Transparencia, pero poca

Si el prop¨®sito de la ley de Transparencia es contribuir a que los ciudadanos est¨¦n informados sobre c¨®mo se toman las decisiones o c¨®mo se manejan los fondos p¨²blicos, los m¨¢s de 500.000 datos de la Administraci¨®n del Estado publicados ayer electr¨®nicamente ofrecen solo una primera y vaga respuesta a tales objetivos. Aun as¨ª, es positivo empezar a consolidar la idea de que las Administraciones P¨²blicas carecen de un derecho general a la opacidad y que, en lo sucesivo, habr¨¢n de responder a los requerimientos de informaci¨®n de los ciudadanos.

Espa?a ha sido uno de los ¨²ltimos pa¨ªses de la Uni¨®n Europea sin una legislaci¨®n de este tipo. Ning¨²n Gobierno anterior consider¨® necesario facilitarlo ¡ªZapatero aprob¨® un proyecto cuando estaba a punto de disolver el Parlamento¡ª y por lo tanto corresponde al Ejecutivo del PP el m¨¦rito de haber promovido la primera ley en la materia que entra en vigor, y que comienza a ser aplicada de manera efectiva.

Es verdad que los primeros resultados ofrecidos resultan decepcionantes. Haber colocado en el portal de la Transparencia unas tablas con las retribuciones de altos cargos permite ejercicios m¨¢s bien anecd¨®ticos, como el de comparar los bajos sueldos del jefe del Gobierno y de los ministros con los m¨¢s elevados de sus subordinados directos. Pero no se dispone de los registros de entrada y salida de los ministerios, ni de las deliberaciones previas a las decisiones.

Adem¨¢s de las zonas de sombra informativa previstas por la ley (seguridad y defensa, intereses econ¨®micos o comerciales, pol¨ªtica econ¨®mica, relaciones exteriores), se excluye durante un a?o la transparencia de las comunidades aut¨®nomas y de los ayuntamientos. El portal electr¨®nico tampoco colma la necesidad de que los viajes de altos cargos y parlamentarios pagados por el erario est¨¦n a disposici¨®n del p¨²blico. Y est¨¢ a medio preparar el Consejo de la Transparencia, encargado de administrar el sistema y que, como se sabe desde la aprobaci¨®n de la ley, no es un ¨®rgano independiente: est¨¢ vinculado al Ministerio de Hacienda.

Pero se puede (y se debe) exigir informaci¨®n no publicada. Son los ciudadanos los que tienen que abrir camino al nuevo procedimiento establecido por la ley, demandando los datos que precisen. Con una normativa que hubiera permitido el acceso libre a todos los contratos firmados por las diversas Administraciones ¡ªo si estas hubieran estado obligadas a colgar en Internet las recalificaciones de terrenos¡ª, se hubieran podido evitar o dificultar algunos de los hechos graves que han disparado la inquietud ciudadana por los abusos de dinero p¨²blico a los que hemos asistido.

Por eso hay que saludar el comienzo de la aplicaci¨®n de la Ley de Transparencia. Ser exigentes con ella es el mejor modo de poner fecha de caducidad al secretismo que ha actuado como partero de la corrupci¨®n.