Giro en el ¡®caso ERE¡¯

El giro introducido por la Audiencia de Sevilla en el caso ERE complica la situaci¨®n judicial de Magdalena ?lvarez, consejera de Econom¨ªa de la Junta de Andaluc¨ªa en la ¨¦poca en que se dise?¨® el plan que pudo propiciar una malversaci¨®n millonaria; dicho de otra forma, en que se puso en marcha el procedimiento que supuestamente permiti¨® delinquir a otros. Magdalena ?lvarez deber¨ªa reflexionar sobre la conveniencia de renunciar a su cargo actual, la vicepresidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI), una vez que la imputaci¨®n judicial es firme. Ella era la responsable del departamento que dise?¨® las ¡°transferencias de financiaci¨®n¡±, t¨¦cnica que la Audiencia cree inadecuada para ayudas sociolaborales.

El mismo tribunal que propin¨® varapalos sucesivos a la juez instructora, Mercedes Alaya, por falta de respeto a ciertas cuestiones formales, entra ahora en el fondo del asunto y acepta que ¡°no es irracional o arbitraria¡± la hip¨®tesis de la instructora, en el sentido de que la t¨¦cnica usada para el pago de los ERE fue introducida ¡°para propiciar lo que finalmente ocurri¨®¡±.

Hay que se?alar la presi¨®n ejercida por el Gobierno a trav¨¦s del ministro de Econom¨ªa, Luis de Guindos, para que ?lvarez dimita: un comportamiento distinto de la tolerancia observada con numerosos parlamentarios del PP en las Cortes Valencianas imputados en causas judiciales. No deben tratarse a conveniencia las imputaciones por asuntos relacionados con la corrupci¨®n ni deben olvidarse los numerosos casos similares en los que se ha echado en falta entre los l¨ªderes populares la celeridad y contundencia que ahora demuestra De Guindos. Aunque es cierto que Magdalena ?lvarez tiene una cualidad particular por representar a Espa?a en una instituci¨®n europea, la exigencia de ejemplaridad es ineludible en el ejercicio de cualquier responsabilidad p¨²blica.

No todas las investigaciones judiciales tienen fundamento, y de ah¨ª el dilema ¨¦tico de exigir la dimisi¨®n de personas a las que dar ese paso les puede presentar como culpables, sin seguridad alguna de serlo. Dos a?os de indagaciones sobre el exdirigente socialista Jos¨¦ Blanco quedaron en nada cuando llegaron al Supremo.Igualmente, Magdalena ?lvarez podr¨ªa acabar demostrando que, como afirma, su gesti¨®n no tuvo nada que ver con las presuntas malversaciones descubiertas. Este es el problema de las instrucciones judiciales que se eternizan y levantan sospechas que tardan mucho en sustanciarse: el simple hecho de confirmar la imputaci¨®n de ?lvarez ha consumido pr¨¢cticamente un a?o.

Pero una cosa es reiterar lo mal que funciona la justicia y otra eximir a los pol¨ªticos de rendir cuentas del uso de caudales p¨²blicos. Cualquier imputado tiene derecho a negar actos ilegales, pero los pol¨ªticos tienen que acostumbrarse a dar explicaciones detalladas sin aguardar el final de un largo y tortuoso proceso judicial.