Fondos contra derechos

Los soldados apuntaron con sus pistolas a Odoge Otiri y condujeron al estudiante de 22 a?os a un bosque en las afueras de su aldea, en el oeste de Etiop¨ªa. "Entonces -cuenta-, empezaron a golpearme con sus porras hasta dejarme ensangrentado e inm¨®vil. La raz¨®n por la que me dejaron es que pensaron que iba a morir¡±.

Esa noche, los soldados detuvieron a su esposa, Aduma Omot. ¡°Me llevaron a su campamento¡±, recuerda ella. ¡°Luego me maltrataron y me violaron¡±. La tuvieron retenida durante dos d¨ªas antes de soltarla.

Otiri explica que los soldados los atacaron porque ¨¦l se opuso a los intentos de las autoridades et¨ªopes de obligarlos, a ¨¦l y a sus vecinos, a marcharse de sus casas, como parte del denominado plan de ¡°reasentamiento en nuevas aldeas¡±, un gigantesco proyecto de ingenier¨ªa social que pretende trasladar a casi dos millones de personas a lugares reci¨¦n construidos seleccionados por el Gobierno. Otiri y Omot se encuentran entre los miles de anuaks, un grupo ind¨ªgena mayoritariamente cristiano del estado et¨ªope rural de Gambella, que han huido de la campa?a de reubicaci¨®n masiva en su pa¨ªs. .

El Gobierno et¨ªope ha financiado en parte los desalojos recurriendo a un fondo de asistencia financiera de la entidad crediticia de ayuda al desarrollo m¨¢s influyente del mundo, el Banco Mundial, seg¨²n han explicado al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci¨®n (ICIJ, por sus siglas en ingl¨¦s) dos exfuncionarios et¨ªopes que ayudaron a poner en pr¨¢ctica el plan de reubicaci¨®n. El dinero, seg¨²n explican, se desvi¨® del fondo de 2.000 millones de d¨®lares que el Banco Mundial hab¨ªa destinado a un proyecto sanitario y educativo.

El Banco Mundial niega rotundamente que su dinero haya servido para financiar los desalojos en masa en el oeste de Etiop¨ªa. A pesar de que los refugiados anuaks y varios grupos de derechos humanos han lanzado p¨²blicamente la acusaci¨®n de que el dinero de esta instituci¨®n se ha utilizado para financiar unos desalojos brutales, el banco ha seguido destinando cientos de millones de d¨®lares al mismo programa sanitario y educativo.

¡°Confiamos plenamente en que el dinero se ha empleado para el fin deseado¡±, declaraba al ICIJ en marzo Greg Toulmin, el coordinador del programa nacional para Etiop¨ªa del Banco Mundial. ¡°Seguimos estando seguros de que no ha habido ninguna relaci¨®n entre nuestro dinero y esos abusos¡±.

Las nuevas pruebas obtenidas por el ICIJ contradicen las continuas negativas del banco sobre el hecho de que su dinero financiase los desalojos.

Uno de los dos exfuncionarios entrevistados estaba en buena posici¨®n para saber exactamente c¨®mo se usaron los fondos del Banco Mundial: Omot Obang Olom, el exgobernador de Gambella, supervis¨® el programa de reasentamiento de su estado.

Olom explic¨® que ¨¦l, personalmente, supervis¨® el desv¨ªo de unos 10 millones de d¨®lares del proyecto sanitario y educativo del Banco Mundial, dinero que redirigi¨® hacia la financiaci¨®n de las reubicaciones en masa del programa de reasentamiento en nuevas aldeas. Afirma que recibi¨® instrucciones de funcionarios de alto rango del Gobierno federal de Etiop¨ªa para que desviase los fondos, y que este dinero era esencial para poner en pr¨¢ctica el programa de reasentamiento.

¡°Si el Gobierno federal no nos hubiese ordenado que reasign¨¢semos el presupuesto del Banco Mundial al programa, no habr¨ªa podido llevarse a cabo¡±, afirma Olom.

Olom, que se march¨® del pa¨ªs el a?o pasado y ahora trata de obtener asilo pol¨ªtico en Filipinas, nunca hab¨ªa hablado con los medios de comunicaci¨®n sobre el programa. Ahora admite que los desalojos en masa se llevaron a cabo por medios violentos y con amenazas.

¡°Los agricultores acud¨ªan a m¨ª y me dec¨ªan: 'Omot, no somos libres, porque los miembros de las fuerzas de seguridad vienen y nos intimidan", relata. ¡°Hay casos de malos tratos a agricultores, incluso de violaciones de mujeres¡±. Asegura que ¡°las fuerzas de defensa nacional golpearon y torturaron¡± a los agricultores que expresaron su disconformidad con los desalojos¡±.

Los desalojos de Etiop¨ªa encajan en un patr¨®n m¨¢s general. Las comunidades desplazadas por culpa de los proyectos del Banco Mundial en Nigeria, Honduras, Kenia, Indonesia, India, Guatemala y Uganda han acusado a los prestatarios de la organizaci¨®n de violar los derechos humanos.

Quienes se negaban a abandonar sus casas eran maltratados y violados

Hay Gobiernos y empresas respaldados por el Banco Mundial o su filial crediticia privada, la Corporaci¨®n Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en ingl¨¦s) que han derribado y quemado casas y desplegado soldados o agentes de seguridad privados que han detenido, golpeado o incluso matado a personas, seg¨²n han declarado los miembros de las comunidades afectadas en sus quejas oficiales y en las entrevistas con el ICIJ.

Los expertos en derechos humanos sostienen que el Banco est¨¢ fallando en su misi¨®n de ayudar a los m¨¢s pobres del mundo al no acatar las normas internacionales de defensa de los derechos humanos.

Philip Alston, el relator especial de Naciones Unidas sobre pobreza extrema y derechos humanos, ha acusado al banco de esconderse tras un argumento que parece un ¡°juego de manos¡±, el de que no puede involucrarse plenamente en asuntos de derechos humanos porque sus estatutos le proh¨ªben meterse en pol¨ªtica. En diciembre, Alston y otros 27 funcionarios de derechos humanos de la ONU escribieron al presidente del Grupo del Banco Mundial, Jim Yong Kim, para quejarse porque las revisiones propuestas por la instituci¨®n de sus normas de "garant¨ªa social" para proteger a las personas que se cruzan en el camino del desarrollo ¡°evitan toda referencia significativa a los Derechos Humanos¡±.

Un portavoz del Banco Mundial se?ala que la entidad se toma ¡°muy en serio¡± los informes sobre violaciones de los Derechos Humanos que recibe de las comunidades. ¡°Estos casos ponen de manifiesto que debemos seguir mejorando continuamente nuestro enfoque de la supervisi¨®n¡±, asegura. Afirma que el banco lleva d¨¦cadas encabezando la aplicaci¨®n de medidas de protecci¨®n rigurosas para quienes viven en las zonas afectadas por sus proyectos, y que las nuevas normas propuestas llegan ¡°tan lejos como las de cualquier otro banco multilateral de desarrollo¡± a la hora de proteger a las poblaciones vulnerables.

El director del programa del banco para Etiop¨ªa, Toulmin, explica que la misi¨®n del banco consiste en respaldar proyectos que combatan la pobreza, no en controlar las actividades no relacionadas con la entidad que llevan a cabo sus prestatarios. ¡°No nos dedicamos a garantizar la seguridad f¨ªsica¡±, remacha.

Se temen lo peor

En Etiop¨ªa, las protestas por las violaciones de los Derechos Humanos relacionadas con los desalojos masivos de Gambella han llevado a Sud¨¢n del Sur ¡ªun pa¨ªs vecino arrasado por una guerra civil¡ª a conceder el estatus de comunidad refugiada a los anuaks que han huido de Etiop¨ªa.

Otiri y Omot escaparon de la violencia de Gambella durante el verano de 2011 cruzando a pie la frontera de Etiop¨ªa para llegar a un campo de refugiados de Sud¨¢n del Sur. La joven pareja no viaj¨® junta. Cuando se despert¨® solo en el bosque tras la paliza, Otiri se enfrentaba a una disyuntiva. Si volv¨ªa a casa, probablemente se pondr¨ªa a s¨ª mismo y a su mujer en mayor peligro todav¨ªa. Decidi¨® que lo m¨¢s seguro era dirigirse hacia la frontera, y viaj¨® durante una semana hasta llegar a un asentamiento de Sud¨¢n del Sur en el que un n¨²mero cada vez mayor de anuaks buscaban refugio tras huir del plan de reubicaci¨®n del Gobierno et¨ªope. Esperaba que su esposa se diera cuenta de lo que hab¨ªa pasado y lo siguiera hasta all¨ª.

Poco despu¨¦s de que su marido desapareciese, un vecino le dijo a Omot que los soldados se lo hab¨ªan llevado al bosque. Se temi¨® lo peor. ¡°La idea que me vino a la mente¡±, dice, ¡°fue que no volver¨ªa a ver a mi marido¡±.

El Banco Mundial niega rotundamente que su dinero haya financiado los desalojos en masa en el oeste de Etiop¨ªa, pero las pruebas contradicen esta versi¨®n

Esa misma noche, tres soldados se presentaron en la vivienda de sus padres buscando a Otiri. Seg¨²n relata, le pidieron que les dijese d¨®nde se ocultaba su marido. Cuando les dijo que no lo sab¨ªa, la detuvieron y la llevaron caminando hasta su campamento, llegando incluso a tirarla al suelo porque no andaba lo bastante deprisa.

En el campamento al aire libre de los soldados, situado en la aldea de Gog Depache, siguieron interrog¨¢ndola sobre el paradero de su marido. Cuenta que, cuando insisti¨® en que no lo sab¨ªa, la violaron. ¡°Tras esos dos d¨ªas, me soltaron¡±, rememora. ¡°Al salir de all¨ª, decid¨ª marcharme del pa¨ªs¡±.

Se dirigi¨® a Sud¨¢n del Sur, sin saber lo que encontrar¨ªa al final del viaje.

¡°Amigo del sistema¡±

Desde hace mucho tiempo, el Banco Mundial ha convertido a Etiop¨ªa en una de sus m¨¢ximas prioridades, y ha enviado pr¨¦stamos a su Gobierno para ayudar a este pa¨ªs de unos 90 millones de habitantes a dejar atr¨¢s su historia de pobreza y hambre. En 2005, la instituci¨®n dej¨® de financiar a Etiop¨ªa despu¨¦s de que sus dirigentes autoritarios masacrasen a un elevado n¨²mero de personas y detuviesen a unos 20.000 adversarios pol¨ªticos tras unas controvertidas elecciones.

Al cabo de un a?o, el banco levant¨® la sanci¨®n y puso en marcha una nueva estrategia consistente en financiar a los gobiernos locales y estatales, en vez de a las autoridades centrales. En 2006, el BM aprob¨® 215 millones de d¨®lares (203 millones de euros) en pr¨¦stamos y subvenciones para respaldar un programa, llamado Protecci¨®n de los Servicios B¨¢sicos, que deb¨ªa proporcionar asistencia sanitaria, educaci¨®n, agua corriente y otros servicios a los et¨ªopes de las zonas rurales. En mayo de 2009, el banco aprob¨® un pr¨¦stamo de 540 millones de d¨®lares (511 millones de euros) para ampliar el programa.

Poco despu¨¦s, el Gobierno et¨ªope empez¨® a poner en marcha su ambiciosa campa?a de reasentamiento. El programa de reubicaci¨®n en nuevas aldeas pretend¨ªa desplazar a 1,9 millones de personas de cuatro estados rurales con numerosas poblaciones ind¨ªgenas, traslad¨¢ndolas a asentamientos m¨¢s grandes en los que las autoridades pod¨ªan ofrecerles colegios y cl¨ªnicas. El objetivo, seg¨²n un plan de 2010 para el estado de Gambella, era la ¡°transformaci¨®n socioecon¨®mica y cultural del pueblo¡±.

El Banco Mundial sostiene que las autoridades et¨ªopes no consultaron a la instituci¨®n cuando elaboraron el programa de reasentamiento y la entidad no tuvo conocimiento del plan hasta octubre de 2010. En enero de 2011, el Banco Mundial y otros donantes extranjeros escribieron al Gobierno de Etiop¨ªa para advertirle de que la reubicaci¨®n forzosa "pod¨ªa afectar negativamente al bienestar y el modo de vida de aquellos a los que se deb¨ªa beneficiar".

Othow Nyigwo, que por entonces era administrador del sector educativo del estado de Gambella, afirma que, en febrero de 2011, sus superiores los convocaron a ¨¦l y a otros funcionarios sanitarios y educativos a una reuni¨®n con Olom, gobernador de Gambella en aquel momento.

El Banco Mundial lleg¨® a la conclusi¨®n de que las reubicaciones ¡°parec¨ªan ser voluntarias¡±

En la reuni¨®n, seg¨²n Nyigwo, Olom le orden¨® que desviase al programa de reubicaci¨®n unos 1.500 d¨®lares de los fondos del Banco Mundial destinados a las clases de ense?anza primaria. Olom dio la misma orden de desviar fondos a todos los funcionarios que asistieron a la reuni¨®n, relata Nyigwo. ¡°Ese dinero que nos hab¨ªa dado el Banco Mundial hab¨ªa que entregarlo al programa de reasentamiento en nuevas aldeas¡±, dice Nyigwo, que ahora vive en un campo de refugiados de Sud¨¢n del Sur.

Como supervisor local del reasentamiento, Nyigwo escuch¨® una y otra vez a los aldeanos anuaks quejarse de que los obligaban a entregar campos de cultivo f¨¦rtiles a cambio de unos terrenos peque?os y yermos en los nuevos asentamientos del Gobierno. Relata que, cuando traslad¨® esas quejas a sus supervisores, le dijeron que deb¨ªa dejar de causar problemas.

Olom, el exgobernador, confirma el relato de Nyigwo sobre la reuni¨®n de febrero de 2011. Explica que los funcionarios federales le ordenaron que desviase los fondos, despu¨¦s de que quedase claro que el Gobierno no ten¨ªa dinero suficiente para financiar por completo el programa de reubicaci¨®n.

Hacia el segundo a?o del plan de reasentamiento en nuevas aldeas, relata Olom, las autoridades federales le dijeron que ten¨ªa que recurrir a otras fuentes de financiaci¨®n, entre ellas el dinero procedente del proyecto sanitario y educativo del Banco Mundial. Declara que desvi¨® 90 millones de birres et¨ªopes ¡ªunos 5 millones de d¨®lares en esa ¨¦poca¡ª durante cada uno de los dos a?os siguientes.

Olom afirma que sus superiores le aseguraron que no se le culpar¨ªa por haber desviado dinero del Banco Mundial y otras entidades (de hecho, le ayudaron a ocultar el rastro). ¡°Sab¨ªan que esa reasignaci¨®n del presupuesto era ilegal¡±, sostiene Olom durante una entrevista telef¨®nica mantenida en marzo desde Filipinas. ¡°As¨ª que lo hicieron muy en secreto¡±.

Olom es una figura controvertida. ?l mismo es anuak, y muchos anuaks lo critican duramente por la funci¨®n que desempe?¨® en las reubicaciones masivas. Tambi¨¦n lo han acusado de corrupci¨®n y de ser c¨®mplice de una masacre de otros anuaks en 2003, cuando era jefe de seguridad de Gambella, antes de convertirse en gobernador.

Olom niega esas acusaciones. Asegura que cay¨® en desgracia ante las autoridades federales de Etiop¨ªa tras m¨¢s de una d¨¦cada siendo funcionario p¨²blico, ejerciendo entre otras cosas de gobernador y ministro federal, porque cuestion¨® el modo en que el Gobierno trataba a los anuaks.

Olom sostiene que, al principio, ¨¦l cre¨ªa que el programa de reubicaci¨®n ayudar¨ªa a los pobres de Gambella, as¨ª que colabor¨® con las autoridades federales. ¡°Yo era una miago del sistema¡±, afirma.

Felix Horne, un investigador de Human Rights Watch que centr¨® su trabajo en Etiop¨ªa, razona que dado que el objetivo de Olom es reparar su reputaci¨®n, sus alegaciones suenan cre¨ªbles. "Est¨¢ claro que ¨¦l quiere presentarse como otra v¨ªctima del r¨¦gimen, pero a pesar de eso sus declaraciones parecen plausibles. Todo lo que hemos escuchado de los antiguos oficiales del gobierno en Gambella se corresponde con lo que ha contado Olom.

El Gobierno et¨ªope no ha respondido a las preguntas del ICIJ, dirigidas a su embajada en Washington, D. C., su Ministerio de Asuntos Exteriores y su oficina nacional en el Banco Mundial.

Preguntado acerca de la posible existencia de cuentas bancarias de Nygwo y Olom, un portavoz del Banco Mundial dijo que la instituci¨®n no era consciente de estas acusaciones espec¨ªficas a terceros y urgi¨® al ICIJ a ponerse en contacto cuanto antes con la l¨ªnea directa que tiene el banco para denunciar casos de fraude y corrupci¨®n.

Tierras para los inversores extranjeros

Mientras Olom y Nyigwo contribu¨ªan a sacar adelante el plan de reasentamiento de Etiop¨ªa, el Banco Mundial llevaba a cabo una evaluaci¨®n del programa.

Preocupados tras enterarse de la campa?a a finales de 2010, algunos empleados del banco visitaron el oeste de Etiop¨ªa en febrero y marzo de 2011 para ver c¨®mo se estaban llevando a cabo los reasentamientos. El equipo viaj¨® a Benishangul-Gumuz, un estado situado al norte de Gambella que fue seleccionado para el programa de reubicaci¨®n, pero que no ten¨ªa poblaci¨®n anuak.

Bas¨¢ndose en los informes del equipo sobre el terreno, los funcionarios del Banco Mundial llegaron a la conclusi¨®n de que las reubicaciones de la regi¨®n ¡°parec¨ªan ser voluntarias y no una consecuencia directa de los proyectos de inversi¨®n respaldados por el banco¡±.

A finales de febrero de 2011, antes incluso de que el equipo de inspecci¨®n hubiese concluido su trabajo, el banco aprob¨® otra ampliaci¨®n del programa de servicios b¨¢sicos y envi¨® otros 420 millones de d¨®lares a Etiop¨ªa. Una gran parte del dinero fue a parar a Gambella y a otros estados que participaban en el programa de reasentamiento.

Toulmin, el coordinador del banco para Etiop¨ªa, declara que el banco tambi¨¦n tuvo en cuenta las visitas in situ de otros donantes extranjeros que fueron a Gambella y le informaron de sus hallazgos. Asegura que, al igual que el equipo de inspecci¨®n del Banco Mundial, esas misiones no encontraron ninguna prueba de violencia ni de desalojos forzosos.

Aunque las visitas sobre el terreno aliviaron la preocupaci¨®n del banco respecto al reasentamiento en las aldeas designadas, en Gambella, el Gobierno et¨ªope hab¨ªa entregado grandes extensiones de tierra a los inversores privados, a cambio del pago de un alquiler.

Los anuaks, que por ley no tienen derecho a las tierras de sus ancestros, no recibieron nada a cambio, seg¨²n los refugiados pertenecientes a esta etnia. En Etiop¨ªa, el Gobierno es el propietario oficial de todos los terrenos, pero se supone que los ocupantes conservan algunos derechos tradicionales.

El 42% de las tierras de Gambella se alquilaba o vend¨ªa a los inversores, seg¨²n un informe de 2011 del Instituto Oakland, un grupo estadounidense de defensa de los derechos humanos que critica la transferencia generalizada de terrenos a las corporaciones en los pa¨ªses en v¨ªas de desarrollo.

Uno de los mayores arrendatarios de las tierras de Gambella es Saudi Star, un conglomerado que pertenece al hombre m¨¢s rico de Etiop¨ªa, el jeque Mohammed Al-Amoudi, que es ciudadano et¨ªope-saud¨ª.

Las tierras que antes ocupaban los anuaks las usa ahora Saudi Star para sus cultivos comerciales, seg¨²n dos ancianos de este grupo ¨¦tnico entrevistados por el ICIJ y seg¨²n los informes del Instituto Oakland y Human Rights Watch. El Gobierno vaci¨® las peque?as aldeas situadas dentro de la que luego pas¨® a ser la zona arrendada por Saudi Star y reubic¨® a los aldeanos, ampar¨¢ndose en el programa de reasentamiento en nuevas aldeas, seg¨²n el informe del Instituto Oakland.

Una portavoz del jeque ha confirmado que Saudi Star ha alquilado 10.000 hect¨¢reas en Gambella, pero ha negado que ninguno de los terrenos hubiese estado ocupado por los anuaks. ¡°No se ha reubicado a aldeanos ni agricultores que estuviesen en las tierras donde opera Saudi Star¡±, ha dicho.

Ha a?adido que todas las insinuaciones de que la empresa se ha beneficiado il¨ªcitamente de las decisiones del Gobierno sobre el uso del terreno son invenciones alimentadas por ¡°grupos de defensa de los derechos humanos con un programa pol¨ªtico¡±.

Reuni¨®n emotiva

Mientras expulsaban a los aldeanos anuaks de sus hogares, los funcionarios locales reclutaron a muchos de ellos para trabajar en la construcci¨®n de los nuevos asentamientos seleccionados por el Gobierno.

Odoge Otiri, el joven marido que afirma que fue atacado por unos soldados, explica que despert¨® su ira por quedarse en casa y negarse a trabajar cortando juncos para cubrir con ellos los tejados de unas casas nuevas que ni ¨¦l ni sus vecinos quer¨ªan.

Un antiguo funcionario cuenta c¨®mo supervis¨® el desv¨ªo de unos 10 millones de d¨®lares del proyecto sanitario y educativo del Banco Mundial a los desalojos

Cuenta que los soldados le machacaron los codos y las rodillas con sus porras hasta que perdi¨® el conocimiento. Cuando volvi¨® en s¨ª, vio que estaba solo, sin soldados ni pueblo alguno a la vista.

Empez¨® a buscar un refugio donde poder recuperarse de sus heridas. Camin¨® casi dos horas hasta llegar a otra aldea anuak. ¡°Aunque andaba despacio y estaba asustado, Dios me gui¨® en mi camino¡±, recordaba.

Aunque Otiri era un extra?o, una mujer del pueblo cuid¨® de ¨¦l por ser un anuak como ella. Se ocup¨® de sus heridas durante tres d¨ªas mientras ¨¦l recobraba las fuerzas.

Temeroso de volver a su casa, emprendi¨® un largo y lento recorrido a pie hacia la frontera. En aquel momento, no ten¨ªa ninguna forma de comunicarse con su esposa ni sab¨ªa nada de lo que le estaba pasando all¨ª en su aldea.

Cuando lleg¨® al asentamiento anuak de Pochalla, en Sud¨¢n del Sur, les pidi¨® a dos empresarios que se dirig¨ªan a Gambella que buscasen a Omot y le dijesen d¨®nde se encontraba ¨¦l.

Cuando los soldados liberaron a su esposa, Aduma Omot, esta se enfrentaba tambi¨¦n a una decisi¨®n dolorosa: quedarse en Etiop¨ªa o huir con la esperanza de encontrarse con su marido al otro lado de la frontera. Sin noticias de su marido, decidi¨® tambi¨¦n marcharse de Etiop¨ªa. Empez¨® a caminar hacia Pochalla. Por el camino, en la ciudad de Pignudo, se encontr¨® con los dos empresarios. Le dijeron que Otiri estaba vivo y que la esperaba en Sud¨¢n del Sur. Cuando lleg¨® al campo de refugiados anuaks en Pochalla, dos ni?os peque?os la condujeron al barrac¨®n donde se alojaba su marido. ¡°La vi entrar en el barrac¨®n, y todos lloramos¡±, recuerda Otiri. ¡°Lo primero que me vino a la mente fue una sensaci¨®n de gran placer¡±.

¡°De acuerdo en no estar de acuerdo¡±

A finales de 2011, Human Rights Watch pidi¨® explicaciones al Banco Mundial y al Gobierno de Etiop¨ªa por los informes sobre los abusos derivados del programa de reasentamiento de Gambella. Estos relatos, que poco despu¨¦s se detallar¨ªan en un informe titulado Esperando aqu¨ª a la muerte, describ¨ªan una campa?a de desalojos impuestos mediante detenciones arbitrarias, palizas, violaciones y asesinatos.

En el informe consta que el grupo ha ¡°documentado al menos seis relatos cre¨ªbles de personas que han muerto como consecuencia de las palizas propinadas por los militares, y tiene noticia de muchos m¨¢s casos que no ha podido corroborar¡±. Un aldeano al que se cita en el informe relata que los soldados emplearon pistolas y porras para golpear a un joven de 19 a?os de forma tan brutal que empez¨® a vomitar sangre y muri¨® poco despu¨¦s.

Human Rights Watch sostiene la acusaci¨®n de que el Banco Mundial y otras entidades crediticias de ayuda al desarrollo que han financiado el plan de Protecci¨®n de los Servicios B¨¢sicos han ¡°participado en un programa que est¨¢ contribuyendo m¨¢s a deteriorar los derechos y el modo de vida de la poblaci¨®n que a mejorarlos¡±.

El banco ha negado que el reasentamiento se impusiera por la fuerza o que su dinero se emplease para respaldar las reubicaciones forzosas. Ha dicho que sus inversiones en Etiop¨ªa han ayudado a reducir la mortalidad infantil nada menos que a la mitad y a incrementar la escolarizaci¨®n primaria un 13% en menos de una d¨¦cada.

El Gobierno de Etiop¨ªa ha declarado que la campa?a de reasentamiento de Gambella reubic¨® a 37.886 familias, antes de concluir a finales de 2013.

Un alto funcionario et¨ªope ha declarado a Human Rights Watch que a todas las familias se las reubic¨® con su "pleno consentimiento y participaci¨®n". Cualquier acusaci¨®n de coacci¨®n policial y militar, a?ad¨ªa el funcionario, era ¡°una invenci¨®n descarada¡± urdida por los individuos ¡°antidesarrollo¡± de Gambella, que trabajaban ¡°en una campa?a concertada con el apoyo de los manipuladores extranjeros¡±.

Ante la falta de opciones, los refugiados anuaks recurrieron a la unidad de supervisi¨®n interna del Banco Mundial, conocida como Comit¨¦ de Inspecci¨®n.

Con la colaboraci¨®n de una organizaci¨®n estadounidense sin ¨¢nimo de lucro llamada Inclusive Development International, un grupo de refugiados anuaks present¨® una demanda de 21 p¨¢ginas en septiembre de 2012, argumentando que el apoyo del banco al programa de Protecci¨®n de los Servicios B¨¢sicos violaba las normas que tiene la entidad contra los desalojos il¨ªcitos y la desposesi¨®n de los grupos ind¨ªgenas. Se dec¨ªa que los servicios financiados por el banco eran ¡°precisamente¡± los que deb¨ªa proporcionar la campa?a de reasentamiento, lo que significaba que los fondos del banco hab¨ªan ¡°contribuido de manera considerable¡± a las expulsiones.

En una serie de reuniones con funcionarios del Banco Mundial, los refugiados anuaks describieron los abusos generalizados cometidos por el Gobierno. Toulmin, el director del programa del banco para Etiop¨ªa, sostiene que los relatos de los refugiados no bastaban para poner en entredicho los hallazgos de las misiones enviadas a la zona por el banco y otros donantes internacionales, las cuales no hab¨ªan encontrado ninguna prueba de desalojos forzosos generalizados ni de violaciones de los derechos humanos.

¡°Al final, no nos qued¨® otro remedio que estar de acuerdo en no estar de acuerdo¡±, declaraba Toulmin. Un d¨ªa despu¨¦s de que se presentase la demanda, el banco aprob¨® otros 600 millones de d¨®lares de presupuesto para el programa de servicios b¨¢sicos.

¡°El Banco Mundial es responsable¡±

En febrero de 2014, un equipo del Comit¨¦ de Inspecci¨®n viaj¨® a Etiop¨ªa para llevar a cabo una investigaci¨®n sobre el terreno en Gambella, donde siguen viviendo decenas de miles de anuaks.

Pero cuando los investigadores empezaron a recorrer las nuevas aldeas construidas por el Gobierno para reunirse con los anuaks a los que hab¨ªan reubicado, se encontraron con que las autoridades et¨ªopes hab¨ªan llegado antes que ellos.

¡°Hab¨ªan dado instrucciones a todo el mundo antes de que lleg¨¢semos¡±, dice Eisei Kurimoto, un experto en historia anuak de la Universidad de Osaka (Jap¨®n) al que hab¨ªan pedido que acompa?ase al equipo de inspecci¨®n como asesor. ¡°Y, antes de que lleg¨¢semos, los hab¨ªan intimidado para que nos contasen cosas positivas¡±.

Por eso, mientras la mayor parte del equipo celebraba reuniones p¨²blicas, Kurimoto decidi¨® reunirse en privado con los aldeanos en sus casas. Incluso en las reuniones formales, los anuaks contaron que hab¨ªa soldados armados acompa?ando a los funcionarios del Gobierno, que les dec¨ªan que desalojasen a los aldeanos. Pero algunos de los testimonios de las conversaciones privadas eran mucho m¨¢s preocupantes.

En estas sesiones privadas describieron tiroteos, detenciones arbitrarias y violencia sexual, seg¨²n las transcripciones de las conversaciones de Kurimoto con los aldeanos.

¡°Hab¨ªa un hombre anuak entre las fuerzas especiales [militares] que se neg¨® a obedecer la orden de obligar a los agricultores a trasladarse al nuevo asentamiento por la fuerza¡±, le dijo a Kurimoto un anuak al que no se nombra. ¡°Y escuchamos un disparo, un polic¨ªa de las tierras altas [federal] dispar¨® a aquel hombre... y lo mat¨® all¨ª mismo¡±.

Cuando el comit¨¦ public¨® su informe en febrero de 2015, las voces de aquellos que describieron las amenazas y la violencia estaban ausentes en gran medida.

El informe se?ala que el comit¨¦ "encontr¨®" algo de informaci¨®n sobre los abusos cometidos durante los desalojos, pero no los describe con detalle, lo que ha inducido a Inclusive Development International, la ONG que ayud¨® a los aldeanos anuaks a presentar la demanda, a afirmar que el comit¨¦ ha ¡°encubierto las pruebas condenatorias relacionadas con la violaci¨®n generalizada de los derechos humanos¡±.

El Comit¨¦ de Inspecci¨®n ha dicho que no tiene autoridad para investigar acusaciones sobre violaciones de los derechos humanos cometidas por los prestatarios del banco. Su ¨²nica funci¨®n, a?ade, es determinar si el banco ha infringido sus propias normas.

El informe del comit¨¦ critica al banco por hacer caso omiso de las pruebas que apuntan a un ¡°v¨ªnculo operativo¡± entre el proyecto financiado por el banco y la campa?a de desalojos de Etiop¨ªa, y por no haber hecho nada para proteger a las comunidades afectadas.

Pero el comit¨¦ no llega a culpar al banco de los desalojos en masa. Dado que los desalojos no eran una parte ¡°necesaria¡± del programa sanitario y educativo, sostiene el comit¨¦, no se puede considerar que, en ¨²ltima instancia, el banco sea responsable. Kurimoto, el experto del comit¨¦, opina que esta conclusi¨®n no tiene sentido. ¡°Personalmente, creo que el Banco Mundial es responsable¡±, declaraba al ICIJ. El banco ¡°hizo caso omiso de lo que estaba pasando sobre el terreno¡±.

En marzo de 2015, el Banco Mundial ha aprobado un nuevo pr¨¦stamo a Etiop¨ªa de 350 millones de d¨®lares, que incluye ayudas para el Gobierno local de Gambella.

¡°En manos de Dios¡±

El verano pasado, en una sofocante ma?ana de domingo en Sud¨¢n del Sur, cientos de refugiados anuaks abarrotaban el sucio suelo de una iglesia peque?a y mal iluminada.

Al frente de la congregaci¨®n, un joven alto con un micr¨®fono empez¨® a cantar. Al principio, su fuerte voz de bar¨ªtono reson¨® sola en el aire recalentado y cerrado, pero enseguida se le unieron las voces del coro.

Acto seguido, la congregaci¨®n se puso de pie, tocando las palmas al comp¨¢s. Con el sudor cay¨¦ndole por la frente, el cantante caminaba por el estrecho pasillo, mientras su voz ronca y potente exhortaba a todos a la oraci¨®n. Algunos levantaban las manos en el aire. Los penetrantes aullidos de las mujeres resonaban por encima de las voces del coro.

En Sud¨¢n del Sur, un pa¨ªs arrasado por la guerra, el campo de refugiados de Gorom es un basti¨®n de fe para m¨¢s de 2.000 anuaks que han huido de Etiop¨ªa. Se esfuerzan por reconstruir sus vidas en medio de la escasez y ante un futuro incierto.

Odoge Otiri y Aduma Omot viven en un refugio de dos habitaciones junto a un huertecillo de quingomb¨® y mandioca que cultiva Otiri. Han pasado m¨¢s de dos a?os en Gorom, manteni¨¦ndose con la ayuda de Naciones Unidas. Otiri dice que all¨ª no hay nada que hacer. ¡°La vida en el campo de refugiados es muy dif¨ªcil¡±, afirma. ¡°No hay suficiente comida¡±.

Pero no se han rendido. Sin muchas esperanzas de poder regresar a Etiop¨ªa, hacen todo lo que pueden por empezar una nueva vida en una nueva tierra. Desde que llegaron, la familia ha crecido, con el nacimiento de su primer beb¨¦, una ni?a. La criatura se mueve inquieta en los brazos de Omot y, de vez en cuando, busca el pecho para mamar.

Se llama Annacerjwok. En anuak significa "en manos de Dios".

Sasha Chavkin es periodista y pertenece al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci¨®n. Ha viajado a Etiop¨ªa y Sud¨¢n del Sur para escribir esta cr¨®nica.

Traducci¨®n: Newsclip.