Vientos de corrupci¨®n

Hacienda ha elaborado un informe de 94 p¨¢ginas en el que ofrece indicios detallados del pago de comisiones para acelerar la autorizaci¨®n de parques e¨®licos en la comunidad de Castilla y Le¨®n. El volumen detectado de presuntos sobornos o cohechos est¨¢ en torno a los 110 millones e implica tanto a el¨¦ctricas conocidas como a sociedades instrumentales creadas con el fin de acceder a la subvenci¨®n. Da cuenta adem¨¢s de participaciones societarias de cargos o excargos auton¨®micos en empresas formadas para recibir r¨¢pidamente las ayudas concedidas a la energ¨ªa e¨®lica y de beneficios exorbitantes conseguidos por sus accionistas con la venta posterior. En estas tramas de presunto cohecho y tr¨¢fico de influencias habr¨ªan participado el¨¦ctricas, sociedades intermediarias y miembros relacionados de la Administraci¨®n auton¨®mica, con revalorizaciones financieras que hay que investigar por si aparecieran otros delitos conexos.

De confirmarse estos indicios ¡ªtarea que corresponde a la fiscal¨ªa y, si ha lugar, a los jueces¡ª nos encontrar¨ªamos de nuevo con la connivencia de instancias administrativas y sociedades privadas para beneficiarse del dinero p¨²blico. La comunidad aut¨®noma se ha protegido detr¨¢s del argumento de legalidad; todas las autorizaciones e¨®licas han sido legales. Pero el hecho de que se denuncien sobornos precisamente para acelerar los permisos convierte la explicaci¨®n en pueril. No es en los sellos y timbres donde hay que investigar el posible delito, sino en el enriquecimiento il¨ªcito de quienes aceptaron las comisiones y en el delito que cometieron quienes las pagaron.

Tambi¨¦n debe constar que adem¨¢s de la responsabilidad de los implicados en posibles delitos, hay una regulaci¨®n mal concebida e incontrolada que ha favorecido el fraude. Desde el primer momento se advirti¨® que las normas de concesi¨®n de subvenciones a las renovables ¡ªe¨®lica, termosolar, fotovoltaica¡ª favorec¨ªan la aparici¨®n de una burbuja energ¨¦tica da?ina. Muy pronto se multiplicaron los proyectos de construcci¨®n, con el fin de acceder a las ayudas p¨²blicas; inmediatamente despu¨¦s los permisos de construcci¨®n se convirtieron en una mercanc¨ªa que iba subiendo de precio seg¨²n cambiaban de manos los proyectos y aparec¨ªan nuevas sociedades intermediarias. La trama revelada por Hacienda es la consecuencia l¨®gica de un p¨¦simo procedimiento adjudicador: quien propon¨ªa y autorizaba los proyectos beneficiados con suculentas subvenciones (las Administraciones locales y auton¨®micas) eran distintos en principio de quien las pagaba (el Estado central).

Las energ¨ªas renovables deber¨ªan impulsar en Espa?a las nuevas tecnolog¨ªas y el empleo cualificado. Pero tienen un coste p¨²blico elevado. Adem¨¢s de exigir que caiga el peso de la ley sobre quienes han utilizado la e¨®lica como fuente de enriquecimiento il¨ªcito, hay que recordar que el destino de los fondos p¨²blicos debe ser vigilado estrictamente para que no derive en una burbuja de corrupci¨®n.