Que se haga justicia

Todav¨ªa resuenan los ecos de los agoreros que aseguraban que un familiar del Rey nunca se sentar¨ªa en el banquillo, y mucho menos una hija o hermana del Monarca. Tambi¨¦n los de quienes sab¨ªan de buena fuente que estaba todo arreglado y que jueces y fiscales se iban a plegar ante el poder pol¨ªtico e institucional. Nada m¨¢s lejos de la realidad. Hoy se inicia en Palma de Mallorca el juicio oral por el caso N¨®os,al que acudir¨¢n la infanta Cristina; su marido, I?aki Urdangarin, y otras 16 personas. Todos en calidad de acusados y todos con la misma presunci¨®n de inocencia hasta que se dicte sentencia.

Tres magistradas presidir¨¢n una sala en la que se juzgan varias decenas de delitos vinculados a la corrupci¨®n, por los que se solicitan penas de prisi¨®n. Hay cerca de 600 periodistas acreditados para asistir a un juicio que roz¨® el espect¨¢culo en la fase de instrucci¨®n. Los entonces imputados tuvieron que hacer el pase¨ªllo una y otra vez en un juzgado de Instrucci¨®n de la capital balear, ocupando espacios hasta ahora nunca vistos en los medios de comunicaci¨®n nacionales e internacionales.

Tras muchas investigaciones, interrogatorios, pruebas periciales, autos, recursos y resoluciones m¨¢s o menos pol¨¦micas, 14 hombres y 4 mujeres se sientan hoy en el banquillo, sin diferencias ni privilegios. Es una demostraci¨®n de que, aunque lenta, la justicia funciona en nuestro pa¨ªs como un poder independiente y profesional, a pesar de los escasos medios con los que cuenta y de las muchas presiones que recibe.

Una de las primeras decisiones que deber¨¢n tomar las magistradas Samantha Romero, Roc¨ªo Mart¨ªn y Eleonor Moy¨¤ es si es aplicable o no la llamada doctrina Bot¨ªn a la infanta Cristina. Esta doctrina, aplicada en su d¨ªa al entonces presidente del Banco Santander, Emilio Bot¨ªn, ha sido esgrimida por los abogados de la hermana del Rey e implica que si la Fiscal¨ªa y la Abogac¨ªa del Estado no acusan de un delito que afecta al propio Estado y tan solo hay una acusaci¨®n popular, no debe juzgarse.

La sala tendr¨¢ que determinar si Cristina de Borb¨®n deber¨¢ someterse a juicio, como los otros 17 acusados, o si deja el banquillo sin ser interrogada, como solicitan sus abogados y el fiscal anticorrupci¨®n, en representaci¨®n del Estado. Es una decisi¨®n que, como las adoptadas desde que el 29 de diciembre de 2011 se llam¨® a declarar como imputado a I?aki Urdangarin, tendr¨¢n que tomar los responsables judiciales con profesionalidad e independencia. Y, decidan lo que decidan las magistradas, el fallo deber¨¢ ser asumido como una muestra m¨¢s de que la justicia funciona.

2016 ser¨¢ escenario de juicios por algunos de los casos de corrupci¨®n m¨¢s sonados. Asuntos que afectan a pol¨ªticos, empresarios, funcionarios, sindicalistas y ciudadanos de a pie. Hay que pedir a la justicia igual trato para todos y respetar sus decisiones. La separaci¨®n de poderes es uno de los pilares de nuestra democracia

Este no es un juicio a la Corona espa?ola, como han pretendido algunos. Se juzga a individuos por los actos cometidos, no a la instituci¨®n. Sin embargo, la Corona debe ser consciente de la importancia que tiene su conexi¨®n con las emociones de la sociedad, su implicaci¨®n en los asuntos que afectan a los ciudadanos y la necesidad de hacerse presente en los tiempos dif¨ªciles.