Y un recorte m¨¢s

Quienes a¨²n reciben la prestaci¨®n por desempleo, sobre la base de las cotizaciones que efectuaron al sistema durante a?os, son notificados en estos d¨ªas de la aplicaci¨®n de un nuevo recorte: a los seis meses su prestaci¨®n disminuir¨¢ al 50% de la suma que en promedio recibieron durante los ¨²ltimos seis meses trabajados. Un recorte anterior ya hab¨ªa disminuido esa suma al 60%, al cumplirse el sexto mes.

No s¨®lo es un recorte m¨¢s del Estado de bienestar. Tambi¨¦n es un atentado contra el Estado de derecho. En perjuicio del trabajador, el Gobierno impone un cambio en esa especie de contrato de seguro obligatorio, entre el trabajador cotizante y la Seguridad Social. La prestaci¨®n por desempleo no es una d¨¢diva estatal; es el fruto de haber pagado mensualmente, durante a?os una aportaci¨®n al sistema. Tampoco era una opci¨®n disponible al trabajador, que legalmente no pod¨ªa, y no puede hoy, eximirse de ese contrato; ten¨ªa que aportar. Al producirse el ¡°siniestro¡± previsto en el contrato legal, esto es, la p¨¦rdida del empleo, deb¨ªa recibir aquello que el marco legal previ¨®: un pago compensatorio que, como m¨¢ximo, puede alcanzar dos a?os y que no estaba sujeto a disminuci¨®n seg¨²n el paso de los meses.

El Gobierno decide peri¨®dicamente que, como todav¨ªa hay d¨¦ficit fiscal, debe aplicar uno y otro recorte. Recientemente, se ha dispuesto que a las empresas se les rebajen impuestos, y a los desempleados se les rebaje la prestaci¨®n de desempleo. Son opciones de pol¨ªtica con las que uno puede estar de acuerdo o no. Pero la ruptura del contrato legal referido a la prestaci¨®n de desempleo atenta contra la seguridad jur¨ªdica que exigen en alta voz los empresarios, pero que los trabajadores s¨®lo podemos reclamar en la intimidad de nuestros hogares. Porque, dicho sea de paso, a los sindicatos la situaci¨®n de los desempleados los tiene, en los hechos, sin cuidado.¡ª Luis P¨¢sara Pazos.