El federalismo aporta claridad

En 1995 se celebr¨® un refer¨¦ndum sobre el futuro pol¨ªtico de Quebec. El Gobierno canadiense menospreci¨® su legitimidad, y por tanto renunci¨® a debatir sobre las reglas del juego de la votaci¨®n. Otorg¨® innecesariamente al soberanismo un monopolio dial¨¦ctico. El resultado fue una pregunta confusa y tramposa, donde el ¡°s¨ª¡± sac¨® un 49,42% de los votos.

La doctrina de la claridad naci¨® en Canad¨¢ a ra¨ªz de la ambig¨¹edad de la pregunta y del resultado ajustado del 1995. Pero tambi¨¦n sirvi¨® para corregir el error del Gobierno de no entrar en el debate. En Espa?a, la historia se repite. El Gobierno une la negligencia a la prepotencia. Por eso conviene profundizar sobre lo que supone y aporta la doctrina de la claridad.

En principio, es sencillo. Tras el refer¨¦ndum de 1995, el Tribunal Supremo canadiense dictamin¨® que para legitimar unas negociaciones sobre una secesi¨®n eran indispensables dos condiciones: una pregunta clara y una mayor¨ªa clara. El tribunal dej¨® en manos de los actores pol¨ªticos la definici¨®n de los tres conceptos (la pregunta, la mayor¨ªa y el marco de las negociaciones).

El Gobierno canadiense reaccion¨® con una ley de claridad, anunciando que ellos llevar¨ªan la voz cantante en cada ¨¢mbito. El Gobierno de Quebec reaccion¨® con su propia ley, totalmente contraria. Estas leyes contrapuestas no han resuelto la cuesti¨®n de fondo; ning¨²n Gobierno puede bloquear al otro. Tienen que llegar a acuerdos.

Ning¨²n Gobierno puede bloquear al otro. Tienen que dialogar y llegar a acuerdos

La doctrina del Supremo canadiense dice que los derechos democr¨¢ticos suponen deberes constitucionales, y viceversa. Sirve para facilitar los pactos, no para legitimar las imposiciones. Descarta por igual que una provincia se pueda imponer tras una votaci¨®n (una ruptura unilateral) como que el Gobierno central pueda ignorar un mandato democr¨¢tico claramente expresado (el inmovilismo).

Por eso, la ley canadiense (una obra de halcones, muchos de ellos de Quebec) reconoce que ¡°el Gobierno de cualquier provincia de Canad¨¢ tiene el derecho de consultar a su poblaci¨®n sobre cualquier asunto y tiene el derecho de formular la forma de la pregunta del refer¨¦ndum¡±. A cambio, el Gobierno federal afirma, con raz¨®n, la legitimidad de su papel. As¨ª, la claridad del proceso sirve como fundamento de los pactos.

Esta claridad es necesaria, pero insuficiente. Dec¨ªa James Madison que ¡°si los hombres fueran ¨¢ngeles, ning¨²n Gobierno ser¨ªa necesario¡±. Como no lo son, ¡°la ambici¨®n tiene que servir para contrarrestar la ambici¨®n¡±. Esto es la esencia de un sistema federal, basado en un reparto de soberan¨ªa. Para resolver los conflictos, no se trata de buenas palabras o de promesas ambiguas, sino de blindar competencias.

Si se pretende importar algo de Canad¨¢, lo importante es el federalismo, no la claridad. Sin la soberan¨ªa compartida, no hay garant¨ªas suficientes. Y entonces la claridad se convierte en un eufemismo para la imposici¨®n. Esto lo demuestra constantemente el Gobierno de Rajoy, que habla claro, pero se mantiene sordo. A cambio, el dominio de Artur Mas del eufemismo nos recuerda que una falta de claridad tambi¨¦n es se?al de una falta de buena fe.

Si se pretende importar algo de Canad¨¢, lo importante es el federalismo, no la claridad

Ahora mismo, ni la actitud de negaci¨®n constante que emana del Partido Popular y otros actores en Madrid, ni la idea extendida entre muchos catalanes de que Espa?a no tiene nada que ver con ellos, aporta este respeto mutuo. El federalismo es una forma de inocular el sistema pol¨ªtico de los caprichos transitorios; obliga al reconocimiento.

En el fondo, las dos actitudes ¡ªla negaci¨®n y el unilateralismo¡ª son dos caras de la misma moneda. Ambas suponen una renuncia tr¨¢gica de la pol¨ªtica, al dar por hecho la imposibilidad de una soluci¨®n pactada. Encima, atentan contra el sentido com¨²n; hasta la independencia se tendr¨ªa que pactar. Y reconocer a Catalu?a como un sujeto pol¨ªtico (en un marco europeo de soberan¨ªa compartida) es mucho m¨¢s f¨¢cil que reconocer a Catalu?a como un Estado independiente. Perderse en debates escol¨¢sticos y caducos sobre la soberan¨ªa y la naci¨®n supone un grave error. Sobre todo visto desde la ¨®ptica canadiense.

Durante m¨¢s de 25 a?os, las instituciones canadienses no fueron capaces de reconocer el hecho diferencial de Quebec. Al final, un Gobierno encabezado por conservadores reconoci¨® a Quebec como una naci¨®n. Las consecuencias eran pr¨¢cticamente nulas. Sin obtener un reconocimiento expl¨ªcito, y sin disponer de un ¡°Estado propio¡±, Quebec siempre ha tenido algo mejor; garant¨ªas democr¨¢ticas en un marco federal.

Por eso, la condici¨®n sine qua non de una salida pactada consiste en un reconocimiento mutuo entre las instituciones espa?olas y catalanas. Toca que ambos se reconozcan como sujetos pol¨ªticos leg¨ªtimos, y que sus gobernantes tienen el mismo deber de velar por el bienestar de la ciudadan¨ªa.

Este reconocimiento solo se puede materializar a trav¨¦s de una reforma federal que aporte derechos democr¨¢ticos, pero tambi¨¦n deberes constitucionales. El reconocimiento ha de ser mutuo. Si se descarta la negaci¨®n, el unilateralismo tendr¨¢ que renunciar. Para que quede claro: el pacto de m¨ªnimos democr¨¢tico no podr¨¢ ser otro que pactar qu¨¦ se tiene que pactar.

David Lizoain es economista.