As¨ª no se reforma

El PP parece interesado en que se sepa que Rajoy est¨¢ dispuesto a cambiar la ley electoral en lo que afecta a la elecci¨®n de los alcaldes aunque no haya acuerdo con los socialistas. Es decir, que prefiere correr el riesgo de una ruptura del consenso sobre las reglas de juego antes que el de perder algunas alcald¨ªas importantes. Posibilidad que podr¨ªa darse ante la dificultad de ese partido para repetir las mayor¨ªas absolutas que le mantuvieron protegido frente a alianzas m¨¢s o menos heterog¨¦neas que intentaran desplazarle.

Rajoy adelant¨® a comienzos del verano su intenci¨®n de proponer una reforma en favor de la elecci¨®n directa de los alcaldes: que lo fuera el cabeza de lista del partido m¨¢s votado. Es una idea que ha aflorado varias veces desde hace a?os, casi siempre ante situaciones en las que fuerzas minoritarias y frecuentemente muy alejadas entre s¨ª se concertaban para impedir gobernar al partido ganador si no alcanzaba la mayor¨ªa absoluta. Con derivaciones como el reparto de cuotas de poder a la italiana y efectos como los conchabeos para tapar manejos irregulares.

La reforma favorecer¨ªa la gobernabilidad de los municipios y una relaci¨®n m¨¢s directa entre representantes y representados, seg¨²n se ha venido argumentando desde que el PSOE propuso en 1998 una medida de ese tipo, como ahora le recuerda el PP. Sin embargo, aplicada en crudo plantea problemas obvios: con la creciente fragmentaci¨®n del voto, podr¨ªa darse el caso de un alcalde elegido con menos del 30% de los votos (y con m¨¢s de un 70% en la oposici¨®n) lo que en absoluto favorecer¨ªa la gobernabilidad, ni tampoco la representatividad de la autoridad municipal. Por eso los socialistas, contrarios a la propuesta, responden que la suya inclu¨ªa un sistema de doble vuelta, de forma que si ning¨²n partido ten¨ªa mayor¨ªa absoluta los dos m¨¢s votados se enfrentasen en una nueva votaci¨®n decisiva que garantizar¨ªa un alcalde legitimado por una mayor¨ªa de electores.

Los populares estar¨ªan dispuestos a considerar esa f¨®rmula, aunque preferir¨ªan otra ya probada en algunos pa¨ªses: la llamada prima de mayor¨ªa que en ausencia de mayor¨ªa absoluta garantizar¨ªa la asignaci¨®n de la mitad m¨¢s uno de los concejales a la lista que alcanzase un m¨ªnimo establecido en la ley; por ejemplo, el 40%, siempre que la diferencia con la fuerza siguiente en votos superase un tope dado (por ejemplo, cinco puntos porcentuales).

El debate real est¨¢ por tanto en la letra peque?a: como hacer compatible la elecci¨®n directa del alcalde con la de un colegio de concejales que refleje la pluralidad pol¨ªtica y permita controlar a esa autoridad. Por ejemplo, convendr¨ªa aclarar si ese alcalde sobrelegitimado por el voto personalizado puede ser removido de su cargo por una moci¨®n de censura. Y mientras estas cuestiones no sean aclaradas, debatidas y acordadas, la reforma parecer¨¢ lo que seguramente es: una operaci¨®n pol¨ªtica para que un partido conserve ciertas alcald¨ªas.