?Es la tierra, est¨²pido!

?Qu¨¦ imaginan ustedes cuando menciono lugares como El Porvenir, Tranquilandia o Tamarindo?. Probablemente su cabeza les lleva o bien a urbanizaciones de lujo marbell¨ª o bien a ex¨®ticas fincas en junglas tropicales o incluso a la ficci¨®n donde desarrollan su vida imaginaria personajes literarios. Estos lugares de nombres tan esperanzadores son reales en las zonas rurales de Colombia y alguna vez, hace mucho tiempo, albergaron frutales, ganado y vidas tranquilas y esforzadas de campesinos.

La historia por la que sus habitantes lo perdieron todo no es azar ni mala suerte, y ni siquiera ha terminado; en el a?o 2013 se calcula que unas 220.000 personas tuvieron que huir abandonando todo. Es una historia repetida y afecta ya a seis millones de personas; los desplazados forzosos de Colombia. Estoy con 35 de ellos escuchando sus relatos. Todos se parecen. Un d¨ªa llegan hombres armados a esos lugares, generalmente paramilitares en coordinaci¨®n con el ej¨¦rcito de Colombia, empiezan a sospechar que quienes viven all¨ª son guerrilleros, les vigilan, desaparece uno de sus moradores ¡ª¡°Ah¨ª v¨ªv¨ªa el difunto Calixto, que era nuestro vecino, lo asesinaron y lo tiraron al r¨ªo¡±¡ª, se recrudecen los enfrentamientos armados, los leg¨ªtimos due?os de la tierra tienen que huir para no morir?¡ª¡°No nos pusimos de acuerdo para salir sino que fuimos saliendo uno a uno, s¨®lo una persona se qued¨®. A ese lo mataron y lo hicieron pasar por guerrillero¡±¡ª, y nuevas familias, a veces tra¨ªdas por los paramilitares, ocupan las tierras.

Y as¨ª durante medio siglo y con ocho millones de hect¨¢reas, la extensi¨®n de Austria, pongamos como ejemplo. Toda esta tierra, el 14% de Colombia, ha sido despojada de sus leg¨ªtimos propietarios o abandonada de m¨²ltiples maneras; por amenazas y homicidios, mediante presiones econ¨®micas como la destrucci¨®n de cosechas y el bloqueo del agua, por la captura de l¨ªderes comunitarios y el establecimiento de organizaciones comunitarias hostiles a sus leg¨ªtimos propietarios, o simplemente por la amenaza a sus ocupantes para que vendan sus tierras a bajo precio, a menudo a testaferros de los paramilitares o directamente a ellos.

Despu¨¦s de d¨¦cadas de expulsi¨®n, la esperanza se abri¨® para millones de desplazados forzosos cuando el gobierno del presidente Santos impuls¨® y logr¨® que se aprobara, en el a?o 2011, la Ley de V¨ªctimas y Restituci¨®n de Tierras. Por primera vez se reconoci¨® la existencia de un conflicto armado interno en Colombia y, por lo tanto, dejaron de ser invisibles las v¨ªctimas; pose¨ªan derechos humanos reconocidos por el Estado, y pod¨ªan reclamarlos. De repente, ten¨ªan derecho a una reparaci¨®n integral, incluyendo la devoluci¨®n de sus tierras.

Lamentablemente, en Amnist¨ªa Internacional, despu¨¦s de haber visitado una buena parte de Colombia durante los ¨²ltimos dos a?os, hemos constatado que esta esperanza que trajo la ley se diluye, y millones de personas pueden quedar en un limbo sin acceso a la verdad, la justicia y la reparaci¨®n, y sin tierra desde donde empezar una nueva vida.

Los relatos sobre tr¨¢mites y amenazas interminables al intentar que la ley funcione se repiten durante la conversaci¨®n y el desencanto es may¨²sculo: ¡°A m¨ª me expulsaron los paramilitares ?por qu¨¦ no me lo reconocen?". O esta otra de un campesino de Tranquilandia, que denuncia que dos a?os despu¨¦s de presentar sus papeles para empezar el proceso de restituci¨®n ¡°nada pasa" con ¨¦l. U otro m¨¢s, que cuenta la incre¨ªble historia de que el gobierno le deja un coche para mejorar su seguridad pero no le paga la gasolina, y por lo tanto el auto est¨¢ aparcado indefinidamente.

Las palabras de los campesinos reflejan que la Ley de V¨ªctimas puede llegar a fracasar en su objetivo de restituir la tierra a aquellos ¡ªcampesinos, ind¨ªgenas y afrodescendientes¡ª que sufrieron el despojo durante el conflicto armado, y las cifras tambi¨¦n son tozudas en mostrar la verdad de lo que ocurre. De los ocho millones de hect¨¢reas robadas apenas se han devuelto 30.000; y de los millones de campesinos desplazados, s¨®lo a 2.867 les han sido restituidas las tierras.

Las sentencias judiciales, a menudo buenas decisiones que, de ponerse en pr¨¢ctica, asegurar¨ªan que los que retornan tienen lo necesario para seguir con su vida, no se cumplen en su mayor parte. Los intereses de poderosas empresas nacionales y extranjeras, que se han beneficiado del conflicto explotando minas o desarrollando grandes proyectos agroindustriales en tierras robadas, siguen siendo intocables, y as¨ª millones de hect¨¢reas de tierra siguen robadas sin ni siquiera ser asignadas a sus leg¨ªtimos propietarios para ser restituidas.

?Hay algo que se pueda hacer? Quedan siete a?os ¡ªla vigencia de la ley¡ª para que las vidas de millones de personas no se vayan por el sumidero. Ahora mismo estamos ante un momento cr¨ªtico de la historia de este pa¨ªs, cuando el Gobierno y el principal grupo guerrillero del pa¨ªs, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tienen conversaciones de paz en La Habana. La tierra es uno de los elementos centrales de las negociaciones y el ¨¦xito o el fracaso de las conversaciones podr¨ªa depender en ¨²ltima instancia de la capacidad del Estado de devolver de forma efectiva la tierra a sus leg¨ªtimos due?os.

Hemos presentado en Bogot¨¢ nuestras conclusiones y recomendaciones al Gobierno y al Poder Judicial de Colombia. Son 40 medidas que se resumen en dos: persiga y encuentre a aquellos que han cometido graves abusos y violaciones de derechos humanos contra los pobladores de las tierras, y garantice que los que huyeron puedan regresar sin temor y vivir en sus hogares de una manera econ¨®micamente sostenible. Para ello, los gobiernos y las grandes empresas internacionales deben dejar de beneficiarse del despojo que todav¨ªa no termina.

Llevo 30 a?os escuchando hablar sobre la complejidad inherente al conflicto armado en Colombia. Junto a los campesinos de Tranquilandia, El Porvenir o Tamarindo todo se resume con sencillez: pienso en la famosa frase de Bill Clinton en campa?a electoral de 1992 pero referida a la econom¨ªa; ?Es la tierra, est¨²pido!, una de las claves que hacen parecer interminable el conflicto armado en Colombia.

Estoy a punto de acabar este art¨ªculo cuando una mujer campesina, dos veces expulsada de sus tierras, viene a despedirse: ?Ad¨®nde regresar¨¢ hoy?

Esteban Beltr¨¢n, director de Amnist¨ªa Internacional en Espa?a.