Campesinos contra multinacionales

¡°Una de las formas de operar del Estado guatemalteco es decir que el combate contra la pobreza se hace trayendo capital extranjero para la inversi¨®n en mega proyectos. Pero llegan esos capitales y el Gobierno lo ¨²nico que hace es concesionar los bienes naturales de los pueblos a petroleras, a empresas que tienen el inter¨¦s de establecer proyectos mega hidroel¨¦ctricos, o a mineras. Por eso tenemos problemas en diversas comunidades como San Miguel Ixtahuac¨¢n, Sipacapa, San Rafael las Flores, San Jos¨¦ el Golfo, San Juan Sacatep¨¦quez, San Pablo la costa, San Pablo Tacana, Santa Caterina... ¡°.

Quien cuenta estas cosas es Feliciano Vel¨¢squez, l¨ªder campesino guatemalteco y uno de los fundadores del Frente de Resistencia, En Defensa de los Recursos Naturales y los Derechos de los Pueblos (FRENA), que visit¨® Madrid a finales del a?o pasado. Estaba acompa?ado del abogado Ram¨®n Cadena, director de la Comisi¨®n Internacional de Juristas de Guatemala (CIJ).

Este ¨²ltimo insiste en el discurso de su compa?ero, agregando que el gobierno de Guatemala, desde la firma de la paz ¡ªen 1996 tras m¨¢s de tres d¨¦cadas de conflicto civil¡ª se ha convertido en "el guardi¨¢n de las empresas privadas". Por otro lado, asegura, las empresas privadas transnacionales han adquirido tanto poder que superan al poder del Estado. "Y por eso es muy dif¨ªcil hacerlas responsables de sus actos en el pa¨ªs. Por esa raz¨®n es que hemos venido, adem¨¢s de para informar de lo que est¨¢ sucediendo en Guatemala, a pedirle al Parlamento espa?ol, al catal¨¢n y al europeo que establezcan un marco legal m¨¢s amplio que permita establecer la responsabilidad penal de las transnacionales por los actos que realizan sus filiales en el extranjero", agrega.

De la mano de la organizaci¨®n ?xodo y la Cooperativa l¡¯Olivera, los dos activistas empezaron en Madrid un periplo que les llevar¨ªa a visitar el Congreso espa?ol, el Parlamento de Catalu?a, el Parlamento europeo y la Comisi¨®n de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Organismos ante los que han denunciado la situaci¨®n de su pa¨ªs y pedido acciones concretas que ayuden a cambiar la realidad de que se vive all¨ª.

Guatemala

Tras d¨¦cadas de guerra civil, en 1996 se firmaron los acuerdos de paz que pon¨ªan fin al conflicto guatemalteco. Desde entonces, pocos avances se han logrado en la convivencia nacional y en la mejora de la vida de los sectores m¨¢s vulnerables del pa¨ªs, sobre todo de los ind¨ªgenas, que representan un 65% de la poblaci¨®n.

Dos a?os despu¨¦s de la firma, el 24 de abril, la Comisi¨®n Nacional de Reconciliaci¨®n, presidida por el obispo cat¨®lico Monse?or Juan Gerardi, presentaba el resultado de sus investigaciones en materias de derechos humanos en un documento titulado Guatemala: nunca m¨¢s. El informe recog¨ªa los testimonios de miles de testigos y v¨ªctimas de la represi¨®n estatal y culpaba de la mayor¨ªa de los cr¨ªmenes al ej¨¦rcito guatemalteco; documentaba m¨¢s de 54.000 violaciones de los derechos humanos durante la dictadura militar (1960-1996); y atribu¨ªa al ej¨¦rcito y la represi¨®n estatal la autor¨ªa de las masacres, torturas, violaciones masivas, desapariciones forzadas, mutilaciones y otros cr¨ªmenes que caracterizaron aquel periodo.

Dos d¨ªas despu¨¦s, el 26 de abril, el obispo Gerardi era asesinado en la casa parroquial donde resid¨ªa en Ciudad de Guatemala.

Feliciano Vel¨¢squez comenta que, con este asesinato, el Ej¨¦rcito quiso evitar "ese se?alamiento por nombre a todos los militares culpables que hab¨ªan cometido el genocidio. A partir de ese momento, los militares tomaron el poder a trav¨¦s del terror, del miedo, y de la persecuci¨®n, que es la situaci¨®n en la que hoy d¨ªa nos encontramos en Guatemala".

El abogado Ram¨®n Cadena insiste en que, debido a la falta de cumplimiento de los acuerdos de paz, hoy d¨ªa se est¨¢n nuevamente manifestando pr¨¢cticas del pasado como la criminalizaci¨®n de la protesta social, situaci¨®n que se dio durante la guerra. "Pero antes acusaban a los dirigentes de las comunidades y a los abogados y abogadas que los apoyaban de comunistas, hoy se nos acusa de terroristas. Y a las comunidades y a sus dirigentes se les persiguen acusadas de ser terroristas y de violar la ley. Lo que se est¨¢ tratando de hacer es afectar la protesta social, de anular la oposici¨®n al modelo de desarrollo econ¨®mico que el estado pretende imponer".

Conflictos por los recursos

El incumplimiento de los acuerdos de paz por parte del Estado guatemalteco motiv¨® el aumento de los conflictos en el mundo rural, el cual rechaza un modelo de desarrollo impuesto desde arriba y que se resume en la enajenaci¨®n de los recursos naturales a favor de grandes compa?¨ªas internacionales. Feliciano Vel¨¢squez cita el ejemplo de la empresa espa?ola Uni¨®n Fenosa como una de las responsables, seg¨²n ¨¦l, de la represi¨®n y violaciones que sufren los campesinos guatemaltecos, especialmente en el departamento de San Marcos.

Con la privatizaci¨®n de la producci¨®n y distribuci¨®n de energ¨ªa el¨¦ctrica, en el Gobierno de Alvaro Arz¨² (en la actualidad alcalde de Guatemala), en 1998 Uni¨®n Fenosa se qued¨® por 50 a?os con la concesi¨®n de la distribuci¨®n de energ¨ªa el¨¦ctrica a 20 de los 22 Departamentos de Guatemala. En el a?o 2011 el fondo de inversi¨®n Actis del Reino Unido compr¨® las acciones de Uni¨®n Fenosa.

La obligaci¨®n de la concesi¨®n es llevar electricidad a todas las comunidades de los departamentos donde opera. Pero en 2000 empezaron a producirse anomal¨ªas como contadores irregulares, lecturas err¨®neas de los mismos, precios abusivos y apagones constantes que causaron p¨¦rdidas de productos perecederos como carnes y l¨¢cteos, riesgos en centros de salud y hospitales, quema de aparatos electrodom¨¦sticos, sabotajes al sistema de baja y alta tensi¨®n para echarle la culpa a usuarios, cortes injustificados y cobros muy elevados por re-conexi¨®n.

Desde 2008, la poblaci¨®n ha interpuesto un m¨ªnimo de 90.000 denuncias ante la Comisi¨®n Nacional de la Energ¨ªa El¨¦ctrica. Antes, a lo largo de siete a?os, se busc¨® el dialogo con la empresa. Sin embargo, comenta Vel¨¢squez, "la respuesta fue el menosprecio, la prepotencia, las amenazas y la represi¨®n: primero cortando el servicio el¨¦ctrico a determinadas comunidades y pronto con la violencia, criminalizaci¨®n y asesinatos, utilizando las fuerzas militares y policiales para amedrentar y sembrar el terror a la poblaci¨®n. En diciembre de 2009, el Gobierno decret¨® el estado de sitio, restringiendo una serie de garant¨ªas constitucionales".

Fue a ra¨ªz de estos problemas que en noviembre de 2002 las comunidades campesinas crearon el FRENA, cuyo objetivo era resolver "los problemas relacionados con la p¨¦sima distribuci¨®n de energ¨ªa el¨¦ctrica, la introducci¨®n de permisos para miner¨ªa, violaciones a los derechos humanos por parte de las transnacionales y la represi¨®n desde entidades gubernamentales del Estado. Se trataba de empoderar a la poblaci¨®n. Al no haberse resuelto las anomal¨ªas y no haber tenido reparaci¨®n de los da?os, el FRENA decidi¨® que la resistencia se basara en el no-pago de la factura".

Seg¨²n Vel¨¢squez, desde 2009 los l¨ªderes del FRENA sufren amenazas, persecuci¨®n y asesinatos por su lucha contra diferentes transnacionales. En 2009 se denunci¨® el asesinato de 16 l¨ªderes comunitarios y otros cuatro en 2010. Por ejemplo, el 13 de enero de ese a?o, cuando viajaba a San Marcos desde Ciudad de Guatemala, fue asesinada Evelinda Ram¨ªrez Reyes, presidenta del FRENA de Retalhuleu. El 11 de febrero, el activista Germ¨¢n Antonio Curup, del movimiento opositor a la instalaci¨®n de la planta de Cementos Progreso en San Juan Sacatep¨¦quez, fue secuestrado por desconocidos y hallado muerto tres d¨ªas despu¨¦s, degollado y con se?ales de tortura.

Seis d¨ªas despu¨¦s, el 17 de febrero, Octavio Roblero, tambi¨¦n dirigente del FRENA, fue asesinado en Malacat¨¢n, departamento de San Marcos. Ese mismo d¨ªa, fue tambi¨¦n asesinado Juan Antonio Chea, abogado ind¨ªgena maya, colaborador de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA) y del Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) por disparos efectuados por desconocidos en Cob¨¢n, Alta Verapaz.

Dichos atentados provocaron la intervenci¨®n de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y una acci¨®n urgente por parte de Amnist¨ªa Internacional. Por su parte, las distintas transnacionales han negado cualquier relaci¨®n con este tipo de hechos, procediendo a su vez a interponer denuncias contra miembros del FRENA por amenazas. A partir de diciembre de 2014, se est¨¢ viviendo un recrudecimiento de las acciones contra las comunidades, llev¨¢ndose a cabo nuevas detenciones de siete dirigentes del FRENA, lo que provoc¨® la huida de muchos otros y sus familias que siguen refugiadas en la selva, informa Vel¨¢squez tras el regreso a su pa¨ªs.

Dos modelos econ¨®micos contrapuestos

Frente a la enajenaci¨®n de los recursos naturales a favor de las multinacionales extranjeras, los campesinos guatemaltecos proponen ¡°proyectos alternativos que garanticen la soberan¨ªa alimentaria y la soberan¨ªa territorial y el manejo adecuado de los recursos que les pertenecen¡±, dice Vel¨¢squez. Como consecuencia de este movimiento, concluye el l¨ªder, ¡°estamos declarando nuestros territorios libres de transnacionales¡±.

Los dos activistas de los derechos de los campesinos guatemaltecos est¨¢n convencidos de que se encuentran en la buena direcci¨®n, de que van a ganar la lucha contra las empresas y el estado guatemalteco, aunque por el camino se queden muchos compa?eros.

¡°Porque vale la pena lo que hacemos, es que no hemos claudicado ni retrocederemos pase lo que pase; no importa el desgaste que estemos pasando, aparte de la persecuci¨®n, el se?alamiento, las amenazas y la calificaci¨®n que nos hacen tanto las empresas como las fuerzas de seguridad del Estado, o este mismo, calific¨¢ndonos de terroristas y de que somos unos movimientos que promovemos las desestabilizaci¨®n del pa¨ªs...? creemos, sin embargo, que los que claramente desestabilizan son algunas empresas en alianza con el Estado¡±, concluye V¨¢squez.