Todas las lenguas de Espa?a
El catal¨¢n, el vasco y el gallego deber¨ªan tener una presencia significativa en los organismos y actos de la Administraci¨®n central, sin perjuicio de que el castellano siguiera siendo su principal idioma de trabajo
En una tribuna reciente (Blindar la convivencia, no las lenguas,EL PA?S, 5/09/2014) argument¨¢bamos que, en materia de lenguas, y con el ¨¢nimo de encauzar las tensiones que experimentamos en Espa?a, hay dos caminos. Uno ha dado en llamarse ¡°blindaje de la competencia en lengua catalana¡±. En nuestra opini¨®n, esta v¨ªa, nunca explicada en su detalle, es un error. La promoci¨®n del uso y el aprendizaje del catal¨¢n, es decir, el lado razonable de esa competencia, ya son potestades de las que la Generalitat goza bajo el marco normativo actual. Por tanto, todo nuevo margen de autonom¨ªa s¨®lo podr¨ªa ser usado para desarrollar m¨¢s a gusto el lado no razonable de esa competencia, es decir, para intensificar la pol¨ªtica pro-monoling¨¹ismo que vac¨ªa de contenido la oficialidad del espa?ol en Catalu?a. Existe, sin embargo, otro camino, mucho m¨¢s adecuado, que es el genuinamente federal: la aprobaci¨®n de una Ley de Lenguas Oficiales, del g¨¦nero de las que existen en otros pa¨ªses de similar patrimonio ling¨¹¨ªstico.
Actualmente, el pluriling¨¹ismo de Espa?a se organiza seg¨²n el llamado ¡°biling¨¹ismo territorializado¡±; es decir, catal¨¢n, vasco y gallego son lenguas oficiales s¨®lo en las comunidades donde se hablan y los Gobiernos aut¨®nomos son los encargados de promoverlas, con poca o ninguna intervenci¨®n del Estado. La idea de que el Estado ataca las lenguas cooficiales o entorpece su progreso no se ajusta a la realidad. Cuesti¨®n distinta son los comentarios despectivos que a veces se vierten desde medios de comunicaci¨®n privados. Estas muestras de ignorancia pesan en el envenenamiento de la convivencia; pero si nos centramos en las actuaciones oficiales, de manera objetiva, podemos concluir que, desde los comienzos de la Transici¨®n, el Estado no ha puesto trabas a la rehabilitaci¨®n de las lenguas distintas del espa?ol. Sencillamente se ha inhibido: ni ha colaborado con entusiasmo en su recuperaci¨®n ni ha puesto freno a las pr¨¢cticas en menoscabo del biling¨¹ismo de los Gobiernos de signo nacionalista.
Este laissez faire sugiere que las ¨¦lites del Estado no terminan de interiorizar las consecuencias plenas del hecho de concebir el catal¨¢n, vasco y gallego como lenguas plenamente espa?olas. Puesto que si realmente lo son, alguna presencia y uso habr¨ªan de tener en las instituciones de planta estatal. Muchos ciudadanos de las comunidades biling¨¹es captan esta falta de reconocimiento a sus lenguas maternas cuando esperar¨ªan leg¨ªtimamente lo contrario, esto es, una actitud de cercan¨ªa y complicidad por parte del Estado que se comparte.
El Estado va por el buen camino, pero tiene que ser m¨¢s ambicioso en la v¨ªa de la cooficialidad
Frente a todo ello, el Estado deber¨ªa abordar las tensiones ling¨¹¨ªsticas con un plan acorde con el esp¨ªritu del federalismo y distinto de la v¨ªa del blindaje: tomar la iniciativa y desarrollar, por primera vez, su propia pol¨ªtica ling¨¹¨ªstica. Dicha pol¨ªtica, que podr¨ªa insertarse en la reforma de la Constituci¨®n pero que no la requiere, se apoyar¨ªa en una Ley de Lenguas Oficiales que mejorara el reconocimiento de la realidad pluriling¨¹e de Espa?a y sentara un marco claro de obligaciones de la Administraci¨®n y derechos de los administrados. Esta ley llevar¨ªa a hacer del catal¨¢n, el vasco y el gallego lenguas oficiales del Estado junto al espa?ol, permitiendo que tuvieran una presencia significativa en las instituciones, ¨®rganos y actos de la Administraci¨®n central; sin perjuicio de que, de manera l¨®gica y natural, el espa?ol siguiera siendo su principal lengua de trabajo.
?En qu¨¦ consistir¨ªa esta ley? En primer lugar, habr¨ªa de recoger y sistematizar lo que ya se hace. De hecho, el Estado hace m¨¢s por las otras lenguas espa?olas de lo que el nacionalismo quiere hacer creer. Esta es una peque?a relaci¨®n de buenas pr¨¢cticas que la Administraci¨®n central ya desarrolla: 1, prestaci¨®n de servicios en sus ¨®rganos perif¨¦ricos en la lengua cooficial; 2, traducci¨®n diaria del BOE a todas las lenguas espa?olas; 3, traducci¨®n de las p¨¢ginas web de los ministerios a las cuatro lenguas principales; 4, uso de las lenguas cooficiales en el Senado; 5, mantenimiento de un circuito de televisi¨®n y una emisora de radio en catal¨¢n, subsidiarias de RTVE; 6, en el extranjero, oferta de cursos por parte del Instituto Cervantes de catal¨¢n, vasco y gallego; 7, apoyo v¨ªa subvenci¨®n a las industrias culturales en otras lenguas espa?olas; 8, reconocimiento de la excelencia de creadores espa?oles sin importar la lengua espa?ola en la que trabajen; 9, acuerdo con la Uni¨®n Europea para costear los servicios de traducci¨®n de las comunicaciones escritas en vasco, gallego y catal¨¢n de los usuarios con las instituciones europeas.
Ciertas de estas medidas conocen incumplimientos y lagunas, pero importa retener que son pr¨¢cticas ya asumidas. Nos hablan de un Estado que va por el buen camino, pero no con la ambici¨®n precisa. Por ello, la ley que proponemos podr¨ªa incorporar las siguientes mejoras: 1, consideraci¨®n de las cuatro lenguas espa?olas principales como oficiales en los organismos de planta estatal ¡ªno necesariamente de trabajo¡ª, con hincapi¨¦ en los ¨®rganos judiciales; 2, posibilidad de expresarse en las cuatro lenguas principales en el Congreso de los Diputados; 3, mandato a las Comunidades Aut¨®nomas de incluir en sus curr¨ªculos educativos la oferta del aprendizaje de otra lengua espa?ola; 4, obligaci¨®n de rotular en las cuatro lenguas en el exterior de todos los edificios estatales; 5, obligaci¨®n de visibilizar la diversidad ling¨¹¨ªstica espa?ola en carteles, folletos y publicaciones oficiales en general; 6, desarrollo de la oferta audiovisual p¨²blica en catal¨¢n, vasco y gallego; 7, uso de todas las lenguas oficiales de Espa?a en actos de Estado, y en particular los m¨¢s solemnes; 8, por lo dem¨¢s, la cooficialidad en el ¨¢mbito espa?ol har¨ªa m¨¢s f¨¢cil modificar el Reglamento Ling¨¹¨ªstico de la UE, para alcanzar tambi¨¦n el estatuto de cooficialidad europea.
Para esta propuesta es necesario anticipar tres cr¨ªticas razonables. 1: su aplicaci¨®n supondr¨ªa una elevaci¨®n injustificada del gasto. Nosotros no creemos que el coste fuera exagerado, y, en todo caso, ser¨ªa el precio por una Espa?a m¨¢s inclusiva (todos tenemos en mente gastos inmensamente mayores mucho menos justificados). 2: una Administraci¨®n tetraling¨¹e es inviable. Obviamente, no se trata de que todos los funcionarios deban aprender las cuatro lenguas principales; s¨ª de asegurar que los organismos estatales puedan comunicarse en las cuatro, por escrito, sirvi¨¦ndose de avanzados departamentos de traducci¨®n, y, oralmente, con algunos funcionarios capaces de hacerlo. Y 3: estas medidas son innecesarias en presencia de una lengua com¨²n, el espa?ol. Esta es la objeci¨®n de m¨¢s calado, que requiere ser pensada aparte.
El castellano es el legado que todos los espa?oles (y millones de no espa?oles) tenemos en com¨²n
La lengua espa?ola o castellana es el hermoso legado que todos los espa?oles (y millones de no espa?oles) tenemos en com¨²n. Su estigmatizaci¨®n por parte de los nacionalistas como lengua for¨¢nea o impuesta militarmente en sus comunidades no se ajusta a la historia ni es respetuosa con sus hablantes. Adem¨¢s el espa?ol es, como toda lengua franca, un eficaz instrumento de comunicaci¨®n, cuyo uso en ¨®rganos comunes parecer ser exigido por el principio de racionalidad administrativa. Sin embargo, es importante entender que los Estados no son s¨®lo organizadores racionales. Satisfacen tambi¨¦n necesidades de orden simb¨®lico. Hablantes de una lengua poderosa, los espa?oles de lengua materna castellana no siempre son conscientes de las necesidades de reconocimiento de los hablantes de lenguas minoritarias. La Ley de Lenguas Oficiales vendr¨ªa a subsanar este d¨¦ficit simb¨®lico (en palabras del ling¨¹ista Albert Branchadell) al permitir a los ciudadanos de las comunidades biling¨¹es visualizar c¨®mo sus lenguas existen tambi¨¦n para el Estado central. Al mismo tiempo, acercar¨ªa estas lenguas a los ciudadanos de las zonas monoling¨¹es, ofreci¨¦ndoles la posibilidad de valorarlas y vivirlas como propias.
Desde el comienzo de la Transici¨®n, la inhibici¨®n del Estado ha permitido que el nacionalismo se haya presentado como el representante, defensor y gestor ¨²nico de las otras lenguas espa?olas. Ha sido este un grave error estrat¨¦gico cuyas consecuencias a la vista est¨¢n. En este momento, ante las peticiones para que la lengua le sea entregada al soberanismo en una caja blindada, el Estado debe reaccionar haciendo lo contrario: seguir las mejores pr¨¢cticas en pol¨ªtica ling¨¹¨ªstica federal e involucrarse decididamente en la gesti¨®n y promoci¨®n de todas las lenguas oficiales de Espa?a.
Merc¨¨ Vilarrubias es catedr¨¢tica de Lengua Inglesa en la Escuela Oficial de Idiomas Drassanes de Barcelona. Juan Claudio de Ram¨®n es ensayista.
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