C¨®mo hemos llegado a esto

Los casos de corrupci¨®n que est¨¢n aflorando, y que llegan a niveles dif¨ªcilmente soportables socialmente, son la consecuencia de los fallos institucionales que se han ido generando desde el comienzo de la democracia en Espa?a. Si adem¨¢s de perseguir implacablemente a los corruptos no combatimos las causas que los hicieron posibles, no ser¨¢n suficientes muchos m¨¢s polic¨ªas y jueces para acabar con ella.

La ilusi¨®n que gener¨® la ca¨ªda del franquismo y la conquista de las libertades nos hizo caer en la ingenuidad de que toda persona elegida era insobornable, que la transparencia y la libertad de prensa eran suficientes para hacer inviable la corrupci¨®n, y que los representantes p¨²blicos ten¨ªan que tener un poder omn¨ªmodo, sin que ning¨²n funcionario, que al fin y al cabo nadie lo hab¨ªa elegido, pudiera corregirle su actuaci¨®n.

La democracia acab¨® con el burocratismo de la dictadura, pero sin que tuvi¨¦semos claro cu¨¢l deb¨ªa ser el nuevo modelo. Deslumbrados por la supuesta eficiencia empresarial, pens¨¢bamos que era posible sustituir el derecho administrativo por el derecho privado. En la lucha por hacer una Administraci¨®n m¨¢s ¨¢gil, eliminamos todo tipo de controles, que siempre hacen m¨¢s lenta la marcha de la Administraci¨®n.

Nos olvidamos de que en todas las democracias europeas, con muchos m¨¢s a?os de experiencia y tradici¨®n, la Administraci¨®n tiene un alto grado de profesionalidad, e independencia de los pol¨ªticos, y est¨¢ sometida a estrictos controles, aunque la hagan m¨¢s lenta. En Espa?a, adem¨¢s, los pol¨ªticos invadieron, en muchos casos, funciones que deber¨ªan ser funcionariales, y, otras veces, se puso en la Administraci¨®n a gente sumisa, poco profesional e incluso contratada de forma turbia.

La democracia acab¨® con el burocratismo de la dictadura, pero sin que tuvi¨¦semos claro cu¨¢l deb¨ªa ser el nuevo modelo

S¨®lo se puede acabar con el problema abord¨¢ndolo de una forma global; no hay una f¨®rmula m¨¢gica que lo resuelva en un santiam¨¦n. Hay que tener en cuenta, adem¨¢s, que una Administraci¨®n p¨²blica se construye a lo largo de muchos a?os, y que llevar¨¢ tiempo el que las cosas vuelvan a su cauce; pero s¨®lo si se establece un plan, con un conjunto amplio de medidas, se puede llegar a buen puerto.

Habr¨ªa que comenzar por la composici¨®n del Tribunal de Cuentas, y de los Consejos de Cuentas de las comunidades aut¨®nomas; para ser magistrado del Tribunal Constitucional a nadie se le ocurrir¨ªa proponer a una persona sin conocimientos jur¨ªdicos, pero para ser consejero de Cuentas bastar¨ªa con ser cu?ado de un ministro. El funcionamiento del Tribunal tambi¨¦n deber¨ªa cambiar; la primera medida ser¨ªa imponer multas econ¨®micas a las autoridades que no presenten cuentas o lo hagan con graves irregularidades; es inconcebible que haya Ayuntamientos que no rindan cuentas.

Los problemas que genera la contrataci¨®n administrativa dar¨ªan para varios art¨ªculos. Baste se?alar que los concursos se resuelven por unas valoraciones t¨¦cnicas, que, como si se tratase de la nota de un examen, no dan ninguna explicaci¨®n del porqu¨¦ de esa puntuaci¨®n; haciendo posible cualquier arbitrariedad. El Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea ha condenado repetidamente al Estado espa?ol, por incumplir, en la contrataci¨®n, los principios de transparencia e igualdad de trato; sin que nadie se diera por aludido. Cuando la adjudicaci¨®n es mediante subasta, es habitual presentar ofertas irrealizables y, cuando la obra est¨¢ iniciada, presionar a la Administraci¨®n, amenaz¨¢ndola de paralizarla si no se le aprueban modificados que compensen las bajas anteriores.

El instrumento fundamental de control en la obra p¨²blica es el proyecto; en Espa?a se escatima en la redacci¨®n de los proyectos y luego lo pagamos multiplicado por varios d¨ªgitos en la ejecuci¨®n de la obra. Adem¨¢s de la falta de control, un mal proyecto lleva a obras mal ejecutadas y a modificados, tambi¨¦n sin control, que la hacen mucho m¨¢s cara. Todo ello sin tener en cuenta los concursos de proyecto y obra, que son el deseo de todo contratista, que hacen la obra mucho m¨¢s cara; y todo para enga?ar en la cifra del d¨¦ficit p¨²blico. Deber¨ªan estar prohibidos, salvo en las obras de emergencia.

Hay que mejorar la profesionalizaci¨®n de la funci¨®n p¨²blica, impidiendo la contrataci¨®n sin convocatoria p¨²blica, y con un tribunal independiente; tomando medidas contra la pr¨¢ctica de la contrataci¨®n de interinos a dedo, que luego se convierten en funcionarios mediante oposici¨®n restringida, o los tribunales formados por personal afecto al que contrata. Adem¨¢s, debe haber un canal fluido de comunicaci¨®n de los t¨¦cnicos con el Tribunal y Consejos de Cuentas, para que conozcan de forma r¨¢pida los expedientes que fueron tramitados con reparos.

Como se puede ver, la labor que queda es ingente. Pero tambi¨¦n hay que se?alar la paradoja que, en plena oleada de esc¨¢ndalos, como consecuencia de la crisis, ha habido una enorme reducci¨®n del personal dedicado en las distintas Administraciones P¨²blicas a tareas de control del gasto y auditor¨ªa p¨²blica. Como dir¨ªa alg¨²n c¨ªrculo de empresarios: son trabajadores improductivos.

Francisco L¨®pez Pe?a es doctor en Ciencias Econ¨®micas y pertenece al Cuerpo de Interventores y Auditores del Estado.