La certeza de la impunidad

El caso Guant¨¢namo, cuya investigaci¨®n inici¨¦ en 2009 y continu¨® el juez Ruz por delitos de torturas, tratos degradantes e inhumanos en la prisi¨®n del mismo nombre, sufridos por cuatro ciudadanos (entre ellos un espa?ol) despu¨¦s de su detenci¨®n por Estados Unidos en Afganist¨¢n, Pakist¨¢n y Gambia, y hasta su liberaci¨®n a?os despu¨¦s, fue archivado el 17 de julio por el actual titular del Juzgado Central de Instrucci¨®n 5 de la Audiencia Nacional.

Se enviaron comisiones rogatorias a EE?UU y Reino Unido. S¨®lo este cumpli¨® con la justicia espa?ola. El primero, desde la soberbia del poderoso, guard¨® un silencio culpable y sostiene un centro de detenci¨®n y tortura que, a la postre, no ha impedido el avance del terrorismo yihadista pero s¨ª ha contribuido a la frustraci¨®n del Estado de derecho.

Lejos esta aquella resoluci¨®n del Tribunal Supremo espa?ol, cuando hablaba de la prisi¨®n de Guant¨¢namo como un ¡°limbo jur¨ªdico¡± por el desconocimiento de los derechos humanos de los detenidos. Ahora, cuestionando de paso la legitimidad de la base norteamericana en la bah¨ªa cubana, podr¨ªamos afirmar que el limbo jur¨ªdico lo tenemos en Espa?a con el triunfo de la impunidad sobre la Jurisdicci¨®n Universal (JU).

Desde que la ley de marzo de 2014 acab¨®, de hecho, con la JU, el cierre de los casos abiertos en la Audiencia Nacional es una realidad. Recientemente, el Tribunal Supremo, siguiendo la estela marcada por el Ejecutivo que impuls¨® esta ley, archiv¨® el caso del genocidio tibetano escenificando la pen¨²ltima agresi¨®n a las v¨ªctimas de los m¨¢s abyectos cr¨ªmenes, como ya hiciera en el caso del franquismo.

En esta batalla legal, algunos jueces supremos se decantan por la interpretaci¨®n m¨¢s regresiva de la ley interna, dando la espalda, cuando de derechos humanos se trata, al derecho internacional. Avanzar es retroceder, introduciendo el revisionismo negacionista, que desemboca en la comodidad de la indiferencia denostando los valores universales conquistados por la humanidad.

En este contexto se enmarca el cierre del caso Guant¨¢namo. Hab¨ªa muchas razones para mantenerlo abierto: la catalogaci¨®n como cr¨ªmenes de lesa humanidad cometidos por funcionarios estadounidenses; la contradicci¨®n de la nueva ley con el derecho internacional que sanciona la tortura; el recurso de inconstitucionalidad de la ley pendiente; el leg¨ªtimo derecho a la tutela judicial al no existir investigaci¨®n alguna en aquel pa¨ªs o la existencia de decisiones del mismo juzgado y de la Audiencia Nacional apoyando la tesis de la competencia espa?ola. De poco han valido estos argumentos, la resoluci¨®n abraza la decisi¨®n del Tribunal Supremo, anula las diligencias pendientes, renuncia a la persecuci¨®n de los victimarios y a la protecci¨®n de las v¨ªctimas.

Hay atrocidades que ning¨²n Estado puede amparar. Para eso est¨¢ la Jurisdicci¨®n Universal

Si bien el Tribunal Supremo se ha esforzado en demostrar que no hay contradicci¨®n entre la reforma de la ley y el derecho internacional, esta interpretaci¨®n desconoce que este derecho es sin¨®nimo de convenciones y tratados y que existe una segunda fuente del mismo igual de importante: la costumbre internacional en la que germina el ius cogens, una de las mayores conquistas de la civilizaci¨®n, como plasmaci¨®n del consenso por el cual existen ciertas atrocidades que ning¨²n Estado puede desconocer o amparar.

Mientras el recurso de inconstitucionalidad, planteado por el PSOE, est¨¦ pendiente, la prudencia deber¨ªa producir rigor y cautela al adoptar decisiones de tan graves consecuencias, como el cierre de una investigaci¨®n por delito de lesa humanidad. Si as¨ª no se hace, la desidia, prepotencia o ignorancia que EE?UU ha demostrado, ante nuestro sistema judicial, en este caso, como en el del reportero espa?ol Jos¨¦ Couso, muerto por disparos de tropas norteamericanas en Irak en 2003, quedar¨¢ como ejemplo de sumisi¨®n. A pesar de que el Senado estadounidense identifica las pr¨¢cticas en esa prisi¨®n como torturas y tratos degradantes, la v¨ªctima espa?ola no podr¨¢ ver satisfecha su demanda de justicia en su pa¨ªs, que persigue a sus nacionales cuando delinquen en el extranjero y no les otorga, sin embargo, protecci¨®n alguna cuando son v¨ªctimas en el mismo.

Queda esperar la decisi¨®n por parte de la Audiencia Nacional que hace menos de un a?o confirm¨® la competencia de los tribunales espa?oles en este caso. Si cambia su posici¨®n, como me temo, las resoluciones dictadas demostrar¨¢n la ominosa regresi¨®n que, en el liderazgo de la lucha por los derechos humanos a trav¨¦s de la aplicaci¨®n del principio de JU, ha experimentado Espa?a que ha pasado de combatir a los torturadores, a facilitar su impunidad.

Baltasar Garz¨®n es jurista.