Crimen sin castigo

No vale nada la vida, la vida no vale nada¡±, es el estribillo de una vieja canci¨®n que expresa el dolor de muchos mexicanos ante la violencia impune que diariamente afecta sus vidas. En una encuesta reciente, el 60% ha declarado su temor a sufrir un asalto o un secuestro. Todos asumimos que, de ser v¨ªctima de un atropello contra la propiedad o la vida, las probabilidades de reparar el da?o y castigar al delincuente son del 1%. Por eso nadie denuncia.

El problema de la criminalidad impune viene de muy atr¨¢s. Tiene su ra¨ªz en la debilidad institucional en materia de procuraci¨®n e impartici¨®n de justicia a todo lo largo del siglo XX. Nunca pareci¨® necesario consolidar esas instituciones, entre otras cosas por una raz¨®n hist¨®rica: la Revoluci¨®n mexicana (que entre 1910 y 1920 dej¨® centenares de miles de muertos y una prolongada estela de impunidad) qued¨® grabada en la memoria colectiva como un mito terrible. Si la violencia ten¨ªa como origen la injusticia social, el Estado nacido de esa revoluci¨®n sinti¨® como obligaci¨®n principal repararla. As¨ª naci¨® el concepto de ¡°justicia social¡±, entendida como la capacidad de distribuir la riqueza (sobre todo la tierra, pero tambi¨¦n empleos, cr¨¦ditos, prebendas, concesiones), a cambio de apoyo pol¨ªtico. Este ¨¦nfasis vaci¨® de sentido a la justicia sin m¨¢s.

El Estado mexicano era fuerte para comprar lealtades, reprimir a los disidentes pol¨ªticos, controlar a los delincuentes; ya sea ali¨¢ndose con ellos o, en ¨²ltima instancia, elimin¨¢ndolos. Pero era d¨¦bil en lo que no ten¨ªa consecuencias pol¨ªticas. Los delitos se atend¨ªan en Estados y municipios, pero cuando se volv¨ªan visibles en un nivel nacional, el presidente o el procurador general (que era y sigue siendo su subordinado) amenazaba con el cese a la autoridad local (aunque te¨®ricamente hubiese sido electa por votaci¨®n popular), que por ese motivo sol¨ªa resolver el problema. Y la pir¨¢mide de poder funcionaba: de 1930 hasta fines del siglo XX, la tasa de criminalidad baj¨® de 65 a 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. El poder presidencial ejerc¨ªa y administraba el uso leg¨ªtimo (e ileg¨ªtimo) de la violencia. Era temible y lo parec¨ªa.

Pero esa misma politizaci¨®n de la justicia inhibi¨® el desarrollo de las profesiones ligadas a su procuraci¨®n e impartici¨®n: ministerios, fiscal¨ªas, agentes investigadores, peritos de toda ¨ªndole, jueces. Tampoco las diversas polic¨ªas y los sistemas carcelarios se modernizaron en absoluto. Aun la Suprema Corte fue un ap¨¦ndice del Ejecutivo hasta fines del siglo XX.

La reacci¨®n de Calder¨®n fue lanzar una ofensiva casi desesperada por recuperar territorios

Con ese pasado a cuestas, ?qu¨¦ pod¨ªamos esperar? Carentes de instituciones, personal, pr¨¢cticas y tradici¨®n jur¨ªdica, sobre todo en el ¨¢mbito criminal, entramos a la primera d¨¦cada del siglo XXI confiados en que la democracia electoral reci¨¦n conquistada abrir¨ªa un mundo de paz, orden y legalidad. Pero, al quebrar el monopolio pol¨ªtico del presidente (columna vertebral del sistema pol¨ªtico), la democracia ¡ªbienvenida por todos motivos¡ª tuvo el efecto centr¨ªfugo de liberar de toda tutela a los gobiernos locales, que sin la presi¨®n del poder central dejaron el combate contra el crimen a instancias federales (sobre todo el Ej¨¦rcito y la Marina), insuficientes para la inmensa tarea y que han estado inc¨®modas en asumirla, porque es ajena a su misi¨®n central.

El proceso democr¨¢tico de M¨¦xico coincidi¨® con varios fen¨®menos: el debilitamiento del narco en Colombia y el consecuente fortalecimiento de los narcos mexicanos, el ascenso del consumo y el precio de la coca¨ªna en Estados Unidos, y el levantamiento de la veda de compra de armas decretado por Bush en 2004. La reacci¨®n del Gobierno de Calder¨®n en 2007 fue lanzar una ofensiva casi desesperada por recuperar territorios en manos del narco, lo cual contribuy¨® fatalmente a escalar las confrontaciones de los grupos criminales, entre ellos y contra las fuerzas federales o las polic¨ªas locales, a veces coludidas con los delincuentes. Desde entonces, la incesante ola de violencia se expandi¨® del comercio de drogas a todos los giros criminales: secuestros, extorsiones, asaltos, asesinatos, robo de combustible en oleoductos, tr¨¢fico de personas, delitos de toda ¨ªndole. Entre 2008 y 2011 la tasa de homicidios subi¨® de 9 a 24 por cada 100.000 habitantes. Ha sido un hurac¨¢n de violencia y, aunque los ¨ªndices han disminuido un poco, contin¨²a.

?Por d¨®nde empezar? Por despenalizar las drogas, opina un sector creciente pero a¨²n no mayoritario (29%) de la opini¨®n p¨²blica. La Suprema Corte ha dado ya el paso hist¨®rico en ese sentido, al permitir su uso. Por su parte, el respetado ensayista Gabriel Zaid (que se ha caracterizado por el sentido pr¨¢ctico de sus propuestas: desde los a?os setenta fundament¨® la idea de los microcr¨¦ditos y el apoyo en efectivo a la poblaci¨®n pobre) ha sugerido empezar por las c¨¢rceles. Si el Estado mexicano ¡ªescribe Zaid¡ª no puede controlar las c¨¢rceles (una mil¨¦sima parte del territorio mexicano), ?c¨®mo pretende controlar el resto? Hay 416 c¨¢rceles y 244.960 reos en el pa¨ªs. 154 de esos centros est¨¢n sobrepoblados, debido a la alta proporci¨®n de reos procesados pero no sentenciados (42%). Las c¨¢rceles no solo son porosas (hay fugas continuas) y corruptas (casi un cogobierno entre reos y autoridades) sino violentas e inseguras. Y son escuelas del crimen donde se opera gran parte de la extorsi¨®n telef¨®nica. Entre las medidas pr¨¢cticas que propone Zaid est¨¢ la soluci¨®n legal masiva que pudiera liberar a los delincuentes menores, auditor¨ªas internacionales a los penales (instalaciones, equipos, pr¨¢cticas), monitoreo de llamadas telef¨®nicas, certificaci¨®n semestral de funcionarios, inspecci¨®n sistem¨¢tica de comisiones de Derechos Humanos.

La construcci¨®n ¡ªcasi desde cero¡ª de un aparato de justicia llevar¨¢ una generaci¨®n

El problema jur¨ªdico mexicano no es legislativo. Una avanzada reforma constitucional introdujo en 2012 el sistema de juicios orales que busca hacer expedita y transparente la justicia. Este sistema se est¨¢ instrumentando ya en algunos Estados y debe entrar en vigor a nivel nacional a mediados de 2016. Otra reforma constitucional prev¨¦ para 2018 el establecimiento de una Fiscal¨ªa federal aut¨®noma. Varias instituciones aut¨®nomas funcionan bien en M¨¦xico. Pero est¨¢ por verse si el presidente renunciar¨¢ de verdad a su dominio sobre la procuraci¨®n de justicia. Si ocurre, ser¨ªa un gran paso: la Fiscal¨ªa aut¨®noma podr¨ªa recibir apoyo internacional para el entrenamiento de funcionarios de todo nivel, incluidas las polic¨ªas, cuyos vicios y limitaciones son abismales.

La construcci¨®n ¡ªcasi desde cero¡ª de un aparato de justicia llevar¨¢ una generaci¨®n. En M¨¦xico, la transformaci¨®n no depende ¨²nicamente del presidente en turno. Tambi¨¦n requiere que la sociedad civil participe de manera consistente en la edificaci¨®n y vigilancia de las instituciones, los funcionarios y las pr¨¢cticas. Los medios, las escuelas y universidades deber¨¢n emprender un vasto programa de educaci¨®n c¨ªvica y judicial.

Nada nos urge m¨¢s en M¨¦xico que recobrar el valor de la vida.

Enrique Krauze es escritor y director de la revista Letras libres.