La encrucijada de la desigualdad y la pol¨ªtica social en Am¨¦rica Latina

Por, Carlos Barba Solano, investigador de la Universidad de Guadalajara, M¨¦xico

La persistencia de las desigualdades en Am¨¦rica Latina, 5

La desigualdad social en Am¨¦rica Latina no debe ser abordada con la mirada que actualmente prevalece en Europa. En el caso europeo y tambi¨¦n en el anglosaj¨®n, el crecimiento reciente de la desigualdad implica una verdadera contrarrevoluci¨®n que marca una clara ruptura con lo ocurrido durante el siglo XX, cuando se desarrollaron Estados de Bienestar que impulsaron un movimiento continuo de reducci¨®n de las desigualdades.

A escala global, la concentraci¨®n creciente del ingreso y del patrimonio en el 1% de la poblaci¨®n ha sido explicada por Thomas Piketty (2014) como resultado de la propensi¨®n estructural a que las ganancias derivadas de las inversiones financieras (tasa de ganancia del capital) sean mayores que la tasa de crecimiento econ¨®mico. Esta tendencia que est¨¢ llevando al reestablecimiento de un capitalismo patrimonial semejante al que prevaleci¨® hasta antes de la Primera Guerra Mundial. 

En los pa¨ªses desarrollados est¨¢ en juego la posibilidad de preservar una vida en com¨²n. El desaf¨ªo, como se?ala Rosanvallon (2012), es rehacer el Estado del Bienestar para reconstruir el ¡°inter¨¦s general¡±, ante la evidencia de que una sociedad desigual y fracturada es m¨¢s violenta y enfrenta costos crecientes en materia de salud, educaci¨®n, vivienda y seguridad social. 

Sin embargo, en Am¨¦rica Latina la desigualdad es una vieja y persistente herencia hist¨®rica, que exige otra tarea: construir versiones regionales del Estado de Bienestar. En Latinoam¨¦rica, no tiene sentido hablar del retroceso de la ciudadan¨ªa social frente a la ciudadan¨ªa pol¨ªtica, sino de una democracia desgarrada, donde la segunda parece haberse consolidado pero no as¨ª la primera. Se trata de un mundo donde la democracia no ha logrado minar las desigualdades heredadas, que a¨²n son un destino inexorable para numerosos grupos sociales. 

Luis Reygadas y Alicia Ziccardi (2010) afirman con raz¨®n que en Am¨¦rica Latina hay al menos tres matrices generadoras de desigualdad: las desigualdades de la sociedad agraria, las de la sociedad industrial y las de la sociedad postindustrial. Las primeras heredadas de la ¨¦poca colonial y de la modernizaci¨®n basada en la exportaci¨®n de bienes primarios; las segundas legadas durante la etapa de industrializaci¨®n orientada al mercado interno; y las terceras que corresponden a la etapa actual de intensa globalizaci¨®n econ¨®mica. 

La primera modernizaci¨®n y la primera matriz de la desigualdad

Como lo se?ala Rosemary Thorp (1998), durante la etapa de crecimiento impulsado por la exportaci¨®n (siglo XIX, hasta la crisis de 1929) se fijaron algunas de las caracter¨ªsticas estructurales que explican una parte importante de las desigualdades sociales en Am¨¦rica Latina. Tres casos contrastantes revelan esta impronta, que condicion¨® profundamente el futuro de esas sociedades: el caso argentino, el brasile?o y el mexicano. 

Durante la Belle ?poque argentina, un flujo masivo de recursos desde el exterior gener¨® un boom econ¨®mico de casi 40 a?os, hasta la Primera Guerra Mundial, fundado en la exportaci¨®n de bienes primarios (lana, carne y cereales). El rasgo social distintivo fue una gran migraci¨®n europea que dej¨® una traza social distinta a la de la mayor¨ªa de los pa¨ªses de la regi¨®n, pues en Argentina se produjo una movilidad social ascendente, una temprana aparici¨®n de capas medias y el desarrollo precoz de instituciones de bienestar.

El modelo brasile?o, el pa¨ªs m¨¢s grande y complejo de la regi¨®n, se bas¨® en acuerdos entre distintas ¨¦lites exportadoras (de caf¨¦, az¨²car, caucho, algod¨®n), que concentraban la propiedad de la tierra, a trav¨¦s de la acci¨®n del estado, que facilit¨® un auge moderado del sector servicios, procesos de urbanizaci¨®n, instituciones de bienestar m¨¢s excluyentes que en el caso argentino, la aparici¨®n de un mercado interno limitado y una fuerte protecci¨®n de las nacientes industrias. Este modelo se bas¨® en una concentraci¨®n extrema de la propiedad de la tierra y en el uso del trabajo de los antiguos esclavos en condiciones de gran precariedad y exclusi¨®n social. 

En el caso mexicano, despu¨¦s de una tormentosa guerra de independencia y una gran inestabilidad pol¨ªtica que impidieron la inversi¨®n extranjera y limitaron seriamente el crecimiento econ¨®mico, se produjo una modernizaci¨®n conservadora encabezada por el gobierno de Porfirio D¨ªaz, quien durante 30 a?os garantiz¨® estabilidad pol¨ªtica, atrajo inversi¨®n extranjera directa y alcanz¨® un r¨¢pido crecimiento econ¨®mico basado en la exportaci¨®n de metales no preciosos, petr¨®leo y productos agr¨ªcolas. La intervenci¨®n estatal impuls¨® un moderado crecimiento industrial, procesos de urbanizaci¨®n, el desarrollo de un sistema bancario y la modernizaci¨®n de los sistemas de comunicaci¨®n. En lo social el eje fue la ampliaci¨®n del mercado de la tierra, que se concentr¨® en muy pocas manos, a partir de la expropiaci¨®n de las tierras de las comunidades campesinas e ind¨ªgenas, cuya mano de obra fue utilizada en condiciones de precariedad extrema y de un fuerte racismo.

Lo ocurrido en Argentina, Brasil y M¨¦xico se reprodujo en distintos grados en varios pa¨ªses latinoamericanos: concentraci¨®n de la tierra en pocas manos; agudas desigualdades entre el mundo rural y el urbano; y la exclusi¨®n sistem¨¢tica de los ind¨ªgenas y los afrodescendientes. Las etapas de modernizaci¨®n posteriores no alteraron radicalmente estas tendencias. 

La segunda modernizaci¨®n y las nuevas formas de la desigualdad

El modelo de industrializaci¨®n v¨ªa sustituci¨®n de importaciones (ISI), en auge en Am¨¦rica Latina entre la Segunda Guerra Mundial y 1982, privilegi¨® el crecimiento econ¨®mico por encima de la inclusi¨®n de quienes fueron hechos a un lado en la etapa previa. Las actividades econ¨®micas que se desarrollaron fueron intensivas en capital, la creaci¨®n de empleos fue m¨¢s lenta que el crecimiento de la Poblaci¨®n Econ¨®micamente Activa (PEA) y la pol¨ªtica social no fue progresiva y ofreci¨® derechos sociales y mejores servicios a quienes ten¨ªan una mayor capacidad organizativa y eran cruciales para apoyar el proceso de industrializaci¨®n. 

Durante los a?os cincuenta y sesenta, la CEPAL impuls¨® la industrializaci¨®n forzada de Am¨¦rica Latina y le atribuy¨® un rol central al Estado porque se consideraba que este proceso requer¨ªa de una conducci¨®n deliberada y que el desarrollo deber¨ªa planificarse. La CEPAL consideraba fundamental modificar la estructura de la propiedad agraria, lograr una distribuci¨®n m¨¢s equitativa del ingreso, absorber econ¨®micamente a los grupos despose¨ªdos a trav¨¦s del proceso de industrializaci¨®n e integrarlos socialmente a trav¨¦s de pol¨ªticas activas de empleo. 

En la d¨¦cada de 1970, este optimismo fue abandonado porque la industrializaci¨®n basada en la adopci¨®n de tecnolog¨ªa avanzada no produc¨ªa los beneficios esperados. La diferencia entre el ingreso rural y el urbano aumentaba y la concentraci¨®n del ingreso no permit¨ªa el surgimiento de un mercado interno de grandes dimensiones. El crecimiento de la poblaci¨®n sobrepasaba la capacidad de la industria para incorporar mano de obra. 

La CEPAL perdi¨® su unidad intelectual e ideol¨®gica y muchos de sus miembros la abandonaron para alimentar las filas de lo que se conocer¨ªa posteriormente como la teor¨ªa de la dependencia. Fernando Hernique Cardoso y Enzo Falleto (1978) llegaron a la conclusi¨®n de que el modelo ISI hab¨ªa fracasado porque aunque el sector industrial se fortaleci¨®, no gener¨® ni desarrollo social ni pol¨ªtico. 

Aunque se ampliaron las capacidades estatales y se establecieron amplios sistemas de bienestar en los a?os 1940 y 1950, eso no alter¨® la l¨®gica distributiva heredada de la etapa previa. Se desarrollaron importantes sistemas sectoriales de educaci¨®n y salud que garantizaban prestaciones b¨¢sicas para amplios sectores de la poblaci¨®n, pero la seguridad social tendi¨® a ser excluyente y se caracteriz¨® por una aguda segmentaci¨®n institucional. 

En t¨¦rminos generales, la pol¨ªtica social privilegi¨® a los grupos de ingresos medios (trabajadores industriales, empleados estatales, clases medias) que respaldaban el proceso de industrializaci¨®n. Los campesinos, trabajadores urbanos informales y pueblos ind¨ªgenas quedaron al margen de las principales instituciones de bienestar.

En este proceso hubo matices importantes. En los reg¨ªmenes de bienestar universalistas, desarrollados en pa¨ªses con escasa poblaci¨®n ind¨ªgena o afrodescendiente (Argentina, Chile, Uruguay y Costa Rica), hubo una mayor expansi¨®n del empleo formal y mayor cobertura institucional en educaci¨®n, salud y seguridad social. All¨ª se alcanzaron los niveles m¨¢s altos de protecci¨®n p¨²blica y de ampliaci¨®n de la ciudadan¨ªa social. La seguridad social sigui¨® un modelo bistmarckiano (estratificado, contributivo, con un r¨¦gimen de seguros m¨²ltiples) y descans¨® en un modelo familiarista: los varones asalariados responsables de proveer ingresos y aseguramiento para los miembros del hogar, las mujeres a cargo de las labores de cuidado.

En M¨¦xico o Brasil, los pa¨ªses y las econom¨ªas m¨¢s grandes de la regi¨®n, se instituyeron los mismos tipos de sistemas de bienestar, pero tendieron a concentrarse en las ¨¢reas urbanas, dejando a un lado a quienes no participaban en la econom¨ªa formal urbana, a los campesinos y a una gran variedad de grupos ind¨ªgenas o de descendientes afro-latinos, quienes constitu¨ªan una parte significativa de la poblaci¨®n total. Por eso se les caracteriza como reg¨ªmenes duales.

En la mayor¨ªa de los pa¨ªses de Am¨¦rica Central y de la Am¨¦rica Andina, con poblaci¨®n ind¨ªgena muy numerosa, los reg¨ªmenes fueron excluyentes. El Estado tuvo un muy pobre desarrollo institucional y benefici¨® solamente a peque?as oligarqu¨ªas. Por ello, los principales recursos de los pobres para hacer frente a los riesgos sociales fueron sus familias y redes comunitarias. 

Como ya lo he se?alado (Barba, 2007) en 1970, antes de las grandes crisis latinoamericanas, en los reg¨ªmenes universalistas s¨®lo el 15.3% de todos los hogares se encontraban en la pobreza; en los reg¨ªmenes duales la cifras era mayor: 38.3 %. Sin embargo, en los reg¨ªmenes excluyentes al menos el 50% de los hogares eran pobres. Ese mismo a?o, la desigualdad en la distribuci¨®n del ingreso, medida a trav¨¦s del Coeficiente de Gini (cuyos valores fluct¨²an entre 0 y 1, donde los valores que se aproximan a 1 indican mayores grados de concentraci¨®n del ingreso) en promedio alcanzaba en los reg¨ªmenes universalistas valores cercanos a 0.48, en los duales pr¨®ximos a 0.55, y en los excluyentes rondaban 0.60.

Para 1980, en los reg¨ªmenes universalistas el gasto social promedio como porcentaje del PIB era de 16.4%, en los reg¨ªmenes duales 10.8% y en los excluyentes 6.5%. La seguridad social cubr¨ªa en el primer caso al 62% de la PEA, en el segundo al 34% y en el tercero al 27%. La matr¨ªcula en educaci¨®n media como porcentaje de la poblaci¨®n entre 12 y 17 a?os en 1980 era respectivamente 66%, 49% y 43%.

Este nivel de protecci¨®n bast¨® para que tanto en los reg¨ªmenes universalistas como en los duales se desarrollaron sectores de clase media urbana que lograban acceder a niveles de ense?anza media y superior, ten¨ªan empleos estables y pod¨ªan esperar que sus hijos gozaran de una situaci¨®n mejor que la suya. Esas ambiciones fueron cortadas por las crisis econ¨®micas de los a?os 70 y 80 que implicaron una reducci¨®n de empleos p¨²blicos, la privatizaciones de empresas estatales y un importante proceso de desindustrializaci¨®n que en conjunto socavaron los cimientos de la clase media.

La modernizaci¨®n liberal y las nuevas desigualdades 

Esas crisis, los procesos de ajuste y restructuraci¨®n econ¨®mica, encaminados a sustituir el modelo ISI por un modelo orientado a las exportaciones, produjeron un gran desempleo, subempleo y la expansi¨®n del trabajo informal. 

Este escenario permiti¨® a organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial (BM) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y a numerosos gobiernos de Am¨¦rica Latina justificar la adopci¨®n de una paradigma de bienestar liberal que considera al mercado el eje en la generaci¨®n y distribuci¨®n de bienestar y que s¨®lo encomienda al estado hacer frente a la pobreza. 

Las nuevas pol¨ªticas sociales se focalizaron en los m¨¢s pobres, apoyaron la participaci¨®n privada en la educaci¨®n, la salud y los sistemas de pensiones e impulsaron la descentralizaci¨®n de los servicios sociales. El empleo se conceptualiz¨® como un asunto del mercado, por ello se promovieron la desregulaci¨®n y flexibilizaci¨®n de los mercados laborales y se recomend¨® reemplazar los sistemas pensionarios por otros de capitalizaci¨®n individual.

Inicialmente la pobreza fue considerada un costo social, producto de los procesos de estabilizaci¨®n y ajuste que siguieron a la crisis de 1982 encaminados a reorientar las econom¨ªas nacionales hacia el mercado mundial. M¨¢s tarde fue concebida como una externalidad del mercado que deb¨ªa corregirse. 

A partir de los a?os 80, a los ind¨ªgenas, los campesinos y los descendientes afro-latinos, que constitu¨ªan el n¨²cleo duro de la pobreza estructural, se sum¨® un nuevo tipo de pobres: los sectores medios que perdieron cobertura de seguridad social debido a una crisis de empleo. 

En esa d¨¦cada, se crearon los primeros programas focalizados para aliviar la pobreza del ciclo liberal, conocidos como Fondos de Inversi¨®n Social (FIS), apoyados por el BM o el BID. Los FIS reduc¨ªan la responsabilidad social del Estado, fueron temporales, compensatorios y de baja calidad. Fracasaron porque su focalizaci¨®n no fue rigurosa, fueron clientelistas y se conduc¨ªan con una gran opacidad.

Durante los a?os 90, en los reg¨ªmenes duales, inici¨® un segundo ciclo con los programas de transferencias monetarias condicionadas (TMC). Destacan ¡°Oportunidades¡± en M¨¦xico y ¡°Bolsa (beca) Familia¡± en Brasil, los programas de TMC m¨¢s grandes del mundo (en 2013 cubr¨ªan respectivamente 58 y 32 millones de personas). Hasta 2013, este tipo de programas se hab¨ªan implantado en 19 pa¨ªses de Am¨¦rica Latina y ten¨ªan una cobertura de casi 127 millones de personas. Su principal objetivo es impedir la reproducci¨®n intergeneracional de la pobreza, al menor costo posible. Fueron dise?ados para impulsar que los hijos de las familias pobres utilizaran los servicios p¨²blicos de educaci¨®n y la salud, para que pudieran adquirir capital humano suficiente para aprovechar las oportunidades de empleo o ingreso que supuestamente son generadas por el mercado 

Estos programas han sido evaluados favorablemente y han logrado la incoporaci¨®n de millones de pobres a esquemas de protecci¨®n social de baja calidad. Sin embargo, conviene ubicarlos en el contexto socioecon¨®mico que prevalece en la regi¨®n, donde el crecimiento econ¨®mico y el aumento del empleo formal se encuentran enfrentados y donde los mercados laborales demandan cada vez mayores niveles de calificaci¨®n. El desempleo, el subempleo o la informalidad se muestran como caracter¨ªsticas estructurales de nuestras econom¨ªas. El empleo formal cada vez es m¨¢s precario y la protecci¨®n de la seguridad social es selectiva, de baja calidad y suele ser temporal. Por ello, cabe preguntarse si las tendencias predominantes en materia de protecci¨®n social durante los a?os 90 son las adecuadas para hacer frente al funcionamiento del empleo. La respuesta obviamente es no.

Los resultados de las nuevas pol¨ªticas a lo largo de los a?os 90 fueron mediocres. De acuerdo con CEPAL (2001): bajo crecimiento econ¨®mico, acompa?ado de una moderada reducci¨®n de la pobreza que entre 1990 y 1999 en los reg¨ªmenes universalistas pas¨® del 28.5 al 14.5 % de los hogares, en los reg¨ªmenes duales de 42.3 a 38.9% y se mantuvo por encima del 50% en los reg¨ªmenes excluyentes. Sin embargo, el porcentaje de personas en la pobreza y la indigencia, tanto en el campo como en el medio urbano, sigui¨® siendo mayor que durante la d¨¦cada de 1980. Adem¨¢s, La desigualdad del ingreso creci¨® en los reg¨ªmenes universalistas, se mantuvo constante en los duales y se increment¨® en los excluyentes.

El Roto, El Pa¨ªs.

La crisis del Consenso de Washington: en busca de una ruta hacia el universalismo

Estos magros resultados pusieron en crisis al paradigma liberal de pol¨ªtica social. La apertura econ¨®mica continu¨®, aunque en mejores condiciones. Quenan y Velut (2014) se?alan que entre 2003 y 2008 Am¨¦rica Latina, experiment¨® una fase de fuerte crecimiento econ¨®mico, vinculado a la exportaci¨®n de materias primas (soya en Argentina y Brasil; ca?a de az¨²car, bauxita y esta?o en Brasil; cobre, litio en Chile; hidrocarburos en Venezuela, M¨¦xico, Brasil, Bolivia y Ecuador) en un contexto de estabilidad de precios. 

Predomina ahora la tendencia a la re-primarizaci¨®n de las grandes econom¨ªas latinoamericanas, con la excepci¨®n de M¨¦xico donde las exportaciones de productos manufacturados constituyen el 73.5% del total. Sin embargo, la coyuntura econ¨®mica favorable parece haber llegado a su fin debido a las crisis de 2007-2008 y de 2011 y 2012, as¨ª como a la ca¨ªda de los precios de las materias primas en 2008-2009 y la de los precios del petr¨®leo de 2014. 

Durante la etapa de auge las clases medias se recuperaron, tuvieron acceso a mejores salarios, consumo, vivienda, salud, cr¨¦dito, educaci¨®n superior para sus hijos. Sin embargo, al igual que en Europa o los pa¨ªses anglosajones, enfrentan una creciente incertidumbre, producto de la precariedad e inestabilidad laboral, los elevados costos de la educaci¨®n de sus hijos, la amenaza de perder sus empleos o de sufrir gastos catastr¨®ficos en materia de salud. Esta vulnerabilidad ha llevado a una mayor agencia de esos sectores que demandan al Estado: protecci¨®n, regulaci¨®n econ¨®mica, seguridad social; tambi¨¦n ha impulsado giros electorales hacia la izquierda en varios pa¨ªses (a escala local y nacional) y ha puesto nuevamente el tema de la reducci¨®n de la desigualdad en la agenda social.

En Chile y M¨¦xico los cambios en la pol¨ªtica social han sido moderados, pero en pa¨ªses como Argentina, Brasil, Ecuador, Venezuela, Bolivia y Uruguay han sido significativos en busca de un nuevo equilibrio entre crecimiento y equidad y un retorno del Estado. Sin embargo, exceptuando los casos de Brasil y Argentina, esto se ha producido en contextos de una muy reducida capacidad fiscal y en adelante muy probablemente en contextos de bajo crecimiento econ¨®mico.

A diferencia de lo que ocurre en los pa¨ªses desarrollados, la tarea no es rehacer los estados de bienestar desgarrados, sino terminar de construirlos con escasos recursos y con un instrumental h¨ªbrido. Como se?alan Luis Reygadas y Fernando Filgueira (2011) y tambi¨¦n Barba y Valencia (2014) las pol¨ªticas sociales incluyen tanto programas de corte liberal, como las TMC, reformas liberales a los sistemas de pensiones, cuasi mercados de servicios sociales, mercados laborales liberalizados; como pol¨ªticas social- dem¨®cratas como sistemas unificados de salud, ampliaciones a los derechos laborales y sociales, promoci¨®n del desarrollo, pensiones solidarias, reformas fiscales progresivas y asistencia social fundada en derechos.

No obstante, el resurgimiento de una agenda universalista define un panorama lleno de claro-oscuros. Reducci¨®n de la pobreza nacional e inclusi¨®n de los m¨¢s pobres en esquemas de protecci¨®n, pero no la reducci¨®n de la pobreza rural. Datos de CEPAL (2012) indican que en 2002 el 44% de la poblaci¨®n se ubicaba en la pobreza, para 2008 ese porcentaje hab¨ªa bajado a 33%; pero en 2011 la pobreza rural alcanzaba a¨²n al 50% de la poblaci¨®n (mientras la pobreza urbana comprend¨ªa al 24%). En los pa¨ªses donde se produjeron giros a la izquierda la reducci¨®n fue a¨²n mayor, en Uruguay, Argentina, Costa Rica y Brasil la pobreza nacional se sit¨²o por debajo del 28% de la poblaci¨®n.

Tambi¨¦n la concentraci¨®n del ingreso se redujo, pero con gran variabilidad. Entre 1990 y 2012, de acuerdo con CEPAL (2015), en Argentina, Uruguay, Venezuela y Brasil el Coeficiente de Gini disminuy¨®, en el primer caso pas¨® de 0.501 a 0.475, en el segundo de 0.492 a 0.383, en el tercero 0.471 a 0.407 y en el cuarto de 0.627 a 0.567. A¨²n as¨ª, con la excepci¨®n de Uruguay, la desigualdad en estos pa¨ªses contin¨²o siendo muy alta y en el caso Brasile?o extrema.

La CEPAL (2015) se?ala que aunque el acceso a la educaci¨®n mejor¨® considerablemente en todos esos pa¨ªses, pero se mantuvieron grandes brechas entre los j¨®venes m¨¢s pobres y los m¨¢s ricos. En 2012 mientras el 83% de los j¨®venes de 20 a 24 a?os del 20% m¨¢s rico de la poblaci¨®n hab¨ªa concluido la ense?anza secundaria, s¨®lo el 33% del 20% m¨¢s pobre hab¨ªa logrado el mismo nivel de escolarizaci¨®n. Esta situaci¨®n se agrava por la gran deficiencia de la calidad de la educaci¨®n a la que tiene acceso el 40% de los m¨¢s pobres, quienes no alcanzan los niveles de aprendizaje m¨ªnimos para desempe?arse como ciudadanos competentes en ¨¢reas de lectura y matem¨¢ticas. 

Esta agencia se?ala tambi¨¦n que los avances en el campo educativo no se han trasladado al campo laboral, ya que el desempleo de los j¨®venes es mayor que el de la poblaci¨®n adulta y su inserci¨®n laboral es m¨¢s precaria. 

En esta encrucijada de desigualdades hist¨®ricas, persistentes e inerciales y de otras nuevas, globales y cambiantes, en Am¨¦rica Latina tres temas contin¨²an pendientes: (1) el viejo tema de la reforma fiscal para asegurar la viabilidad de las pol¨ªticas sociales; (2) el de la integraci¨®n de los sistemas de protecci¨®n cada vez m¨¢s fragmentados; y (3) el de la construcci¨®n de estados de bienestar que de manera consistente reduzcan tanto las desigualdades sociales heredadas, como las que se han ido agregando al pasar de un modelo econ¨®mico a otro y que, por otra parte, sean capaces de generar formas de ciudadan¨ªa social que permitan una vida en com¨²n entre los pobres y los sectores medios, integrados en las mismas instituciones sociales.

Referencias

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Quenan, Carlos y S¨¦bastien Velut ( 2014) Los desaf¨ªos del desarrollo en Am¨¦rica Latina. Din¨¢micas socioecon¨®micas y pol¨ªticas p¨²blicas. Par¨ªs: Institut des Am¨¦riques. 

Reygadas, Luis y Ziccardi, Alicia (2010), ¡°M¨¦xico: Tendencias modernizadoras y desigualdad¡± en Rolando Cordera (Coord.), Presente y Perspectivas M¨¦xico: Fondo de Cultura Econ¨®mica, pp. 250-308.

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Rosanvallon, Pierre (2012) La Sociedad de Iguales. Buenos Aires: Manantial. 

Thorp, Rosemary (1998) Progreso, Pobreza y Exclusi¨®n. Una historia econ¨®mica de Am¨¦rica Latina en el Siglo XXI. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo y Uni¨®n Europea. 

Carlos Barba Solano es profesor e Investigador de la Universidad de Guadalajara, M¨¦xico. Miembro del S.N.I. nivel III. Designado CROP Fellow 2014-2018. Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara y el Centro de Investigaci¨®n y Estudios Superiores en Antropolog¨ªa Social. Coordinador del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara. Co-Director de la Revista Espiral: Estudios de Estado y Sociedad. Ex-coordinador y miembro del Grupo ¡°Pobreza y pol¨ªticas Sociales¡± de CLACSO. Fue miembro del comit¨¦ directivo de CLACSO. Ha sido profesor invitado, ha realizado estancias de investigaci¨®n y ha dictado conferencias en instituciones de Am¨¦rica Latina y Europa. Ha participado como experto y/o consultor en temas de protecci¨®n social invitado por EUROSOCIAL y CEPAL. Ha editado y publicado libros y art¨ªculos cient¨ªficos sobre pol¨ªtica social, programas sociales, desigualdad y cohesi¨®n social, ciudadan¨ªa social, estudios comparados de reg¨ªmenes de bienestar y estudios comparados sobre procesos de reforma social y de los sistemas de salud en Am¨¦rica Latina.