Un paso corto

Siguiendo el guion previsto, el Gobierno de Mariano Rajoy decidi¨® ayer recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la convocatoria sui generis,por la Generalitat de Catalu?a, del suced¨¢neo de consulta popular para la independencia o ¡°proceso de participaci¨®n ciudadana¡± del 9-N. Se trata de una decisi¨®n basada en argumentos jur¨ªdicos s¨®lidos; pero, si no se acompa?a de una fina gesti¨®n pol¨ªtica, no servir¨¢ para avanzar hacia una soluci¨®n de la cuesti¨®n catalana, si es que no contribuye a complicarla a¨²n m¨¢s.

Al anunciarse el nuevo 9-N, el Gobierno enfatiz¨® lo positivo del aparcamiento de la consulta formal suspendida por el TC y quiso quitar importancia al lanzamiento de una versi¨®n de la misma de car¨¢cter informal. Pero esta adolec¨ªa desde el arranque de un serio d¨¦ficit normativo, al no colgar de ninguna disposici¨®n concreta; al no formalizarse por v¨ªa de decreto; y al carecer de registro, mecanismo de control y dem¨¢s requisitos de neutralidad e informaci¨®n, b¨¢sicos para la seguridad jur¨ªdica y para los derechos elementales de todos los catalanes.

Cab¨ªa sostener que se trataba m¨¢s bien de un evento de agitaci¨®n que de una convocatoria cuantificable y susceptible de producir efectos jur¨ªdicos. Y que, al no materializarse su convocatoria en una disposici¨®n publicada en el Diario Oficial de la Generalitat, se trataba de un acto inexistente, y por tanto, no perseguible. Este razonamiento habr¨ªa permitido mirar para otro lado, con el consiguiente y aconsejable alivio pol¨ªtico de evitar m¨¢s tensiones y circunscribir la movilizaci¨®n a un perfil de jornada reivindicativa. Pero la creciente implicaci¨®n directa del Ejecutivo de Artur Mas en la organizaci¨®n del proceso, las presiones a los funcionarios para que ejerciesen de voluntarios y las abusivas ¨®rdenes a los medios de comunicaci¨®n p¨²blicos y privados para hacer propaganda han ido ilustrando la medida del alcance pol¨ªtico del asunto. Y los argumentos del Consejo de Estado han desautorizado el evento por tratarse de una reedici¨®n en formato menor de todos los defectos de la anterior convocatoria, agravados por la declarada tentativa de Artur Mas de eludir la legalidad, en evidente fraude de ley envuelto de ¡°astucia¡±. Ello ofrece un respaldo sensible a la impugnaci¨®n, que apela con tino a anteriores sentencias del TC.

Pero si el alto tribunal confirma este diagn¨®stico en su pleno del pr¨®ximo martes ¡ªcomo parece mucho m¨¢s que probable¡ª, la suspensi¨®n del evento puede conllevar consecuencias pol¨ªticas a¨²n m¨¢s negativas que las que pudiese acarrear su celebraci¨®n. Como abonar el terreno para hacer m¨¢s eficaz la insistente aunque falaz propaganda seg¨²n la cual Espa?a niega el derecho a votar de los catalanes: pueden hacerlo, por los cauces habituales y por los que se pacten dentro del ordenamiento. Pero la evidencia de este fatal efecto colateral no debe convertirse en baza para aparcar la legalidad en un limbo. A estas alturas es, adem¨¢s, imposible.

Lo que s¨ª debe servir es de nuevo acicate para que el Gobierno haga ya lo que debi¨® hacer mucho tiempo atr¨¢s: organizar un di¨¢logo y una negociaci¨®n sobre la base de una propuesta de mejor gobierno. Defensa de la ley, s¨ª. Acci¨®n pol¨ªtica, tambi¨¦n.

La suspensi¨®n del 9-N-bis afectar¨ªa al sector p¨²blico, a la Generalitat y los Ayuntamientos: sobra recomendar que deben atenerse a la legalidad. Pero no afecta a los partidos ¡ªincluida la Converg¨¨ncia de Artur Mas¡ª y a las organizaciones privadas que deseen organizar ese d¨ªa una movilizaci¨®n en cualquier formato pac¨ªfico. Incluso para una salida as¨ª no ser¨ªa ocioso retomar el di¨¢logo entre Mas y Rajoy, a fin de asegurar que se acota el alcance de cualquier evento y evitar traumas. Y despu¨¦s, para organizar a partir del 10-N c¨®mo pactar desde el desacuerdo.