Que no se repita
El ¡®caso Blasco¡¯ muestra que los partidos deben apartar sin falta a implicados en la corrupci¨®n
La trayectoria de Rafael Blasco, condenado a ocho a?os de c¨¢rcel por delitos relacionados con la desviaci¨®n de fondos p¨²blicos a bolsillos privados, constituye un paradigma del descr¨¦dito de la pol¨ªtica ante los ciudadanos. No ya por la cuant¨ªa de lo desviado, ni por la pintoresca biograf¨ªa de un militante del Frente Revolucionario Antifascista y Patri¨®tico (FRAP) reconvertido al PSOE y despu¨¦s al PP; sino por el hecho de que en 2011 todav¨ªa fue presentado en las listas electorales del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, cuando a¨²n no estaba imputado, pero s¨ª investigado por el asunto que le ha llevado a la condena y con una larga sombra de sospechas detr¨¢s de ¨¦l.
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Todos los tipos de corrupci¨®n son rechazables; pero apropiarse de dinero de los contribuyentes destinado a pa¨ªses en desarrollo es de una abyecci¨®n especialmente intensa. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana no es parco a la hora de emplear t¨¦rminos contundentes (¡°completa aberraci¨®n¡±, ¡°actitud prepotente¡±) cuando describe c¨®mo operaron Blasco y los suyos para que del dinero entregado a la Fundaci¨®n Cyes para proyectos de agua potable y promoci¨®n de la agricultura en Nicaragua, solo llegara a ese pa¨ªs el 3% de lo concedido. Y esto es ¨²nicamente la primera de las tres piezas en la que est¨¢ dividido el caso Cooperaci¨®n, el saqueo de las ayudas p¨²blicas valencianas al Tercer Mundo.
Tras iniciar su carrera con el socialista Joan Lerma cuando este presid¨ªa la Generalitat valenciana, el PSOE posterg¨® a Blasco despu¨¦s de un caso de sobornos a cambio de recalificaci¨®n de terrenos ¡ªdel que sali¨® absuelto por defectos de forma¡ª. Recuperado por el PP en la ¨¦poca de Eduardo Zaplana, lleg¨® al c¨¦nit de su carrera con Francisco Camps. La fiscal¨ªa le investigaba por la desviaci¨®n de fondos de su consejer¨ªa cuando el partido le present¨® en las listas electorales de 2011. Alberto Fabra, actual presidente de la Generalitat, no logr¨® que Blasco dejara el Grupo Popular de las Cortes Valencianas hasta que faltaba poco para que le juzgaran.
Un centenar de candidatos de diversas fuerzas, incursos en causas por corrupci¨®n, consiguieron ser elegidos en las municipales y auton¨®micas de 2011. El argumento de que el electorado ha avalado la corrupci¨®n es enga?oso: lo ¨²nico que aval¨® fueron listas cerradas y bloqueadas de partidos que inclu¨ªan, entre otros nombres, a presuntos corruptos. Por eso los partidos contraen una gran responsabilidad al mantener candidaturas con implicados en asuntos de corrupci¨®n, sabiendo que el votante no puede alterar las listas.
Penalmente, nadie es culpable de nada hasta que lo decidan los tribunales, y el propio Blasco y los dem¨¢s sentenciados tienen derecho a recurrir, naturalmente. Pero, pol¨ªticamente, los implicados en casos de corrupci¨®n no deben ser presentados a las elecciones avalados por partidos que se dicen serios. Quedan emplazados para las municipales, auton¨®micas y generales del a?o pr¨®ximo.
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