Al caj¨®n

Aunque no se haya notificado de forma oficial, todo parece indicar que el proyecto de ley del aborto que el Consejo de Ministros aprob¨® en diciembre de 2013 no ser¨¢ enviado al Parlamento; al menos, no en esta legislatura. El PP ha podido constatar en estos ¨²ltimos meses que el proyecto no solo concitaba el rechazo de los partidos de la oposici¨®n, sino que tambi¨¦n ten¨ªa detractores en sus propias filas. A la oposici¨®n declarada de la diputada Celia Villalobos se ha unido la resistencia de no pocos dirigentes territoriales, preocupados por los efectos que la tramitaci¨®n de la ley pudiera tener sobre sus expectativas electorales.

Las elecciones europeas ya motivaron una retirada estrat¨¦gica del texto, con el argumento de que iban a revisarse algunos de los aspectos m¨¢s pol¨¦micos, en particular el tratamiento de las malformaciones. Tras recabar los informes de diversos ¨®rganos consultados, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, anunci¨® que el Consejo de Ministros enviar¨ªa la ley a las Cortes antes de terminar el verano (septiembre incluido). Pero a nadie se le oculta la inoportunidad de abrir este nuevo frente de pol¨¦mica justo cuando empieza la cuenta atr¨¢s de un periodo electoral decisivo para el PP, que comenzar¨¢ la pr¨®xima primavera con elecciones municipales y auton¨®micas y concluir¨¢ con las legislativas de oto?o de 2015.

Aunque cabe la sospecha de que las razones de fondo sean de car¨¢cter electoral, hay que saludar que el proyecto no siga adelante. Del mismo modo que es dif¨ªcil pensar que Gallard¨®n lo llevara al Consejo de Ministros sin la aquiescencia de Rajoy, hay que concluir ahora que ha sido el presidente quien ha calibrado la conveniencia de rectificar. Es una decisi¨®n acertada porque supone renunciar a imponer a la mayor¨ªa las particulares convicciones de una minor¨ªa. Un gobernante debe atender los principios del ideario de su partido, pero no a costa de ignorar los del conjunto de los ciudadanos. Y desde este punto de vista, no pod¨ªa ignorar que la legislaci¨®n vigente, la ley de plazos de 2010, pendiente a¨²n de un dictamen del Tribunal Constitucional, tiene el apoyo de m¨¢s del 60% de la poblaci¨®n seg¨²n una encuesta de Metroscopia. Y que el 35% de los votantes del PP y el 36% de los cat¨®licos practicantes consideran que no debe modificarse.

La actual ley de plazos, que permite abortar en las 14 primeras semanas de gestaci¨®n y hasta las 22 en determinados supuestos, no ha aumentado el n¨²mero de abortos, como se hab¨ªa especulado. La cifra se mantiene estable en torno a unos 110.000 anuales. Y es significativo que el 90% de las interrupciones se practiquen dentro de las primeras 12 semanas, tanto con la normativa vigente como con la anterior. La reforma que con tanto ah¨ªnco ha defendido Gallard¨®n era tan retr¨®grada que de haber prosperado hubiera sido m¨¢s restrictiva que la ley de supuestos de 1985. Cuando un proyecto legislativo carece de consenso y adem¨¢s crea problemas donde no los hay, es mejor retirarlo.