La huella de la corrupci¨®n en Espa?a

Poco antes de que el alcalde fuera detenido, me metieron en un despacho y me pusieron delante un informe. Era el mismo que yo hab¨ªa redactado, pero sin los p¨¢rrafos en los que desaprobaba expresamente la operaci¨®n urban¨ªstica. El alcalde les daba las ¨®rdenes por tel¨¦fono: ¡®Que no se levante hasta que haya firmado¡¯. Ante mi negativa, el secretario del Ayuntamiento me agarr¨® de la mu?eca, me coloc¨® el bol¨ªgrafo en la mano y trat¨® de obligarme a firmar.

Todo el mundo callaba¡±. Lo cuenta Maite Carol, 42 a?os, economista y entonces interventora municipal en Santa Coloma de Gramenet. Los guardias civiles que ten¨ªan pinchados los tel¨¦fonos del alcalde registraron este airado comentario: ¡°No ha firmado, la puta esa ha salido llorando, hay que echarla¡±. Es lo que hizo el alcalde.

El caso Pretoria, destapado hace seis a?os, es una muestra reveladora de corrupci¨®n multipartidista, un ejemplo de c¨®mo la codicia re¨²?ne, incluso, a pol¨ªticos de ideolog¨ªas contrapuestas en el saqueo de las arcas p¨²blicas. En los fraudes urban¨ªsticos del ¨¢rea metropolitana de Barcelona se dieron cita los prohombres de Converg¨¨ncia: Llu¨ªs Prenafeta y Maci¨¤ Alavedra, figuras clave en los Gobiernos de Pujol; el diputado auton¨®mico socialista Luis Andr¨¦s Garc¨ªa, Luigi, y dirigentes menos notorios del PP. Seg¨²n la Fiscal¨ªa, ¡°formaban un entramado dirigido a manipular las adjudicaciones p¨²blicas de varias operaciones urban¨ªsticas¡± a cambio de ¡°cuantiosas comisiones que ocultaban a trav¨¦s de sociedades interpuestas¡±.

La investigaci¨®n puso tambi¨¦n de relieve que en los ¨¢mbitos empresariales inmobiliarios estaba asumido que, para obtener la adjudicaci¨®n de proyectos en una serie de municipios, ¡°hab¨ªa que contar con la autorizaci¨®n mediata de Luis Andr¨¦s Garc¨ªa¡±. Dice la Fiscal¨ªa que el diputado del PSC manten¨ªa una relaci¨®n tan intensa y estrecha con su correligionario el alcalde de Santa Coloma de Gramenet y vicepresidente de la Diputaci¨®n de Barcelona, Bartolom¨¦ Mu?oz, que ¡°de facto, era ¨¦l quien dirig¨ªa y tomaba muchas de las decisiones urban¨ªsticas¡±, luego refrendadas por la alcald¨ªa.

Los espa?oles son los europeos que mayor corrupci¨®n perciben

La acusaci¨®n juzga evidente que el alcalde de Santa Coloma cobr¨® dos millones de euros en comisiones por una operaci¨®n que impidi¨® a su municipio ingresar 14 millones de euros. La pluralidad pol¨ªtica de sus integrantes permit¨ªa a la trama operar en Ayuntamientos de signo ideol¨®gico diferente. ?Es posible que las direcciones de los partidos ignoraran estos comportamientos ¡°asumidos¡± por el empresariado?

Este es el testimonio de Itziar Gonz¨¢lez, arquitecta y urbanista que ejerci¨® de concejal independiente en el distrito barcelon¨¦s de Ciutat Vella entre 2007 y 2010. ¡°Detect¨¦ la existencia de una red de corrupci¨®n en los servicios t¨¦cnicos y jur¨ªdicos que actuaba en complicidad con agentes privados del sector tur¨ªstico. Recib¨ª todo tipo de presiones. Me dejaban cartas con amenazas de muerte en el buz¨®n y una vez entraron en mi casa. Revolvieron todo en busca de informes relacionados con mi trabajo, inspeccionaron mi ordenador y se llevaron alg¨²n material. Pero, sobre todo, fue un aviso. Quer¨ªan decirme que si yo segu¨ªa obstaculizando su proyecto, ellos estaban dispuestos a ir m¨¢s lejos¡±. Algunas de estas experiencias denunciadas en el documental Corrupci¨®n, el organismo nocivo, producido por Pandora Box TV, resultan extrapolables al conjunto de Espa?a. Entre los ciudadanos m¨¢s conscientes del fen¨®meno y entre los profesionales que lo combaten ha ido ganando cuerpo la idea de que si el problema no ha pasado a mayores y adoptado un cariz manifiestamente violento, mafioso, en nuestro pa¨ªs es porque la Judicatura y los Cuerpos de Seguridad del Estado se han mostrado altamente impermeables a la penetraci¨®n de las tramas corruptas.

Hay un millar largo de pol¨ªticos con causas abiertas por corrupci¨®n pese a que contamos con la asombrosa cifra de 17.621 cargos p¨²blicos aforados que no pueden ser juzgados por los tribunales ordinarios y disponen de un privilegiado blindaje que, a menudo, les libra de las pesquisas judiciales. De los 2.173 casos que en abril de 2013 estaban clasificados como ¡°complejos¡± por el Consejo General del Poder Judicial, 1.661 est¨¢n relacionados con casos de corrupci¨®n o de delitos econ¨®micos. Los jueces no dan abasto. Llevan a?os reclamando sin resultado m¨¢s medios y refuerzos. ¡°El ¨²ltimo juzgado de la Audiencia Nacional se cre¨® hace 20 a?os. Tenemos 11 jueces por cada 100.000 habitantes cuando en la UE cuentan con 21. La falta de medios es deliberada¡±, asegura un antiguo fiscal que abandon¨® su carrera, desalentado, por la politizaci¨®n de las altas instancias judiciales. No es una opini¨®n aislada, como no lo es el temor a que la reducci¨®n a 18 meses del plazo de instrucci¨®n, aprobada recientemente, acarree la impunidad de los delincuentes de cuello blanco implicados en casos graves y complejos que, por lo general, requieren el env¨ªo de comisiones rogatorias a otros pa¨ªses.

Los partidos han blindado a los suyos frente a la justicia

El Eurobar¨®metro de 2013 mostr¨® que los espa?oles son los europeos que m¨¢s corrupci¨®n perciben en su esfera pol¨ªtica. El 84% de ellos cree que los partidos son corruptos y el 72% dice lo mismo de sus pol¨ªticos. Es un r¨¦cord que deja muy por detr¨¢s a Italia. M¨¢s a¨²n: seg¨²n la encuesta de Metroscopia de enero de 2013, el 95% de los preguntados cree que el sistema favorece la impunidad de los corruptos. En la Espa?a de nuestros d¨ªas se cruzan apuestas del tipo: ¡°?Pagar¨¢ realmente la c¨²pula del PP por el caso G¨¹rtel?¡±; ¡°?llegar¨¢ a ingresar la infanta en la c¨¢rcel?¡±. Por cambiantes que pueden llegar a ser los juicios morales y los estados de opini¨®n en estos asuntos altamente expuestos a la efervescencia medi¨¢tica, estamos ante un problema mayor que devora el cr¨¦dito de partidos e instituciones y ataca los cimientos mismos de la democracia. Y es que, de un tiempo a esta parte, la mirada de la opini¨®n p¨²blica busca y no halla en el firmamento de las ¨¦lites colectivos intachables, libres de toda sospecha. No lo est¨¢n los pol¨ªticos profesionales, pero tampoco las organizaciones empresariales, que tienen a parte de sus antiguos dirigentes procesados, los altos directivos financieros, las organizaciones sindicales¡­

?Espa?a es un pa¨ªs corrupto? El largo rosario de esc¨¢ndalos que como minas de efecto retardado han ido estallando en los ¨²ltimos a?os ha desenterrado el viejo estigma del pa¨ªs condenado fatalmente a repetir sus desverg¨¹enzas y a renovar el g¨¦nero literario de la picaresca que invent¨®, con propiedad, en su Siglo de Oro. Repasar esta faceta de la historia espa?ola es un ejercicio tan desconcertante como equ¨ªvoco en la medida en que puede hacernos creer que nos contemplamos en el mismo espejo del pasado y que este es un problema que forma parte del ADN nacional.

El precio de la honestidad

Camino de Santiago, a la altura de Burgos, un hombre de mediana edad que viaja con su hija de siete a?os hace un alto en el camino y entabla conversaci¨®n con una peregrina checa. Hablan de sus castigados pies y del peso de sus mochilas. Nuestro hombre, inspector de cursos de formaci¨®n para parados, le confiesa que ¨¦l carga desde hace meses con un abrumador dilema moral. Le dice: ¡°La duda me carcome las entra?as porque me juego el puesto de trabajo. Es como si en la mochila transportara dos agotadores informes: en uno, autorizo con mi firma los pagos de los ¨²ltimos cursos de formaci¨®n; en el otro, los deniego por fraude de ley y denuncio las pr¨¢cticas sistem¨¢ticas de desv¨ªo del dinero p¨²blico. Estoy solo en este asunto, ?qu¨¦ har¨ªa usted?¡±. ¡°Evitar¨ªa cometer actos que tuviera que ocultar a las siguientes generaciones¡±, responde la peregrina con la mirada puesta en la ni?a. ¡°Esas palabras terminaron por decidirme. Regres¨¦ a Barcelona y me negu¨¦ a firmar las autorizaciones de pago de los cursos, pese a las presiones de mis jefes del Servei d¡¯Ocupaci¨®. Perd¨ª mi empleo, pero me qued¨¦ con la conciencia tranquila. Seg¨²n mis c¨¢lculos, el fraude masivo en los cursos de formaci¨®n, financiados en su mayor parte por la UE, ascienden en Espa?a a unos 500 millones de euros¡±, asegura Carlos Mart¨ªnez Vi?a.

¡°El gobierno de Espa?a es el m¨¢s perfecto que pudieron imaginar los antiguos legisladores, pero la corrupci¨®n de los tiempos ha ido llen¨¢ndole de abusos. Desde el pobre hasta el rico, todo el mundo consume y devora la hacienda del rey; los unos, a peque?os bocados; la nobleza, a boca llena; y en cuanto a los grandes, en cantidades fabulosas¡±, dej¨® escrito el que fuera embajador de Venecia en Madrid durante los a?os 1681-1682, Giovanni Cornaro. En su obra El laberinto espa?ol, el hispanista ingl¨¦s Gerald Brenan nos describe un cuadro de situaci¨®n correspondiente a 1840 que puede resultarnos igualmente familiar. ¡°No eran solo los empleos del Estado los que ca¨ªan dentro de la influencia de los partidos. Los principales intereses industriales de Espa?a, sobre todo bancos y ferrocarriles, estaban muy estrechamente ligados a la pol¨ªtica; de los pol¨ªticos depend¨ªa el que se considerasen favorablemente sus intereses, mientras que los pol¨ªticos a su vez depend¨ªan de ellos en lo que concierne a puestos en consejos de administraci¨®n y cargos lucrativos para los miembros de sus familias¡±.

Que los ricos han burlado casi todos sus impuestos en Espa?a a lo largo de la historia es un apunte repetido por los cronistas de ¨¦poca. En 1902, el ministro de Agricultura declar¨® en el Senado que el fraude fiscal por la propiedad se situaba entre el 50% y el 80% porque las grandes haciendas no pagaban nada. Un tercio de los impuestos cobrados se lo quedaban los agentes encargados de recaudarlos. As¨ª que, en efecto, Espa?a tiene amplios antecedentes de corrupci¨®n pol¨ªtica. ¡°Todo est¨¢ podrido en Espa?a menos el coraz¨®n de la gente pobre¡±, dej¨® escrito el historiador brit¨¢nico Napier.

Una fugaz mirada retrospectiva al franquismo nos devuelve al predominio absoluto de las viejas clases dominantes asociadas a las oligarqu¨ªas financieras e industriales que supl¨ªan la debilidad estructural del capitalismo espa?ol con las ventajas que les ofrec¨ªa el paraguas del r¨¦gimen. El ¡°enemigo p¨²blico n¨²mero uno¡± era el robagallinas, primero, y atracador, despu¨¦s, Eleuterio S¨¢nchez, El Lute, en un tiempo en el que los maleantes de cuello blanco, con y sin crucifijo, campaban por sus fueros. La democracia no supo atajar estas sucias pr¨¢cticas y la infecci¨®n silenciosa de la corrupci¨®n ha hecho met¨¢stasis en el sistema hasta el punto de que no hay partido de derechas o de izquierdas, nacionalista o no nacionalista, a salvo de la gangrena. M¨¢s que en la ideolog¨ªa, la diferencia en el grado y la extensi¨®n hay que buscarla en el mayor o menor control del ¨¢mbito institucional ejercido por cada sigla y en las probabilidades de impunidad.

ANTOLOG?A DE GRANDES ESC?NDALOS

Caso Naseiro, la senda del tesorero. La trama corrupta en torno al tesorero del Partido Popular Rosendo Naseiro qued¨® impune en los noventa a pesar de las evidencias. El juez apreci¨® irregularidades en la investigaci¨®n.

Filesa, financiaci¨®n ilegal del psoe. El Tribunal Supremo conden¨® a ocho responsables de crear un conglomerado de empresas que recaud¨® fondos ilegales para las campa?as del PSOE en las elecciones generales y europeas de 1989

Juan Guerra, se disparan las alarmas. El procesamiento por tr¨¢fico de influencias de Juan Guerra (derecha), hermano del vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, sacudi¨® la vida p¨²blica de los ochenta.

Mario Conde, el ¨¢ngel ca¨ªdo. El Banco de Espa?a intervino Banesto, presidido entonces por Mario Conde, el 28 de diciembre de 1993. El proceso termin¨® con penas de c¨¢rcel para los principales responsables de gestionar la entidad bancaria.

Marbella, el estigma interminable. Caso Malaya. Caso Marbella. Caso Camisetas. Caso Atl¨¦tico. Un rosario de causas e implicados, como el empresario Jos¨¦ Mar¨ªa del Nido y los exalcaldes Juli¨¢n Mu?oz y Jes¨²s Gil (de izquierda a derecha).

G¨¹rtel, el bigotes y compa?¨ªa. El caso lleva el nombre del cabecilla de la trama, Francisco Correa, traducido al alem¨¢n. Correa cre¨® un entramado y aprovech¨® sus relaciones con el PP para enriquecerse.

Caso Palau, el rastro de converg¨¨ncia. El desv¨ªo de fondos del Palau de la M¨²sica, presidido por F¨¦lix Millet, acech¨® a Converg¨¨ncia Democr¨¤tica de Catalunya (CDC).

Caso N¨®os, Urdangarin y familia. El juicio por el caso N¨®os, que arranc¨® el pasado 11 de enero, encausa a 18 imputados en la trama con la que I?aki Urdangarin y su socio Diego Torres lograron casi seis millones de euros de dinero p¨²blico

ERE y fraude, desfalco en Andaluc¨ªa. El mayor caso de corrupci¨®n en Andaluc¨ªa desvel¨® una red de fraudes con las subvenciones al desempleo. Arriba, el principal acusado, Francisco Javier Guerrero, exdirector de Trabajo de la Junta.

Caso B¨¢rcenas, la caja B del PP. Luis B¨¢rcenas encabeza la causa derivada del caso G¨¹rtel sobre la existencia de una caja B en el PP controlada por los extesoreros ?lvaro Lapuerta y el mismo B¨¢rcenas.

Al socorrido argumento de que la joven y fr¨¢gil democracia espa?ola necesitaba reforzar financieramente a sus partidos pol¨ªticos para contrarrestar la d¨¦bil afiliaci¨®n y la proverbial inhibici¨®n de la sociedad en la cosa p¨²blica, heredada del franquismo, se le sum¨®, particularmente en los periodos de bonanza econ¨®mica, la teor¨ªa exculpatoria de que un poco de corrupci¨®n viene bien al sistema porque permite engrasar sus estructuras. Ungidos por la legitimidad del voto, los partidos juzgaron pecado venial procurarse una financiaci¨®n paralela a la legal, y sin que se conozca fecha ni lugar suscribieron impl¨ªcitamente un pacto de silencio c¨®mplice que ha seguido vigente hasta nuestros d¨ªas, excepci¨®n hecha del accidental calent¨®n enseguida sofocado: ¡°Tienen un problema y se llama 3%¡±, que el entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, lanz¨® a CiU. Por mucho que siete no sea lo mismo que setenta, la corrupci¨®n ata a unos y otros en el secreto y el temor compartidos a quedar en evidencia ante la opini¨®n p¨²blica.

Aunque la casu¨ªstica es muy variada, lo que empez¨® como una manera de recaudar dinero para las campa?as electorales ¨Cen el caso Filesa, uno de los primeros esc¨¢ndalos del PSOE, no se detect¨® lucro personal¨C, fue derivando en un sistema en el que la b¨²squeda del beneficio individual desempe?a un papel determinante. Eso ha quedado de manifiesto en los sumarios abiertos por la trama G¨¹rtel, la actuaci¨®n de Luis B¨¢rcenas y el fraude de los ERE en Andaluc¨ªa. La captaci¨®n de ¡°empresas amigas¡± dispuestas a hacer generosas ¡°donaciones¡± a cambio de recalificaciones de suelo, adjudicaci¨®n de contratos p¨²blicos o subvenciones viene ahora de la mano de turbios personajes que practican el maridaje entre negocio y pol¨ªtica.

¡°Tenemos 11 jueces por cada 100.000 habitantes; en la UE son 21¡±

El procesamiento por tr¨¢fico de influencias de Juan Guerra, hermano del entonces vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, fue una hoguera que activ¨® algunas alarmas a finales de los ochenta, pero el aldabonazo m¨¢s notorio de que la corrupci¨®n hab¨ªa alcanzado el tu¨¦tano pol¨ªtico vino con este mensaje confidencial: ¡°Estoy en la pol¨ªtica para forrarme¡±, que el dirigente del PP y presidente de la Diputaci¨®n de Valencia Vicente Sanz transmiti¨® en una conversaci¨®n telef¨®nica registrada por la polic¨ªa. Las investigaciones pusieron al descubierto una trama corrupta organizada en torno al tesorero del PP Rosendo Naseiro, que qued¨® impune porque, aunque las evidencias eran abrumadoras, el juez apreci¨® irregularidades formales en la investigaci¨®n.

En aquel tiempo, todav¨ªa cab¨ªa confiar en la capacidad de rectificaci¨®n de las formaciones pol¨ªticas, pero la realidad vino enseguida a demostrar que los prop¨®sitos de enmienda enunciados no podr¨ªan detener la infestaci¨®n. Tampoco el hundimiento en las arenas movedizas de la corrupci¨®n del ¨²ltimo Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez en 1996 supuso el esperado punto de inflexi¨®n general. Los partidos siguieron con sus h¨¢bitos de negar la mayor y blindar a los suyos frente a la justicia. No hubo escarmiento suficiente ni vacuna porque el pulpo de la corrupci¨®n hab¨ªa encontrado tambi¨¦n abrigo en las organizaciones territoriales auton¨®micas y municipales y pod¨ªa mover sus tent¨¢culos con relativa impunidad. La colonizaci¨®n pol¨ªtica de las administraciones e instituciones p¨²blicas permit¨ªa soslayar o desmontar los controles, mientras el electorado, entretenido en el juego del ¡°t¨² m¨¢s¡±, se mostraba bien dispuesto a seguir votando a los corruptos abrigados con las siglas en las candidaturas de listas cerradas. El tiempo medio que los jueces tardan en dictar sentencia en los macroprocesos es de 10 a?os. La justicia lent¨ªsima del tarde, mal y nunca parec¨ªa entonces una amenaza lejana, improbable y en ¨²ltima instancia, siempre cab¨ªa confiar, con fundamento probado, en el indulto gubernamental. Entre 2000 y 2012 ha habido 132 indultos a pol¨ªticos condenados por casos de corrupci¨®n.

Desde los a?os noventa, nuestro pa¨ªs ha ofrecido un vertiginoso carrusel de esc¨¢ndalos de corrupci¨®n y una interminable galer¨ªa de personajes, Jordi Pujol, Ruiz Mateos, Luis Rold¨¢n, Jes¨²s Gil, Javier de la Rosa, Gabriel Urralburu, Mario Conde, Carlos Fabra, Francisco Correa, Jaume Matas, I?aki Urdangarin, F¨¦lix Millet, Francisco Granados, Francisco Javier Guerrero, Luis B¨¢rcenas¡­, en los que el rostro curtido de la sinvergonzoner¨ªa aparece adobado en soberbia y maquillado con fingida indignaci¨®n. Espa?a es un pa¨ªs en el que los delincuentes salen por la televisi¨®n a denunciar con desenvoltura que son objeto de una persecuci¨®n intolerable y a amenazar a quienes los se?alan. En ocasiones, aporta noticias ante las que hay que restregarse los ojos: ¡°Luis B¨¢rcenas sale de prisi¨®n con un permiso para esquiar en Baqueira¡±, ¡°Mensaje de Rajoy a B¨¢rcenas: ¡®Aguanta, Luis¡¯, ¡®s¨¦ fuerte¡±.

Muchos juristas siguen viendo en la actitud de jueces y fiscales restos de la antigua servidumbre debida a las clases acomodadas en el franquismo. ¡°En Espa?a, los tribunales siempre han sido demasiado fuertes con los d¨¦biles y demasiado d¨¦biles con los fuertes¡±, indica un antiguo fiscal que recita de corrido casos en los que potentados de la banca y de la gran empresa como Emilio Bot¨ªn o C¨¦sar Alierta quedaron libres de condena gracias a las modificaciones de los criterios procesales aplicados hasta ese momento o a la habilidosa utilizaci¨®n de los plazos y los recursos. ¡°El voto del ciudadano corriente vale tanto en las urnas como el de un gran financiero, pero a partir de ah¨ª los poderosos ejercen regularmente su influencia en los estamentos de poder¡±, afirma el fiscal.

En el escaparate de la opini¨®n p¨²blica apenas figuran los grupos de intereses que practican la corrupci¨®n legalizada o la ¡°captura del Estado¡±, pese a que existen numerosas huellas de su actividad, desde luego en la pol¨ªtica urban¨ªstica pero tambi¨¦n en los sectores bancario, energ¨¦tico, sanitario y de las telecomunicaciones. ¡°Estos grupos son capaces de comprar regulaciones e incluso leyes a cambio de financiar generosamente al partido en el Gobierno¡±, asegura Manuel Villoria, cofundador de Transparencia Internacional Espa?a. El caso ITV en el que est¨¢ implicado Oriol Pujol Ferrusola ser¨ªa una prueba de c¨®mo se puede sobornar a un pol¨ªtico y conseguir que su grupo parlamentario apruebe en bloque una regulaci¨®n objetivamente lesiva para el ciudadano y la libre competencia. Manuel Villoria echa en falta en las leyes aprobadas recientemente una adecuada regulaci¨®n de los lobbies.

La politizaci¨®n de las altas instancias judiciales ¨C¡°ese magistrado del Constitucional ha sido desleal. Le pusimos nosotros y, sin embargo, ha votado contra nuestra posici¨®n en lo referente al Estatuto catal¨¢n¡±, se indignaba un alto dirigente socialista¨C ha instalado la sombra de la sospecha en la c¨²pula de la Judicatura y la Fiscal¨ªa. ?La actitud de la Fiscal¨ªa en el caso de la infanta Cristina se corresponde escrupulosamente con lo reglamentario? ¡°No hay corrupci¨®n judicial en Espa?a m¨¢s all¨¢ de unos pocos casos aislados. Los tribunales son verdaderamente independientes, y los fiscales, profesionales y poderosos. Le aseguro que el poder pol¨ªtico no frena al fiscal y que cuando el procedimiento se pone en marcha no lo para nadie. Lo que s¨ª tenemos es una justicia muy lenta, que casi es lo peor que se puede decir¡±, sostiene Alejandro Luz¨®n, el fiscal que ha investigado muchos de los grandes esc¨¢ndalos. ¡°Nuestras debilidades legislativas y administrativas son graves, pero esos fallos est¨¢n identificados y se resuelven con prevenci¨®n, transparencia, incompatibilidades en los cargos p¨²blicos y educaci¨®n ciudadana. Hay motivos para ser optimistas porque se ha avanzado mucho en la lucha contra la corrupci¨®n. Descontada la corrupci¨®n pol¨ªtica vinculada a los partidos, no somos, en absoluto, un pa¨ªs corrupto¡±, subraya Luz¨®n.

El alcance de la corrupci¨®n en Espa?a queda sujeto a discusi¨®n, pero a tenor de las encuestas y estudios no puede decirse que la sociedad espa?ola sea corrupta. ¡°Lo que tenemos es, sobre todo, alta corrupci¨®n: la sensaci¨®n de que las empresas deben pagar a los pol¨ªticos o a sus partidos para obtener contratos o beneficios p¨²blicos. Es una corrupci¨®n tan intensa como poco extensa¡±, indica V¨ªctor Lapuente, doctor en Ciencias Pol¨ªticas por la Universidad de Oxford e investigador del Instituto de Calidad de la Universidad de Gotemburgo (Suecia). ¡°Aqu¨ª no hay riesgo de que la polic¨ªa te pare y te pida dinero o que tengas que sobornar para recibir asistencia m¨¦dica. De hecho, la corrupci¨®n entre nuestros funcionarios es de las m¨¢s bajas del mundo. Lo nuestro es un serio problema de corrupci¨®n pol¨ªtica a causa de los graves defectos institucionales y de los nombramientos de libre designaci¨®n para los puestos de funcionarios¡±, abunda Manuel Villoria.

La sociedad espa?ola no tiene m¨¢s inclinaci¨®n por la corrupci¨®n que cualquier otra, pero ha sido moldeada en el doble rasero que se procuran las ¨¦lites, en el nada ejemplarizante comportamiento de los partidos pol¨ªticos, la instituci¨®n juzgada m¨¢s corrupta en las encuestas, y en la atm¨®sfera de relativa impunidad reinante en estas d¨¦cadas. ?Cabe indignarse desde la esfera pol¨ªtica del impago del IVA en la factura del fontanero si los pol¨ªticos practican la mordida a las empresas y la contabilidad B? El atavismo de la pobre legitimaci¨®n del Estado y de la secular desconfianza espa?ola en las instituciones contribuye tambi¨¦n a explicar la mayor condescendencia general respecto a la econom¨ªa sumergida y la permisividad ante el impago de impuestos.

Lo curioso del caso espa?ol es que esa permisividad convive en un mismo bagaje cultural con el rechazo beligerante y masivo a la corrupci¨®n pol¨ªtica. Como se ha visto en los casos de Juan Carlos Monedero e ??igo Errej¨®n, esa doble moral alcanza tambi¨¦n a figuras pol¨ªticas de partidos emergentes y permite predicar contra la corrupci¨®n al tiempo que se intenta estafar a Hacienda o se disfruta de un beca indebida; todo con naturalidad, sin autocr¨ªtica ni mayor penalizaci¨®n social. Y, sin embargo, el estudio llevado a cabo por los profesores Prieto, Sanzo y Su¨¢rez en 2006 ya mostr¨® que los votantes de los dos principales partidos rechazaban de forma rotunda los fraudes para acceder de forma ilegal a las prestaciones p¨²blicas.

¡°No se debe olvidar el idealismo de los espa?oles en lo tocante a las cuestiones pol¨ªticas, as¨ª como su aguda susceptibilidad respecto a la injusticia. No hay pueblo que sea m¨¢s severo que el espa?ol en sus juicios sobre estas cuestiones. El favoritismo y la aceptaci¨®n de comisiones resultan a sus ojos un verdadero desfalco. Los espa?oles en conjunto no son justos ni imparciales, pero son honestos. Por mi parte, tiendo a pensar que si en Inglaterra estuvi¨¦ramos expuestos a tal n¨²mero de tentaciones de deshonestidad como se est¨¢ en Espa?a, no saldr¨ªamos tan bien parados como ellos¡±. Lo escribi¨® Gerald Brenan en 1962.

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