La justicia, cuesti¨®n de Estado

En palabras de Jean Monnet, ¡°los hombres pasan, pero las instituciones quedan; nada se puede hacer sin las personas, pero nada subsiste sin instituciones¡±. Ser¨ªa dif¨ªcil imaginar la Espa?a del siglo XXI sin la labor de la Justicia como garante de los derechos y libertades de los ciudadanos, la base de la convivencia de todo Estado social y democr¨¢tico de derecho.

As¨ª lo recoge nuestra Constituci¨®n, que blinda la independencia de jueces y tribunales, que establece la igualdad de todos ante la ley y que ha permitido a la democracia espa?ola superar m¨²ltiples desaf¨ªos. Por ello vela el Tribunal Constitucional que, como garante de la supremac¨ªa de la Carta Magna, ha ensanchado y fortalecido la Espa?a de las libertades. Gracias a ¨¦l, los derechos fundamentales se constituyen en una categor¨ªa real y efectiva, pues presta amparo y protecci¨®n frente a toda acci¨®n que limite o dificulte el ejercicio de los mismos.

Garantizar el respeto a la Constituci¨®n es la principal obligaci¨®n de quienes ejercemos responsabilidades p¨²blicas. Ese es tambi¨¦n el compromiso que tenemos con los ciudadanos, adoptando las decisiones que sean necesarias para fortalecer nuestro marco de convivencia. La proposici¨®n de ley que asegura la ejecuci¨®n de las resoluciones del Tribunal Constitucional no es sino un ejemplo de este ejercicio de responsabilidad, que no vamos a dejar de asumir. La ley es una frontera infranqueable y es importante que los ciudadanos sepan que en un Estado de derecho, los jueces y tribunales s¨®lo se encuentran sometidos a lo dispuesto por la Constituci¨®n y las leyes y que, en esa independencia, tienen la mejor garant¨ªa de sus derechos.

Estamos llamados a poner la pol¨ªtica al servicio de la Justicia

A tal fin, durante esta legislatura, el Gobierno ha puesto en marcha una serie de iniciativas para seguir garantizando la independencia judicial y mejorando la calidad de la Administraci¨®n de la Justicia. En primer lugar, la reforma de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial establece nuevas medidas de especializaci¨®n y refuerzo de determinados juzgados para afrontar causas especialmente complejas. La profesionalizaci¨®n de la Justicia y la especializaci¨®n en determinadas materias son claves para garantizar una funci¨®n judicial independiente y efectiva. En segundo lugar, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permitir¨¢ una importante agilizaci¨®n procesal, corrigiendo la dilaci¨®n en el tiempo de la resoluci¨®n de las causas pendientes y evitando la sensaci¨®n de impunidad que muchas veces provocan las macrocausas. Y en tercer lugar, el Gobierno cree firmemente que para garantizar la independencia judicial es imprescindible dotar a la Justicia de los medios e instrumentos necesarios para poder llevar a cabo su labor. Por ello, y al margen de las medidas de modernizaci¨®n, agilizaci¨®n y mejora del procedimiento judicial introducidas por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la dotaci¨®n de plazas suficientes de jueces, fiscales, secretarios judiciales y funcionarios de la Administraci¨®n de la Justicia, es otro de los compromisos asumidos por el Ministerio de Justicia.

Ning¨²n jurista puede desconocer el contexto social, pol¨ªtico e institucional en el que la ley nace, evoluciona y se desenvuelve; por eso trabajamos en una Justicia de las personas, entendi¨¦ndola como un servicio p¨²blico que beneficia tanto al agricultor que necesita mayor protecci¨®n, como al profesional liberal que quiere emplear los medios telem¨¢ticos para dirigirse al juzgado igual que los usa para contactar con sus clientes; o a los propios profesionales que a diario protagonizan el Estado de derecho como jueces, fiscales, abogados, letrados de la Administraci¨®n de Justicia u otros, y que est¨¢n dispuestos a ofrecer lo mejor de s¨ª mismos para impulsar una Justicia pr¨®xima, eficaz, predecible y de calidad.

La apertura del a?o judicial es un buen momento para reflexionar sobre el papel que deben desempe?ar en pro del inter¨¦s general aquellos que tienen responsabilidades institucionales. El deber del Gobierno es otro, pero concurrente: dotar de mejores medios a la Administraci¨®n de Justicia, y sobre todo proponer nuevas y mejores leyes como sin duda se ha hecho durante esta fecunda legislatura. Pero de nada sirven las leyes ni las m¨¢s fundamentadas sentencias si no se aplican. Por eso, debemos seguir trabajando para impulsar las mejoras que sean necesarias, como lo es la reforma en la Ley Org¨¢nica del Tribunal Constitucional.

Estamos llamados a poner la pol¨ªtica al servicio de la Justicia, a garantizar los derechos y libertades de nuestros ciudadanos y, fortaleciendo el Estado de derecho, seguir construyendo juntos esa Espa?a mejor, solidaria y plural que ampara nuestra Constituci¨®n. Nuestro futuro como naci¨®n, la Espa?a de las libertades y del progreso, dependen de este desaf¨ªo colectivo.

Rafael Catal¨¢ Polo es ministro de Justicia.