Vientres rotos

"Una mujer posiblemente no ser¨ªa esterilizada forzadamente si fuera de clase media alta. Las pol¨ªticas no se dirigen a todas las mujeres, sino a ciertos sectores. Por eso es importante lo que considero 'una solidaridad radical en materia de g¨¦nero': lo que produzca da?o, lo que impacte a una mujer en una zona, en una comunidad andina, en una comunidad amaz¨®nica, en realidad nos agrede a todas". Esta fue la interpelaci¨®n que Giulia Tamayo Le¨®n, abogada feminista y defensora de los derechos humanos, reci¨¦n fallecida, hizo al movimiento de mujeres peruanas en 1999, en un contexto donde ella denunci¨® y evidenci¨®, por primera vez, las esterilizaciones forzadas en el pa¨ªs.

Entre 1996 y 2000, durante el gobierno de Alberto Fujimori, seg¨²n informes de la Defensor¨ªa del Pueblo, se esteriliz¨® de manera forzada a m¨¢s de 276.272 mujeres y 22.004 hombres. Las v¨ªctimas eran de poblaciones quechuas, aymaras, shipibas, ash¨¢ninkas, campesinas, rurales y de zonas urbanas marginales, que pasaron por el llamado Programa de Salud Reproductiva y Planificaci¨®n Familiar que Fujimori present¨® a la comunidad internacional en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Pek¨ªn 1995). Las victimas han luchado durante a?os contra la impunidad del Gobierno de Fujimori y los implicados. Hace unas semanas se archiv¨® el caso ante el pasmo de miles de mujeres peruanas, asociaciones de derechos humanos, abogados y v¨ªctimas. Esta es la historia.

Durante su primer periodo presidencial, Alberto Fujimori evidenci¨® su gran inter¨¦s en aplicar una pol¨ªtica de planificaci¨®n familiar a trav¨¦s del Programa Nacional de Poblaci¨®n. Fue en 1991 cuando por primera vez habl¨® de ello. ¡°Esta d¨¦cada debe ser la de la planificaci¨®n familiar¡±. Cuatro a?os despu¨¦s, el 28 de julio de 1995, anunci¨® el comienzo de tal campa?a en un discurso televisivo.

Seg¨²n evidenci¨® Giulia Tamayo en su informe de Derechos Humanos sobre la Aplicaci¨®n de la Anticoncepci¨®n Quir¨²rgica en el Per¨² 1996-1998, Nada Personal, "el Gobierno de Fujimori hablaba de metas a mediano plazo para reducir las cifras del crecimiento poblacional y la tasa de fecundidad desde 1991. El Programa Nacional de Poblaci¨®n, promulgado ese a?o, incluy¨® como objetivo la reducci¨®n de la tasa de fecundidad por mujer a 3,3 hijos".

En 1992, mediante una resoluci¨®n ministerial se cambi¨® el Manual de Salud Reproductiva del Estado peruano para legalizar la esterilizaci¨®n en casos de ¡°riesgo reproductivo¡±. Seg¨²n la Defensor¨ªa del Pueblo, las cifras exactas de esterilizaciones realizadas durante 1992 habr¨ªan sido de 6.911 y de 14.783 en 1993. Se duplicaron de un a?o a otro en un contexto de "autogolpe de Estado", pues Fujimori disolvi¨® el Congreso de la Rep¨²blica y facilit¨® al Poder Ejecutivo legislar numerosos decretos sin oposici¨®n.

En 1995, Martha Ch¨¢vez, presidenta del Congreso e integrante del partido de Fujimori, promovi¨® un proyecto de Ley para legalizarla en su totalidad. Mientras, el Ministerio de Salud emiti¨® una resoluci¨®n para que todos los centros de salud priorizaran la difusi¨®n sobre planificaci¨®n familiar y el suministro gratuito de ¡°la m¨¢s amplia gama de m¨¦todos anticonceptivos¡±.

Finalmente, el 6 de febrero de 1996 se aprob¨® el Programa de Salud Reproductiva y Planificaci¨®n Familiar 1996-2000, firmado por el ministro, Eduardo Yong Motta. Oficialmente, qued¨® a cargo del ministerio de Salud. Poco despu¨¦s, Fujimori lo traslad¨® al de Econom¨ªa y Finanzas. Con estos cambios y su liderazgo directo sobre ¨¦l, evadi¨® posibles acciones de seguimiento y monitoreo.

D¨ªas despu¨¦s, una resoluci¨®n (en 1996) decretaba que ya no ser¨ªa necesario el consentimiento de la pareja, sino solo el de la paciente, para aplicar la esterilizaci¨®n quir¨²rgica voluntaria (AQV). La investigadora Christina Ewig en su informe Engineering Development: The Reform of Family Planning in Peru under Fujimori (2000) evidencia la falta de procedimientos regulares en el Programa de Salud Reproductiva y Planificaci¨®n Familiar: la participaci¨®n directa del presidente, la disoluci¨®n del Consejo Nacional de Poblaci¨®n, su posterior absorci¨®n dentro del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Humano, el aislamiento del programa dentro del propio Ministerio de Salud y la existencia de asesores externos del presidente.

Tamayo se?alaba c¨®mo el programa fue focalizado hacia los sectores m¨¢s pobres del pa¨ªs, sobre todo mujeres. Fujimori lo puso en marcha porque, seg¨²n se lee en el documento, "considera que es una buena estrategia para reducir la pobreza, cuando en cualquier otro pa¨ªs las campa?as ir¨ªan destinadas a la educaci¨®n y a la sanidad". Y destaca: "En Per¨² la esterilizaci¨®n es gratuita, pero la asistencia m¨¦dica por parto es de las m¨¢s caras de Latinoam¨¦rica". Posteriormente, una subcomisi¨®n parlamentaria encargada de investigar estos hechos, presidida por H¨¦ctor Ch¨¢vez Chuch¨®n, ante la evidencia de que la mayor cantidad de denuncias de esterilizaciones vinieron de las zonas m¨¢s pobres del Per¨² (Huancavelica, Piura, Ayacucho, Cuzco, Apur¨ªmac, La Libertad, Puno y Cajamarca), lo denomin¨® ¡°genocidio¡±, porque implicaba la ¡°destrucci¨®n total o parcial de un grupo ¨¦tnico, social o religioso¡±, a trav¨¦s de ¡°medidas destinadas a impedir nacimientos en el grupo¡±.

M¨¦todos coercitivos, silencio y complicidad

Seg¨²n Tamayo y las propias mujeres denunciantes se organizaron los conocidos como "Festivales de salud" o "Campa?as de AQV" con el objetivo de inducir a las mujeres a utilizar m¨¦todos definitivos de planificaci¨®n familiar, especialmente la AQV, irreversible para ellas. As¨ª, se buscaba lograr efectividad en la campa?a de "captaci¨®n" (t¨¦rmino utilizado literal y oficialmente).

En su texto, Tamayo evidencia que los centros de salud y su personal fijaron cuotas de esterilizaciones, y desde el Ministerio les instaron a cumplirlas mediante promesas de bonificaciones y amenazas de sanciones. Por su parte, el personal de salud emple¨® diversos mecanismos de presi¨®n. Enga?aron a las mujeres, no revel¨¢ndoles la verdadera intenci¨®n de la operaci¨®n y las consecuencias. Emplearon amenazas o promesas de dinero o alimentos. Realizaron esterilizaciones contra la voluntad expresa de las afectadas. En otros casos, no informaron nada a la interesada y aprovecharon su paso por el hospital por otro motivo, como un parto, para esterilizarlas. El silencio y complicidad de todo el personal de salud gener¨® impunidad.

Esperanza Guayama, vicepresidenta del Comit¨¦ de Defensa de Derechos Humanos de las Mujeres Esterilizadas de Huancabamba (CDME), relata: "Yo no sab¨ªa leer ni escribir. En 1996 aparecieron un doctor y una enfermera en mi caser¨ªo de Rodeopampa. Nos dijeron a las mujeres que ten¨ªamos que bajar a Huancabamba para vacunar a nuestros ni?os. Y en el hospital, que mejor nos hici¨¦ramos la ligadura (AQV) para no tener m¨¢s hijos. Dijeron que era una orden del Gobierno. Me sacaron un an¨¢lisis y dijeron que estaba normal, me pusieron la anestesia y me pasaron a un cuarto para operarme. Al rato escuch¨¦ que una enfermera dijo: ¡°?La se?ora estaba embarazada!¡±. Al parecer, estaba de 3 meses, pero no me hab¨ªa dado cuenta. Le supliqu¨¦ al m¨¦dico que no me operara, que prefer¨ªa tener a mi hijo, pero no me hizo caso. Me hizo la ligadura de una de las trompas. Yo continu¨¦ el embarazo hasta los 8 meses, con muchas complicaciones hasta que di a luz, pero el beb¨¦ estaba ya muerto".

Porfiria Pe?a, prima de Gregoria Pe?a a quien esterilizaron sin consentimiento, narra: "En 1996, llegaron las enfermeras de la Posta M¨¦dica de S¨®ndor a su comunidad, para prometer que si se hac¨ªan la AQV les iban a dar alimentos, medicinas y ayuda toda la vida. Ella no acept¨® porque no confiaba, y trataron de convencer a su mam¨¢ pero no pudieron. Entonces, la llevaron a la fuerza. Vinieron en una ambulancia y la llevaron al centro de salud Huancabamba (a 2 horas de distancia en coche), donde estaban otras mujeres a quienes tambi¨¦n les iban a ligar las trompas. All¨ª, le quitaron la ropa y la pusieron sobre una cama. Ah¨ª la operaron sin que se diera cuenta de lo que la estaban haciendo. Como era muda y analfabeta no le hicieron firmar nada, y presionaron a la mam¨¢ para que firmara el consentimiento".

Un desaf¨ªo pendiente: verdad, justicia y reparaci¨®n

Josefa Ram¨ªrez Pe?a, feminista y defensora de derechos humanos del Instituto de Apoyo al Movimiento Aut¨®nomo de Mujeres Campesinas (IAMAMC) que trabaja en Huancabamba recuerda que en noviembre del 2012 y por exhorto de la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se reinici¨® el proceso de investigaci¨®n de las esterilizaciones forzadas. Fue as¨ª, como cientos de mujeres de Huancabamba esperaron el 19 de agosto del 2013 al Fiscal Marco Guzm¨¢n Baca, quien lleg¨® a recoger los testimonios de m¨¢s de cien esterilizadas, las cuales le esperaron con banderolas que exig¨ªan 'Justicia y Reparaci¨®n'. ?ste les prometi¨® que pronto vendr¨ªan los m¨¦dicos legistas para recoger pruebas de las afectaciones en su salud mental y f¨ªsica, pero nunca llegaron. Y el 22 de enero de 2014, el fiscal sorprendi¨® a todas emitiendo una resoluci¨®n de archivo de las investigaciones. Fue un golpe terrible para las mujeres de Huancabamba, pues actualmente no cuentan con defensa legal como sus compa?eras de otras regiones".

El fiscal solo formul¨® denuncia hacia cinco personas relacionadas con la muerte de Mar¨ªa Mam¨¦rita Mestanza, ¨²nica v¨ªctima reconocida, pero no formaliz¨® denuncia penal contra Alberto Fujimori, ni contra los exministros de Salud Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong, ni asesores y directores involucrados.

Para Mar¨ªa Esther Mogoll¨®n, activista del Movimiento Amplio de Mujeres L¨ªnea Fundacional (MAMLF), colectivo que denunci¨® p¨²blicamente las esterilizaciones, "la coyuntura pol¨ªtica desempe?¨® un papel fundamental en este proceso. Cada Gobierno, y su correspondiente ministro de salud, ha tenido una actitud favorable o desfavorable hacia las mujeres". Seg¨²n Mogoll¨®n, "el de Fujimori siempre neg¨® lo sucedido cuando empezaron las denuncias, y amedrent¨® a la investigadora Giulia Tamayo, a Hilaria Supa una de las principales denunciantes y actual parlamentaria andina, y al MAMLF, con llamadas telef¨®nicas, infiltraciones en la organizaci¨®n, webs falsas y otros mecanismos".

Mogoll¨®n explica que "el gobierno de transici¨®n de Paniagua no hizo nada. El gobierno de Alejando Toledo asumi¨® la responsabilidad como Estado en el caso de Mam¨¦rita Mestanza, creando una Comisi¨®n Especial de Investigaci¨®n de las AQV la cual aport¨® 57 evidencias. La ministra de Salud Mazzetti impuls¨® el Seguro Integral de Salud (SIS) con el PLAN E2 para v¨ªctimas de esterilizaci¨®n forzada que no se implement¨®. Y El gobierno de Alan Garc¨ªa dio marcha atr¨¢s en el SIS, no investig¨® ni hizo nada por las v¨ªctimas".

El actual gobierno, de Ollanta Humala, prometi¨® que no permitir¨ªa la impunidad. Sin embargo, el proceso de investigaci¨®n que se abri¨® desde Fiscal¨ªa (2012), tipificado como crimen de lesa humanidad (seg¨²n la CIDH), se archiv¨® el 22 de enero de este a?o, dieciocho a?os despu¨¦s de las primeras denuncias.

Por ello, la exigencia de verdad, justicia y reparaci¨®n supone un gran desgaste y desaf¨ªo para las demandantes. "Son m¨¢s de cinco archivos sucesivos. Ha habido poca voluntad pol¨ªtica de las autoridades en estos a?os. De un lado, la Fiscal¨ªa ha tenido pocos recursos, con fiscales de limitada o nula experiencia en Derechos Humanos, g¨¦nero e interculturalidad, los cuales han recibido mucha presi¨®n de los fujimoristas, fortaleci¨¦ndose as¨ª la impunidad. Por otro lado, existe un juego de intereses de algunas organizaciones y financieras, que no desean la verdad, pues erraron en sus apoyos econ¨®micos y profesionales al gobierno de Fujimori", reflexiona Mogoll¨®n.

Por su parte, Josefa Ram¨ªrez se?ala que "a pesar de que el Per¨² es un pa¨ªs multicultural, el legado colonial ha quedado arraigado en todos los estamentos sociales, por lo cual el racismo, la discriminaci¨®n y el etnocentrismo permean las pr¨¢cticas y quehaceres pol¨ªticos y administrativos, tambi¨¦n del Estado. Por eso, las mujeres ind¨ªgenas esterilizadas poco importan". Seg¨²n Mogoll¨®n, "lo grave es que la mafia fujimontesinista ha seguido enquistada en todas las instituciones p¨²blicas. La lucha anticorrupci¨®n y por los derechos humanos se ve entorpecida".

Para Mogoll¨®n la demanda de las mujeres esterilizadas es "atenci¨®n permanentemente a su salud f¨ªsica, la que se vio afectada desde que las operaron; y a su salud mental, pues muchas sufren depresi¨®n. Tambi¨¦n, solicitan servicios para atenci¨®n de casos de violencia contra las mujeres". Por su parte, Ram¨ªrez sostiene que "el Estado tiene que invertir con proyectos sociales y econ¨®micos en las comunidades de las mujeres afectadas por las esterilizaciones, que contribuya a fortalecer su capacidad organizativa y autonom¨ªa econ¨®mica, en coherencia con su entorno vital y su soberan¨ªa alimentaria".

Actualmente, la Asociaci¨®n de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas de Cuzco (AMAEFC), las integrantes del Comit¨¦ de Defensa de los Derechos Humanos de Mujeres Esterilizadas de Huancabamba (CDME) y las mujeres esterilizadas de otras regiones del pa¨ªs contin¨²an impulsando acciones de incidencia en la b¨²squeda de justicia ante los poderes p¨²blicos. Y tambi¨¦n demandan la solidaridad de la comunidad internacional para generar adhesiones de apoyo a su vindicaci¨®n. "Las esterilizadas continuaremos exigiendo justicia. Iremos ante todas las instancias para que los principales culpables paguen por sus delitos, dice Huayama.

Con la visita de una Comitiva del Parlamento Andino a Per¨² en mayo (integrada por representantes de Bolivia, Ecuador, Colombia, Per¨² y Venezuela) para reunirse con el presidente Humala y diversas autoridades p¨²blicas, las mujeres esterilizadas reforzaron su acci¨®n de incidencia internacional para exigir que se reabra la investigaci¨®n y se sancione a los responsables. El caso para las v¨ªctimas no est¨¢, ni mucho menos, cerrado.