Secesi¨®n: del proceso eufem¨ªstico al constitucional
El objetivo debe ser dialogar y negociar sin astucias y sin negar la realidad
El 9-N cierra el primer cap¨ªtulo del proceso catal¨¢n para dar paso al siguiente, que sin duda no ser¨¢ el ¨²ltimo. Ello permite ofrecer un an¨¢lisis de este periodo, y realizar algunas propuestas para el futuro. A mi juicio, el proceso pol¨ªtico catal¨¢n ha sido hasta hoy un proceso eufem¨ªstico de secesi¨®n, para cuya realizaci¨®n no existe en Espa?a un marco constitucional, y de ah¨ª que no haya podido llevarse a cabo con normalidad, como s¨ª lo han hecho Quebec y Escocia. Por este motivo, el segundo cap¨ªtulo deber¨ªa centrarse en alcanzar un acuerdo pol¨ªtico que estableciera las bases de un aut¨¦ntico proceso constitucional de secesi¨®n.
Empecemos con el an¨¢lisis. Comparto la opini¨®n seg¨²n la cual el llamado ¡°proceso soberanista¡± se ha basado desde su inicio en un relato oficial construido con expresiones eufem¨ªsticas que designan conceptos deliberadamente ambiguos y confusos a fin de evitar el uso de t¨¦rminos que chocan con la Constituci¨®n vigente. De acuerdo con aqu¨¦l, las fuerzas pol¨ªticas catalanas mayoritarias, siguiendo la ¡°voluntad del pueblo de Catalu?a¡±, emprend¨ªan un proceso de ¡°transici¨®n nacional¡± en el que los ciudadanos catalanes deb¨ªan ejercen el ¡°derecho a decidir¡± sobre el ¡°futuro pol¨ªtico¡± mediante una ¡°consulta soberanista¡±, cuyo resultado permitir¨ªa poner en pie unas ¡°estructuras de Estado¡± que emerger¨ªan naturalmente hasta devenir un nuevo miembro de la Uni¨®n Europea.
El 9-N ha sido la culminaci¨®n del lenguaje eufem¨ªstico: despu¨¦s de una intensa batalla legal, no se ha celebrado ni un refer¨¦ndum ni una ¡°consulta no referendaria¡± sino un ersatz llamado ¡°proceso participativo¡± para que los catalanes ¡°expresen libremente su opini¨®n sobre el futuro pol¨ªtico de Catalu?a¡±, como se le¨ªa en el anuncio de la Generalitat en el que aparec¨ªa el dibujo de una mano depositando una papeleta en una urna.
Este relato, sin embargo, s¨ª inclu¨ªa una idea clara: la ¡°consulta¡± se celebrar¨ªa el 9 de noviembre de 2014 y en ella se formular¨ªan dos preguntas encadenadas, seg¨²n el acuerdo alcanzado por los partidos catalanes favorables a la misma anunciado por el presidente de la Generalitat el 12 de diciembre de 2013. La decisi¨®n de fijar unilateralmente la fecha y la pregunta de un refer¨¦ndum de autodeterminaci¨®n, y buscar luego las estrategias pol¨ªticas y jur¨ªdicas para realizarlo, ha marcado el desarrollo de este primer cap¨ªtulo. El Gobierno catal¨¢n y los partidos proconsulta han actuado hasta el final en el l¨ªmite o al margen de la Constituci¨®n, mientras ¨¦sta ha sido la principal arma utilizada por el Gobierno central, que la ha esgrimido como su bandera para responder a un conflicto pol¨ªtico sin precedentes desde la transici¨®n pol¨ªtica.
El resultado de tales actitudes ha sido un descr¨¦dito de la Constituci¨®n de 1978, de la idea misma de Constituci¨®n, y por ende, un deterioro de nuestra ya deficiente cultura constitucional, algo que por desgracia no es nuevo en la historia de Espa?a. Como se?al¨® en su d¨ªa el profesor Pedro Cruz Villal¨®n, la expresi¨®n ¡°inconstitucional¡± arraig¨® en nuestro lenguaje tras 20 a?os de Constituci¨®n para designar un reproche hacia comportamientos pol¨ªticos y sociales que se consideraban ileg¨ªtimos y acarreaban consecuencias jur¨ªdicas.
El proceso soberanista ha logrado pervertir esa expresi¨®n por el uso que de la misma han hecho las dos partes del conflicto: la Generalitat ha transmitido la idea de que cualquier ocurrencia jur¨ªdica puede realizarse al amparo de la Carta Magna pues su interpretaci¨®n es finalmente una decisi¨®n pol¨ªtica; y el Gobierno ha pretendido que nada puede llevarse a cabo al margen de su interpretaci¨®n de la Constituci¨®n, inalterable e irreformable. Banalizaci¨®n y apropiaci¨®n de la ley que fundamenta la comunidad pol¨ªtica, proclama sus valores, limita sus poderes y garantiza los derechos de sus ciudadanos. La Constituci¨®n democr¨¢tica es todo eso y mucho m¨¢s, y de ah¨ª que la secesi¨®n deba ser un proceso constitucional, algo que no ha sido el proceso soberanista catal¨¢n.
El presidente Artur Mas ha sucumbido a las prisas de sus aliados pol¨ªticos
En efecto, esa no es solo mi opini¨®n sino la de relevantes personalidades pol¨ªticas y acad¨¦micas de los dos pa¨ªses a los que Catalu?a mira por su ejemplaridad. El l¨ªder del nacionalismo escoc¨¦s Alex Salmond declar¨® en la Diada de la V que la gran diferencia entre el caso escoc¨¦s y el catal¨¢n resid¨ªa en que el primero era un ¡°proceso constitucional y acordado¡± entre el Gobierno de Reino Unido y el de Escocia en los Acuerdos de Edimburgo. El prestigioso polit¨®logo Michael Keating, director del Scottish Centre on Constitutional Change, corrobor¨® esa opini¨®n en TV3 cuando afirm¨® que los procesos catal¨¢n y escoc¨¦s no ten¨ªan nada que ver porque el proceso escoc¨¦s era un ¡°proceso constitucional¡±.
Por su parte, el exministro canadiense Stephan Dion, inspirador de la famosa ley de claridad, declaraba en una entrevista a este peri¨®dico (14 de septiembre de 2014) que a su juicio la independencia era ¡°menos improbable en Escocia que en Catalu?a. Y el motivo es que en Escocia existe un marco legal previsto para la independencia que no existe en el caso de Catalu?a. En Canad¨¢ tenemos un marco legal sobre la base de una decisi¨®n del Tribunal Supremo y de la ley de la claridad. Artur Mas querr¨ªa celebrar un refer¨¦ndum, pero si no existe un marco legal para hacerlo, si el Tribunal Constitucional rechaza la ley de referendos catalana, ?c¨®mo organizarlo?¡±. Asimismo, el prestigioso intelectual y exl¨ªder de la oposici¨®n canadiense, Michael Ignatief, aconsejaba: ¡°Necesitamos l¨ªderes serios y sabios. Defensores de la unidad y la Constituci¨®n pero dispuestos a escuchar respetuosamente los problemas de los catalanes y encontrar una soluci¨®n constitucional¡±.
Ciertamente, Quebec y Escocia son dos excepciones porque casi ninguna democracia avanzada dispone de un marco constitucional para la secesi¨®n, ni tampoco Espa?a. Ello no significa que no pueda construirse con el tiempo, como han hecho esas dos naciones, pero no en unos meses como pretend¨ªan los partidos catalanes. Quebec lleva m¨¢s de 30 a?os y dos referendos, y Escocia necesit¨® 10 a?os para celebrar su votaci¨®n: ninguna de las dos ha alcanzado a¨²n la independencia. Y las dos forman parte de sendos Estados con una larga tradici¨®n democr¨¢tica. ?Alguien cre¨ªa seriamente que Catalu?a se independizar¨ªa de Espa?a en dos a?os?
El president de la Generalitat ha sucumbido a las prisas de sus aliados pol¨ªticos, ha cedido a las presiones de las organizaciones independentistas, y ha seguido los extravagantes consejos de sus asesores. Hasta el ¨²ltimo momento ha tenido un comportamiento desafiante y constitucionalmente equ¨ªvoco. Pero no ha ca¨ªdo en la tentaci¨®n insurreccional y, tras la jornada del 9-N, parece que est¨¢ dispuesto a negociar la realizaci¨®n de un refer¨¦ndum ¡°decisivo¡± con el Gobierno espa?ol. Pues bien, ¨¦ste no puede seguir esgrimiendo la Constituci¨®n para ignorar la inequ¨ªvoca voluntad de una mayor¨ªa de catalanes que quieren votar de verdad la posibilidad de que Catalu?a sea un Estado independiente.
El Gobierno catal¨¢n debe abandonar el uso de los eufemismos y las astucias para sortear la Constituci¨®n, y el Gobierno espa?ol debe afrontar la realidad sin ampararse en la Constituci¨®n para negarla. Los dos Gobiernos deben dialogar, negociar y acordar la conversi¨®n del proceso pol¨ªtico catal¨¢n en un proceso constitucional.
Enric Fossas Espadaler es catedr¨¢tico de Derecho Constitucional en la Universidad Aut¨®noma de Barcelona.
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