Vigilar al tutor

La investigaci¨®n abierta por la fiscal¨ªa sobre la Fundaci¨®n Afal, entidad supuestamente sin ¨¢nimo de lucro que gestiona, por un encargo judicial, el patrimonio de un centenar de enfermos incapacitados, ha puesto de relieve la existencia de peligrosos agujeros negros en el control de las tutelas. En el caso de Afal, la fiscal¨ªa investiga el posible desv¨ªo de patrimonio de las personas tuteladas hacia la propia entidad ¡ªque ha multiplicado por 300 su patrimonio en apenas siete a?os¡ª y de ¨¦sta hacia empresas vinculadas a miembros de la junta directiva.

Las investigaciones han puesto de relieve, por ejemplo, que la c¨²pula de Afal contrataba importantes servicios con empresas vinculadas a la presidenta, Blanca Clavijo, y que estas relaciones comerciales hab¨ªan sido ocultadas al resto de los socios. Tambi¨¦n se est¨¢n analizando algunos de los servicios facturados, de apariencia altamente sospechosa, como el cobro por parte de una de esas empresas a una de las pacientes tuteladas por la entidad de 111.000 euros por algo tan poco definido como 40 d¨ªas de asesor¨ªa inmobiliaria.

A la espera de lo que la investigaci¨®n concluya respecto al alcance delictivo de esas actuaciones, el caso ha revelado la falta de controles eficaces en una actividad que, precisamente por estar destinada a proteger a personas tan vulnerables, debieran ser especialmente exigentes. Y no es que no existan medios para ejercerlos. La normativa vigente no solo establece un riguroso procedimiento judicial para incapacitar a una persona y adjudicar su tutela, sino que tambi¨¦n estipula que esa tutela ser¨¢ objeto de vigilancia por las mismas instancias judiciales. El problema es que no siempre se ejerce.

Cada a?o se presentan en los juzgados unas 27.000 demandas de incapacitaci¨®n de personas que no pueden administrar sus bienes por sufrir alzh¨¦imer o enfermedades mentales. En la mayor¨ªa de los casos, la tutela recae sobre alg¨²n familiar, pero si no hay familia se recurre a entidades y fundaciones especializadas. Estafar a personas incapacitadas pertenece al rango de conductas m¨¢s repugnantes. La sospecha no es generalizable, pero esas conductas pueden darse. Por eso, tan importante como garantizar la tutela del enfermo es asegurar un control eficaz de esa tutela.