Naciones y naciones

Una de las propuestas m¨¢s controvertidas de Podemos es la creaci¨®n de un Ministerio de la Plurinacionalidad, cartera inexistente que Pablo Iglesias ya ha concedido avant la lettre a Xavier Dom¨¨nech, l¨ªder de la confluencia catalana En Com¨² Podem. Dom¨¨nech dice que el ¡°reto¡± es ¡°la construcci¨®n de una propuesta que haga factible la plurinacionalidad de Espa?a¡± y que, en ese marco, ¡°se mantiene la propuesta del refer¨¦ndum¡±.

Para Podemos el reconocimiento de la plurinacionalidad de Espa?a se basa en instituir el derecho a la autodeterminaci¨®n de sus partes integrantes. Instituir un derecho, que no reconocerlo, porque para reconocerlo este deber¨ªa tener una base preexistente m¨ªnimamente consolidada. Es decir, la plurinacionalidad seg¨²n Podemos consiste en trasladar al pueblo catal¨¢n, gallego o, en su caso, a cualquier otro que lo reclame con suficiente intensidad la soberan¨ªa del conjunto del pueblo espa?ol que reconoce la Constituci¨®n de 1978. Reconoce, que no instituye, la Constituci¨®n porque la soberan¨ªa nacional del conjunto de los espa?oles no es un invento de 1978, sino una realidad social, pol¨ªtica y jur¨ªdica que se ha ido forjando, con relevante participaci¨®n catalana por cierto, a lo largo de nuestro proceso constitucional, al menos desde las Cortes de C¨¢diz de 1812, cuyo primer presidente fue el catal¨¢n Ramon Ll¨¤tzer de Dou y uno de sus m¨¢ximos exponentes, el tambi¨¦n catal¨¢n Antoni de Capmany.

De Ll¨¤tzer de Dou y Capmany a Miquel Roca y Jordi Sol¨¦ Tura, pasando por el general Prim, Francesc Pi i Margall y Estanislau Figueras, ninguno cuestion¨® jam¨¢s la unicidad de la soberan¨ªa nacional ni la realidad de Espa?a como naci¨®n. No est¨¢ de m¨¢s recordar hoy que la participaci¨®n catalana ha sido entusi¨¢stica y decisiva en todos y cada uno de los momentos cruciales de nuestra historia constitucional como naci¨®n en sentido moderno, en la progresiva conformaci¨®n de Espa?a como comunidad de ciudadanos libres e iguales en derechos y obligaciones, que se reconocen entre s¨ª. Ese reconocimiento mutuo, con sus correspondientes ventajas y renuncias rec¨ªprocas, tiene como prerrequisito la existencia de un ¨²nico cuerpo pol¨ªtico soberano: el pueblo espa?ol. La decidida participaci¨®n catalana en la conformaci¨®n de ese espacio de convivencia y de solidaridad entre ciudadanos echa por tierra la pretensi¨®n compartida por Podemos y los partidos nacionalistas de que Catalu?a se convierta de s¨²bito en sujeto del derecho a la autodeterminaci¨®n, lo que en la pr¨¢ctica supone nada menos que la negaci¨®n de la soberan¨ªa del pueblo espa?ol.

Reconocer el derecho de las partes integrantes de Espa?a a abandonar el proyecto com¨²n en cualquier momento implicar¨ªa debilitar sobremanera la estabilidad de ese espacio de convivencia y de solidaridad entre ciudadanos, supeditando su continuidad a cuestiones tan coyunturales como la discrepancia ideol¨®gica entre un Gobierno auton¨®mico y el Gobierno central. De ah¨ª que no haya en el mundo ning¨²n Estado democr¨¢tico digno de tal nombre que reconozca el derecho a la autodeterminaci¨®n de sus partes integrantes en los t¨¦rminos en los que lo plantean los nacionalistas y Podemos, es decir, como un derecho absoluto a la secesi¨®n territorial que implique la divisibilidad del todo y al mismo tiempo blinde la indivisibilidad de las partes.

Esa es la principal debilidad de la defensa del llamado derecho a decidir como una exigencia democr¨¢tica y no como lo que en realidad es: un subterfugio nacionalista. Se explica que para los nacionalistas Catalu?a sea una naci¨®n, un fen¨®meno natural preexistente, mientras que Espa?a es solo un Estado, un aparato contingente y por tanto prescindible. Pero lo que no se entiende es que Podemos lo suscriba. A muchos nos puede parecer calamitosa la pretensi¨®n de Podemos de instituir la divisibilidad de Espa?a ampar¨¢ndose en el principio democr¨¢tico, pero si defendieran lo mismo para Catalu?a o el Pa¨ªs Vasco, su pretensi¨®n ser¨ªa al menos coherente, igualmente calamitosa pero coherente al cabo.

Eso es, de hecho, lo que prev¨¦ la c¨¦lebre Ley de Claridad canadiense (2000), de la que por cierto Dom¨¨nech se declara ¡°admirador¡±. Aprobada despu¨¦s del segundo refer¨¦ndum de Quebec (1995), la Clarity Act, lejos de favorecer la celebraci¨®n de m¨¢s refer¨¦ndums secesionistas, ha supuesto en la pr¨¢ctica un obst¨¢culo insalvable para los nacionalistas quebequeses, que han visto limitadas sus posibilidades de confeccionar una secesi¨®n al gusto. Ahora no solo deben plantear una pregunta clara y alcanzar mayor¨ªas reforzadas tanto de participaci¨®n como de votos a favor, sino que adem¨¢s deben asumir que de la misma manera que Canad¨¢ no es indivisible, tampoco lo es Quebec. Por supuesto es discutible, pero es la ¨²nica forma equitativa y radicalmente democr¨¢tica de plantear el derecho a decidir sin hacer acepci¨®n de naciones y, lo que es m¨¢s importante, sin discriminar a nadie por su sentimiento de pertenencia nacional.

Al abogar por la divisibilidad de Espa?a y ni siquiera plantearse la de Catalu?a, Podemos menosprecia el leg¨ªtimo sentimiento de pertenencia a la naci¨®n espa?ola que profesamos muchos catalanes, por no hablar de la mayor¨ªa de los espa?oles no catalanes. Parece que para Podemos solo tiene sentido hablar de plurinacionalidad cuando hablamos de Espa?a en su conjunto, como si el fen¨®meno no se diera con especial intensidad en Catalu?a o el Pa¨ªs Vasco. Poco parece importarles eso a los dirigentes de Podemos, tan mediatizados en su aproximaci¨®n a la pluralidad constitutiva de Espa?a por la visi¨®n filonacionalista de los dirigentes de sus m¨²ltiples confluencias.

Ignacio Mart¨ªn Blanco es polit¨®logo y periodista