Navantia y Arabia Saud¨ª: el extra?o caso del acuerdo m¨¢ximo

¡°Est¨¢bamos todos en una habitaci¨®n, mi madre y mis hermanos, y entonces lleg¨® la explosi¨®n y nos hiri¨® a todos. Ahora mi madre, mi hermano peque?o y mi hermana est¨¢n en otro hospital¡±. As¨ª relat¨® a Amnist¨ªa Internacional su terrible experiencia una ni?a yemen¨ª de 12 a?os de edad que hab¨ªa sufrido quemaduras de tercer grado y heridas de metralla en todo el cuerpo, adem¨¢s de un profundo corte en la cara. Se retorc¨ªa de dolor en su cama del hospital mientras explicaba los efectos de un triple ataque lanzado el 13 de junio de 2015 por la coalici¨®n encabezada por Arabia Saud¨ª contra un barrio residencial de la capital de Yemen, que caus¨® la muerte a 10 civiles e hiri¨® a otros 28.

Seg¨²n la ONU, desde el comienzo de la campa?a militar, el 25 de marzo de 2015, en Yemen ha habido m¨¢s de 35.000 v¨ªctimas, es decir, una media de 113 cada d¨ªa. Esta cifra incluye 6.100 muertos, casi la mitad ellos, civiles, m¨¢s de 700 ni?os y ni?as. M¨¢s de 2,5 millones de personas son desplazadas internas en un conflicto en el que 21 millones de personas necesitan ayuda humanitaria y en el que, seg¨²n Oxfam, la falta de combustible por el bloqueo naval saud¨ª podr¨ªa causar m¨¢s muertes que la violencia.

En este contexto, la empresa p¨²blica Navantia est¨¢ a punto de firmar un contrato con Arabia Saud¨ª para la venta de cinco barcos de guerra que se construir¨ªan en los astilleros de Ferrol y C¨¢diz. En una carta abierta al Gobierno espa?ol y a Navantia, Amnist¨ªa Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Interm¨®n hemos denunciado que esta operaci¨®n viola la normativa espa?ola e internacional sobre comercio de armas. Nos oponemos a esta operaci¨®n porque en este momento existe un riesgo claro de que estos barcos podr¨ªan utilizarse para llevar a cabo ataques militares directos a la poblaci¨®n civil, ataques indiscriminados contra civiles en Yemen y para mantener un bloqueo naval al que Arabia Saud¨ª somete a dicho pa¨ªs desde marzo de 2015, en un conflicto que se ha cobrado m¨¢s de 6.000 vidas y en el que 8 de cada 10 yemen¨ªes depende de la ayuda humanitaria debido a ese bloqueo. Todas esas pr¨¢cticas son violaciones graves del derecho internacional humanitario y el Tratado sobre el Comercio de Armas ratificado por Espa?a en 2014, precisamente proh¨ªbe la venta de armas para cometer este tipo de cr¨ªmenes de derecho internacional. El respeto al derecho internacional humanitario est¨¢ por encima de otras consideraciones, incluidas las econ¨®micas.

Sin embargo, pol¨ªticos de partidos como el PP, PSOE, Podemos e Izquierda Unida, siendo el ¨²nico caso conocido sobre el que s¨ª hay pacto, se han manifestado a favor de este contrato, obviando sus grav¨ªsimas consecuencias, aludiendo a la creaci¨®n de puestos de trabajo. Las ONG no nos oponemos a la creaci¨®n de puestos de trabajo en los astilleros de Navantia. Nunca hemos dicho tal cosa. De hecho, Navantia est¨¢ negociando otros acuerdos con otros pa¨ªses para la firma de otros contratos. Siempre que sean acuerdos que respeten la legalidad internacional, no habr¨¢ problema. La clave est¨¢ en que este contrato en concreto es ilegal: viola la legislaci¨®n espa?ola sobre exportaci¨®n de armas y varias disposiciones de derecho internacional de obligado cumplimiento para Espa?a. Y el respeto a las obligaciones internacionales est¨¢ por encima de cualquier operaci¨®n financiera. El Gobierno no puede autorizar la venta de estos barcos porque el derecho internacional le obliga a primar el respeto al derecho internacional humanitario.

No se trata de tener que escoger entre el derecho al trabajo y el derecho a la vida

Somos conscientes de la dur¨ªsima situaci¨®n de miles de personas en C¨¢diz y Ferrol que ven en este acuerdo una oportunidad de encontrar un trabajo. Sin embargo, corresponde a nuestros representantes pol¨ªticos favorecer la creaci¨®n de condiciones para encontrar oportunidades de trabajo que no conviertan a unas personas que quieren ganarse la vida con su trabajo en un instrumento necesario para fabricar armas para cometer atrocidades. No se trata de tener que escoger entre el derecho al trabajo y el derecho a la vida, entre ¡°nuestros¡± y ¡°sus¡± derechos humanos, pues estos son de todas las personas. No es descartable que este caso ayude a abrir un debate serio sobre una posible reconversi¨®n de la industria militar, a lo que no se debe temer, aunque no sea lo que nos ocupa, pues este caso se centra en si esta venta de barcos a Arabia Saud¨ª es legal o no.

Otro argumento esgrimido en este debate ha sido que ¡°Si Espa?a no vende estos barcos a Arabia Saud¨ª, lo har¨¢ otro pa¨ªs¡±. No tiene por qu¨¦ ser as¨ª. El Tratado sobre el Comercio de Armas aprobado en la ONU en 2013 y que entr¨® en vigor el 24 de diciembre de 2014 precisamente es un instrumento clave para evitar este tipo de situaciones, en las que un pa¨ªs pueda plantearse: ¡°Si no vendo yo, lo har¨¢ otro¡±. 130 Estados ya han firmado el Tratado. Se han comprometido a no llevar a cabo acciones contrarias al objeto y la finalidad de este Tratado. 81 Estados lo han ratificado y, por lo tanto, deben aplicar y est¨¢n obligados a respetar las normas de protecci¨®n de los derechos humanos que establece este Tratado, cuyo objeto es establecer normas internacionales comunes lo m¨¢s estrictas posible para regular el comercio internacional de armas; prevenir y eliminar su tr¨¢fico il¨ªcito para contribuir a la paz y la seguridad y reducir el sufrimiento humano.

Estamos convencidos de que los pa¨ªses que hasta el momento no han ratificado este Tratado acabar¨¢n por darse de cuenta de los beneficios de que todos los exportadores de armas jueguen con las mismas reglas. De lo contrario, no participar¨¢n en acuerdos y empresas conjuntas que impliquen la transferencia de tecnolog¨ªa avanzada y perder¨¢n oportunidades. Adem¨¢s, tampoco querr¨¢n convertirse en parias de la comunidad internacional que vendan armas para violar el derecho internacional, sometidos al escrutinio de los dem¨¢s pa¨ªses y la opini¨®n p¨²blica mundial. Porque, en el comercio de armas, no todo vale y hay que respetar las reglas.

Esteban Beltr¨¢n, Jordi Armadans, Mario Rodr¨ªguez y Jos¨¦ Mar¨ªa Vera son directores de Amnist¨ªa Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Interm¨®n, respectivamente.