Tierras ba?adas en sangre

Glenda Ch¨¢vez camina entre los naranjos del huerto familiar en direcci¨®n a la valla baja de alambre que separa su propiedad de la plantaci¨®n Paso Agu¨¢n de la Corporaci¨®n Dinant. En el lado de la cerca que pertenece a Dinant, las hileras de espinosas palmas de aceite se extienden a lo largo de kil¨®metros por el verde paisaje del norte de Honduras.

¡°Aqu¨ª¡±, dice con voz suave y decidida se?alando un punto a su lado de la valla en el que un grupo de b¨²squeda descubri¨® las ¨²ltimas huellas de su padre vivo.

Gregorio Ch¨¢vez, predicador y agricultor, desapareci¨® en julio de 2012. Al cabo de unas horas, varios hombres de su comunidad encontraron el machete que se hab¨ªa llevado para trabajar en sus plantas. Glenda cuenta que los hombres tambi¨¦n vieron en la tierra las marcas de un cuerpo arrastrado que conduc¨ªan a la propiedad de Dinant.

Cuatro d¨ªas despu¨¦s de la desaparici¨®n de Gregorio Ch¨¢vez, los participantes en la b¨²squeda encontraron el cad¨¢ver del predicador en la plantaci¨®n Paso Agu¨¢n, sepultado bajo un mont¨®n de hojas de palma. Lo hab¨ªan matado a golpes en la cabeza y presentaba posibles signos de tortura, seg¨²n inform¨® el fiscal especial del gobierno encargado de investigar su muerte. Glenda y los dem¨¢s aldeanos sospecharon inmediatamente que lo hab¨ªan asesinado por predicar desde el p¨²lpito en contra de Dinant, su adversario en una batalla por la propiedad de las tierras que la empresa hab¨ªa incorporado tiempo atr¨¢s a su inmensa explotaci¨®n de aceite de palma.

¡°Estas fincas est¨¢n ba?adas en sangre¡±, denuncia Glenda Ch¨¢vez. ¡°No solo mi pap¨¢ ha ca¨ªdo, sino que tenemos m¨¢s de 100 compa?eros campesinos que han muerto por la defensa de la tierra¡±.

El fiscal Javier Guzm¨¢n dice que los guardas de seguridad empleados por Dinant son ¡°los m¨¢s sospechosos¡± del asesinato de Gregorio Ch¨¢vez, pero que en el caso no hay acusados. La empresa niega rotundamente su implicaci¨®n en la muerte.

Seg¨²n Guzm¨¢n ¡ªque fue designado por el gobierno federal para investigar la oleada de violencia que ha sacudido la zona en los ¨²ltimos a?os¡ª, la muerte del predicador fue uno m¨¢s de los 133 asesinatos relacionados con los conflictos por la tierra en el valle de Bajo Agu¨¢n, en Honduras. Las circunstancias de las muertes siguen siendo objeto de un enconado debate en el marco de una batalla que ha enfrentado a Dinant y otras empresas latifundistas con los colectivos campesinos, y en la que ambas partes se han visto envueltas en una violencia que en ocasiones ha llegado al horror.

El conflicto ha atra¨ªdo la atenci¨®n mundial debido en parte a que Dinant, uno de sus protagonistas principales, ha recibido financiaci¨®n del Grupo del Banco Mundial (BM).

La empresa contaba con el respaldo de la Corporaci¨®n Financiera Internacional (CFI), la rama del conglomerado de entidades del Banco Mundial que concede cr¨¦ditos a empresas privadas. La CFI prest¨® su apoyo a Dinant, uno de los mayores productores de alimentos y aceite de palma de Centroam¨¦rica, mientras ten¨ªan lugar los recientes enfrentamientos por la tierra. En 2009 le proporcion¨® directamente 15 millones de d¨®lares (13,4 millones de euros), y m¨¢s tarde transfiri¨® 70 millones (62,8 millones de euros) a un banco hondure?o que era a su vez uno de los mayores financiadores de Dinant.

Se contabilizan m¨¢s de 133 asesinatos relacionados con los conflictos por la tierra en el valle de Bajo Agu¨¢n

De este modo, la CFI se aline¨® con uno de los principales actores de un mort¨ªfero conflicto civil al apostar su dinero y su reputaci¨®n por una corporaci¨®n poderosa con una historia cuestionable. La entidad financiera no tuvo problemas en ignorar las pruebas a su alcance que deber¨ªan haberle disuadido de hacer negocios con Dinant, como descubri¨® m¨¢s tarde su propio Defensor del Pueblo.

Mark Constantine, un funcionario de la CFI responsable de la gesti¨®n del riesgo social y ambiental, declara que el prestamista aprob¨® su cr¨¦dito antes de que la violencia en Bajo Agu¨¢n entrase en una espiral incontrolable. Afirma que la corporaci¨®n est¨¢ reformando sus pol¨ªticas para anticiparse mejor a las amenazas para las comunidades locales.

¡°Tomamos una instant¨¢nea en un momento determinado y actuamos sobre esa base¡±, defendi¨® Costantine. ¡°?Deber¨ªamos haber reconocido antes algunos de estos asuntos hist¨®ricos? No lo niego¡±.

Debido a la importancia cada vez mayor de la inversi¨®n privada en los pa¨ªses en desarrollo, la CFI ha experimentado una r¨¢pida expansi¨®n. Su presupuesto anual alcanz¨® los 15.500 millones de euros en 2014, lo que representa un incremento del 36% con respecto a 2010. Pero, a pesar de su crecimiento ¡ªy de las quejas en Honduras y en otros pa¨ªses de que ha inyectado dinero a empresas implicadas en apropiaciones de tierras y violaciones de los derechos humanos¡ª, la instituci¨®n sigue siendo menos conocida que su hermano, el Banco Mundial, que concede cr¨¦ditos a los gobiernos.

Diversos grupos proderechos humanos, as¨ª como exfuncionarios del banco, aseguran que la CFI asume riesgos m¨¢s elevados y tiene que rendir menos cuentas que su hom¨®loga con mayor proyecci¨®n p¨²blica.

Paul Cadario, un antiguo ejecutivo que pas¨® 37 a?os en el Banco Mundial, asegura que la instituci¨®n tiene ¡°un ej¨¦rcito de cient¨ªficos sociales¡± conscientes de las normas establecidas por el Banco para proteger a las comunidades locales y el medio ambiente. En cambio, afirma, la CFI suele fiarse de las promesas de sus clientes del sector privado de que ¡°nada saldr¨¢ mal¡±.

Las quejas acerca de los usuarios de los servicios de la CFI afectan a menudo a poblaciones vulnerables que sostienen que est¨¢n siendo expulsadas para hacer sitio a grandes proyectos. Desde 2004, la CFI ha aprobado m¨¢s de 180 iniciativas que pueden suponer desplazamientos f¨ªsicos o econ¨®micos, seg¨²n un an¨¢lisis de la documentaci¨®n de la entidad realizado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci¨®n (ICIJ, por sus siglas en ingl¨¦s). En esos casos, las familias desplazadas podr¨ªan perder sus hogares u otras pertenencias, o ver menoscabados sus medios de vida.

En el caso de Dinant, el Defensor del Pueblo de la CFI concluy¨® que la falta de atenci¨®n de la corporaci¨®n a los peligros que implicaba hacer negocios con la empresa reflejaba graves problemas en las pr¨¢cticas de la CFI para manejar proyectos de alto riesgo. El informe de diciembre de 2013 constat¨® que la cultura de la instituci¨®n est¨¢ tan centrada en los beneficios que ¡°puede incentivar a su personal a pasar por alto, no especificar o incluso encubrir los posibles riesgos ambientales, sociales y de conflicto¡±.

Gran parte de las controvertidas inversiones de la CFI incluyen cr¨¦ditos a intermediarios, tales como bancos, fondos de cobertura y empresas de capital riesgo. Al dirigir la financiaci¨®n a trav¨¦s de estos intermediarios ¡ªen vez de prest¨¢rsela directamente a los clientes del sector privado¡ª, la corporaci¨®n ha facilitado en gran medida que los destinatarios finales de su dinero hagan caso omiso de sus normas.

Desde 2014, el 42% de la cartera de la CFI est¨¢ invertida en intermediarios financieros, seg¨²n el defensor del pueblo de la entidad. En una auditor¨ªa de su inversi¨®n en el banco hondure?o Banco Ficohsa, uno de los principales financiadores de Dinant, el Defensor califica las inversiones en intermediarios de ¡°exposici¨®n sin an¨¢lisis ni cuantificaci¨®n a proyectos con posibles impactos significativamente adversos para el medio ambiente y la sociedad¡±.

Estas relaciones peligrosas, prosigue el defensor, son ¡°efectivamente secretas¡±, lo cual las deja ¡°al margen de los sistemas dise?ados para garantizar que la CFI y sus clientes rindan cuentas¡±. A partir de 2012, solo en el 6% de los pr¨¦stamos a intermediarios financieros clasificados por la CFI como de alto riesgo se revel¨® qui¨¦nes eran los receptores finales del dinero, seg¨²n un an¨¢lisis de la organizaci¨®n Oxfam de lucha contra la pobreza.

Ante la expulsi¨®n de las tierras, el movimiento campesino adopt¨® una nueva t¨¢ctica: las ocupaciones masivas de plantaciones en litigio

Desde 2011, seis comunidades de Asia, ?frica y Latinoam¨¦rica han presentado quejas al Defensor del Pueblo de la entidad crediticia por proyectos que contaban con el apoyo de instituciones financieras respaldadas por ella. Entre los afectados hay aldeanos de Uganda que aseguran que sus casas fueron incendiadas para hacer sitio a plantaciones de pino y eucalipto, y campesinos de Camboya, donde una plantaci¨®n de caucho se apoder¨® de sus arrozales.

El caso de Dinant es excepcional porque est¨¢ relacionado con una batalla por la tierra entre terratenientes y campesinos empobrecidos que lleva d¨¦cadas y que ha tenido avances y retrocesos, y por el n¨²mero de v¨ªctimas asociado a ella.

La CFI asegura que ha tomado medidas para mitigar la violencia en Bajo Agu¨¢n, entre otras contratar a un mediador que propicie las negociaciones entre Dinant, los grupos campesinos y las autoridades hondure?as, y persuadir a la empresa para que ponga al d¨ªa sus protocolos de seguridad y retire las armas a sus guardas en varias plantaciones. Por el momento, la entidad crediticia ha retenido un segundo plazo de 13,3 millones de euros del pr¨¦stamo a la empresa.

La corporaci¨®n financiera reconoce que prestar dinero en regiones inestables plantea riesgos, pero afirma que su trabajo en esas zonas problem¨¢ticas es b¨¢sico para su misi¨®n. Esas inversiones, sostienen sus funcionarios, proporcionan empleos y prosperidad que pueden contribuir a romper el c¨ªrculo de violencia.

En 2014, la CFI invirti¨® 640 millones de d¨®lares (568 millones de euros) en ¡°situaciones fr¨¢giles y afectadas por conflictos¡±. La entidad se ha comprometido a aumentar sus inversiones en esas regiones en un 50% entre 2012 y 2016.

¡°No son cosas para pusil¨¢nimes¡±, se?ala Constantine, el funcionario encargado de la gesti¨®n de riesgos de la corporaci¨®n. ¡°Si no lo hacemos nosotros, ?qui¨¦n lo va a hacer?¡±.

Indicios de problemas

El origen de la disputa por la tierra en Bajo Agu¨¢n data de la d¨¦cada de los setenta, cuando una ley nacional de reforma agraria entreg¨® la mayor parte de los ricos terrenos del valle a organizaciones colectivas gestionadas por campesinos. Fue una victoria para los agricultores castigados por la pobreza y atrajo oleadas de inmigrantes a la f¨¦rtil regi¨®n de Agu¨¢n. Pero en la d¨¦cada de los noventa, la suerte de los campesinos dio otro giro cuando el gobierno de Honduras, con el asesoramiento del Banco Mundial, cambi¨® la normativa del pa¨ªs en materia de propiedad de la tierra.

En marzo de 1992, Honduras aprob¨® una ley que permit¨ªa por primera vez parcelar la tierra de los colectivos campesinos y venderla por iniciativa individual. El BM apoy¨® el cambio, que formaba parte de una serie de reformas promovidas por ¨¦l y enmarcadas en su esfuerzo por impulsar al pa¨ªs hacia la econom¨ªa de mercado.

Despu¨¦s de que la nueva ley entrase en vigor, diversas extensiones de tierra comunal pasaron r¨¢pidamente a manos de Dinant y de otras grandes corporaciones. Gran parte de la tierra se convirti¨® en explotaciones a escala industrial de aceite de palma, que se utiliza como ingrediente del champ¨², los helados, la margarina y multitud de otros cosm¨¦ticos y alimentos. Los grupos ecologistas denunciaron que el crecimiento acelerado del cultivo de palma de aceite hab¨ªa provocado la deforestaci¨®n y expulsado a las poblaciones vulnerables de sus tierras de origen.

Un informe de 2010 elaborado por una coalici¨®n de organizaciones campesinas recoge que, entre 1990 y 1994, se vendieron cerca de 21.000 hect¨¢reas, es decir, el 74% de la tierra en manos de colectivos campesinos de Bajo Agu¨¢n.

Constantine opina que las ventas revelaron el fracaso del modelo colectivo creado bajo el impulso de la anterior reforma agraria. ¡°El experimento social no tuvo mucho ¨¦xito¡±, afirma. ¡°Los grandes terratenientes aprovecharon la ocasi¨®n y compraron la tierra a quienes estaban dispuestos a venderla¡±.

El origen de la disputa por la tierra data de los setenta, cuando una ley entreg¨® la mayor parte de los terrenos del valle a organizaciones campesinas

Los campesinos y sus defensores cuentan una historia diferente. Sostienen que una vez que se pudo poner a la venta la tierra comunal, los campesinos sufrieron presiones por parte de los latifundistas para que renunciasen a sus derechos. Los campesinos denuncian el acoso a los l¨ªderes de los colectivos que se negaban a vender por parte de matones a sueldo, que en ocasiones acribillaban sus casas a balazos, as¨ª como la generalizaci¨®n del fraude. Afirman que peque?as facciones dentro de algunos grupos renunciaron a grandes extensiones a cambio de sobornos individuales.

Como respuesta, los campesinos formaron organizaciones populares para recurrir las ventas de tierras ante los tribunales y ante el gobierno. Ped¨ªan que este ¨²ltimo les devolviese las extensiones que antes hab¨ªan pertenecido a los colectivos.

En agosto de 2008, 12 personas murieron en un enfrentamiento entre terratenientes y campesinos por unas tierras en litigio que antes se hab¨ªan utilizado como centro de entrenamiento militar. Ese mismo mes, un equipo de la CFI visit¨® Dinant para evaluar un posible pr¨¦stamo.

Poco despu¨¦s, en diciembre de 2008, la junta de la CFI aprob¨® un cr¨¦dito de 30 millones a Dinant. La entidad lo clasific¨® como de ¡°categor¨ªa B¡±, lo que indica un riesgo bajo de que la inversi¨®n pueda acarrear problemas medioambientales o sociales serios.

El Defensor del Pueblo del organismo descubri¨® m¨¢s tarde que el equipo de evaluaci¨®n no hab¨ªa llevado a cabo la m¨¢s m¨ªnima indagaci¨®n sobre Dinant, el mayor terrateniente de Bajo Agu¨¢n, o su propietario, Miguel Facuss¨¦, clasificado por Forbes como uno de los millonarios m¨¢s poderosos de Centroam¨¦rica.

El Defensor afirmaba en su informe que si el equipo hubiese hecho una simple b¨²squeda en Internet, habr¨ªa encontrado noticias recientes que mostraban que Facuss¨¦ hab¨ªa sido acusado de estar involucrado en el asesinato de un ecologista, se hab¨ªa enfrentado a una orden de detenci¨®n por presuntos cr¨ªmenes contra el medio ambiente, y se hab¨ªa visto envuelto en varias disputas por tierras.

La orden de detenci¨®n, que acusaba a Facuss¨¦ de haber permitido que una de sus plantas de procesado de alimentos vertiese sustancias t¨®xicas en el agua potable durante dos d¨¦cadas, fue revocada despu¨¦s de que la juez que la dict¨® dejase su puesto. En 2003, un tribunal desestim¨® las acusaciones de participaci¨®n de Facuss¨¦ en el asesinato del ecologista Carlos Escaleras. Facuss¨¦ y Dinant negaron su culpabilidad en esas causas legales.

La CFI y Dinant firmaron la concesi¨®n del cr¨¦dito en abril de 2009, en un momento en el que los campesinos a¨²n ten¨ªan la esperanza de que los litigios por la tierra se pudiesen resolver de manera pac¨ªfica. El izquierdista Manuel Zelaya, por entonces presidente de Honduras, se ofreci¨® para negociar con los movimientos campesinos y los terratenientes de Bajo Agu¨¢n una soluci¨®n pol¨ªtica al conflicto que devolver¨ªa parte de la tierra en disputa a manos campesinas. A continuaci¨®n, la agitaci¨®n pol¨ªtica hizo que el pa¨ªs se escorase hacia la violencia.

Una advertencia desde el p¨²lpito

En el verano de 2009, Glenda Ch¨¢vez ten¨ªa una ni?a de siete a?os y estaba embarazada de su segundo hijo. Pasaba la mayor parte del tiempo en casa y trabajaba con su m¨¢quina de coser para ganar dinero.

A finales de junio, los soldados asaltaron la residencia presidencial, expulsaron a Zelaya del poder, lo metieron en un avi¨®n y lo enviaron a Costa Rica. Glenda recuerda que su padre calific¨® el golpe de ¡°b¨¢rbaro¡±. Pero ella no se involucr¨® en el conflicto cada vez m¨¢s exacerbado que estaba fracturando Honduras. ¡°No me preocupaba mucho por la pol¨ªtica¡±, recuerda.

El Gobierno respaldado por el ej¨¦rcito que tom¨® el poder dej¨® claro que no iba a seguir adelante con la reforma agraria prometida por Zelaya.

Enfurecido por el golpe y al margen de las opciones pol¨ªticas, el movimiento campesino adopt¨® una nueva t¨¢ctica: las ocupaciones masivas de plantaciones en litigio. Los campesinos llamaron a estas acciones ¡°recuperaciones¡±. Dinant las llama ¡°invasiones¡±. Muchas de las muertes en Bajo Agu¨¢n ocurrieron entonces.

Dinant recurri¨® con frecuencia al Ej¨¦rcito hondure?o para que desalojase a los agricultores de las zonas en disputa. La empresa y los militares aseguran que los ocupantes siempre iban armados y se mostraban violentos.

¡°Los campesinos en ning¨²n momento han entrado [a las plantaciones] de una forma pac¨ªfica¡±, declaraba Ren¨¦ Jovel, el coronel al mando de la Operaci¨®n Xatruch, una acci¨®n militar con orden de estabilizar la regi¨®n de Bajo Agu¨¢n. ¡°Entran con machetes, escopetas, pistolas y kal¨¢shnikovs¡±.

Guzm¨¢n, el fiscal especial, relata que en algunos casos los campesinos se mataban entre s¨ª y contrataban a sicarios para eliminar a rivales en disputas dentro del movimiento campesino por el control de los lucrativos campos de palma.

Seg¨²n los grupos de agricultores, estas acusaciones son un invento de la empresa y el Gobierno para justificar los abusos de los soldados y los guardas de seguridad de las latifundistas. Un informe de 2013 del Observatorio Permanente de los Derechos Humanos de Agu¨¢n, un grupo vinculado a los movimientos campesinos, revel¨® que, de las m¨¢s de 100 muertes violentas relacionadas con el conflicto por la tierra, 89 correspond¨ªan a campesinos y 19 a guardas de seguridad, polic¨ªas, militares y terratenientes.

Vitalino ?lvarez, uno de los portavoces de los activistas, declara que las ocupaciones no son violentas. ¡°?Por qu¨¦ los que salen heridos son siempre campesinos?¡±, pregunta.

En noviembre de 2010, cinco de ellos murieron durante un intento de ocupaci¨®n de la plantaci¨®n El Tumbador, propiedad de Dinant. Nadie pone en duda que los disparos fatales provinieron de los guardas de seguridad, pero la empresa asegura que actuaron en defensa propia durante un ataque armado por parte de m¨¢s de 160 campesinos.

Francisco Ram¨ªrez, uno de los supervivientes de la ocupaci¨®n, tiene una gruesa cicatriz que le atraviesa la cara desde el punto donde un proyectil le entr¨® por una mejilla y le sali¨® por la otra. Afirma que iba caminando desarmado en direcci¨®n a la verja de entrada de la plantaci¨®n cuando unos guardas de Dinant que estaban escondidos tras la cima de una colina los sorprendieron con una lluvia de balas.

¡°Aqu¨ª fue donde prepararon la emboscada¡±, explica Ram¨ªrez se?alando una peque?a colina cubierta de ¨¢rboles y espesa vegetaci¨®n junto a la carretera de El Tumbador. ¡°Aqu¨ª es donde recib¨ª el impacto de la bala en la cara¡±.

Seg¨²n Roger Pineda, director de relaciones corporativas de Dinant, no hubo tal emboscada.

Preocupado por las muertes en El Tumbador, el presidente de la CFI inst¨® a Dinant a que actuase con moderaci¨®n y solicitase al gobierno de Honduras que encontrase una soluci¨®n pac¨ªfica al conflicto por la tierra.

Pero la violencia continu¨® cada vez m¨¢s cerca de Paso Agu¨¢n y la familia Ch¨¢vez. En mayo de 2011, un activista campesino llamado Francisco Pascual L¨®pez desapareci¨® cerca de la plantaci¨®n Paso Agu¨¢n. Los miembros de la comunidad encontraron un rastro de sangre que conduc¨ªa a los campos de palma, afirma Human Rights Watch.

El mismo mes, el consejo de la CFI aprob¨® un cr¨¦dito de 70 millones de d¨®lares para Banco Ficohsa, una de las entidades bancarias m¨¢s grandes de Honduras, con el fin de ¡°dar apoyo a la concesi¨®n de cr¨¦ditos a las peque?as y medianas empresas del pa¨ªs¡±. El grupo Dinant era uno de los mayores clientes de Ficohsa, del que obtuvo 17 millones de d¨®lares en cr¨¦ditos en 2008.

Aunque la CFI no desembols¨® la segunda mitad de su pr¨¦stamo directo a Dinant, no tuvo problema en respaldar a la empresa a trav¨¦s de un intermediario. Al tiempo que las relaciones de Ficohsa con Dinant se intensificaban a lo largo de 2010, el personal de la CFI ignoraba los l¨ªmites de la corporaci¨®n referentes a la cantidad que Ficohsa pod¨ªa prestar a un mismo cliente, argumentando que Dinant era un ¡°l¨ªder regional¡± y que Miguel Facuss¨¦, su propietario, era un ¡°respetado hombre de negocios¡±.

Tres meses despu¨¦s de que se aprobase el cr¨¦dito de Ficohsa, Dinant inform¨® de un ataque con v¨ªctimas mortales perpetrado por campesinos durante un intento de ocupaci¨®n de la plantaci¨®n Paso Agu¨¢n. Murieron cuatro guardas de seguridad y un empleado de la empresa, asegura Pineda, y parec¨ªa que al menos uno de los guardas hab¨ªa sido ejecutado. Al empleado lo hab¨ªan torturado y le hab¨ªan cortado las orejas, afirma.

Glenda Ch¨¢vez recuerda que, con la propagaci¨®n del conflicto, su padre empez¨® a pronunciarse en contra de Dinant. Gregorio Ch¨¢vez nunca estuvo afiliado a los movimientos campesinos, pero se sinti¨® defraudado por la empresa cuando sus guardas de seguridad se convirtieron en una presencia intimidatoria que impon¨ªa el toque de queda a las seis de la tarde. Plant¨® palma de aceite en la propiedad familiar, pero su hija cuenta que cuando fue a vender los frutos, los guardas de Dinant y la polic¨ªa se metieron con ¨¦l dando por hecho que el producto era robado.

¡°Mi pap¨¢ fue un hombre que nunca se qued¨® callado¡±, recuerda. ¡°Nunca le gust¨® la injusticia, y no le gustaba la forma en la que Miguel Facuss¨¦ [el propietario de Dinant] entraba a la comunidad¡±.

La violencia que aquejaba a otras zonas del norte de Honduras a¨²n no hab¨ªa alcanzado a su peque?o colectivo de unas 450 familias, llamado Panam¨¢. Durante sus ¨²ltimos meses de vida, rememora Glenda, su padre lanz¨® advertencias desde el p¨²lpito que presagiaron su propia muerte violenta. ¡°En sus sermones dec¨ªa: ¡®Cuando se derrame la sangre de uno de nosotros en esta comunidad, la comunidad se va a levantar¡±, cuenta.

Panam¨¢ se rebela

La tarde del 2 de julio de 2012, sigue recordando Glenda, su madre fue a decirle que su padre no hab¨ªa vuelto a casa. ¡°Fue all¨ª cuando yo sent¨ª en mi coraz¨®n que algo le hab¨ªa pasado,¡± recuerda.

La familia Ch¨¢vez y sus vecinos iniciaron una b¨²squeda desesperada. Glenda llam¨® a sus parientes y a los miembros de la iglesia de Gregorio y dio la alarma a la polic¨ªa y a los bomberos. Cuando los participantes en la b¨²squeda descubrieron el machete de Gregorio, la comunidad exigi¨® acceso a la plantaci¨®n de Paso Agu¨¢n.

Transcurrieron varios d¨ªas antes de que se les permitiese la entrada. Equipos formados por polic¨ªas y campesinos empezaron a rastrear sus 1.200 hect¨¢reas en busca de pistas del predicador desaparecido. Al principio volvieron con las manos vac¨ªas. Entonces, prosigue Glenda, los campesinos pidieron acceso a una secci¨®n de la plantaci¨®n que no hab¨ªan rastreado, llamada Lote 8.

Los guardas de Dinant respondieron que era una zona restringida e intentaron negarles el paso, afirma Glenda. Despu¨¦s de negociar con la polic¨ªa, los vigilantes accedieron a retirarse del Lote 8 y los campesinos y la polic¨ªa empezaron a buscar. El 6 de julio encontraron el cuerpo de Gregorio.

Pineda, el portavoz de Dinant, alega que cuando se descubri¨® el cad¨¢ver, la empresa ya no ten¨ªa control sobre el Lote 8. En los d¨ªas que siguieron a la desaparici¨®n de Gregorio, afirma, los campesinos que lo buscaban se apoderaron del terreno y de otros sectores de la plantaci¨®n, robaron tractores y frutos de las palmas e incendiaron un almac¨¦n. Seg¨²n ¨¦l, estos guerrilleros violentos podr¨ªan haber tra¨ªdo el cuerpo de cualquier otro lugar.

Dinant y sus guardas no ten¨ªan ning¨²n motivo para matarlo, aduce Pineda. ¡°Nunca antes nosotros tuvimos un problema con el se?or Gregorio Ch¨¢vez, siempre fuimos vecinos. ?Qu¨¦ podemos ganar nosotros con eso?¡±.

Guzm¨¢n, el fiscal especial, declara que las sospechas de los campesinos de que los guardas de Dinant mataron a Ch¨¢vez son la explicaci¨®n ¡°m¨¢s cre¨ªble¡± de su muerte, pero a?ade que no hay testigos ni pruebas cient¨ªficas que los vinculen. ¡°Son sospechosos, pero no hay evidencia concreta¡±, concluye.

Tras el descubrimiento del cad¨¢ver del predicador, la indignaci¨®n se propag¨® por la comunidad de Panam¨¢. Los aldeanos crearon una nueva organizaci¨®n para luchar por su causa: el Movimiento Campesino Refundaci¨®n Gregorio Ch¨¢vez. A menudo acudieron a Glenda para que hablase en nombre de la comunidad. Para ella sigue siendo doloroso tratar el tema del asesinato de su padre, pero relata las circunstancias que rodearon su muerte con la calma que da la pr¨¢ctica.

Adem¨¢s de denunciar la violencia contra los campesinos, el Movimiento Gregorio Ch¨¢vez exige que Dinant permita que la plantaci¨®n Paso Agu¨¢n pase a ser propiedad de los agricultores. La empresa se niega a vender ni una parcela de la tierra en disputa, lo cual deja a ambas partes en punto muerto.

¡°Vamos a recuperar la plantaci¨®n de Paso Agu¨¢n¡±, dec¨ªa Santos Torres, un l¨ªder del movimiento campesino de Panam¨¢, en un corte de una entrevista radiof¨®nica facilitado por Dinant a los reporteros del ICIJ. ¡°As¨ª nos toque llenar las calles de sangre, la vamos a recuperar¡±. M¨¢s tarde, Torres aclar¨® al consorcio period¨ªstico que se refer¨ªa a la sangre derramada por los campesinos dispuestos a sacrificar sus vidas para exigir sus tierras. ¡°Si tenemos que morir aqu¨ª, aqu¨ª vamos a morir¡±, sentenci¨®.

¡°Que salga el dinero¡±

Mientras la violencia se disparaba en Bajo Agu¨¢n, Dinant segu¨ªa benefici¨¢ndose de los cr¨¦ditos de la CFI. En febrero de 2013, cuando hab¨ªa pasado m¨¢s de un a?o de la inversi¨®n de la CFI en Banco Ficohsa, la entidad bancaria concedi¨® a Dinant un nuevo pr¨¦stamo de cinco millones de d¨®lares. El dinero era una parte de los m¨¢s de 39 millones en cr¨¦ditos al conglomerado de empresas Dinant que Ficohsa aprobar¨ªa mientras durase la inversi¨®n de la CFI en el banco.

Entre tanto, la manera que Ficohsa ten¨ªa de afrontar los riesgos sociales y medioambientales estaba encendiendo las alarmas en la CFI. El mismo mes que Ficohsa envi¨® el nuevo cr¨¦dito a Dinant, la entidad crediticia descubri¨® que el banco hondure?o no hab¨ªa cumplido con las pol¨ªticas de salvaguarda social y medioambiental dise?adas para proteger a las poblaciones en riesgo.

Esto no impidi¨® que la CFI continuase colaborando con Ficohsa. En 2013, su Programa de Financiaci¨®n al Comercio Global otorg¨® a la entidad bancaria una garant¨ªa para dos acuerdos de financiaci¨®n comercial con Dinant.

Al mes siguiente, el Defensor del Pueblo de la corporaci¨®n financiera hizo p¨²blico su informe sobre la inversi¨®n en Dinant. El comit¨¦ de vigilancia interno revel¨® que la CFI no hab¨ªa investigado ni supervisado adecuadamente a la empresa en ninguna de las etapas del proceso. Seg¨²n un miembro del personal del banco que habl¨® con el Defensor, el departamento de inversiones quer¨ªa que ¡°el dinero saliese¡± sin tener en cuenta los riesgos sociales, y a menudo hizo caso omiso de las preocupaciones del personal responsable de la salvaguarda.

En el caso de Dinant, declaraba el informe, el gestor de la cartera de la CFI rechaz¨® las recomendaciones del especialista en medioambiente de que se siguiese una l¨ªnea m¨¢s dura con la empresa. Acto seguido, el especialista fue relevado. En junio de 2014, la CFI compr¨® una participaci¨®n de 5,5 millones en Ficohsa.

La entidad financiera se ha comprometido a cambiar su postura con respecto a la evaluaci¨®n de los riegos sociales de los proyectos y a su forma de supervisar las inversiones en intermediarios. Ha creado una nueva presidencia responsable de la gesti¨®n de riesgos y un plan de acci¨®n para mejorar el seguimiento de los clientes intermediarios financieros y empezar a investigar a algunos de los receptores finales de los pr¨¦stamos.

¡°Estamos intentando encauzarlo estructural y culturalmente¡±, anunciaba Morgan Landy, director del Departamento Medioambiental, Social y de Gobernanza de la CFI en un encuentro con grupos comunitarios celebrado en octubre de 2014.

¡°Humillados en nuestras propias casas¡±

En julio de 2014, los campesinos del Movimiento Gregorio Ch¨¢vez volvieron a intentar hacerse con el control de la plantaci¨®n Paso Agu¨¢n. La ocuparon durante casi un d¨ªa antes de que los soldados de Jovel interviniesen y los desalojasen.

Varios miembros de la comunidad de Panam¨¢ declararon que los soldados hab¨ªan abierto fuego sobre ellos durante el desalojo. David Ponce, un joven agricultor, muestra las cicatrices dejadas por una bala que le perfor¨® el hombro. Otros aseguran que los soldados les golpearon y los torturaron.

Glenda Ch¨¢vez cuenta que estuvo presente durante la expulsi¨®n como observadora de los derechos humanos y que utiliz¨® una c¨¢mara para filmar a los soldados que disparaban contra los campesinos. Los soldados la detuvieron y se negaron a dejarla ir hasta que no les entreg¨® la c¨¢mara. ¡°Me soltaron las manos y yo me quit¨¦ el chaleco en el que ten¨ªa la c¨¢mara, el tel¨¦fono y el dinero y los tir¨¦ al suelo¡±, recuerda. ¡°Ellos los recogieron y yo me fui corriendo¡±.

En noviembre, durante una visita de ICIJ a Bajo Agu¨¢n, el coronel Jovel advirti¨® a los reporteros de que los campesinos de la comunidad de Panam¨¢ podr¨ªan intentar atraer la atenci¨®n internacional provocando actos de violencia durante la estancia de los periodistas. El militar dijo a los miembros de ICIJ que hab¨ªa mandado soldados a Paso Agu¨¢n para prevenir un intento de ocupaci¨®n y que no pod¨ªa garantizar su seguridad si pasaban por Panam¨¢. Ese mismo d¨ªa, los representantes del consorcio visitaron el pueblo evitando las tierras en litigio de Paso Agu¨¢n.

Santos Torres, el l¨ªder campesino que hab¨ªa lanzado el aviso sobre las calles cubiertas de sangre, estaba sentado junto con una docena de personas en unas sillas plegables fuera de la casa de Glenda. Los hombres mostraron sus cicatrices y distribuyeron fotograf¨ªas que probaban los desalojos de julio. Torres se mofaba de la idea de que ¨¦l y sus compa?eros estuviesen planeando provocar un enfrentamiento. La realidad, se lamentaba, es que ¡°estamos humillados en nuestras propias casas sin poder salir¡±.

El huerto donde desapareci¨® Gregorio Ch¨¢vez est¨¢ a poca distancia a pie por una carretera de tierra del lugar donde estaban reunidos los campesinos. Glenda ha empezado a plantar naranjos entre las espinosas palmas de aceite que plant¨® su padre y que ahora piensa que solo han tra¨ªdo dolor a su comunidad. Coge una naranja y la pela h¨¢bilmente con su machete. Est¨¢ dulce y en su punto.

¡°Cuando muere una palma de aceite, plantamos otro producto¡±, dice Glenda. ¡°Algo que nos beneficie a nosotros, los campesinos¡±.