Sin miedo al cambio

El 36? cumplea?os de la Constituci¨®n es una buena oportunidad de felicitarse por los asentados cimientos sobre los que est¨¢ construido el edificio de las instituciones. Sin embargo, hay partes del mismo que necesitan reformas, incompatibles con la pretensi¨®n de mantener la Constituci¨®n grabada en m¨¢rmol. La confianza de los espa?oles se ha visto da?ada por la forma en que los poderes pol¨ªticos han administrado el legado de los constituyentes, y eso exige una demostraci¨®n de fuerza democr¨¢tica como la que supondr¨ªa ser capaces de reformar la m¨¢xima ley.

Que el partido gobernante se oponga es un grave obst¨¢culo para la modernizaci¨®n necesaria. El Gobierno alega que no puede apoyar la creaci¨®n de la subcomisi¨®n parlamentaria propuesta por el PSOE mientras este partido no precise lo que pretende. Pero nadie debe confundir el procedimiento con el contenido. El Parlamento ha de ser el cauce para la reforma, el marco donde deben discutirse, aceptarse o rechazarse los proyectos, buscar consensos o constatar desacuerdos.

Desde el Gobierno se han escuchado elogios al modo en que se cambi¨® el art¨ªculo 135 de la Constituci¨®n, fruto de un pacto entre el anterior jefe del Ejecutivo, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, y el entonces jefe de la oposici¨®n, Mariano Rajoy. Alterar partes de la Constituci¨®n por cuenta y riesgo de dos dirigentes ¡ªcontando con la disciplina de sus respectivos grupos parlamentarios¡ª fue un procedimiento excepcional en un momento tambi¨¦n excepcional, pero los concili¨¢bulos no pueden convertirse en el procedimiento para hacer posibles otras reformas.

En cuanto al fondo del asunto, no son tiempos para el miedo ni para la superficialidad. Hay que buscar un cauce para los ciudadanos de Catalu?a que se resisten a seguir el aventurerismo independentista, pero que tampoco est¨¢n de acuerdo con el statu quo. Los valores de la soberan¨ªa nacional y de la unidad de la naci¨®n (art¨ªculos 1 y 2) son compartidos por una gran mayor¨ªa de los espa?oles, y desde luego por este peri¨®dico. Pero no creemos que deban servir de pretexto para no abordar el T¨ªtulo VIII de la Constituci¨®n. Se trata de redistribuir el poder, lo cual explica muchas de las resistencias. Una vez establecidas claramente las competencias del Gobierno, las comunidades (o partes de la federaci¨®n) tendr¨ªan su propia responsabilidad y capacidad normativa y fiscal.

Ese cauce puede servir tambi¨¦n para aclarar otros problemas detectados en el funcionamiento del Estado auton¨®mico. Todo ello debe completarse con la reforma federal del Senado ¡ª?y por qu¨¦ no instalarlo en Barcelona?¡ª. Lo que carece por completo de sentido es mantener al Senado tal como est¨¢, limitado a una in¨²til C¨¢mara de ¡°segunda lectura¡± de textos legales.

Tampoco se trata de abrir un proceso constituyente, como proponen los dirigentes de Podemos tras descalificar, con infantil ligereza, lo que llaman ¡°r¨¦gimen del 78¡±. Hay otras sugerencias m¨¢s dignas de estudio: el Estado federal y el refuerzo de la protecci¨®n de los derechos sociales, propuestos por el PSOE, o las reformas electorales y la eliminaci¨®n de la preferencia del hombre sobre la mujer en la sucesi¨®n a la Corona, sugeridos desde ¨¢mbitos acad¨¦micos y observadores de la vida pol¨ªtica.

La ventaja de una reforma constitucional es que obliga a los partidos a un cierto grado de consenso: un valor que hay que actualizar como instrumento de las grandes decisiones en una democracia. La direcci¨®n del PP parece creer in¨²til o irreal la posibilidad de llegar a acuerdos, pero no es posible compartir esa mentalidad, en el fondo derrotista. Aunque reformar la Constituci¨®n no es la panacea de todos los males, estar dispuesto a hacerlo es el modo de empezar a desmantelar las partes anquilosadas del entramado pol¨ªtico y a regenerar de verdad la democracia.