Que hablen los hechos

Utilizar el Parlamento para martillearse mutuamente con los casos de corrupci¨®n es un derecho al alcance de la oposici¨®n y del Gobierno, pero de ese pozo se saca poca agua. Mariano Rajoy se encuentra en desventaja en este tipo de debates, porque ha sido y es responsable de un partido afectado por muchos esc¨¢ndalos, mientras que Pedro S¨¢nchez parte con la ganancia anticipada de no haber desempe?ado papel alguno en las direcciones anteriores del PSOE. Aun as¨ª, ambos representan a siglas pol¨ªticas mezcladas con casos de corrupci¨®n y de abusos, de forma que ninguno de ellos est¨¢ en condiciones de mejorar sus posiciones simplemente sobre la base de enzarzarse en reproches mutuos.

El peligro de cegar la b¨²squeda de soluciones eficaces es que se produzca una explosi¨®n de ocurrencias para la galer¨ªa y sin verdadera efectividad pr¨¢ctica. La responsabilidad de sanear la vida p¨²blica corresponde a todos los partidos parlamentarios y singularmente a los dos m¨¢s importantes. El jefe del Ejecutivo no puede rehuir una explicaci¨®n amplia respecto a los asuntos que afectan a su partido ¡ªque preside desde hace 10 a?os¡ª, ni tampoco la limpieza interna de su organizaci¨®n. Pero ah¨ª no se agotan las tareas pendientes del PP ni las del PSOE, principales responsables de los asuntos de gobierno ¡ªjunto con algunos partidos nacionalistas¡ª, y los primeros necesitados de ganarse la confianza de los ciudadanos.

Este peri¨®dico ha sugerido que las Cortes constituyan una comisi¨®n independiente para diagnosticar a fondo las razones por las que la corrupci¨®n se cuela con tanta facilidad en la pol¨ªtica. El tantas veces evocado ¡°pacto anticorrupci¨®n¡± ¡ªel PP se lo ha ofrecido a la oposici¨®n¡ª deber¨ªa referirse al compromiso de adoptar las medidas emanadas de esa comisi¨®n y transformarlas cuanto antes en legislaci¨®n eficaz y en ¨®rganos de aplicaci¨®n y control despolitizados.

Entretanto, los partidos tienen la ocasi¨®n de demostrar su verdadera voluntad de cambio desterrando el m¨¦todo de recuperar a los implicados por corrupci¨®n en las pr¨®ximas candidaturas electorales. Mientras se mantenga el sistema de listas cerradas y bloqueadas, en las que los ciudadanos no pueden cambiar nombre alguno, es un verdadero abuso afirmar que las urnas absuelven o blanquean a los sospechosos. El pol¨ªtico no solo tiene que ser honrado, sino que ha de merecer la confianza de los electores; cualquier duda fundada sobre esto obra en contra de su continuidad en la vida p¨²blica, sin perjuicio del respeto a la presunci¨®n de inocencia y del restablecimiento en sus funciones si es exculpado.

Que la pol¨ªtica se aplique a cerrar las brechas por las que se cuelan los corruptos implica tambi¨¦n continuar con la investigaci¨®n de los casos descubiertos. Si los partidos no facilitan la tarea de los jueces, decepcionar¨¢n m¨¢s a la ciudadan¨ªa y dar¨¢n facilidades a la antipol¨ªtica.