Pulso Gobierno-jueces

El pulso que se est¨¢ llevando a cabo entre jueces de instrucci¨®n de la Audiencia Nacional y el Gobierno implica un conflicto grave, que puede enquistarse. Los magistrados se resisten a aceptar la dr¨¢stica limitaci¨®n introducida por el Parlamento (con los votos del PP) en la aplicaci¨®n del principio de la justicia universal, mientras el Gobierno les exige que apliquen la ley. El resultado pr¨¢ctico es que siguen abiertas las causas que tanto preocupaban al Ejecutivo, por las complicaciones que suponen en la acci¨®n exterior (genocidio tibetano, caso Couso, matanzas en Ruanda y otras), mientras que salen en libertad decenas de presuntos narcotraficantes detenidos en barcos que navegan por aguas pr¨®ximas a las espa?olas.

La mayor¨ªa de los jueces penales de la Audiencia Nacional cree que la reforma no les deja m¨¢s opci¨®n que liberar a los narcos; otros jueces rechazan la interpretaci¨®n de sus colegas y sostienen que la ley no retira la competencia judicial espa?ola para perseguir el tr¨¢fico de drogas por mar. Urge aclarar qui¨¦n tiene raz¨®n. El Supremo habr¨¢ de pronunciarse sobre los recursos contra la libertad de los narcos y los jueces de la Audiencia Nacional deber¨ªan promover inmediatamente una cuesti¨®n de constitucionalidad, si creen de verdad que la reforma no se ajusta a la m¨¢xima ley.

Sobre el resto de los casos, sobran los intentos de encogerse de hombros y decir que de eso se ocupe el Tribunal Penal Internacional. La jurisdicci¨®n universal es un remedio precisamente cuando no funciona la cooperaci¨®n jur¨ªdica internacional. Es un instrumento para luchar contra los espacios de impunidad, sobre todo cuando est¨¢n implicados nacionales de pa¨ªses (China, Estados Unidos y otros) que no reconocen al Tribunal Penal Internacional. Por otra parte, el Parlamento puede limitar o eliminar el principio de la justicia universal, impidiendo as¨ª la tramitaci¨®n de casos nuevos; pero resulta m¨¢s discutible la pretensi¨®n de cerrar los que ya estaban abiertos y encomendados a la jurisdicci¨®n.

Es verdad que debe existir una proporci¨®n entre medios y fines, entre valores e intereses. El reto de perseguir cr¨ªmenes en el planeta ha tropezado y tropieza con la dificultad objetiva de llevar adelante muchas de las investigaciones intentadas. Ning¨²n sistema judicial puede renunciar de entrada a perseguir delitos, colaborando a su impunidad, pero es perfectamente defendible que se precisen ¨¢mbitos razonables para su aplicaci¨®n.

Desde luego no es aceptable reducirlos dr¨¢sticamente: la imagen de protector de los derechos humanos tambi¨¦n es ¡°marca Espa?a¡± ¡ªespecialmente por parte de un pa¨ªs que fue una antigua dictadura¡ª. Pero tampoco es razonable enviar a la comunidad internacional el mensaje de que en Espa?a hay tal desbarajuste que no es un Estado fiable en la colaboraci¨®n contra el tr¨¢fico de drogas. Hacen falta soluciones razonables que acaben con los excesos en uno y otro sentidos.