Contratos espurios
La adjudicaci¨®n p¨²blica debe revisarse para evitar casos como el del antiguo despacho de Montoro
La adjudicaci¨®n de contratos p¨²blicos es uno de los graves problemas sin resolver en la legislaci¨®n administrativa, a pesar de la sobreabundancia de normas y protocolos. No solo siguen concedi¨¦ndose jugosas contrataciones p¨²blicas a dedo desde el Estado, las autonom¨ªas, los Ayuntamientos o las empresas p¨²blicas: adem¨¢s, la picaresca administrativa ha inventado f¨®rmulas como la fragmentaci¨®n de contratos (hasta 12.000 euros no es obligado el concurso p¨²blico) para sortear la adjudicaci¨®n transparente de obras o servicios.
En el caso del contrato adjudicado a dedo por parte de la C¨¢mara de Comercio al despacho de abogados Equipo Econ¨®mico, fundado en 2006 por Crist¨®bal Montoro, exministro de Hacienda de Aznar, confluyen las sospechas sobre dos pr¨¢cticas controvertidas que generan un amplio cuadro de irregularidades pol¨ªticas y administrativas: lo que se conoce como puertas giratorias, es decir, el paso inmediato de cargos pol¨ªticos al sector privado y retorno al sector p¨²blico, y una supuesta vulneraci¨®n de la Ley de Contratos del Estado. Un proyecto de asesor¨ªa de 90.000 euros se habr¨ªa concedido sin mediar concurso p¨²blico a un despacho legal fundado por un exministro de Hacienda, que, por cierto, abandon¨® cuando volvi¨® al Gobierno.
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Sobre esta concesi¨®n cabe pedir, como es de rigor, una investigaci¨®n (conducida por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n). No hay que dejarse enredar por justificaciones que se arrojan como pantalla; por ejemplo, la que asegura que el trabajo (un informe del impacto de la legislaci¨®n sobre las C¨¢maras que preparaba el Gobierno) se realiz¨® y se entreg¨® (?faltar¨ªa m¨¢s!); o que las C¨¢maras pagaron el servicio con dinero privado, cuando son un organismo que gestiona m¨¢s de 100 millones procedentes de Bruselas. M¨¢s bien habr¨ªa que subrayar que el ministro responsable de investigar las irregularidades de los dem¨¢s ¡ª?y que tanto presume de hacerlo!¡ª deber¨ªa haber sido especialmente cuidadoso.
La lecci¨®n que cabe extraer para el futuro es que la normativa legal que regula las contrataciones del Estado presenta lagunas que es necesario y urgente corregir. Lo ¨®ptimo es limitar las concesiones directas y acabar con la fragmentaci¨®n de contratos. No hay que enga?arse: resulta una tarea dif¨ªcil, porque implica no solo poner un parche legal inmediato, sino crear adem¨¢s una estructura eficaz de intervenci¨®n y control que detecte las irregularidades antes o en el momento de producirse. Es decir, requiere voluntad pol¨ªtica, tiempo y dinero.
Al mismo tiempo, hay que acotar legalmente mejor el tr¨¢fico incesante entre sector p¨²blico y privado en el cual se entrecruzan influencias e intereses. Equipo Econ¨®mico est¨¢ dirigido por el exsecretario de Estado de Hacienda con Montoro, Ricardo Mart¨ªnez Rico. La fiscal¨ªa tendr¨ªa que investigar hasta qu¨¦ punto la adjudicaci¨®n (en 2012) se debi¨® a un juego indeseable de influencias o a m¨¦ritos indudables. De nuevo parece necesario estrechar la ley y organizar las estructuras de vigilancia sobre el destino de los caudales p¨²blicos.
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