Una grave denuncia

El aldabonazo del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, sobre el estado de la lucha contra la corrupci¨®n deber¨ªa hacer reaccionar a los l¨ªderes pol¨ªticos. Es intolerable que no hayan convertido ese combate en una de sus grandes prioridades de verdad, dedic¨¢ndole medios importantes y abordando reformas legales serias para agilizar los procedimientos y hacerlos desembocar en juicios y sentencias. Prueba de que no es una prioridad es la modificaci¨®n propuesta por el Gobierno de Rajoy sobre financiaci¨®n de los partidos, que se encuentra en el Parlamento simplemente en fase de ¡°consulta¡± a expertos.

Pero el fiscal del Estado no se queda en la mera constataci¨®n de problemas legales y procedimentales. Adem¨¢s afirma que ¡°las causas m¨¢s complejas no las instruyen ni el juez ni el fiscal, sino que llegan precocinadas por la polic¨ªa y la Agencia Tributaria¡±. Es decir, que la instrucci¨®n depende de dos de los m¨¢s poderosos instrumentos del poder ejecutivo (Interior y Hacienda), frente a los cuales el fiscal y el juez tienen una ¡°capacidad de filtraje cr¨ªtico muy limitada¡±.

Si a ello se suman una legislaci¨®n ¡°insuficiente, enrevesada y con penas no acordes con la gravedad que se demanda por la ciudadan¨ªa¡±, las ¡°prescripciones incomprensibles¡± y los ¡°indultos a corruptos¡±, hay que convenir en que Torres-Dulce ha articulado una versi¨®n contempor¨¢nea del yo acuso. No est¨¢n claras las razones de haberse callado durante dos a?os y medio, y esa es la parte de responsabilidad que le toca en el estado de alarma nacional que transmite a la ciudadan¨ªa, avisando ahora de que la sociedad est¨¢ harta de la sensaci¨®n de impunidad y de que puede deducir de ella una patente de corso para defraudar masivamente.

Es verdad que la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n tiene limitado su campo de acci¨®n si carece de acceso a los bancos de datos de registros de la propiedad y mercantiles, de Seguridad Social y de Hacienda. Y de poco vale que el ministro de Justicia anunciara hace un a?o la voluntad de configurar una fiscal¨ªa con fuertes poderes de investigaci¨®n, para decir ahora que le parece m¨¢s conveniente confiar la instrucci¨®n a secciones de tres jueces. Titubeos y bandazos es lo que menos se necesita.

No faltan ideas contra la corrupci¨®n, sino voluntad demostrada de combatirla. Ni se reconocen responsabilidades por los casos G¨¹rtel, B¨¢rcenas, EREs de Andaluc¨ªa y otros muchos, ni los instrumentos legales existentes producen apenas juicios y sentencias. En ese clima delet¨¦reo, el goteo de datos sobre investigaciones de casos de corrupci¨®n que se alargan en el tiempo contribuye a alimentar un ambiente populista de rechazo de las instituciones, en vez de promover la disuasi¨®n de nuevas tentaciones corruptas.

En Espa?a no hay garant¨ªa de impunidad, pero todo lo referido a la corrupci¨®n afecta con sa?a al prestigio y a la legitimidad de la democracia. Y el que no quiera verlo est¨¢ ciego.