?Y si miramos a Quebec?

A prop¨®sito del independentismo catal¨¢n se lanzan conceptos y propuestas con poca precisi¨®n en sus contenidos. A nuestro entender, el refer¨¦ndum de unos o el federalismo de otros se invocan pero no se concretan. Adem¨¢s, el proclamado ¡°derecho a decidir¡± es un invento aut¨®ctono que no existe en derecho internacional. Existe el derecho a la autodeterminaci¨®n, s¨ª, pero en nuestra democracia no estamos en el caso de la liberaci¨®n de un pa¨ªs colonizado y oprimido por otro. De ning¨²n modo Catalu?a es la colonia de una Espa?a opresora, aunque prestigiosos historiadores lo prediquen. Al contrario, estamos embarcados en el Estado democr¨¢tico y social que todos hemos construido desde la elaboraci¨®n y posterior desarrollo de la Constituci¨®n de 1978.

Si algo ense?a la historia es que el cambio es una constante que define toda sociedad. No hay ninguna naci¨®n eterna y el concepto de identidad es tan vol¨¢til e inaprensible que permite fabricar espejos hist¨®ricos a la medida de cualquier nacionalismo, del espa?ol tambi¨¦n. El joven catal¨¢n de hoy comparte las mismas referencias culturales que el joven extreme?o o que el joven neoyorkino. Nada tiene en com¨²n con el joven catal¨¢n de 1714, salvo que hagamos de la lengua la esencia identitaria que marca el comportamiento de una colectividad. Pero no es momento de analizar lo que separa por encima de lo que une a cada identidad. Los resultados electorales del 27-S en Catalu?a y del 20-D en toda Espa?a confirman la exigencia ciudadana de postergar las intransigencias nacionalistas, sean espa?olistas o catalanistas. Cuando las realidades cambian, las ideas y las instituciones deben cambiar. Si en democracia est¨¢ casi todo inventado ?por qu¨¦ no mirar a pa¨ªses m¨¢s experimentados en f¨®rmulas de convivencia plurinacional? Canad¨¢ ofrece un buen ejemplo y su Ley de Claridad podr¨ªa servirnos.

Aunque es muy restrictivo el art¨ªculo 92 de nuestra Constituci¨®n sobre el refer¨¦ndum como mecanismo de democracia directa, caben la interpretaci¨®n flexible y la reelaboraci¨®n de la Ley Org¨¢nica que lo desarroll¨® en 1980. Los parlamentarios elegidos el 20-D saben que los ciudadanos no les han dado mayor¨ªa para imponer una decisi¨®n. Tienen el mandato de hablar, esto es, de ¡°parlamentar¡±. Por eso pensamos que puede ser ¨²til mirar hacia la Ley de Claridad canadiense. La realidad es palpable: la mitad de la ciudadan¨ªa catalana piensa que no tiene acomodo en esta Espa?a actual. No toca analizar los motivos sino escuchar ese sentir, una obligaci¨®n para cualquier dem¨®crata, aunque est¨¦ en desacuerdo con tal af¨¢n.

El joven catal¨¢n de hoy comparte las mismas referencias culturales que el joven extreme?o o que el joven neoyorkino

En Canad¨¢, la sentencia de agosto de 1998 de la Corte Suprema precedi¨® a la Ley de Claridad. En aquella se estableci¨® que una parte de un Estado democr¨¢tico no gozaba del derecho a separarse unilateralmente y obligaba a cumplir la Constituci¨®n hasta que se acordase y finalizase la ruta de separaci¨®n, si se ganaba el refer¨¦ndum. Esto es decisivo. Los partidarios de la independencia catalana tienen que ser democr¨¢ticamente coherentes con las normas de las que emana el poder de la Generalitat, que no son sino las derivadas de la Constituci¨®n de 1978. En la Ley de Claridad se concretaron otras obligaciones. Ante todo, que en esa negociaci¨®n deb¨ªan participar ¡°todas las provincias y las primeras naciones¡± reconocidas en Canad¨¢, que el acuerdo de secesi¨®n deb¨ªa plasmarse en una enmienda a la Constituci¨®n y que, por su parte, la comunidad segregada respetar¨ªa ¡°los derechos de las minor¨ªas¡± en el nuevo Estado por constituir.

En nuestro caso corresponder¨ªa al Parlamento que representa a todos los espa?oles, catalanes incluidos, abordar esa posible Ley de Claridad y acordar la pregunta clara y precisa que deber¨ªa hacerse a los catalanes, as¨ª como la mayor¨ªa necesaria para adquirir un nivel rotundamente leg¨ªtimo de apoyo. En Canad¨¢ se estipul¨® que nunca ser¨ªa una mayor¨ªa ¡°incierta y fr¨¢gil¡±, pues ¡°la secesi¨®n se considera un acto grave y probablemente irreversible, que afecta a las generaciones futuras¡±. En Canad¨¢ se ha respetado esta Ley de Claridad, a pesar de desacuerdos en su interpretaci¨®n por parte de Quebec. No hay que copiar literalmente una ley sino mirarse en el espejo de un pa¨ªs que tiene la experiencia de organizar distintas nacionalidades en un Estado federal. Para esto sirve la historia, para aprender de otros pueblos a convivir situando los valores de solidaridad democr¨¢tica por encima de sus diferentes identidades.

Eduardo Manzano Moreno es profesor de Investigaci¨®n del Consejo Superior de Investigaciones Cient¨ªficas y Juan Sisinio P¨¦rez Garz¨®n es catedr¨¢tico en la Universidad de Castilla-La Mancha.