Frenos y contrapesos
Se necesitan estructuras vigorosas para controlar la tendencia a la corrupci¨®n pol¨ªtica y al abuso
La inquietud por la corrupci¨®n y el fraude contin¨²a aumentando entre los ciudadanos, a juzgar por todos los sondeos de opini¨®n. Hay que reforzar las estructuras y los mecanismos capaces de cortar el paso a las personas que, desde los partidos o las instituciones, ponen en almoneda la representaci¨®n y el poder que conceden los votantes. Lo cual exige verificar el estado de los frenos y contrapesos destinados a obstaculizar el abuso de los privilegios del poder, de los enriquecimientos a su sombra y de los despilfarros.
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El caso Pujol puede haber contribuido al incremento de la demonizaci¨®n de la pol¨ªtica. Objetivamente tampoco es una buena noticia que tres partidos de ¨¢mbito nacional (PP, PSOE, IU) y los sindicatos CC OO y UGT hayan tenido que abrir investigaciones internas o amenazado con la expulsi¨®n a militantes implicados en el esc¨¢ndalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid. Pero esta vez s¨ª han reaccionado como si hubieran comprendido que el problema es suyo y no solo de los jueces que puedan considerarlo delictivo (o no) al cabo de un pu?ado de a?os.
Bien es cierto que en este ¨²ltimo caso quiz¨¢ no habr¨ªa ocurrido nada si la direcci¨®n de Bankia se hubiera abstenido de denunciar los datos sobre operaciones opacas; pero ha cumplido con su deber. Los 22.000 millones de dinero p¨²blico usados para salvar a esa entidad han hecho intolerable el descubrimiento de un gasto fiscalmente opaco de 15,5 millones, forzando as¨ª la reacci¨®n de partidos y sindicatos, e incluso la renuncia como consejero de Felipe VI del ¨²ltimo jefe de la Casa del Rey con don Juan Carlos.
La rapidez con que el PSOE y la UGT han emprendido la expulsi¨®n de Jos¨¦ Angel Villa, m¨ªtico dirigente del sindicato minero, constituye otra muestra del cambio de actitud prometido por el l¨ªder socialista, Pedro S¨¢nchez. Ha bastado la revelaci¨®n en este peri¨®dico de la investigaci¨®n abierta por el dinero oculto de Villa (1,4 millones de euros) para desencadenar actuaciones fulminantes.
Ser¨ªa ingenuo desligar todas esas actitudes de las cr¨ªticas feroces al statu quo que circulan por las redes sociales y que impulsan la opci¨®n de Podemos en v¨ªsperas de un a?o electoral; pero esa misma presi¨®n sirve de contrapeso a la tentaci¨®n de cada cuadra partidista para proteger y ocultar a los suyos. Ahora bien, tampoco se trata de aceptar la l¨®gica del populismo, que quiere hacer tabla rasa de lo existente. La pol¨ªtica no es una conspiraci¨®n para delinquir, ni los pol¨ªticos est¨¢n protegidos por un armaz¨®n moral muy distinto al de sus conciudadanos. Las personas cometen abusos en muchas democracias: la diferencia reside en la contundencia de la Fiscal¨ªa y de los tribunales, pero tambi¨¦n en el vigor de otras estructuras creadas para prevenir e impedir los comportamientos indebidos.
No habr¨¢ regeneraci¨®n de la democracia simplemente con los retoques anunciados por el Gobierno en la normativa sobre financiaci¨®n de partidos pol¨ªticos; ni con el cambio en el sistema de elecci¨®n de alcaldes pretendido en su d¨ªa. Un programa de regeneraci¨®n tiene que garantizar la transparencia de las decisiones que se toman en una gran variedad de centros de poder (Administraci¨®n central, autonom¨ªas, municipios, diputaciones), someterlos a una fiscalizaci¨®n profesionalizada (y, por tanto, no supeditada a los partidos) y sacar a los lobbies del limbo legal en que habitan.
Tambi¨¦n hay que asegurar la rendici¨®n de cuentas por parte de los representantes de los ciudadanos, bajo amenaza de inhabilitaci¨®n por no hacerlo.
Restablecer la moral c¨ªvica y la administraci¨®n austera de los caudales p¨²blicos son exigencias ineludibles. Quien no quiera dedicarse a la pol¨ªtica bajo esas condiciones debe ser en¨¦rgicamente obligado a apartarse de ella.
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