Elecciones libres y fracaso democr¨¢tico

Uno. Las elecciones libres no garantizan necesariamente el respeto del principio democr¨¢tico. Nuestra ley electoral es un ejemplo de fracaso democr¨¢tico. Basta repasar los resultados electorales del 20 de diciembre para comprobarlo.

Antes conviene recordar que democracia proviene de los vocablos demos, pueblo, y kr¨¢tos, poder o gobierno. Es decir, el origen y la justificaci¨®n del poder reside en el pueblo. Ni dioses, ni reyes, ni sabios, ni antepasados, ni fuegos, ni rayos, justifican ning¨²n gobierno. La voluntad del pueblo soberano, es la ¨²nica fuente originaria del poder y del gobierno. Aprobar normas de convivencia, aplicarlas e imponer por la fuerza su cumplimiento son facultades que corresponden, en un Estado moderno, al poder legislativo, ejecutivo y judicial. Poderes que son expresi¨®n de esa voluntad soberana y, por tanto, act¨²an por delegaci¨®n.

Hoy, la democracia directa de la polis griega, ha sido sustituida por la indirecta o parlamentaria: el pueblo soberano elige, por mayor¨ªa, a sus representantes y, ¨¦stos, por delegaci¨®n, ejercen los tres poderes del Estado.

Siendo todos los ciudadanos iguales ante la ley, al formar la mayor¨ªa, el voto de todos y cada uno de los votantes debe tener el mismo valor. Un ciudadano un voto. Es obvio que esa ecuaci¨®n de identidad debe trasladarse a la elecci¨®n de los representantes, a los que ejercen el poder por delegaci¨®n.

Lamentablemente, en las democracias actuales el ciudadano se limita a ejercer la soberan¨ªa en un solo acto y cada cuatro a?os: cuando se convocan las elecciones para elegir a sus representantes parlamentarios. De todo lo dem¨¢s, acci¨®n legislativa, de gobierno y jurisdiccional, ha sido excluido radicalmente. Si acaso en alg¨²n refer¨¦ndum ocasional se pregunta directamente su opini¨®n, y a veces ni siquiera es vinculante. Se trata de una grave perversi¨®n del sistema, pues la democracia indirecta o parlamentaria ha yugulado la democracia original y directa, cuando los modernos medios inform¨¢ticos permiten trasladar la decisi¨®n de no pocas cuestiones cruciales a los ciudadanos.

Las elecciones generales han costado 120 millones de euros y con ese presupuesto se pueden organizar cuarenta consultas en cuatro a?os, gracias a las nuevas tecnolog¨ªas. Ese grave d¨¦ficit democr¨¢tico puede y debe ser corregido sin demora.

Dos. Las consideraciones anteriores, por elementales y bien sabidas deben ser recordadas al abordar el problema de la relaci¨®n entre ley electoral y principio democr¨¢tico. Porque nuestra ley electoral rompe abiertamente la ecuaci¨®n democr¨¢tica, un ciudadano un voto, produciendo graves distorsiones en el sistema.

Vayamos a los datos. UP 922.579 votos y 2 esca?os. ER 599.289 votos y 9 esca?os. DiL 565.501 votos y 8 esca?os. PNV 301.585 votos y 6 esca?os.

Cualquier ni?o de primaria que sepa dividir deduce que los votantes de UP han sido proporcionalmente castigados. Correlativamente, los votantes de ER, DiL y PNV han sido generosa e injustamente favorecidos. ?La desproporci¨®n es alarmante y supera todo lo razonable!

Tomando por verdad que para el PNV 300mil votos le proporcionan 6 esca?os, a UP con 1mill¨®n de votos, es decir, 3 veces m¨¢s, se le deben asignar 18 esca?os, pero la ley electoral le acaba de reconocer solo 2 diputados.

Algo parecido sucede si comparamos ER y UP, la proporci¨®n en votos es aproximadamente de 1 a 2 pero en esca?os de 2 a 9. Semejante resulta la comparaci¨®n entre DiL y UP, la relaci¨®n es de 1 a 2, pero en esca?os de 2 a 4. En definitiva, a UP un esca?o le ha costado 411.289 votos, a ER 66.587, a DiL 70.687 y al PNV 50.264 votos.

?Con estos resultados d¨®nde queda el principio un ciudadano un voto?

Tres. El an¨¢lisis no tiene fisuras y debe ser tomando muy en serio, al margen de otras consideraciones. No obstante, a?adir¨¦ tres observaciones m¨¢s.

a) La comparaci¨®n aritm¨¦tica afecta a partidos pol¨ªticos que, por un lado, ER, DiL y PNV, son locales, independentistas y contrarios a la Constituci¨®n espa?ola, y por el otro, UP, es un partido no local, y bien repartido a lo largo y ancho de la geograf¨ªa espa?ola. Dicho de otro modo, en las elecciones al Congreso de los Diputados, ofrece una dispersi¨®n digna de mejor fortuna. Lo digo porque UP recoge sensibilidades de asturianos, canarios, vascos, catalanes, madrile?os y as¨ª en todas las comunidades aut¨®nomas. En contraste con los otros que se concentran exclusivamente en Catalu?a y el Pa¨ªs Vasco. Es m¨¢s, ni siquiera se presentan en todos los distritos electorales. Requisito que pudiera exigirse en una ley electoral reformada, aprobada tan democr¨¢ticamente como la vigente.

De ser as¨ª desparecer¨¢n de repente los partidos sin amplio espectro nacional. ?Y por qu¨¦ no, si hablamos de elecciones a la c¨¢mara baja del parlamento del Estado espa?ol? Cuesti¨®n distinta es cuando se eligen senadores, representantes de la Espa?a territorial. Reconozco que esta es cuesti¨®n altamente pol¨¦mica y puede desviar el mensaje principal.

b) Los grandes partidos tambi¨¦n se benefician de la vigente ley electoral. Los datos son elocuentes, cotejando partidos con implantaci¨®n en todo el territorio. Un esca?o le ha costado al PP 58.633 votos, al PSOE 61.431, a la coalici¨®n Podemos 75.175 y a Ciudadanos 87.451 votos. Cuanto m¨¢s votos, m¨¢s esca?os y a menor coste. Correlativamente, a medida que disminuye el tama?o en votos cuesta m¨¢s votos obtener un diputado. La diferencia entre PP y C¡¯s es de 28.819 votos. Por tanto, la desigualdad se confirma por arriba y por abajo.

c) La tercera reflexi¨®n va directamente al coraz¨®n de la reforma, clave para el buen funcionamiento del sistema democr¨¢tico. ?C¨®mo trasladar el principio democr¨¢tico ¡°un ciudadano, un voto¡± a la ley electoral?

Basta con suprimir las 52 circunscripciones electorales y convertirlas en una sola.

S¨ª. El distrito electoral ¨²nico es el sistema m¨¢s garantista del citado principio democr¨¢tico. Luego se podr¨¢n discutir flecos como el reparto de los restos; si aplicamos o no la proporcionalidad de la ley D¡¯Hont; si las encuestas deben marcar el espacio publicitario; si para concurrir se exige una determinada implantaci¨®n territorial o un porcentaje m¨ªnimo de firmas, etc.

Cuatro. Admitido lo anterior no queda sino concluir apuntando c¨®mo y cu¨¢ndo se ha de hacer la reforma.

Desde luego no ser¨¢ f¨¢cil visto que reformar la LOREG exige una mayor¨ªa reforzada por ser una ley org¨¢nica, y los partidos mayoritarios, supongo, no querr¨¢n modificar un sistema que les favorece abiertamente. M¨¢s oposici¨®n har¨¢n los partidos nacionalistas, que merman, y quiz¨¢s pierdan el grupo parlamentario.

Pero si queremos ser dem¨®cratas de verdad, sin miedo a devolver el poder genuino al pueblo soberano, pregunt¨¦mosle. Convoquemos un refer¨¦ndum vinculante para que el pueblo espa?ol decida si quiere o no un distrito electoral ¨²nico para defender el principio de igualdad, que en t¨¦rminos electorales significa, un ciudadano un voto.

Ignacio Arroyo Mart¨ªnez es catedr¨¢tico de Derecho mercantil.