, debido a su amplia cobertura de los hechos violentos. Al d¨ªa siguiente, anunci¨® que su Gobierno ¡°tomar[¨ªa] medidas¡± contra la agencia de noticias France Presse por haber ¡°distorsionado la verdad de los acontecimientos ocurridos el mi¨¦rcoles 12 de febrero¡±. El 16 de febrero, la ministra de Comunicaciones e informaci¨®n anunci¨® que el Gobierno ¡°tomar[¨ªa] acciones judiciales¡± contra peri¨®dicos nacionales e internacionales por utilizar ¡°fotograf¨ªas manipuladas¡± para la cobertura informativa.

El sindicato de prensa ha documentado m¨¢s de 170 ¡°actos de agresi¨®n¡± de las fuerzas de seguridad contra periodistas

El presidente Maduro se dirigi¨® luego a CNN, y anunci¨® el 20 de febrero que hab¨ªa iniciado los procedimientos para sacar del aire al canal en Venezuela. Seg¨²n afirm¨®, CNN participaba en ¡°propaganda de guerra¡± con la intenci¨®n de ¡°justificar la guerra civil en Venezuela y la intervenci¨®n del ej¨¦rcito gringo [en el pa¨ªs]¡±. Siete periodistas de CNN informaron que les fueron revocadas sus licencias de prensa. Al d¨ªa siguiente, Maduro cambi¨® repentinamente el rumbo y declar¨® con tono victorioso que CNN hab¨ªa ¡°rectificado¡± su cobertura y, por lo tanto, se le permitir¨ªa seguir transmitiendo desde el pa¨ªs.

Las embestidas contra estos canales internacionales no constituyeron simples actos de improvisaci¨®n ante la inminencia de una crisis, sino la m¨¢s reciente medida de presi¨®n de una estrategia que, desde hace una d¨¦cada, pretende controlar el contenido de las noticias de la televisi¨®n venezolana. Cuando Ch¨¢vez fue separado brevemente del poder en 2002 durante un fugaz golpe de Estado, los cuatro principales canales privados de televisi¨®n dieron amplia cobertura a la intentona golpista, y luego suspendieron la transmisi¨®n cuando partidarios de Ch¨¢vez se movilizaron masivamente para exigir que fuera restablecido en el cargo. Tras el golpe, Ch¨¢vez adopt¨® medidas en¨¦rgicas para reducir el acceso de sus opositores a las se?ales de radio y televisi¨®n, incluso advirtiendo reiteradamente a los canales y estaciones que podr¨ªan perder su licencia. Dos de los cuatro canales privados redujeron su programaci¨®n cr¨ªtica, un tercer canal fue obligado a salir del aire y el cuarto fue acosado mediante sanciones administrativas y acciones penales, hasta que su titular finalmente lo vendi¨® a inversionistas aparentemente vinculados con el Gobierno, que han limitado significativamente su programaci¨®n cr¨ªtica.

El Gobierno tambi¨¦n aument¨® de uno a seis la cantidad de canales de televisi¨®n gestionados por el Estado y ejerci¨® asiduamente su facultad de transmitir "cadenas" o emisiones obligatorias. As¨ª, ha exigido a todos los canales de televisi¨®n y estaciones de radio del pa¨ªs que interrumpieran su programaci¨®n habitual para transmitir cientos de mensajes presidenciales: en estas transmisiones, Ch¨¢vez anunciaba nuevas pol¨ªticas, inauguraba escuelas, se dirig¨ªa a los asistentes de reuniones pol¨ªticas, tocaba la guitarra, celebraba su cumplea?os y, casi sin excepci¨®n, increpaba a sus detractores.

Estas t¨¢cticas contin¨²an con la presidencia de Maduro. Los canales venezolanos han evitado transmitir en vivo protestas contra el Gobierno, pero s¨ª lo hacen cuando se trata de manifestaciones a favor del actual mandatario. Desde el 12 de febrero, el Gobierno ha ordenado m¨¢s de 30 cadenas nacionales, que suman m¨¢s de de 45 horas de transmisi¨®n, algunas de las cuales han sido usadas por Maduro para denunciar que los manifestantes intentaban instigar un golpe ¡°fascista¡±. Si bien algunos programas de noticias han entrevistado a dirigentes opositores y cr¨ªticos del Gobierno, lo hacen acatando restricciones legales y pol¨ªticas. Un defensor local de derechos humanos que fue invitado a un programa me coment¨®, por ejemplo, que el conductor le advirti¨® antes de salir al aire que el canal hab¨ªa recibido instrucciones del Gobierno de tratar el tema de las barricadas con suma cautela. Esta semana, un presentador de noticias de uno de los principales canales renunci¨® mientras estaba al aire debido a las restricciones impuestas a la cobertura que, seg¨²n indic¨® posteriormente, inclu¨ªan ¡°instrucciones espec¨ªficas¡± de no usar las palabras ¡°barricada¡±, ¡°desbastecimiento¡± ni ¡°protesta pac¨ªfica¡±.

Maduro interrumpi¨® la se?al del canal latinoamericano NTN24 y amenaz¨® con sacar del aire a CNN

Las amenazas contra CNN y la censura de NTN24 tambi¨¦n han enviado un mensaje a los medios venezolanos, seg¨²n se?alan defensores locales de la libertad de prensa, quienes aseveran tambi¨¦n que miembros de las fuerzas de seguridad han intimidado a periodistas que informan sobre los enfrentamientos en las calles. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela ha documentado m¨¢s de 170 ¡°actos de agresi¨®n¡± cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad contra periodistas, incluidas agresiones f¨ªsicas, amenazas y detenciones. Por ejemplo, el fot¨®grafo de la revista Exceso Rafael Hern¨¢ndez fue detenido luego de captar con su c¨¢mara el momento en que un polic¨ªa golpeaba a una mujer, y recibi¨® varias palizas durante las nueve horas que permaneci¨® retenido. La polic¨ªa confisc¨® su c¨¢mara y las im¨¢genes.

Las cifras del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa ser¨ªan m¨¢s alarmantes si tomaran en cuenta las agresiones contra ciudadanos comunes que han documentado por su propia iniciativa la violencia contra manifestantes. Marvinia Jim¨¦nez, de profesi¨®n costurera, fue atacada por una oficial de la Guardia del Pueblo cuando intent¨® filmar con su tel¨¦fono a miembros de la Guardia Nacional mientras disparaban a manifestantes. Jim¨¦nez fue arrojada al asfalto, y una vez all¨ª la oficial la inmoviliz¨® sent¨¢ndose encima de ella y la golpe¨® en la cabeza con su casco, a ra¨ªz de lo cual sufri¨® graves contusiones en el rostro. Pas¨® la noche detenida y actualmente enfrenta cargos por resistirse a la detenci¨®n. Afortunadamente, varias personas filmaron la golpiza con sus tel¨¦fonos celulares y pudieron mostrar al mundo lo sucedido.

Los defensores de Ch¨¢vez y Maduro a menudo intentan restar gravedad a las preocupaciones sobre la situaci¨®n de la libertad de prensa en Venezuela, mostrando para ello ejemplos de informaci¨®n cr¨ªtica con el Gobierno que se publica en varios peri¨®dicos del pa¨ªs. Es cierto que el Gobierno no ha atacado a la prensa escrita con la misma determinaci¨®n con la que arremeti¨® contra medios televisivos, posiblemente debido a que los venezolanos que leen peri¨®dicos son s¨®lo un peque?o sector comparado con quienes ven televisi¨®n. Sin embargo, varios peri¨®dicos han sido objeto de sanciones administrativas ¡ªe incluso acciones penales¡ª por su cobertura informativa. En noviembre pasado, el director de El Mundo, un diario de baja circulaci¨®n, fue despedido despu¨¦s de que Maduro fustigara p¨²blicamente la ¡°perversidad de los due?os¡±, en reacci¨®n a un titular donde se criticaba a su Gobierno.

Y desde que empezaron las protestas, ?ltimas Noticias, el peri¨®dico de mayor circulaci¨®n del pa¨ªs, ha recibido presiones por su l¨ªnea informativa independiente. Tal vez su art¨ªculo m¨¢s importante haya sido un an¨¢lisis de grabaciones de v¨ªdeo tomadas el 12 de febrero, que captaron im¨¢genes de polic¨ªas uniformados acompa?ados por hombres vestidos de civil mientras disparaban contra manifestantes que intentaban escapar del lugar, y en las cuales incluso se ve c¨®mo uno de ellos cae abatido a causa de un balazo mortal en la cabeza. Cuando este material se difundi¨® por Internet el 19 de febrero, se convirti¨® en la primera evidencia firme de que los agentes de las fuerzas de seguridad hab¨ªan empleado fuerza letal contra manifestantes que no estaban armados, y para el Gobierno se torn¨® m¨¢s dif¨ªcil atribuir esa violencia a la oposici¨®n. S¨®lo despu¨¦s de este informe comenzaron los arrestos de miembros de las fuerzas de seguridad, y la fiscal¨ªa se sinti¨® obligada a retirar los cargos de homicidio contra Leopoldo L¨®pez.

La oposici¨®n deber¨¢, casi sin ninguna duda, abandonar la exigencia de que el Gobierno deje el poder

Sin embargo, pronto se hizo evidente que no ser¨ªa f¨¢cil para el peri¨®dico seguir publicando estas revelaciones. Poco despu¨¦s de la difusi¨®n del informe, el presidente del grupo de medios al cual pertenece ?ltimas Noticias renunci¨® a su cargo y fue reemplazado por un exgobernador y abierto partidario del Gobierno de Maduro. La vicepresidenta del grupo renunci¨® una semana despu¨¦s, y explic¨® que su decisi¨®n se debi¨® a que el nuevo presidente le hab¨ªa pedido que politizara el contenido del peri¨®dico. Y a fines de marzo, la directora de la Unidad de Investigaci¨®n del peri¨®dico, que hab¨ªa preparado el informe del 19 de febrero, renunci¨® a modo de protesta cuando este medio decidi¨® en el ¨²ltimo momento no publicar otro art¨ªculo sobre las manifestaciones debido a que era demasiado ¡°pol¨ªtico¡±.

Ese art¨ªculo ¡ªque desde entonces ha sido publicado de manera independiente¡ª es obra de la experimentada periodista Laura Weffer, quien estuvo presente y dialog¨® con manifestantes y tambi¨¦n con miembros de la Guardia Nacional durante enfrentamientos en la Plaza Altamira, la principal plaza de Caracas donde se han congregado los manifestantes desde el 12 de febrero. El art¨ªculo de Weffer describe a los manifestantes como personas de origen humilde que se vuelcan al activismo debido a la dif¨ªcil situaci¨®n econ¨®mica. Tambi¨¦n ofrece a varios soldados la oportunidad de contar su perspectiva. Un joven soldado de la Guardia Nacional cuenta: ¡°Mi mam¨¢, del Zulia, tiene que calarse la misma cola que la que hacen estos chamos, para comprar cualquier pote de aceite. Yo creo que ellos tienen raz¨®n, pero a veces se pasan¡±.

Pero esta informaci¨®n no coincide con la versi¨®n que ofrece el Gobierno de la realidad, seg¨²n la cual, como Maduro escribi¨® en el Times, ¡°las protestas son organizadas por personas de los sectores m¨¢s privilegiados de la sociedad¡± que no est¨¢n en contacto con las aspiraciones del pueblo venezolano.

De hecho, para Maduro y sus seguidores, la verdadera ofensa cometida por L¨®pez y otros opositores es haber usado ¡°la salida¡± como su eslogan. En su opini¨®n, el reclamo de que el presidente renuncie al poder equivale a un golpe de Estado. Sin embargo, exigir la salida no constituye un golpe de Estado; tampoco es, ni deber¨ªa ser, un delito. Un golpe se produce cuando se toma el poder por la fuerza, y no cuando simplemente se reclama la dimisi¨®n. En una sociedad democr¨¢tica, las personas deber¨ªan tener la libertad de tomar un meg¨¢fono, marchar por las calles y pedir lo que quieran a sus l¨ªderes electos.

Si la salida es o no una estrategia pol¨ªtica acertada, eso ya es otro asunto. Algunos l¨ªderes de oposici¨®n han criticado esta ret¨®rica. El ex candidato presidencial Capriles ha instado a la oposici¨®n a que se ocupe de problemas concretos que afectan a la mayor¨ªa de la poblaci¨®n. Dif¨ªcilmente la oposici¨®n pueda sumar a sus filas a expartidarios de Ch¨¢vez si estos creen que un nuevo golpe est¨¢ en ciernes. Tambi¨¦n es menos probable que los manifestantes puedan estar seguros en las calles si miembros de las fuerzas de seguridad y bandas afines al Gobierno tambi¨¦n creen en la posibilidad de un golpe de Estado. Y no deber¨ªa sorprendernos que esta creencia est¨¦ extendida: durante m¨¢s de una d¨¦cada, el Gobierno se ha ocupado de mentalizar a sus partidarios para que vislumbren el riesgo de un golpe de Estado pr¨¢cticamente en cualquier situaci¨®n. Tambi¨¦n lo hace Maduro en su art¨ªculo en The New York Times, cuando pone de relieve que algunos opositores apoyaron el breve golpe de 2002.

Ese evento se produjo hace doce a?os. En cambio, el da?o que el Gobierno venezolano le est¨¢ causando a la democracia en el pa¨ªs est¨¢ sucediendo ahora: encarcela a opositores pol¨ªticos, controla al Tribunal Supremo, intimida a jueces, golpea a manifestantes, comete abusos contra detenidos, tolera a violentas bandas de civiles armados que defienden al Gobierno, cierra canales de televisi¨®n, censura a periodistas y llena las ondas con transmisiones obligatorias en las cuales el presidente califica de criminales y ¡±fascistas¡± a sus cr¨ªticos.

Algunas voces sensatas, tanto dentro de Venezuela como en el exterior, han se?alado que la ¨²nica salida a la crisis actual es a trav¨¦s del di¨¢logo entre el Gobierno y sus opositores, y el 8 de abril el presidente y l¨ªderes de la oposici¨®n acordaron iniciar conversaciones. Para que se produzca un di¨¢logo genuino, la oposici¨®n deber¨¢, casi sin ninguna duda, abandonar la exigencia de que el Gobierno deje el poder. Pero, sobre todo, el Gobierno deber¨¢ dejar atr¨¢s las t¨¢cticas autoritarias que ha estado empleando para dirigir el pa¨ªs.

Daniel Wilkinson es subdirector para las Am¨¦ricas de Human Rights Watch. Este art¨ªculo fue publicado en ingl¨¦s por el New York Review of Books.