No s¨¦ si soy ¡®Charlie Hebdo¡¯

Como ante todo ataque terrorista, la opini¨®n p¨²blica occidental se ha dividido en dos bloques irreconciliables. Por un lado, los ¡°Yo soy Charlie Hebdo¡±, que defienden una libertad de expresi¨®n sin l¨ªmites, el derecho a ofender a todo tipo de religi¨®n o grupo humano. Es una visi¨®n liberal sensata, por mucho que se hayan adherido a ella oportunistas de ¨²ltima hora que hubieran cerrado los Charlies Hebdos de muchos otros pa¨ªses, incluyendo el nuestro. Por el otro lado, tenemos a los ¡°Yo no soy Charlie Hebdo¡±, para quienes la coexistencia pac¨ªfica en el mundo moderno requiere impedir las expresiones ¡°ofensivas¡± mediante leyes antidiscriminaci¨®n y antidifamaci¨®n m¨¢s estrictas. Si pensamos un poco, vemos que tambi¨¦n tiene sentido lo que dicen. Basta con echar un vistazo a algunas de las vi?etas del antisemita semanario alem¨¢n de entreguerras Der St¨¹rmer para sentir aut¨¦ntico miedo ante la propagaci¨®n de ciertos odios colectivos. ?Podemos reconciliar estas dos sensateces opuestas?

Creo que s¨ª. En un mundo ideal, con recursos ilimitados para hacer, actualizar y aplicar con imparcialidad las leyes, podr¨ªamos establecer unos l¨ªmites perfectos a la libertad de expresi¨®n. Unos l¨ªmites que permitieran la s¨¢tira, la mofa, pero que filtraran los desagravios que pudieran directamente incitar a la violencia. Pero trazar la delgad¨ªsima l¨ªnea que separa lo tolerable de lo intolerable es una tarea herc¨²lea. Bueno, hasta que alguien invente un medidor de ofensas, disponible en aplicaci¨®n de m¨®vil, que salte cuando una persona (el Rey, fulanito de tal) o una comunidad (religiosa, ¨¦tnica) se sientan tan seriamente ofendidos que pudieran llevar a cabo una acci¨®n desestabilizadora. Mientras, en el mundo real y a d¨ªa de hoy, si la disyuntiva es entre limitar la libertad de expresi¨®n con leyes o no limitarla, la segunda opci¨®n es m¨¢s razonable, adem¨¢s de m¨¢s econ¨®mica.

Sin embargo, tenemos una tercera alternativa: institucionalizar l¨ªmites, pero no legales, sino profesionales. L¨ªmites no fundamentados en normas jur¨ªdicas, sino en los c¨®digos ¨¦ticos de los profesionales; en este caso, de los periodistas. L¨ªmites que son m¨¢s flexibles que las leyes ¡ªr¨ªgidas por definici¨®n¡ª y que, por tanto, se pueden adaptar a las problem¨¢ticas sociales de cada momento. L¨ªmites que no est¨¢n especificados de forma detallada ex ante, sino que se valoran en funci¨®n del caso concreto sobre la base de la extensa experiencia y reputaci¨®n del profesional que lo dirima.

Hasta ahora, cuando alguien se siente ofendido en pa¨ªses como Francia o Espa?a, suele recurrir a los tribunales. All¨ª, un juez, con toda la buena intenci¨®n del mundo, pero sin ser un experto en libertad de expresi¨®n, aplica la ley. Una ley que, a su vez, ha sido redactada por legisladores que, con toda la buena voluntad del mundo, pero sin ser expertos en libertad de expresi¨®n, han reaccionado a un contexto muy espec¨ªfico. Por ejemplo, a una oleada antisemita o de violencia machista o xen¨®foba; o, todo lo contrario, a una ausencia total de violencia. El resultado de esta judicializaci¨®n de la ofensa es, primero, decisiones arbitrarias o descontextualizadas, en las que o se tolera pr¨¢cticamente todo (como ha sucedido en Francia con Charlie Hebdo) o no se toleran las bromas m¨¢s inocentes (como ha pasado en Espa?a). Segundo, los castigos son absurdos, pues se basan en multas econ¨®micas, creando incentivos perversos: los periodistas ricos pueden incluso llegar a chulear p¨²blicamente de pagar una multa mientras algunas publicaciones peque?as se pueden llegar a arruinar. O, si no imponen multas, los jueces obligan a rectificaciones que pueden ajustarse a derecho, pero que son rid¨ªculas, como el penoso ¡°ce-ce-o-o¡± de TVE.

Los castigos efectivos deben venir en la forma de reputaci¨®n y verg¨¹enza p¨²blica

Los castigos efectivos deben venir en la forma de reputaci¨®n y verg¨¹enza p¨²blica, que es lo m¨¢s efectivo para corregir malas praxis profesionales. Por ello, deber¨ªamos institucionalizar un mecanismo estable que desjudicialice la gesti¨®n de las ofensas. S¨ª, muchos peri¨®dicos tienen defensores del lector muy sesudos y tenemos organizaciones, como la Comisi¨®n de Quejas y Deontolog¨ªa de la Federaci¨®n de Asociaciones de Periodistas de Espa?a (FAPE), que apuestan seriamente por la autorregulaci¨®n del periodismo. Pero no es suficiente, dado que demasiados periodistas en Espa?a viven con un ojo puesto en si van a tener que sentarse delante de un juez por decir tal o cual cosa.

Esta situaci¨®n debe cambiar: los periodistas deben autorregularse m¨¢s y mejor. Para ello, deben invitar cari?osamente al Estado a que deje de inmiscuirse en los asuntos que ellos conocen mejor, proponiendo un mecanismo ambicioso para arbitrar entre ofendidos y ofensores que reemplace de forma convincente a la denuncia judicial. Que la reemplace en primera instancia, claro. En ¨²ltima instancia, siempre debe quedar la opci¨®n de recurrir a la justicia ordinaria en un Estado de derecho. Pero la experiencia en pa¨ªses con mecanismos muy estandarizados es que, si el mecanismo es eficiente, y combina profesionales del periodismo junto con profesionales del derecho, los denunciantes pueden quedar satisfechos sin tener que recurrir a la justicia ordinaria. Menos casos para nuestros sobresaturados jueces y m¨¢s sentido com¨²n en la gesti¨®n de la profesi¨®n period¨ªstica.

Desgraciadamente, no hay ning¨²n pa¨ªs con una gesti¨®n mod¨¦lica: la autorregulaci¨®n de la prensa presenta lagunas tanto en los pa¨ªses anglosajones como en los n¨®rdicos. Pero las dos alternativas sobre la mesa ¡ªla desregulaci¨®n total o la regulaci¨®n estatal¡ª son todav¨ªa peores. En una situaci¨®n de riesgo, los Charlies Hebdos del mundo no deber¨ªan sentirse ni completamente solos ni bajo la tutela del Estado, sino arropados, pero tambi¨¦n vigilados, por sus colegas.

V¨ªctor Lapuente Gin¨¦ es profesor en el Instituto para la Calidad de Gobierno de la Universidad de Gotemburgo.