Blindar la convivencia, no las lenguas

Diferentes analistas pol¨ªticos han se?alado que, despu¨¦s de la m¨¢s que previsible no consulta del 9 de noviembre, es muy posible que se abra una etapa de di¨¢logo entre el Gobierno y la Generalitat. Sobre el fondo y la forma de ese di¨¢logo se han avanzado numerosas opiniones, pero casi todas parecen incluir estos dos asuntos: mayor autonom¨ªa fiscal de Catalu?a y blindaje de las competencias en lengua. En este art¨ªculo queremos examinar la segunda cuesti¨®n y proponer una posible respuesta por parte del Gobierno a esta petici¨®n de blindaje del catal¨¢n.

Cabe, en primer lugar, preguntarse qu¨¦ significa blindar una competencia. Podr¨ªa tratarse meramente de establecer un reparto categ¨®rico de competencias entre niveles de gobierno. La pol¨ªtica ling¨¹¨ªstica quedar¨ªa en manos de la Generalitat, asunto sobre el cual el Gobierno y las Cortes tendr¨ªan vedada la iniciativa. Tal reparto no tendr¨ªa, en principio, nada de ins¨®lito, y es usual en una concepci¨®n federal del Estado que ya est¨¢ presente en nuestro ordenamiento auton¨®mico. Sin embargo, el empleo del dram¨¢tico verbo blindar (ajeno a la tradici¨®n federal) nos sugiere que se pretende otra cosa distinta. No ya la renuncia de los poderes Ejecutivo y Legislativo a legislar en el ¨¢mbito estatal sobre la lengua, sino la inhibici¨®n del poder Judicial a la hora de enjuiciar la constitucionalidad de las leyes que emanen de ¨®rganos del autogobierno catal¨¢n, con la consecuente exclusi¨®n de la posibilidad de que los tribunales puedan conceder amparo a los ciudadanos que estimen sus derechos da?ados por la normativa catalana. En definitiva, por blindaje el nacionalismo parece entender la suspensi¨®n de la jurisdicci¨®n constitucional en determinadas ¨¢reas en las que no quiere intromisiones de los jueces. En ese sentido la t¨¦cnica del blindaje no tiene nada de federal ¡ªes, de hecho, antifederal¡ª, y los federalistas har¨ªan bien en no replicar el lenguaje nacionalista.

El federalismo no blinda competencias. Se entender¨¢ con un ejemplo: recientemente, un tribunal federal de EE UU ha estimado que la ley que proh¨ªbe el matrimonio homosexual en Florida es inconstitucional, dej¨¢ndola sin efecto. Ello, sin perjuicio de que el derecho de familia es estricta competencia del Estado de Florida. As¨ª funciona el sistema en el pa¨ªs que es cuna del federalismo. Y ese es, precisamente, el molesto problema que tiene la Generalitat: que un grupo, no tan peque?o como se pregona, de ciudadanos catalanes considera que la normativa ling¨¹¨ªstica catalana vulnera derechos civiles y, tal y como har¨ªan en cualquier pa¨ªs federal, recurren a los tribunales. Actualmente, hay ya una larga serie de sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a a favor de una t¨ªmida ense?anza biling¨¹e que, como es sabido, son recurridas ad eternum por la Generalitat o, sencillamente, desacatadas.

Por lo dem¨¢s, el uso del t¨¦rmino blindaje sugiere en quien lo emplea el sentimiento de estar asediado. Actualmente, miles de ciudadanos est¨¢n persuadidos de que el catal¨¢n es repetidamente atacado y menospreciado por el Estado y sus instituciones. Y este supuesto maltrato es esgrimido por pol¨ªticos y opinadores nacionalistas como una raz¨®n de peso para adherirse al proyecto independentista. En nuestra opini¨®n, el relato del ataque al catal¨¢n no se ajusta a la realidad y los datos de los que disponemos lo desmienten. Por ejemplo, los dos ¨²ltimos informes del Consejo de Europa sobre la aplicaci¨®n de la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias (2008 y 2012) sit¨²an a Espa?a como un pa¨ªs que ha cumplido con creces los requerimientos de la Carta con los que se comprometi¨®. De igual manera, ning¨²n otro informe internacional indica que el Estado viole la Carta Europea o contravenga recomendaciones internacionales sobre la promoci¨®n de la diversidad ling¨¹¨ªstica en los pa¨ªses pluriling¨¹es.

?Significa lo dicho que no hay nada m¨¢s que hacer en el tema de las lenguas aparte de descartar esta propuesta de blindaje, que violenta gravemente cualquier l¨®gica federal? No; desde nuestro punto de vista, no deber¨ªa llegarse a un punto muerto en las negociaciones. Hay algo que el Gobierno puede hacer: tomar la iniciativa y proponer un di¨¢logo que, a medio plazo, conduzca a un amplio acuerdo respecto a las lenguas en Espa?a y un cambio en la cultura ling¨¹¨ªstica del pa¨ªs.

El Gobierno tiene en su mano proponer un di¨¢logo que desemboque en un amplio acuerdo

En alg¨²n momento, el tema de las lenguas debe poder abordarse en Espa?a con sensatez y ecuanimidad. Para convencerse de que este debate es ya inaplazable basta percatarse de un hecho objetivo f¨¢cil de constatar: si alg¨²n d¨ªa el Estado que compartimos se desintegra, la ruptura se habr¨¢ producido por sus lindes ling¨¹¨ªsticas. El enfrentamiento de las lenguas y su uso para fines pol¨ªticos ha envenenado la convivencia y malgastado la energ¨ªa ciudadana hasta l¨ªmites inauditos. No hemos logrado desarrollar una cultura ling¨¹¨ªstica que valore el pluriling¨¹ismo de Espa?a y de sus comunidades biling¨¹es y lo perciba como una riqueza cultural de todos los ciudadanos y un importante recurso individual. Ha sucedido lo contrario: desde la Transici¨®n han aumentado los garrotazos y la manipulaci¨®n sectaria del debate. Ning¨²n partido se ha distinguido por tener altura de miras y voluntad de equidad con este tema. Tampoco en las comunidades biling¨¹es los Gobiernos aut¨®nomos han actuado siempre de manera respetuosa con el biling¨¹ismo. Al contrario, han optado en numerosas ocasiones por programas promonoling¨¹ismo, que excluyen el espa?ol y se sostienen en razonamientos ¡ªhoy ya consignas fosilizadas¡ª que no resisten un an¨¢lisis objetivo. Existen, pues, suficientes razones para promover una gran conversaci¨®n sobre las lenguas en Espa?a, intentar reconducir la pol¨ªtica ling¨¹¨ªstica hacia fines de convivencia e inter¨¦s ciudadano, con respeto a los derechos ling¨¹¨ªsticos de todos. Y las soluciones ni son dif¨ªciles de imaginar ni son imposibles de poner en pr¨¢ctica.

As¨ª pues proponemos que el Gobierno tienda la mano a la Generalitat y proponga hablar sin condicionantes sobre las lenguas, incorporando a la discusi¨®n a las dem¨¢s comunidades aut¨®nomas, a los partidos y a la sociedad civil. Un primer objetivo a corto plazo podr¨ªa consistir en una explicitaci¨®n de qu¨¦ ha hecho y qu¨¦ no ha hecho realmente el Estado y sus instituciones a favor del catal¨¢n, en concreto, y de la realidad pluriling¨¹e de Espa?a en general. Por lo que a esto respecta, los datos que tenemos nos permiten plantear que desde la aprobaci¨®n de la Constituci¨®n de 1978 el Estado ha hecho bastante m¨¢s de lo que parece por el catal¨¢n, el gallego y el vasco pero que podr¨ªa hacer m¨¢s, aprendiendo de las mejores pr¨¢cticas de otros pa¨ªses con un patrimonio ling¨¹¨ªstico similar.

El Estado no ataca y menosprecia a las otras lenguas espa?olas, pero se muestra indiferente

Desde nuestro punto de vista, si bien el Estado no ataca y menosprecia las otras lenguas espa?olas, s¨ª se muestra distante e indiferente. En realidad, el Estado nunca se ha pensado a s¨ª mismo como pluriling¨¹e. Sus ¨¦lites entienden que hay una lengua com¨²n, que es en la ¨²nica en la que debe operar la Administraci¨®n central. Cierto, existen otras lenguas, pero son ¨²nicamente patrimonio de las comunidades biling¨¹es: all¨ª es donde se hablan y all¨ª deben gestionarse sin incurrir en excesos; los ciudadanos de las zonas monoling¨¹es no tienen nada que ver con ellas y pueden vivir de espaldas a la cultura que est¨¢ cifrada en las lenguas distintas del castellano. En nuestra opini¨®n, ¨¦ste ser¨ªa precisamente el gran reto a largo plazo para el Gobierno: el lograr cambiar esta actitud y ser capaz de sentar las bases de una pol¨ªtica ling¨¹¨ªstica desde el Estado que fomentara y valorara el pluriling¨¹ismo en todo el pa¨ªs y lo hiciera posible en la pr¨¢ctica. Por su parte, las comunidades biling¨¹es se comprometer¨ªan a modificar sus programas de m¨¢ximos y a respetar el biling¨¹ismo de sus territorios.

El principal escollo para abrir un di¨¢logo es, sin duda, la fuerte oposici¨®n de la Generalitat a modificar el m¨¢s m¨ªnimo aspecto de su pol¨ªtica ling¨¹¨ªstica, una pol¨ªtica que es ya totalmente cautiva de la ofuscaci¨®n y el dogmatismo. Quien s¨ª tiene las manos libres es el Gobierno. Puede optar por no hacer nada o por liderar una gran reforma sobre el tratamiento de la diversidad ling¨¹¨ªstica en Espa?a. Tal reforma terminar¨ªa plasm¨¢ndose en una Ley de Lenguas Oficiales, cuyo objetivo ser¨ªa blindar la convivencia, no las lenguas.

Merc¨¨ Vilarrubias es catedr¨¢tica de Lengua Inglesa en la Escuela Oficial de Idiomas Drassanes de Barcelona, y Juan Claudio de Ram¨®n es diplom¨¢tico.