Los ¡®lobbies¡¯ necesitan una regulaci¨®n

En cuatro ocasiones, el Congreso de los Diputados ha acordado impulsar la transparencia en los procesos de representaci¨®n de intereses ante las instituciones p¨²blicas, actividad conocida como lobbying.

En el debate constitucional se rechaz¨® la propuesta, de Alianza Popular, de incluir en el derecho de petici¨®n que las comisiones parlamentarias pudieran ¡°recibir delegaciones de grupos leg¨ªtimos de intereses, en sesiones de car¨¢cter p¨²blico¡±, as¨ª como que una ley org¨¢nica estableciera un ¡°sistema de control y registro para los grupos de intereses que act¨²en de modo permanente¡±. Sin embargo, en 1990, el Congreso de los Diputados aprob¨®, a propuesta del Grupo Popular y por unanimidad de los grupos parlamentarios, la primera proposici¨®n no de ley que exige la regulaci¨®n de los ¡°despachos que gestionan intereses particulares confluyentes con intereses p¨²blicos¡±. De nuevo, en 1993, a propuesta del Grupo Parlamentario del CDS, se acuerda por amplia mayor¨ªa impulsar una ponencia en el Congreso, as¨ª como instar al Gobierno a que presente un proyecto de ley para la regulaci¨®n de los ¡°grupos de inter¨¦s¡±, con la creaci¨®n de un registro p¨²blico y un c¨®digo de conducta.

Veinte a?os despu¨¦s, en 2013, en medio de la peor crisis econ¨®mica de la democracia, y en un sofocante clima de corrupci¨®n y de desafecci¨®n ciudadana, el presidente del Gobierno promete en el debate del estado de la naci¨®n una reforma en la que cre¨ªa que ¡°ser¨ªa positivo incluir tambi¨¦n la regulaci¨®n parlamentaria de las organizaciones de intereses (los llamados lobbies)¡±. El Congreso de los Diputados, tras el debate, acord¨® por amplia mayor¨ªa ¡°regular las organizaciones de intereses o lobbies¡±, con medidas que clarifiquen cu¨¢les pueden ser sus actividades y cu¨¢les sus l¨ªmites.

Por ¨²ltimo, este mismo a?o, tras el debate del estado de la naci¨®n del pasado mes de febrero, el pleno del Congreso aprob¨® una nueva resoluci¨®n sobre ¡°regeneraci¨®n democr¨¢tica¡± a propuesta del Grupo Parlamentario de CiU, en la que se ¡°considera necesario impulsar en el marco de la reforma del reglamento del Congreso de los Diputados mayor inmediatez, proximidad y efectividad del control parlamentario, y contemplar la regulaci¨®n de los denominados lobbies garantizando la transparencia en el ejercicio del derecho que los representantes de la sociedad civil y las empresas tienen de acceder a las instituciones¡±.

Al funcionamiento de la democracia espa?ola le faltan controles. Lo demuestra la corrupci¨®n

A estas alturas, a ning¨²n lector le sorprender¨¢ que haya cientos de resoluciones y acuerdos parlamentarios que duermen el sue?o de los justos en los Boletines del Congreso y del Senado. Sin embargo, no solo nos deber¨ªa sorprender, sino tambi¨¦n indignar. Las resoluciones del Parlamento representan la voluntad popular, el Gobierno no puede ignorarlas sin degradar el funcionamiento de la democracia ni mucho menos puede presentar a los Grupos Parlamentarios, como acaba de anunciar, un nuevo paquete de medidas de ¡°regeneraci¨®n democr¨¢tica¡± que olvida compromisos del propio presidente del Gobierno, formalizados por amplia mayor¨ªa en varias resoluciones del Congreso de los Diputados. Una buena medida para regenerar la vida pol¨ªtica es cumplir con los compromisos que se asumen ante los ciudadanos.

Pero, adem¨¢s, el Gobierno tuvo la oportunidad de incorporar a los grupos de inter¨¦s en la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la informaci¨®n p¨²blica y buen gobierno aprobada en diciembre de 2013 por el Congreso. De nuevo, una ocasi¨®n perdida. La progresiva complejidad de la ley por la ampliaci¨®n de su aplicaci¨®n a partidos pol¨ªticos, sindicatos y organizaciones empresariales no puede ser una excusa para dejar fuera de esta una pr¨¢ctica donde confluyen intereses p¨²blicos y privados en delicado equilibrio.

Al funcionamiento de nuestra democracia le faltan controles. Tenemos un dise?o institucional tan bueno o tan malo como el de cualquier pa¨ªs de nuestro entorno. Pero los controles, uno de los pilares del funcionamiento democr¨¢tico, no act¨²an adecuadamente. La alarmante cantidad (y tambi¨¦n el alcance y gravedad) de los casos de corrupci¨®n asociados a pol¨ªticos y sus partidos demuestra que muchos de los sistemas de inspecci¨®n y de contrapesos dise?ados para evitar estas situaciones, simplemente, fallaron.

El hecho de que en Espa?a no exista ning¨²n caso de corrupci¨®n conocido, asociado a pr¨¢cticas profesionales de lobbying, deber¨ªa animarnos a desarrollar los necesarios sistemas de control y transparencia que eviten abusos o los hagan m¨¢s dif¨ªciles en el futuro.

D¨ªas atr¨¢s, Transparencia Internacional ha hecho p¨²blico el informe Lifting the Lid on Lobbying, un texto necesariamente cr¨ªtico con una actividad ampliamente establecida, pero sobre la que no existe la transparencia que la sociedad exige. Tal y como recoge el informe, ¡°cuando el lobby es realizado con integridad y transparencia es una fuente leg¨ªtima de influencia para los grupos de inter¨¦s que est¨¢n afectados por decisiones p¨²blicas. El problema surge cuando el ejercicio de lobby es opaco y no est¨¢ regulado¡±.

Nuestros representantes p¨²blicos tienen que acostumbrarse a contar lo que hacen

El lobbying es tan consustancial a la democracia representativa como los propios partidos pol¨ªticos y su pr¨¢ctica. Igual que ocurre con la actividad de estos, puede suponer un avance o un retroceso para la eficacia de las pol¨ªticas p¨²blicas. El lobbying cuenta con plena cobertura constitucional y sus l¨ªmites est¨¢n fijados con claridad en el C¨®digo Penal. Pero la pr¨¢ctica democr¨¢tica del lobbying necesita normas concretas que clarifiquen y ordenen su funcionamiento, de forma que su aportaci¨®n a la formaci¨®n de las decisiones p¨²blicas sea netamente positiva.

Las propuestas para la creaci¨®n de un registro de grupos de inter¨¦s, la formulaci¨®n de un c¨®digo de conducta, as¨ª como el establecimiento de un r¨¦gimen de informaci¨®n p¨²blica de las agendas de los altos cargos y los parlamentarios, trasladar¨ªan a Espa?a las mejores pr¨¢cticas de las instituciones europeas y dotar¨ªa de mayor transparencia a una actividad que se desarrolla con total normalidad en nuestro pa¨ªs desde la aprobaci¨®n de la Constituci¨®n.

Por ello, el motivo de esta regulaci¨®n no es tanto la preocupaci¨®n sobre el lobbying como la necesidad de mejorar los mecanismos de transparencia, de rendici¨®n de cuentas, la accountability de las instituciones; aportando luz, en este caso, a los procesos de formaci¨®n de las decisiones p¨²blicas, donde, junto a la defensa del inter¨¦s general, interviene la consideraci¨®n de los intereses privados. Se trata de mejorar el funcionamiento de la democracia, acostumbrando a nuestros representantes p¨²blicos a contar lo que hacen, a dejar huella de los procesos legislativos, facilitando de esta forma la participaci¨®n del m¨¢ximo n¨²mero de personas y agentes interesados, y mejorando la eficacia de nuestras leyes.

Hace unos meses, coincidiendo con el tr¨¢mite parlamentario de la Ley de Transparencia, reclamamos en estas mismas p¨¢ginas ¡°luz y taqu¨ªgrafos¡± para gobernar. Hoy el Gobierno, y tambi¨¦n sus se?or¨ªas, tienen una nueva oportunidad para incorporar, en el debate de las ¡°medidas de regeneraci¨®n democr¨¢tica¡±, una regulaci¨®n que permita mejorar la transparencia con la que operan los grupos de inter¨¦s. Santos Juli¨¢ nos recordaba hace unos d¨ªas los riesgos que, para nuestra democracia, supone que los responsables p¨²blicos ¡°renuncien a su poder como representantes de la sociedad¡±. Nuestra sociedad exige mejores y m¨¢s eficientes medidas de control y de transparencia, medidas que nos ayuden a religar los muchos lazos rotos con nuestras instituciones p¨²blicas. No son tiempos para perezas democr¨¢ticas.

Firman este art¨ªculo, junto a Joan Navarro, otros miembros del Foro por la Transparencia: Joan Roca, Javier Cremades, Emilio Ontiveros, Jordi Sevilla, Carlos Solchaga y Enrique Cervera.