Polic¨ªas fuera de control

El ministro del Interior, Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz, debe explicaciones urgentes sobre actuaciones de polic¨ªas que parecen claramente irregulares. La grabaci¨®n del encuentro de dos comisarios con Ignacio Gonz¨¢lez en un lugar p¨²blico, cuando este era vicepresidente de la Comunidad de Madrid, ha permanecido en la sombra m¨¢s de tres a?os hasta su difusi¨®n (parcial) en medio de una batalla interna del PP. El ministro tiene que aclarar para qui¨¦n trabajan esos polic¨ªas, a qui¨¦n representan y a qui¨¦n reportan, puesto que parecen actuar al margen de los ¨®rganos regulares del Estado de derecho.

Hoy desvela EL PA?S que el comisario Jos¨¦ Manuel Villarejo, uno de los polic¨ªas vinculados con casos pol¨ªticos ¡ªentre ellos el que afecta a Ignacio Gonz¨¢lez¡ª, participa en una docena de empresas con m¨¢s de 16 millones de capital. Su nombre aparece vinculado a varios sumarios judiciales, en unos casos como investigador de la polic¨ªa y en otros como contratado por un particular para realizar trabajos de diversa ¨ªndole. Personas a las que la sociedad dota del poder de usar placa y pistola no pueden hacer lo que les viene en gana, investigando a quien les parece y en medio de una inquietante confusi¨®n entre actividad p¨²blica y privada.

Lo m¨¢s asombroso es que la cascada de irregularidades no ha causado m¨¢s reacci¨®n del ministro que la de quitarse de en medio, alegando que el encuentro de Ignacio Gonz¨¢lez con Villarejo y otro comisario se llev¨® a cabo antes de que ¨¦l llegara al Gobierno. Siendo verdad, no lo es menos que han transcurrido m¨¢s de tres a?os sin que a Fern¨¢ndez D¨ªaz se le haya movido un m¨²sculo. El ministerio tampoco tiene nada que decir sobre las empresas de Villarejo, un comisario que se autocalifica de ¡°agente encubierto¡±. No menos silente se muestra el propio director de la polic¨ªa, Ignacio Cosid¨®, quien, como diputado en la oposici¨®n, clamaba contra el descontrol policial y el uso de las fuerzas de seguridad en el caso Fais¨¢n.

Tampoco es ocioso recordar que Jorge Fern¨¢ndez estaba a cargo de las fuerzas de seguridad del Estado cuando se realizaron y difundieron informes sin firma sobre pr¨¢cticas corruptas y cuentas en Suiza atribuidas a Artur Mas y otros pol¨ªticos nacionalistas. Todo ello claramente destinado a debilitar a Mas tras consumar su giro independentista.

La polic¨ªa no puede ser utilizada para operaciones sucias, ni en el PP de Madrid ni contra el independentismo catal¨¢n. El ministro tiene la obligaci¨®n de aclarar todo lo que pueda manchar la buena imagen de las fuerzas de seguridad ante los ciudadanos. Y si es ¨¦l quien ha organizado o permitido una polic¨ªa pol¨ªtica, el ministro debe hacerse responsable de las actuaciones de sus subordinados y asumir las consecuencias.

Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz ha tratado de forzar la m¨¢quina para obtener la ampliaci¨®n legal de una serie de poderes policiales, entre ellos la capacidad de practicar escuchas telef¨®nicas sin permiso judicial. El caso Villarejo y otros esc¨¢ndalos, a los que el Gobierno tarda en reaccionar, destruyen su credibilidad para pedir a la sociedad y a sus representantes que den cobertura a semejante pretensi¨®n.

La existencia de grupos en la sombra dentro de las fuerzas policiales es motivo de esc¨¢ndalo en otras democracias. La diferencia sustancial es la respuesta de las instituciones. En un Estado europeo serio se persigue y depura a los polic¨ªas que act¨²an por su cuenta o derivan en partidas de la porra. Lo que no puede nunca hacer una democracia es vivir bajo la sospecha de que sus fuerzas policiales act¨²an fuera de control.