Gobernar la corrupci¨®n

El Congreso de los Diputados est¨¢ examinando las medidas anticorrupci¨®n del Gobierno: la Ley de Transparencia, la de Financiaci¨®n de Partidos, el proyecto de Ley reguladora del ejercicio de altos cargos y la reforma del C¨®digo Penal. Para ello han comparecido distintos expertos, entre ellos el Fiscal General del Estado, qui¨¦n ha efectuado su diagn¨®stico: precariedad de medios, una legislaci¨®n ¡°manifiestamente insuficiente, enrevesada y con penas no acordes con la gravedad¡±, investigaciones tan lentas que rebasan ¡°toda una d¨¦cada¡±, prescripciones que conducen al archivo de responsabilidades, absoluciones inesperadas, condenas que no llevan aparejadas la recuperaci¨®n del dinero p¨²blico, indultos y lentitud en la ejecuci¨®n de sentencias.

Si el diagn¨®stico es demoledor la realidad lo es a¨²n m¨¢s: seg¨²n el Consejo General del Poder Judicial en 2013 exist¨ªan 1.661 causas abiertas por temas de corrupci¨®n con aproximadamente 500 personas imputadas (20 encarceladas), si bien s¨®lo uno de los 150 imputados por el caso G¨¹rtel, uno de los 144 del caso ERE Andaluc¨ªa, nadie por el caso Palau y tampoco nadie por el caso Mercurio. La mayor¨ªa, adem¨¢s, siguen ocupando cargos p¨²blicos retribuidos. Seg¨²n la UE en su informe del 3 de febrero de 2014 en el caso espa?ol est¨¢n en el punto de mira los siguientes peligros: financiaci¨®n de los partidos pol¨ªticos, corrupci¨®n local/regional, conflictos de intereses, contrataci¨®n p¨²blica y gesti¨®n del urbanismo. Se trata de peligros corrupto-g¨¦nicos identificados por la experiencia da?osa previa: sabemos que lo son porque hemos sufrido sus consecuencias y los vemos, por tanto, por el retrovisor. Frente a ellos se recomiendan estrategias de prevenci¨®n como las abordadas por el Gobierno, aunque la principal de ellas ¡ªun aparato judicial eficiente¡ª est¨¢ lejos de darse, como constata el Fiscal General, probablemente por falta de voluntad pol¨ªtica.

Sin embargo, y a¨²n si dispusi¨¦ramos de un sistema preventivo eficiente, ?por qu¨¦ es tan dif¨ªcil reducir la corrupci¨®n? Porque la prevenci¨®n de peligros de corrupci¨®n mediante las medidas apuntadas por el Gobierno no es suficiente (en nuestro caso tampoco efectiva), puesto que la corrupci¨®n en Espa?a es estructural, no es algo casual ni incidental: es una forma de gestionar la cosa p¨²blica. Nos hallamos por tanto ante el reto de luchar contra la corrupci¨®n no s¨®lo c¨®mo peligro, reprimiendo la comisi¨®n de delitos y favoreciendo la prevenci¨®n, sino tambi¨¦n reestructurando la forma de gobernar. La misma UE en su reciente informe, ya citado, insta a Espa?a a abordar los riesgos, no s¨®lo los peligros de corrupci¨®n: ¡°[las iniciativas emprendidas por el Gobierno espa?ol]¡­ deber¨¢n complementarse con un planteamiento coherente basado en el riesgo que vaya m¨¢s all¨¢ de medidas puramente legislativas para abordar la corrupci¨®n de forma global¡±.

Un aparato judicial eficiente est¨¢ todav¨ªa lejos de darse

As¨ª, adem¨¢s de los peligros de corrupci¨®n conocidos, nos enfrentamos a riesgos no por menos conocidos de menor envergadura: la captura del regulador, monedas virtuales, tr¨¢fico de datos, manipulaciones en la econom¨ªa tarifaria, promoci¨®n de oligopolios, alteraci¨®n de concesiones, apropiaci¨®n de bienes comunes, son formatos corrupto-g¨¦nicos de gran poder destructor por cuanto, implicando a un sinf¨ªn de agentes p¨²blicos y privados y da?ando las estructuras b¨¢sicas del modelo econ¨®mico, generan grandes beneficios a ¨¦lites extractoras como las descritas por el economista C¨¦sar Molinas.

Sin embargo, el modelo planteado por el Gobierno pasa de largo ante estos factores e insiste en el tratamiento de la corrupci¨®n s¨®lo como peligro, ojeando por el retrovisor a la luz de lo sucedido hasta ahora, ignorando la gobernanza del riesgo, que permite otear por el parabrisas mediante estrategias que abordan el contexto y el conjunto de actores implicados, tanto p¨²blicos como privados. As¨ª, el dise?o de organismos de colaboraci¨®n p¨²blico-privados, de implicaci¨®n del conjunto de agentes mediante modelos de transparencia, de auto-declaraci¨®n de actividades, de simetr¨ªa informativa, de lucha contra los oligopolios y de co-creaci¨®n ciudadana demuestran altos niveles de efectividad.

Es preciso pasar de un tratamiento penal (necesario, no suficiente) hasta ahora ineficiente (como se ve) a un nuevo dise?o institucional anticorrupci¨®n. Es necesario avanzar desde una perspectiva de prevenci¨®n de peligros hasta una de gobernanza de riesgos. Es indispensable pasar de un Estado reactivo, obsoleto y carcomido por los aparatos de los partidos pol¨ªticos en alianza con actores econ¨®micos meramente especulativos, a un Estado proactivo, moderno, capaz de ejecutar una clara innovaci¨®n institucional, con democracia interna, listas abiertas y transparencia en la financiaci¨®n de partidos, sindicatos y patronales, que permita situar la corrupci¨®n en niveles comprensibles aunque nunca aceptables. Frente al nepotismo hay que implantar la gesti¨®n del talento en el sector p¨²blico, frente al clientelismo hay que favorecer la compra p¨²blica innovadora, frente a la informaci¨®n asim¨¦trica que beneficia a unos pocos hay que generar la suficiente transparencia para favorecer la leg¨ªtima competencia, frente a los oligopolios hay que extender el aut¨¦ntico libre mercado. Para todo ello hay que evolucionar desde la prevenci¨®n del peligro de corrupci¨®n hacia la gobernanza del riesgo de la misma.

Ramon-Jordi Moles i Plaza es director del Centre de Recerca en Governan?a del Risc (UAB) y ACAD (Iniciativa Acad¨¦mica Anticorrupci¨®n-ONU).