Precariedad y exclusi¨®n

Las altas tasas de paro, la falta de perspectivas laborales y la precariedad general en que viven los j¨®venes en Espa?a est¨¢n llegando a los juzgados en forma de sentencias que obligan a los progenitores a seguir pagando la pensi¨®n por alimentos a sus hijos, incluso cuando estos hace tiempo que han alcanzado la mayor¨ªa de edad y tienen una carrera universitaria.

Se trata en casi todos los casos de padres divorciados que hab¨ªan dejado de pagar las pensiones. Los tribunales, siguiendo el art¨ªculo 3.1 del C¨®digo Civil que insta a aplicar la ley ¡°atendiendo a la realidad social¡±, han dictado unas sentencias que 10 a?os atr¨¢s hubieran resultado ins¨®litas, pero que ahora responden a una situaci¨®n cada vez m¨¢s dominada por la precariedad, como ha se?alado el ¨²ltimo informe sobre exclusi¨®n y desarrollo realizado por la Fundaci¨®n Foessa, vinculada a C¨¢ritas.

El informe analiza 35 indicadores sociales y permite observar lo mucho que se ha deteriorado la situaci¨®n en Espa?a por la crisis. Solo un 34,3% de los espa?oles vive con comodidad, con todas sus necesidades cubiertas; en el ¨²ltimo informe, hace seis a?os, el porcentaje alcanzaba el 50,2%. El trabajo refleja que el 40,6% de la poblaci¨®n padece las consecuencias de la precariedad, el 24,2% sufre una exclusi¨®n moderada y el 10,9% est¨¢ ya en situaci¨®n de marginalidad severa. Son cifras preocupantes, a las que hay que sumar la reciente advertencia de Unicef sobre otro indicador muy negativo: la pobreza infantil ha pasado en cinco a?os del 28% al 36%.

Estos informes muestran el deterioro que sufren amplios sectores de las clases medias y populares, lo que supone una seria amenaza para la cohesi¨®n social. Es una situaci¨®n que debe corregirse: la desigualdad es una injusticia y un obst¨¢culo para el crecimiento y el progreso econ¨®mico. Evitar la fractura social deber¨ªa estar ahora entre las m¨¢ximas prioridades.