Legalizar lo ilegal

AUTOR: DANIEL AMOEDO BARREIRO

Si existe algo m¨¢s deleznable que la propia pr¨¢ctica de las devoluciones en caliente, es su intento de legalizarla. Por m¨¢s empe?o que ponga el Ministro del interior en su intento de convencer a la opini¨®n p¨²blica acerca de la necesidad de legalizar dicha pr¨¢ctica, sus justificaciones hacen aguas ante los s¨®lidos argumentos que demuestran que la reforma propuesta vulnera los derechos humanos y viola la legalidad nacional e internacional.

La reforma de la actual Ley de Extranjer¨ªa que se pretende realizar a trav¨¦s del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, es precipitada, excesiva y contraria a la legislaci¨®n vigente en materia de Derechos Humanos. Vulnera el principio de no devoluci¨®n o non refoulement, restringiendo el derecho de asilo de las personas en b¨²squeda de protecci¨®n internacional por ser perseguidos a causa de violaciones de derechos humanos provocados por conflictos en sus pa¨ªses de origen.

El conjunto de normas que se vulnera con la pretendida reforma es tan amplio que podr¨ªa abarcar m¨¢s de un p¨¢rrafo del presente art¨ªculo. Raz¨®n por la cual mencionaremos, adem¨¢s de la Convenci¨®n de Ginebra de 1951, las de mayor significaci¨®n, entre las que se encuentran la Directiva Europea sobre el retorno de inmigrantes 2003/110/CE; la prohibici¨®n de expulsiones colectivas establecida en el Protocolo IV del Convenio Europeo de Derechos Humanos; o la Jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

El responsable de dicha ley ante la opini¨®n p¨²blica es el Ministro del interior, que ante las cr¨ªticas recibidas, opt¨® simplemente por banalizar los argumentos contrarios. As¨ª, en un alarde chulesco y demostrativo de carencia democr¨¢tica, invit¨® a todos los cr¨ªticos de su reforma a que le den una direcci¨®n para enviarles a ¡°esa gente¡±, les exigi¨® que dijeran cu¨¢ntas personas est¨¢n dispuestos a acoger y, si no lo hacen, les exhort¨® a ¡°que se callen y den menos lecciones¡±.

Pareciera que poco importa al ministro que esos a los que manda a callar hayan expuesto cr¨ªticas fundamentadas y propuestas acordes a la legislaci¨®n vigente, o que sean organizaciones de peso como ACNUR, CEAR o Amnist¨ªa Internacional -actores especializados en asilo y refugio-; diversas instituciones de la sociedad civil ¨Centre las que se encuentra las del ¨¢mbito jur¨ªdico y la iglesia cat¨®lica- e incluso instituciones europeas como la Comisi¨®n Europea y el Consejo de Europa.

El ministro continu¨® su declaraci¨®n urdiendo una relaci¨®n fuera de toda l¨®gica, asegurando que si hiciera caso las cr¨ªticas ¨Co sea, si se garantizaran los derechos humanos de los migrantes interceptados- ello implicar¨ªa despertar un efecto llamada que atraer¨ªa a cientos de miles de inmigrantes a nuestras fronteras. Nuevamente, el recurso maniqueo de la ¡°invasi¨®n de inmigrantes¡± ¨Cvacuo y carente de fundamento alguno-, s¨®lo tendente a quebrar el raciocinio, despertar emociones xen¨®fobas y pretender lograr el convencimiento f¨¢cil de la opini¨®n p¨²blica.

El texto propuesto como reforma de la Ley 12/2009 busca legalizar las expulsiones informales que tantos dolores de cabeza y titulares negativos trae ¨²ltimamente al Gobierno. As¨ª, se pretende dar cobertura legal a las situaciones en que los extranjeros que sean detectados en la l¨ªnea fronteriza intentando el cruce no autorizado puedan ser rechazados, omitiendo de manera flagrante la obligaci¨®n de iniciar el debido proceso de devoluci¨®n. La Guardia Civil, en estos supuestos, y seg¨²n el Reglamento de Ejecuci¨®n de la Ley de Extranjer¨ªa, deber¨ªa entregar a los migrantes a la comisar¨ªa de polic¨ªa para as¨ª iniciarse un procedimiento administrativo por el que el se les conceden unas garant¨ªas m¨ªnimas tales como asistencia jur¨ªdica o informaci¨®n sobre su situaci¨®n y el derecho de solicitar asilo.

Lo cierto es que las devoluciones ilegales no son una novedad y se llevan practicando desde hace ya varios a?os atr¨¢s. Antes, se realizaban de manera clandestina y ante el surgimiento de alguna evidencia el ejecutivo se limitaba a negarlas. Hasta que ocurri¨® la tragedia de Ceuta y el Gobierno tuvo que asumir la devoluci¨®n ilegal de inmigrantes. A partir de este momento surge la justificaci¨®n que se podr¨ªa denominar poner fronteras a las fronteras, por la que el Ministerio del Interior realiza su propia interpretaci¨®n de la definici¨®n de frontera, alej¨¢ndose de la que establece el derecho internacional y creando una versi¨®n propia por la que se determina que ¡°Espa?a comienza cuando se supera la totalidad del dispositivo antiintrusi¨®n¡±.

Esta interpretaci¨®n sirvi¨® de excusa para que la Guardia Civil comenzar a expulsar inmigrantes de forma manifiesta, a plena luz del d¨ªa y ante la atenta mirada de los medios de comunicaci¨®n. La interpretaci¨®n arbitraria del concepto de frontera sirvi¨® para implementar el plan de actuaci¨®n de la Guardia Civil, por el que se considera que un inmigrante puede acogerse a la ley de extranjer¨ªa solo tras superar el cord¨®n de las fuerzas de seguridad. Pero tanto la particular interpretaci¨®n del concepto de frontera, como la actuaci¨®n del instituto armado, no se amparan en ninguna norma jur¨ªdica y responden m¨¢s bien, en palabras del juez que instruye la causa contra el jefe de la Guardia Civil en Melilla, a ¡°un criterio del gobierno pol¨ªtico o de simple operatividad policial¡±.

El manto de legalidad con el que ahora se pretende recubrir esta pr¨¢ctica, a todas luces ilegal, busca alejar el foco medi¨¢tico de una situaci¨®n inc¨®moda ya instalada en la opini¨®n p¨²blica, y desvirtuar las numerosas denuncias que las ONG?s vienen realizando hasta el momento. De esta manera, pasar¨ªa de ser una pr¨¢ctica ilegal a otra s¨®lo moral o ¨¦ticamente cuestionable.

Lo curioso del asunto es que s¨ª existen alternativas viables y respetuosas con la legalidad vigente que se podr¨ªan aplicar a la situaci¨®n expuesta, pero sobra prepotencia y falta voluntad pol¨ªtica para escucharlas e implementarlas. La respuesta del ejecutivo ante las cr¨ªticas, lejos de contribuir al debate, demuestra el desprecio que ¨¦ste tiene por las instituciones que representan a la sociedad civil.

No es posible legalizar lo ilegal. La acertada frase, pronunciada por el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, parece no hacer mella en el empe?o del Gobierno de llevar adelante una reforma que es claramente ilegal, inhumana y contraria a la legislaci¨®n vigente. Lamentablemente, la pol¨ªtica de blindaje de fronteras parece ser la ¨²nica respuesta que es capaz de esgrimir el Gobierno para paliar una situaci¨®n con ra¨ªces mucho m¨¢s profundas y complejas, sobre las que no existe voluntad pol¨ªtica alguna de dar una soluci¨®n apropiada.

Daniel Amoedo Barreiroes abogado especializado en la defensa de Derechos Humanos

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