Aislar a los violentos

Los grupos dedicados a la violencia urbana consiguen reventar pocas veces la tranquilidad ciudadana. De los 25.461 actos de protesta y manifestaciones celebradas el a?o pasado, hubo intervenci¨®n policial en el 0,1%. El director general de la Polic¨ªa, Ignacio Cosid¨®, que ha facilitado esos datos al Congreso, tiene raz¨®n cuando afirma que la inmensa mayor¨ªa de las manifestaciones discurren pac¨ªficamente. Lo que no se entiende, visto ese diagn¨®stico, es el clima de alarma preventiva creado contra un supuesto exceso de protestas callejeras, ni el endurecimiento de medidas legales destinadas a incrementar el arsenal de sanciones a disposici¨®n del poder gubernativo.

Un desastre como el que se produjo el 22 de marzo en Madrid, cuando 101 personas resultaron heridas tras la celebraci¨®n de una marcha por la dignidad, lleva a cuestionarse la estrategia de seguridad ciudadana. La primera y m¨¢s obvia raz¨®n de lo ocurrido fue la violencia ejercida por unos cientos de radicales organizados con t¨¢cticas de guerrilla urbana. Pero el director de la Polic¨ªa reconoce tambi¨¦n ¡°fallos de coordinaci¨®n, comunicaci¨®n y ejecuci¨®n¡± en el dispositivo policial montado, que se sald¨® con 67 polic¨ªas heridos, gran parte de ellos al quedar aislados frente al ataque de los radicales y no ser auxiliados por sus compa?eros, pese a la dimensi¨®n del dispositivo planteado: 1.700 polic¨ªas, que, sin llegar a los 8.000 para proteger una reuni¨®n del BCE en Barcelona en 2012, constituye uno de los mayores despliegues de seguridad en los ¨²ltimos a?os.

Lo sucedido se salda con el anuncio de una reorganizaci¨®n de la polic¨ªa antidisturbios y la destituci¨®n de un mando intermedio, el jefe de la primera Unidad de Intervenci¨®n Policial de Madrid (UIP), medida juzgada insuficiente por la oposici¨®n y varios sindicatos policiales.

M¨¢s all¨¢ de ese debate, los incidentes del 22 de marzo llevan a preguntarse por el estado de la prevenci¨®n e informaci¨®n previas sobre grupos radicales muy peque?os, pero que ejercen una violencia en grado hasta ahora desconocido, de cuya existencia sabe y advierte el Ministerio del Interior. El control y aislamiento de los guerrilleros urbanos interesa no solo al Gobierno, sino a los colectivos de ciudadanos que tienen todo el derecho a manifestarse pac¨ªficamente y a rechazar de plano una violencia que les pone en peligro a ellos mismos.