Detener los incendios

Los Gobiernos auton¨®micos tienen encomendada la tarea de proteger la masa forestal del pa¨ªs, una fuente de riqueza y bienestar para los ciudadanos actuales y un patrimonio incalculable para las generaciones futuras. Pero, desgraciadamente, los incendios forestales se han convertido en una epidemia mortal para los bosques y un da?o irreparable para la econom¨ªa. En lo que va de a?o se han quemado m¨¢s de 25.000 hect¨¢reas de bosque en Espa?a en casi mil incendios. La cat¨¢strofe ha sido especialmente intensa en Galicia, un territorio propenso a los fuegos por razones que no son estrictamente naturales. La gravedad de lo sucedido en Galicia, la amenaza que suponen los incendios para la vida y las propiedades de las personas, est¨¢ disparando la alarma social; los ciudadanos no aprecian avances en la pol¨ªtica preventiva de los incendios ni en la pol¨ªtica represiva contra los incendiarios.

Con media Galicia en llamas y buena parte de los bosques espa?oles da?ados, la pregunta b¨¢sica que tienen que responder el Estado y los Gobiernos auton¨®micos es si las comunidades aut¨®nomas est¨¢n en condiciones, legales y log¨ªsticas, de proteger los bosques, o no lo est¨¢n; y, en caso de que la respuesta sea negativa, por qu¨¦. La primera impresi¨®n es que, dejando a un lado el esfuerzo loable de quienes combaten los fuegos en primera l¨ªnea, desde la Administraci¨®n se combate el fuego con grandes palabras, invocaciones vac¨ªas y ret¨®rica grandilocuente. Pero los bosques siguen ardiendo, se destruye riqueza sin cultivar (las zonas rentables nunca arden) y el ciclo del fuego se repite todos los a?os sin apenas variaciones.

Es evidente que una parte considerable de los incendios son provocados. Puede demostrarse por la sincronizaci¨®n de los siniestros ¡ªhay v¨ªdeos donde se aprecia la l¨ªnea de detonaci¨®n del fuego¡ª, por las detenciones de pir¨®manos y por las coincidencias de las zonas quemadas con los terrenos apetecidos por intereses agr¨ªcolas o inmobiliarios. Los Gobiernos auton¨®micos tienen que demostrar que detienen a los responsables directos de los fuegos (si son provocados), que pueden aplicar la ley con efectos disuasorios y, lo que es m¨¢s importante, que tienen decisi¨®n y recursos para investigar hasta sus ¨²ltimas consecuencias qu¨¦ intereses est¨¢n detr¨¢s de los incendiarios conocidos. Nadie ha cre¨ªdo jam¨¢s la f¨¢bula de una brigadilla de pir¨®manos desequilibrados que casualmente aciertan a abrasar las zonas boscosas m¨¢s convenientes.

Tambi¨¦n hay incendios fortuitos. Por ejemplo, los causados por rayos. En esos casos, s¨®lo sirve la prevenci¨®n: consiste en la tarea pesada y continua de mantener cortafuegos, limpiar el bosque de maleza inflamable y construir puestos de vigilancia. Es un trabajo que exige mucha paciencia, dedicaci¨®n, recursos humanos y, en resumen, inversi¨®n. Desgraciadamente las pol¨ªticas forestales est¨¢n en primera l¨ªnea de eliminaci¨®n cuando hay recortes; y, m¨¢s desdichadamente a¨²n, no siempre la coordinaci¨®n entre administraciones es buena.

La cuesti¨®n sigue, pues, en pie: las comunidades aut¨®nomas tienen que demostrar a sus propios ciudadanos que pueden reducir a?o tras a?o la destrucci¨®n de la masa forestal. Los resultados, hasta ahora, no invitan al optimismo.