Atrapados por el desarrollo

Bajo un l¨²gubre cielo blanco m¨¢s de 100 polic¨ªas armados se presentaron en el barrio de chabolas de Badia East, en la abarrotada megal¨®polis de Lagos (Nigeria). A su paso iban haciendo restallar las porras en las calles sin pavimentar y contra los muros destartalados de las chabolas: "Si apreci¨¢is vuestra vida, ?marchaos!", gritaban. Miles de personas cogieron las pertenencias que pod¨ªan cargar y huyeron. Detr¨¢s de ellos entr¨® una fila de excavadoras descomunales que usaron sus garras hidr¨¢ulicas para aplastar y hacer pedazos las viviendas. Al cabo de pocas horas, la barriada era una ruina.

En medio del caos Bimbo Omowole Osobe perdi¨® de vista por un momento a sus hijos. Unas horas despu¨¦s, cuando volvi¨® al barrio, su casa de bloques de hormig¨®n y sus dos peque?as tiendas hab¨ªan desaparecido. "Es una sensaci¨®n parecida a la que debe tener una mujer cuando est¨¢ pariendo y su beb¨¦ nace muerto. As¨ª fue como me sent¨ª¡±, recuerda.

El Gobierno del Estado de Lagos arras¨® Badia East en febrero de 2013 para despejar un terreno urbano cuya renovaci¨®n estaba financiada por el Banco Mundial (BM) la entidad crediticia global encargada de combatir la pobreza. A las personas sin recursos que resid¨ªan en el barrio las expulsaron sin previo aviso ni indemnizaci¨®n y quedaron abandonadas a su propia suerte en una ciudad superpoblada y peligrosa.

Se supone que desahucios como el de Badia East no deber¨ªan tener cabida en el marco de proyectos respaldados por el Banco Mundial. Durante m¨¢s de tres d¨¦cadas esta entidad ha mantenido una serie de pol¨ªticas de "protecci¨®n" cuyo objetivo es conseguir un sistema m¨¢s humano y democr¨¢tico de desarrollo econ¨®mico. Los gobiernos a los que presta dinero no pueden obligar a la gente a marcharse de su casa sin previo aviso. Seg¨²n las propias pol¨ªticas de reasentamiento del Banco Mundial, a las familias desplazadas para construir presas, centrales el¨¦ctricas y otros grandes proyectos hay que reubicarlas y devolverles su medio de vida. El compromiso del banco es, seg¨²n afirman, "no causar da?os" a las personas ni al medio ambiente.

El Banco Mundial ha incumplido su promesa. Durante la ¨²ltima d¨¦cada, ha fracasado en el cumplimiento de sus propias normas una y otra vez, con consecuencias devastadoras para algunas de las poblaciones m¨¢s pobres y vulnerables del planeta, seg¨²n los hallazgos de una investigaci¨®n llevada a cabo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci¨®n (ICIJ, por sus siglas en ingl¨¦s), The Huffington Post, El Pa¨ªs y la colaboraci¨®n de otros medios de comunicaci¨®n.

Ha faltado a menudo a su deber de supervisar adecuadamente y de antemano los proyectos para asegurarse de que las comunidades no quedasen desprotegidas, y con frecuencia no ha sabido nada de lo que les sucede despu¨¦s a los expulsados. En muchos casos, el BM ha seguido colaborando con gobiernos que han abusado de sus ciudadanos, con lo que ha dado a entender que los beneficiarios de sus pr¨¦stamos tienen poco de lo que preocuparse tras infringir las pol¨ªticas de reasentamiento del banco, seg¨²n afirman algunos empleados y exempleados de la entidad. "Era frecuente que los gobiernos no tuviesen ninguna intenci¨®n de cumplir las normas (ni los gestores del BM de que ¨¦stas se cumpliesen)¡±, asegura Navin Rai, exfuncionario que supervis¨® la protecci¨®n ofrecida por la instituci¨®n a las poblaciones ind¨ªgenas entre 2000 y 2012. "As¨ª funcionaban las cosas".

En marzo, despu¨¦s de que el ICIJ y The Huffington Post informasen a los funcionarios del Banco Mundial de que se hab¨ªan encontrado "lagunas generalizadas" en la protecci¨®n de la instituci¨®n a las familias desplazadas, el banco admiti¨® que la supervisi¨®n era deficiente y prometi¨® reformas. "Hemos analizado exhaustivamente nuestra labor en lo concerniente a los reasentamientos, y lo que hemos descubierto me ha consternado¡±, declar¨® Jim Yong Kim, presidente del Banco Mundial, en un comunicado.

El alcance de los "reasentamientos involuntarios", como los denomina el propio BM, es enorme. Desde 2004, sus proyectos han desplazado f¨ªsica o econ¨®micamente a unos 3,4 millones de personas, al obligarlas a irse de sus casas, apropiarse de sus tierras y afectar negativamente a su modo de vida, seg¨²n revela el an¨¢lisis de los documentos del Banco Mundial llevado a cabo por el ICIJ. Es probable que la cifra real sea mayor, porque la entidad falla en el recuento, o infravalora, el n¨²mero de personas que se ven afectadas por sus proyectos.

Un equipo de m¨¢s de 50 periodistas de 21 pa¨ªses se ha pasado casi un a?o documentando la incapacidad del banco para proteger a la gente desplazada en nombre del progreso. Los colaboradores del consorcio han analizado miles de documentos del Banco Mundial, han entrevistado a cientos de personas y han elaborado informaci¨®n sobe el terreno en Albania, Brasil, Etiop¨ªa, Honduras, Ghana, Guatemala, India, Kenia, Kosovo, Nigeria, Per¨², Serbia, Sud¨¢n del Sur y Uganda.

En estos pa¨ªses y en otros, seg¨²n los hallazgos de la investigaci¨®n, los fallos del BM han perjudicado a chabolistas urbanos, agricultores que viven en la miseria, pescadores empobrecidos, habitantes de la selva y grupos ind¨ªgenas (al obligarles a luchar por sus casas, sus tierras y su modo de vida, a veces enfrent¨¢ndose a la intimidaci¨®n y la violencia).

Entre 2004 y 2013, el Banco Mundial y su filial crediticia privada, la Corporaci¨®n Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en ingl¨¦s), se han comprometido a prestar 455.000 millones de d¨®lares para financiar casi 7.200 proyectos en pa¨ªses en v¨ªas de desarrollo.

Durante ese mismo periodo, las personas afectadas por las inversiones del Banco Mundial y la IFC han presentado multitud de quejas ante los comit¨¦s de supervisi¨®n interna de las entidades crediticias, alegando que dichas entidades y los beneficiarios de sus pr¨¦stamos no hab¨ªan respetado las pol¨ªticas de reasentamiento del Banco Mundial y la IFC.

El ombudsman del Banco Mundial, el Comit¨¦ de Inspecci¨®n, afirm¨® en Lagos que la Administraci¨®n "se qued¨® corta en la protecci¨®n de las poblaciones m¨¢s pobres y vulnerables frente a los desahucios violentos". Los responsables deber¨ªan haber prestado m¨¢s atenci¨®n a lo que suced¨ªa en Badia East, sugiri¨® el Comit¨¦, dado el extendo historial de las autoridades de Lagos a la hora de arrasar los barrios de chabolas y obligar a sus ocupantes a irse de sus casas. Un a?o despu¨¦s de los desahucios, el BM prest¨® a las autoridades de Lagos 200 millones de d¨®lares para respaldar el presupuesto del Gobierno estatal. El BM declar¨® "no haber participado en la demolici¨®n" y haber recomendado al Gobierno de Lagos que negociase con los desplazados, con lo que se habr¨ªa compensado a la mayor¨ªa de los que afirmaban haberse visto perjudicados.

Los casos en los que ha habido desahucios son los que m¨¢s han llamado la atenci¨®n, pero las dificultades que con m¨¢s frecuencia padecen quienes viven en lugares en los que aterrizan algunos proyectos del BM tienen que ver con la p¨¦rdida de sus medios de vida o la disminuci¨®n de sus ingresos.

En la costa noroeste de India, los miembros de una comunidad musulmana tradicionalmente oprimida afirman que el agua caliente que sale a borbotones de una central el¨¦ctrica cercana que funciona con carb¨®n ha reducido el n¨²mero de peces y langostas del golfo, antes f¨¦rtil, en el que pescan para ganarse la vida. La IFC prest¨® a Tata Power, una de las empresas m¨¢s grandes de India, 450 millones de d¨®lares para ayudarla a construir la central.

Estados Unidos y otras potencias mundiales crearon el Banco Mundial al finalizar la Segunda Guerra Mundial para fomentar el desarrollo de los pa¨ªses arrasados por la guerra y la pobreza. Los pa¨ªses miembros financian el banco y votan para la aprobaci¨®n de los aproximadamente 65.000 millones de d¨®lares que la entidad concede cada a?o en forma de pr¨¦stamos, subvenciones y otras inversiones. En 2014, el banco financi¨® proyectos tan variados como la formaci¨®n de criadores de pollos en Senegal y la reforma de las redes de alcantarillado de Cisjordania y la franja de Gaza.

La instituci¨®n ha faltado a su deber de supervisar los proyectos para asegurarse de que las comunidades no quedan desprotegidas

Jim Yong Kim, el presidente del Banco Mundial, se?alaba en marzo que la demanda de inversi¨®n en infraestructuras por parte de las regiones con dificultades, tales como suministro de agua potable, electricidad, asistencia m¨¦dica y otras necesidades vitales, se traducir¨¢ en un futuro pr¨®ximo en la financiaci¨®n de un n¨²mero mayor de grandes proyectos y, como consecuencia, desplazamientos o alteraci¨®n de modos de vida.

El organismo tambi¨¦n ha presentado un plan de acci¨®n?de cinco p¨¢ginas y media que, seg¨²n afirma, mejorar¨¢ la supervisi¨®n de los reasentamientos de las poblaciones afectadas por sus proyectos. "Debemos hacer las cosas mejor y lo haremos", afirm¨® David Theis, un portavoz del BM, en respuesta a las preguntas de un equipo de periodistas. Pero al mismo tiempo que promet¨ªa reformar de inmediato los procedimientos, propon¨ªa cambios radicales en las pol¨ªticas que subyacen tras ellos. En estos momentos, el BM est¨¢ reescribiendo su pol¨ªtica de protecci¨®n, la que determinar¨¢ su trayectoria durante las pr¨®ximas d¨¦cadas.

Algunos funcionarios y exfuncionarios del Banco Mundial (que no desean ser identificados) advierten de que las revisiones propuestas debilitar¨¢n a¨²n m¨¢s el compromiso de la instituci¨®n de proteger a las personas para cuyo servicio fue creada. En su opini¨®n, el ¨²ltimo borrador de la nueva pol¨ªtica del BM publicado el pasado julio, dar¨ªa m¨¢s margen a los Gobiernos para hacer caso omiso de las normas a la hora de decidir si la poblaci¨®n local necesita o no protecci¨®n.

?"Me entristece ver c¨®mo las pol¨ªticas pioneras del Banco Mundial est¨¢n siendo desmanteladas y degradadas", razona Michael Cernea, que en su d¨ªa fue el primer soci¨®logo contratado por el Banco Mundial para apoyar a las poblaciones desplazadas. El exfuncionario supervis¨® durante casi dos d¨¦cadas la protecci¨®n a las poblaciones reubicadas. "Los m¨¢s pobres, vulnerables y menos poderosos pagar¨¢n el precio". Por su parte, el BM dice que ha escuchado todas las propuestas y publicar¨¢ un borrador revisado con "las protecciones sociales y medioambientales m¨¢s estrictas y avanzadas".

?Una historia agitada

Un desastre causado por el hombre ocurrido en el este de Brasil a finales de la d¨¦cada de 1970 contribuy¨® a que el Banco Mundial adoptase las primeras medidas sistem¨¢ticas para proteger a quienes viv¨ªan el impacto de grandes obras.

La crecida de la presa de Sobradinho, construida con fondos del Banco Mundial, oblig¨® a m¨¢s de 60.000 personas a salir de sus casas. Su reubicaci¨®n fue ca¨®tica y estuvo mal organizada. Algunas familias huyeron de sus aldeas cuando el agua empez¨® a inundar sus casas y campos de cultivo, y dejaron atr¨¢s sus reba?os que acabaron ahogados.

El desastre dio un poderoso argumento a Michael Cernea para convencer al BM de que aprobase las primeras medidas sistem¨¢ticas de protecci¨®n de las poblaciones afectadas. El soci¨®logo bas¨® la nueva normativa, aprobada en 1980, en una premisa b¨¢sica: la gente que pierde su tierra, su hogar o su trabajo debe recibir la ayuda necesaria para recuperar, o incluso mejorar, su nivel de vida original. Seg¨²n las normas aprobadas, los Gobiernos que deseen recibir dinero deben elaborar unos planes de reasentamiento detallados para las poblaciones que sean f¨ªsica o econ¨®micamente desplazadas.

Los empleados y exempleados del banco sugieren que la aplicaci¨®n de estas normas se ha visto a menudo socavada por las presiones internas para conseguir proyectos grandes y ostentosos. Muchos gestores, seg¨²n dicen quienes conocen la instituci¨®n por dentro, definen el ¨¦xito en funci¨®n del n¨²mero de acuerdos que financian. A menudo ponen pegas a aquellos requisitos que suponen complicaciones y costes a?adidos.

Daniel Gross, antrop¨®logo que trabaj¨® para el Banco Mundial durante dos d¨¦cadas como asesor, se?ala que los empleados que velan por la protecci¨®n de las poblaciones afectadas tienen "un lugar en la mesa" donde se debaten las acciones que debe llevar a cabo la instituci¨®n. Pero en medio de los esfuerzos por sacarlos adelante, se les suele ignorar e incluso se les presiona para que "cooperen y no den problemas", a?ade.

En un estudio interno realizado el a?o pasado por los auditores del BM, el 77 % de los empleados responsables de la salvaguarda y protecci¨®n afirmaba que los directivos "no valoraban" su trabajo. El banco public¨® el estudio en marzo, al mismo tiempo que admit¨ªa no haber supervisado bien su pol¨ªtica de reubicaci¨®n. "La protecci¨®n de las poblaciones aut¨®ctonas carece de importancia para los directivos", afirmaba un empleado entrevistado para el estudio.

No hay consuelo

En 2007, los habitantes de Jale, una diminuta aldea de la costa albanesa situada junto al mar J¨®nico, se encontraron con que en sus vidas se cruzaba un plan de limpieza costera financiado con un pr¨¦stamo del Banco Mundial de 17,5 millones de d¨®lares. En Jale viv¨ªa m¨¢s de una docena de familias pobres, muchas viv¨ªan de alquilar habitaciones y plantas adicionales de sus casas a los turistas.

Las autoridades albanesas ten¨ªan sus propios planes para la zona costera. Les parec¨ªa que Jale era un lugar perfecto para construir un gran complejo tur¨ªstico de lujo. Decidieron usar el proyecto de restauraci¨®n costera ¡ªdirigido por cierto por el yerno de Sali Berisha, entonces Primer Ministro de Albania¡ª como un medio para hacerlo realidad.

El BM admite que la reubicaci¨®n es dif¨ªcil, pero afirma que a menudo es imposible construir carreteras, centrales el¨¦ctricas sin trasladar a la gente de sus tierras

Una ma?ana de abril, antes del amanecer, varias docenas de polic¨ªas irrumpieron en la comunidad costera y se dirigieron a las construcciones previamente identificadas por las fotos tomadas gracias a estudios a¨¦reos pagados por el Banco Mundial. La polic¨ªa sac¨® a los residentes de la cama y los oblig¨® a marcharse de sus casas. Los equipos de demolici¨®n echaron abajo viviendas enteras o derribaron las construcciones anexas a las casas que, seg¨²n el Gobierno, se hab¨ªan erigido sin los permisos pertinentes.

Sanie Halilaj, una anciana de 74 a?os, lloraba mientras ve¨ªa c¨®mo echaban abajo la mitad de la vivienda que hab¨ªa compartido con su marido durante m¨¢s de medio siglo. "Cuando pierdes a un ser querido alguien te consuela", dec¨ªa la anciana de 74 a?os en una entrevista reciente. "Pero cuando pierdes tu casa no hay consuelo".

Los responsables del BM negaron inicialmente que los desahucios tuvieran relaci¨®n con el proyecto costero financiado por ¨¦l pero, un a?o despu¨¦s, el Comit¨¦ de Inspecci¨®n de la entidad encontr¨® "v¨ªnculos directos" entre su proyecto y las demoliciones. El Comit¨¦ critic¨® con dureza al BM por embarcarse en un "intento sistem¨¢tico" de obstaculizar su investigaci¨®n dando respuestas que "en ocasiones, contradec¨ªan por completo la informaci¨®n sobre los hechos que los directivos conoc¨ªan desde hac¨ªa mucho tiempo".

Despu¨¦s de que se public¨® el informe del Comit¨¦ en 2008, Robert Zoellick, que por entonces presid¨ªa el grupo del Banco Mundial, tach¨® los actos de "atroces". Zoellick prometi¨® que, de inmediato, la instituci¨®n reforzar¨ªa "la supervisi¨®n, mejorar¨ªa los procedimientos y ayudar¨ªa a las familias cuyas viviendas hab¨ªan sido demolidas". El BM no puede permitir que esta historia "se repita", asegur¨®.

Siete a?os despu¨¦s pocas cosas han cambiado. En Jale, donde los residentes siguen sin haber recibido compensaci¨®n alguna por lo que perdieron, y en el BM, donde la supervisi¨®n sigue siendo lapsa.

En m¨¢s de la mitad de todos los proyectos analizados en un estudio interno del Banco Mundial de 2012, la instituci¨®n no fue capaz de determinar si se hab¨ªan ocupado lo suficiente de las necesidades de los pueblos ind¨ªgenas o de otras poblaciones vulnerables. Un informe interno de 2014 revelaba que en el 60% de los casos analizados el personal no hab¨ªa documentado lo que le hab¨ªa pasado a las poblaciones que se hab¨ªan visto obligadas a marcharse de sus casas o sus tierras.

El 70% de los casos recogidos en el informe de 2014 no inclu¨ªa ninguna informaci¨®n sobre las quejas de la gente que afirmaba haberse visto perjudicada. El texto se?alaba que el BM hab¨ªa hecho frente a las protestas mediante "listas de comprobaci¨®n que exist¨ªan sobre el papel pero no en la pr¨¢ctica", seg¨²n escribieron los supervisores internos. Estas "enormes lagunas en la informaci¨®n" apuntan a "posibles fallos graves del sistema que emplea el BM para controlar los reasentamientos", afirma el informe. "La incapacidad para confirmar que el reasentamiento ha finalizado de forma satisfactoria supone un riesgo para la reputaci¨®n del Banco Mundial".

¡°Nos han abandonado¡±

El BM se?ala que se esfuerza por garantizar que sus prestatarios ayudan realmente a las personas desplazadas por los grandes proyectos. En Laos, afirma, las autoridades construyeron m¨¢s de 1.300 casas nuevas con electricidad y aseos, 32 colegios y dos centros de salud para miles de personas obligadas a trasladarse por la construcci¨®n de un embalse financiado. "Gracias al dise?o cuidadoso de los proyectos y a su correcta ejecuci¨®n, la adquisici¨®n de terrenos y el reasentamiento involuntario han dado pie a que la vida de estas personas mejore considerablemente", aseguraba Theis en una declaraci¨®n.

Sin embargo, en una regi¨®n de Brasil asolada por la sequ¨ªa, la gente del campo desplazada por la construcci¨®n de otro embalse financiado por el Banco Mundial declara que su vida no ha mejorado. Un total de 35 familias vive en un pueblo de reasentamiento construido por el gobierno llamado Gameleira tras haberse visto obligados a abandonar sus casas por la construcci¨®n de la presa y el embalse, situadas junto al r¨ªo Munda¨².

En sus antiguas casas, pod¨ªan sacar agua de los pozos y del propio r¨ªo, pero el nuevo pueblo de reasentamiento no tiene ninguna fuente de agua dulce. Un informe del Banco Mundial reconoc¨ªa un retraso en el suministro de agua al nuevo asentamiento, pero afirmaba que los problemas estar¨ªan resueltos a finales de 2012.

Los aldeanos dicen que no es verdad. Cuatro a?os despu¨¦s de haber sido obligados a trasladarse, siguen esperando a que las autoridades locales cumplan su promesa de construir un peque?o acueducto que lleve agua desde el nuevo embalse hasta el pueblo de reasentamiento. Mientras tanto, el agua del embalse s¨ª llega en abundancia a las zonas urbanas.

En la aldea hay un pozo que contiene agua salada y, gracias a un equipo de desalinizaci¨®n, cada familia tiene un l¨ªmite de 36 litros de agua diarios. Las familias complementan el suministro comprando agua a los proveedores comerciales, y a veces pueden invertir en ello la tercera parte de sus ingresos. Estas compras les proporcionan el agua suficiente para regar los peque?os sembrados de yuca, frijoles y ma¨ªz que emplean para su consumo. Si quieren cultivar especies m¨¢s comerciales, como el anacardo, deben esperar a que llueva, cosa que rara vez ocurre.

"Tenemos la sensaci¨®n de que estamos sufriendo para que la gente de la ciudad tenga agua", dec¨ªa Francisco Ven¨ªlson dos Santos, de 39 a?os, agricultor y padre de cuatro hijos, dos chicos y dos chicas. "Nos han abandonado aqu¨ª".

Atajos

En julio de 2012, un dirigente poco convencional asumi¨® la presidencia del Banco Mundial: Jim Yong Kim, un f¨ªsico coreano-estadounidense reconocido por su lucha contra el sida en ?frica, se convirti¨® en el primer presidente que por primera vez no proven¨ªa de las finanzas ni de la pol¨ªtica. Dos d¨¦cadas antes, Kim hab¨ªa participado en unas protestas en Washington DC, en las que se pidi¨® el cierre definitivo del Banco Mundial por dar m¨¢s importancia a los indicadores de crecimiento econ¨®mico que a la ayuda a los pobres.

Los defensores de los Derechos Humanos y los empleados salvaguardas de los principios de BM esperaban que el nombramiento de Kim marcase un cambio de rumbo hacia una mayor protecci¨®n de la gente afectada por los proyectos. En marzo, Kim afirm¨® que le preocupaban los "graves problemas" de la supervisi¨®n de las pol¨ªticas de reasentamiento y anunci¨® un plan de acci¨®n destinado a otorgar una mayor independencia a los responsables de protecci¨®n y un 15% m¨¢s de financiaci¨®n para la aplicaci¨®n de dichas medidas. Pero aunque Kim y otros responsables han admitido que hay fallos generales, niegan una y otra vez que el BM sea parcialmente responsable de los desahucios violentos o injustos perpetrados por los prestatarios.

Los Gobiernos que deseen recibir dinero del BM deben elaborar planes de reasentamiento para las poblaciones que sean f¨ªsica o econ¨®micamente desplazadas

En Etiop¨ªa, el Comit¨¦ de Inspecci¨®n del Banco Mundial detect¨® que hab¨ªa infringido sus propias normas al no reconocer un "v¨ªnculo operativo" entre un proyecto sanitario y educativo financiado por la instituci¨®n y una campa?a de reubicaci¨®n masiva llevada a cabo por el Gobierno de Etiop¨ªa. En 2011, los soldados encargados de los desalojos dispararon contra varios aldeanos por actos de violencia y agresiones sexuales, y mataron al menos a siete, seg¨²n un informe de Human Rights Watch y los testimonios de las personas desalojadas recogidos por el ICIJ. La respuesta del director del Banco Mundial fue que aunque "se podr¨ªa haber hecho m¨¢s" por ayudar a las comunidades desplazadas, el BM, en ¨²ltima instancia, no era el responsable.

En India, el ombudsman de la IFC ha descubierto que la entidad crediticia incumpli¨® sus pol¨ªticas al no hacer lo suficiente por proteger a la gran comunidad de pescadores que viv¨ªa en las cercan¨ªas de la central el¨¦ctrica de carb¨®n que la instituci¨®n financi¨® en el Golfo de Kutch (estado de Guyarat). Con la aprobaci¨®n de Kim, los directivos de la IFC rechazaron muchos de los hallazgos del ombudsman y defendieron los actos de su cliente empresarial.Tanto en Etiop¨ªa como en India, el grupo del Banco Mundial no ha querido obligar a sus clientes a compensar plenamente a las comunidades afectadas.

En respuesta a las quejas por los desahucios de Badia East, en Nigeria, el Banco Mundial recurri¨® a un atajo que contraviene sus normas. Normalmente, una comunidad que afirma haberse visto perjudicada puede presentar una queja que genera una investigaci¨®n por parte del Comit¨¦ de Inspecci¨®n. Sin embargo, cuando tres habitantes de Badia East presentaron una, los miembros del Comit¨¦ se negaron a iniciarla. En su lugar, remitieron a los residentes a un nuevo programa piloto destinado a gestionar las disputas. El programa puso a la comunidad en negociaciones directas con el gobierno del Estado de Lagos.

El Comit¨¦ de Inspecci¨®n le prometi¨® a Megan Chapman, abogada de una organizaci¨®n local que representaba a los residentes desalojados, que si la comunidad de Badia East no quedaba satisfecha con el resultado, podr¨ªa exigir una investigaci¨®n en cualquier momento, seg¨²n los mensajes electr¨®nicos revisados por el ICIJ. Las negociaciones no llegaron a buen puerto para los residentes desalojados. El gobierno de Lagos insist¨ªa en que hab¨ªan ocupado ilegalmente las casas, aun cuando algunos de ellos llevaban d¨¦cadas viviendo all¨ª. Le dio un ultim¨¢tum al grupo: aceptar una peque?a compensaci¨®n y renunciar a todos sus derechos legales, o nada.

Chapman cree que la oferta del Gobierno infringe la pol¨ªtica de reasentamientos del BM porque no se proporcion¨® una nueva vivienda a la gente desplazada ni una compensaci¨®n equivalente a lo que hab¨ªan perdido. Las compensaciones que las autoridades de Lagos ofrecieron por los grandes edificios demolidos eran un 31% menores que el valor determinado por los propios asesores del Banco Mundial.

"Era como la lucha de David contra Goliath: unas personas tremendamente peque?as luchando contra un gigante", dice Chapman. El banco "realmente abandon¨® a su suerte a unas personas vulnerables". El ultim¨¢tum del Gobierno dividi¨® a la comunidad. El jefe de la organizaci¨®n de Chapman dijo que era la mejor oferta que la gente desalojada iba a conseguir y que estaba satisfecho con el acuerdo. Muchos residentes y sus abogados ¡ªincluida Chapman¡ª pusieron objeciones. Pero no hab¨ªa ning¨²n lugar en el que buscar ayuda.

Los mensajes de correo electr¨®nico internos a los que ha tenido acceso el ICIJ indican que, a principios de 2014, la presidenta del Comit¨¦ de Inspecci¨®n, Eimi Watanabe, ya estaba haciendo presi¨®n para asegurarse de que el Comit¨¦ no investigase la funci¨®n que hab¨ªa desempe?ado el BM en el caso. Tras enterarse de que el jefe del grupo de Chapman estaba satisfecho con el resultado de las negociaciones, Watanabe inst¨® a su personal a publicar una declaraci¨®n formal que pusiese fin a toda posibilidad de investigaci¨®n antes de que el fr¨¢gil acuerdo se fuese al traste, seg¨²n muestran los mensajes electr¨®nicos internos obtenidos por ICIJ. "Por favor, publiquen la declaraci¨®n lo antes posible, antes de que todo se venga abajo", escrib¨ªa Watanabe el 6 de febrero de 2014.

La orden de Watanabe no acab¨® de inmediato con la investigaci¨®n, pero durante los meses siguientes, el Comit¨¦ dej¨® claro que no quer¨ªa profundizar m¨¢s en la actuaci¨®n del Banco Mundial.

En julio de 2014, dos de los tres habitantes que hab¨ªan presentado la queja le dijeron al Comit¨¦ que estaban descontentos con el acuerdo y que quer¨ªan seguir adelante con la investigaci¨®n. Este se neg¨® a atender la petici¨®n y cerr¨® el caso con un comunicado oficial en el que se?alaba, a modo de comentario, que el BM no hab¨ªa sido fiel a sus propias normas de reubicaci¨®n.

Chapman y otros abogados aseguran que la entidad les enga?¨® respecto al funcionamiento del programa piloto, y abandon¨® a la gente de Badia East. Watanabe tampoco respondi¨® a las preguntas de ICIJ sobre el caso de Lagos.

El BM ha declarado que el Comit¨¦ de Inspecci¨®n hab¨ªa cerrado el caso por "los avances realizados y la r¨¢pida provisi¨®n de una compensaci¨®n a las personas desplazadas". La instituci¨®n tiene previsto ampliar el programa piloto y ya ha aplicado el modelo a un segundo caso en Paraguay.

Un futuro tenso

Ahora que entra en su octava d¨¦cada de vida, el Banco Mundial se enfrenta a una crisis de identidad. Ya no es la ¨²nica entidad crediticia dispuesta a aventurarse en los pa¨ªses con dificultades y a financiar grandes proyectos. Se enfrenta al desaf¨ªo que representa la nueva competencia de otros bancos de ayuda al desarrollo que no tienen las mismas normas sociales (y est¨¢n consiguiendo r¨¢pidamente el apoyo de entidades que tradicionalmente han respaldado al Banco Mundial).

China ha creado un nuevo banco de ayuda al desarrollo y ha convencido a Gran Breta?a, Alemania y otros tradicionales aliados de Estados Unidos para que colaboren con ella, a pesar de la manifiesta oposici¨®n de Estados Unidos.

Estos cambios geopol¨ªticos han avivado las dudas sobre si el Banco Mundial sigue teniendo la fuerza o el deseo necesarios para imponer unas estrictas normas de protecci¨®n a aquellos que se interponen en el camino del desarrollo.

Los responsables de Derechos Humanos de Naciones Unidas han hecho saber al actual presidente del Banco Mundial su preocupaci¨®n porque la creciente capacidad de los prestatarios para acceder a otras fuentes de financiaci¨®n haya empujado a la entidad a lanzarse a una carrera ¡°hacia el fondo¡± que rebaje todav¨ªa m¨¢s las normas de protecci¨®n de las poblaciones afectadas.

Los cambios propuestos por el banco en sus normas de protecci¨®n dar¨ªan m¨¢s autoridad a los prestatarios para supervisarse a s¨ª mismos. Seg¨²n el borrador actual, se permitir¨ªa que los gobiernos aplazasen la preparaci¨®n de los planes de reasentamiento hasta que el banco diese luz verde a los proyectos. Tambi¨¦n se les permitir¨ªa aplicar sus propias pol¨ªticas sociales y medioambientales, en lugar de las normas de protecci¨®n del banco, siempre que ¨¦ste considere que dichas pol¨ªticas son coherentes con las suyas.

Algunos funcionarios y exfuncionarios del banco dicen que estos cambios ser¨ªan un desastre para la gente que vive en las zonas donde se desarrollan los proyectos (ya que permitir¨¢n que los gobiernos apliquen unas normas nacionales menos estrictas y decidan si las poblaciones vulnerables necesitan o no protecci¨®n una vez que ya hayan sido recibido los fondos).

En diciembre, el mayor patrocinador el Banco Mundial, el Congreso de Estados Unidos, aprob¨® una medida que dictaba que el representante estadounidense en la junta directiva de esa instituci¨®n deb¨ªa votar en contra de cualquier proyecto futuro que estuviese sujeto a unas medidas de protecci¨®n menos estrictas que las actuales. El BM asegura que las nuevas normas reforzar¨ªan la protecci¨®n que se brinda a las poblaciones afectadas por sus proyectos.

Theis, el portavoz, se?ala que las nuevas normas "siempre exigen un riguroso estudio previo del alcance del proyecto" y los prestatarios deben preparar unos planes que contemplen el reasentamiento y otros efectos negativos "mucho antes de que empiecen las actividades de construcci¨®n". Los responsables del Banco Mundial preparan ahora una nueva versi¨®n de las medidas de protecci¨®n que, seg¨²n afirman, tendr¨¢ en cuenta las cr¨ªticas que se han hecho al borrador anterior. Esperan publicarlo a finales de la primavera o en el verano.

Mientras tanto, sigue aumentando sus inversiones en los grandes proyectos de infraestructuras, como el que se llev¨® por delante la casa de Bimbo Osobe en Badia East. Despu¨¦s del desalojo, Osobe se pas¨® meses durmiendo bajo una red que le daba cobijo, seg¨²n relata.

A mediados de marzo, dorm¨ªa en la recepci¨®n de un centro m¨¦dico una vez que la cl¨ªnica cerraba.? Se ha visto obligada a enviar a tres de sus hijos a vivir con otros familiares, seg¨²n explica. Pero no le gusta esa soluci¨®n: "No es bueno que una familia est¨¦ separada¡±, afirma.

Con informaci¨®n de Musikilu Mojeed, Besar Likmeta, Ciro Barros, Giulia Afiune, Anthony Langat, Jacob Kushner, Jeanne Baron, Barry Yeoman y Friedrich Lindenberg.

Un grupo de 85 organizaciones han enviado carta abierta al presidente del Banco Mundial para hacerse eco del fracaso de su objetivo de mitigar la pobreza y de lo inadecuado de su plan de acci¨®n.

Traducci¨®n: Newsclip.