?Reformar la Constituci¨®n?

Que el sistema pol¨ªtico espa?ol tiene graves problemas parece cierto. Que esos problemas quepa remediarlos a trav¨¦s de una reforma de la Constituci¨®n ya no lo es tanto, por dos razones: ni el derecho puede resolverlo todo ni es claro que todos esos problemas deriven de una defectuosa regulaci¨®n constitucional que deba corregirse. Es posible que algunos puedan verse aliviados por cambios en la Constituci¨®n, otros s¨®lo requieran de meras reformas legales, otros no habr¨¢ reforma constitucional que los resuelva, y todos precisen, m¨¢s a¨²n que de soluciones jur¨ªdicas, de una profunda transformaci¨®n de la pr¨¢ctica pol¨ªtica.

Por lo que se refiere a la actual debilidad de nuestras instituciones democr¨¢ticas, erosionadas en su legitimaci¨®n como consecuencia de una amplia desafecci¨®n ciudadana, un problema que no es ¨²nicamente espa?ol, pues lo compartimos con otros pa¨ªses organizados bajo el mismo modelo de Estado democr¨¢tico de derecho, sus causas no proceden, a mi juicio, de la Constituci¨®n, sino de un mal funcionamiento de los partidos pol¨ªticos y probablemente tambi¨¦n de una legislaci¨®n electoral que no propicia la cercan¨ªa entre representantes y representados. De ah¨ª derivan, creo, los problemas principales que tiene nuestra democracia: la desafortunada selecci¨®n de l¨ªderes pol¨ªticos, la aton¨ªa de nuestro parlamentarismo, la desmedida ocupaci¨®n partidista de las instituciones t¨¦cnicas de control e incluso la creciente desconfianza hacia la ley, percibida por los ciudadanos m¨¢s como una decisi¨®n caprichosa en permanente mutaci¨®n que como una norma racional y estable.

Es l¨®gico que en una situaci¨®n as¨ª prolifere la corrupci¨®n, que no es s¨®lo econ¨®mica sino tambi¨¦n pol¨ªtica y moral, como tambi¨¦n lo es que sufra el Estado de derecho, con grave merma de la seguridad jur¨ªdica, que es su principal sustento. Como democracia y gobierno de las leyes son realidades conceptualmente inseparables, cuando enferman lo hacen conjuntamente, que es lo que hoy nos sucede. Y aunque es posible que ese mal, cuyos s¨ªntomas son evidentes, no haya alcanzado a¨²n una gravedad extrema, es seguro que empeorar¨¢ si no se toman con urgencia medidas adecuadas para atajarlo. Si queremos conservar cuanto de bueno hemos logrado los espa?oles a partir de la Transici¨®n pol¨ªtica y de las tres primeras d¨¦cadas de vida constitucional, deben adoptarse determinados cambios que sirvan para conjurar el riesgo evidente que hoy corre lo que con tanto esfuerzo, y de manera tan ejemplar, hab¨ªamos conseguido.

En tal sentido, para fortalecer la democracia y el Estado de derecho no creo, como ya he dicho, que se precise de una reforma de la Constituci¨®n (excepto quiz¨¢s en un punto al que despu¨¦s me referir¨¦), que dedica a ambos extremos una regulaci¨®n cuyas prescripciones, en l¨ªneas generales (con la excepci¨®n apuntada), me parecen adecuadas y suficientes, salvo que se piense, lo que no es mi caso, que hay que sustituir la democracia representativa por una democracia directa que conducir¨ªa, no me caben dudas, a la destrucci¨®n del sistema de libertades en que toda democracia ha de asentarse.

Reconocer las singularidades no tiene por qu¨¦ llevar a un federalismo asim¨¦trico

Para revitalizar nuestra democracia constitucional, b¨¢sicamente representativa, lo que s¨ª se necesita, como requisito indispensable, aunque no suficiente, pues el derecho no lo puede todo, es una reforma legal sobre el funcionamiento interno y la financiaci¨®n de los partidos, introduciendo controles eficaces y propiciando una mejora sustancial de la funci¨®n de selecci¨®n de liderazgos que hoy tan imperfectamente realizan. Esto ¨²ltimo quiz¨¢s no se logre sin revisar al mismo tiempo el sistema electoral, para lo que s¨ª ser¨ªa necesario reformar la Constituci¨®n, cuyas prescripciones (sobre todo la determinaci¨®n de la provincia como circunscripci¨®n electoral para el Congreso de los Diputados) aunque pueden valer, y as¨ª ha sido, para organizar la representaci¨®n, se presentan como un obst¨¢culo para mejorar el modo de selecci¨®n de los dirigentes pol¨ªticos. S¨®lo si los partidos cambian radicalmente ser¨¢ posible encontrar alg¨²n remedio al grave deterioro de legitimidad pol¨ªtica que hoy padecemos.

Otra fuente, indudable, de los problemas de nuestro sistema pol¨ªtico procede de la organizaci¨®n territorial. El Estado auton¨®mico, cuyos resultados, hasta hace unos diez a?os, fueron mayoritariamente positivos, ha entrado hoy en una fase de agotamiento, no s¨®lo por no haber servido para disminuir la fuerza de los seccionalismos, ahora m¨¢s pujantes que en las d¨¦cadas anteriores, como lo muestra, al menos, la grave situaci¨®n que existe en Catalu?a, sino tambi¨¦n porque se han puesto claramente de manifiesto muy importantes defectos en el funcionamiento general de la distribuci¨®n territorial del poder. Es cierto que muchos de esos defectos se deben a un mal desarrollo del modelo, pero tambi¨¦n lo es que otros, los principales, obedecen a razones estructurales, por lo que, para hacerles frente, adem¨¢s de adoptar reformas legales, me parece que resulta indispensable, aqu¨ª s¨ª, realizar profundos cambios constitucionales.

No tanto para reformar el Senado, pues tengo muchas dudas sobre la utilidad, en los Estados compuestos, de una c¨¢mara de representaci¨®n territorial, sino para sustituir el confuso sistema de distribuci¨®n territorial de competencias que la Constituci¨®n y los Estatutos de Autonom¨ªa han previsto, por otro mucho m¨¢s claro y eficaz, articulado de manera completa en el mismo texto de la Constituci¨®n, sin hacerlo recaer por completo, como hasta ahora, sobre las espaldas del Tribunal Constitucional, poniendo fin, adem¨¢s, al principio dispositivo que, plausible en los a?os del proceso constituyente, hoy no debe perpetuarse si queremos tener un Estado que funcione de manera aceptable. Tambi¨¦n para regular de modo preciso en la propia Constituci¨®n, lo que hoy no sucede, un modelo equilibrado y eficaz de financiaci¨®n auton¨®mica. Y de paso para eliminar muchos preceptos constitucionales de derecho transitorio, hoy completamente obsoletos. No creo, sin embargo, que esa reforma constitucional deba denominar necesariamente como federal a un Estado, el nuestro, que ya lo es, pero s¨ª que refuerce los rasgos federales del Estado auton¨®mico. Lo que no cabe, a mi juicio, es buscar la salida a nuestros problemas territoriales a trav¨¦s de la confederaci¨®n, f¨®rmula incompatible con un Estado eficaz e incluso, m¨¢s a¨²n, con un Estado constitucional.

La virtud de los ciudadanos s¨®lo se logra si tambi¨¦n son virtuosos los gobernantes

Y en este punto es donde cabe plantear el problema de la integraci¨®n constitucional de los nacionalismos. Problema, a mi juicio, jur¨ªdicamente insoluble si identificamos nacionalismo con independentismo, pues la mejor Constituci¨®n posible no servir¨ªa para que sus pretensiones desaparecieran, aunque una Constituci¨®n que preserve mejor las singularidades pol¨ªticas, hist¨®ricas y culturales de determinados pueblos de Espa?a s¨ª puede servir para aliviar las tensiones nacionalistas o, al menos, para detener su expansi¨®n, pues que en nuestro ordenamiento sean l¨ªcitos, por fortuna, los nacionalismos no significa que ese ordenamiento pueda basarse en ellos. Por lo dem¨¢s, el reconocimiento de aquellas singularidades, en mayor medida de lo hecho hasta ahora, no tiene por qu¨¦ significar exactamente el establecimiento de un federalismo asim¨¦trico, f¨®rmula de muy dif¨ªcil administraci¨®n, pero s¨ª buscar, para determinadas comunidades, modos de organizaci¨®n interna diferenciada y f¨®rmulas de participaci¨®n especial en las tareas comunes del Estado, preservando siempre, eso s¨ª, la igualdad sustancial de derechos de los ciudadanos y la no discriminaci¨®n entre Comunidades Aut¨®nomas.

Aunque los he expuesto separadamente, en el fondo los problemas de nuestra democracia y de nuestra organizaci¨®n territorial est¨¢n enlazados. Y ambos requieren no s¨®lo de reformas jur¨ªdicas, incluida la reforma constitucional que, cuando es necesaria, sirve precisamente para consolidar el sistema, sino tambi¨¦n de reformas pol¨ªticas, y estas ¨²ltimas cabe resumirlas en dos: defender con firmeza en el campo de las ideas los valores de la Espa?a constitucional, democr¨¢tica y auton¨®mica, lo que hasta ahora se ha hecho muy poco, y ejercer una efectiva ejemplaridad p¨²blica desde el Gobierno y los partidos, un magisterio de costumbres, hoy tan escaso, que resulta indispensable para mejorar la educaci¨®n c¨ªvica de los espa?oles. Al fin y al cabo, la virtud de los ciudadanos, tan necesaria en una democracia, s¨®lo se logra si tambi¨¦n son virtuosos los gobernantes, esto es, si hay un buen y no un mal gobierno.

Manuel Arag¨®n es catedr¨¢tico de Derecho Constitucional.