Una frivolidad

El Estatuto de Catalu?a previ¨® establecer un consorcio entre la Agencia Tributaria de Catalu?a y la Agencia Estatal de Administraci¨®n Tributaria. Si Generalitat y Gobierno hubieran seguido ese designio, la gesti¨®n fiscal resultante en Catalu?a ser¨ªa hoy potente, enraizada en el territorio y, como probable consecuencia, menos porosa al fraude. En lugar de eso, el Ejecutivo de Artur Mas riz¨® el rizo soberanista para crear, bajo su lema electoral de generar ¡°estructuras de Estado¡±, una agencia tributaria entre la Generalitat y las cuatro diputaciones catalanas. Esta opci¨®n, adoptada por imperativos ideol¨®gicos y no recaudatorios, configurar¨¢ inevitablemente un organismo de pacotilla.

Ser¨¢ as¨ª porque unificar¨¢ varias entidades min¨²sculas, que en conjunto podr¨¢n gestionar unos 4.000 millones de euros anuales, el 5% de los impuestos recaudados en Catalu?a. As¨ª lo estima un estudio del propio Consejo Asesor para la Transici¨®n Nacional (CATN), que planifica la ejecuci¨®n de las ideas de Mas.

La precariedad institucional, organizativa, de personal y financiera de la pomposa estructura de Estado es portentosa. Podr¨¢ convocar ahora 24 plazas de las entre 2.000 y 2.800 que requerir¨ªa. Y adem¨¢s, no de funcionarios especializados, sino trasladados, dada la congelaci¨®n de plantillas. Y deber¨¢ depender informativamente de la Agencia Estatal, como indica el informe del CATN, de manera que para ese viaje no se necesitaba tanta alforja hueca.

Todo esto se ha puesto de actualidad al socaire de que la flamante agencia ha empezado a recopilar los datos fiscales de los ciudadanos catalanes que as¨ª lo deseen. El car¨¢cter voluntario de tal medida constituye la mejor medida de su esoterismo: si algo distingue a una administraci¨®n tributaria no es su voluntariedad, sino su car¨¢cter imperativo, con obligaciones codificadas y r¨¦gimen sancionador claro y conocido. Lo contrario es propio de aficionados. Otra cosa es que el aparato fiscal deba acompa?arse de un fuerte control democr¨¢tico, por razones de coherencia entre deberes y derechos. Desde la independencia de EE?UU, tributo y voto van de la mano, como es caracter¨ªstico de los reg¨ªmenes democr¨¢ticos y no lo era de los autocr¨¢ticos.

Hasta aqu¨ª llega la rese?a de las objeciones t¨¦cnicas m¨¢s obvias al suced¨¢neo de administraci¨®n fiscal de Mas. Ser¨¢ tarea de titanes evitar el rid¨ªculo y el fiasco. Pero en la apelaci¨®n a la elegibilidad de agencias por los ciudadanos para depositar sus impuestos palpita algo m¨¢s inquietante: la traslaci¨®n de los dilemas y tensiones propios del proceso soberanista, lanzado por algunos partidos, hacia la esfera m¨¢s personal de los ciudadanos. Pagar impuestos es un deber p¨²blico. Las m¨¢ximas garant¨ªas a su ejercicio, el tratamiento reservado a los datos personales, al patrimonio, a la renta, a todos los ingresos que devienen bases fiscales imponibles, son su contrapartida evidente. Jugar con ello fr¨ªvolamente por af¨¢n partidista implica un desprecio frontal a la autonom¨ªa individual de los contribuyentes catalanes. De todos ellos.