El dilema de Occidente
El pago de rescate de secuestrados por yihadistas plantea una dura disyuntiva a los Gobiernos
La exigencia de un rescate de 100 millones de euros a cambio de la vida de James Foley a?ade m¨¢s vileza si cabe al asesinato del periodista estadounidense perpetrado por el Estado Isl¨¢mico (EI). Una semana antes de hacer p¨²blico un v¨ªdeo con el degollamiento del informador, la organizaci¨®n remiti¨® un correo electr¨®nico a su familia demandando la cifra, obviamente imposible de pagar para cualquier ciudadano medio, pero al alcance del Gobierno de Estados Unidos. Washington ¡ªque a principios de verano envi¨® sin ¨¦xito fuerzas especiales a Irak para rescatar a los rehenes¡ª se mantuvo firme en la l¨ªnea que sigue en estos casos: no hay negociaci¨®n posible con el terrorismo ni cesi¨®n alguna al chantaje. En su verborrea autojustificativa, el verdugo del EI asegur¨® matar a Foley en respuesta a los bombardeos estadounidenses sobre sus posiciones en Irak. Ni menci¨®n alguna, desde luego, al dinero.
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Nunca se sabr¨¢ si Foley hubiera sido igualmente decapitado en el caso de que se hubiera pagado el rescate, pero de lo que no cabe duda es de que los secuestros de civiles occidentales se han convertido en una lucrativa fuente de financiaci¨®n para diversos grupos terroristas yihadistas. Y ante esta situaci¨®n, la respuesta de la comunidad internacional ha sido dispar. Oscila entre la negativa absoluta a cualquier tipo de negociaci¨®n, pasando por el recurso a intermediarios locales o internacionales que ayudan a desbloquear la situaci¨®n ¡ªcomo hizo Espa?a en el caso del secuestro en 2008 de una cooperante en Somalia¡ª y terminando en aquellos casos en que los Gobiernos, de una manera alejada de la publicidad, se supone que han decidido pagar por el rescate de sus ciudadanos.
Ninguna de las opciones es f¨¢cil y todas generan dilemas no solo de car¨¢cter moral, sino tambi¨¦n pol¨ªtico y de seguridad. Por principio, ning¨²n Estado de derecho puede ceder al chantaje de esas organizaciones criminales. Pero para ser efectiva, esta postura debe ir acompa?ada de un compromiso casi total entre los pa¨ªses democr¨¢ticos en no transigir por muy complicadas y dolorosas que sean las circunstancias. Adem¨¢s del dolor que causan a ciudadanos particulares, los secuestros, no pueden servir para financiar nuevos actos criminales contra las mismas sociedades que pagan los rescates. Las organizaciones yihadistas sin duda tienen otras fuentes de financiaci¨®n, pero lo ideal ser¨ªa que la de los secuestros quedara definitivamente cerrada.
Sin embargo, la realidad siempre es m¨¢s compleja que los principios abstractos por muy fuertes que sean. Cada secuestro es diferente, como lo son cada pa¨ªs al que pertenece el secuestrado y cada organizaci¨®n que perpetra el crimen. Juzgar a los diferentes Gobiernos, aplaudiendo a unos y condenando a otros por lo que hacen en estas situaciones no conduce a nada. Solo dificulta m¨¢s la necesaria coordinaci¨®n internacional ante esta plaga. Y regocija finalmente a los terroristas ante la patente divisi¨®n creada.
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