Sin mandato

La renqueante mayor¨ªa secesionista del Parlamento catal¨¢n se ha sacado de la chistera un nuevo conejo, el refer¨¦ndum proindependencia para 2017 y con car¨¢cter no acordado. Y por tanto, unilateral e ilegal, aunque no se titule as¨ª.

Esta idea resulta contradictoria con las promesas formuladas por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, antes de ganar la cuesti¨®n de confianza, de que cualquier refer¨¦ndum deber¨ªa celebrarse en plenitud de garant¨ªas y exhibir suficiente encaje legal.

Desborda adem¨¢s el presunto ¡°mandato¡± electoral mayoritario del 27-S de 2015 del que siempre alardea el secesionismo. No existe como consecuencia de una mayor¨ªa en votos, pues los independentistas apenas alcanzaron el 48%; y conculcar¨ªa el list¨®n de dos tercios de los esca?os requeridos para modificar el Estatuto vigente, el que ampara la legitimidad del Gobierno de Puigdemont.

Pero si existiese, tampoco cubrir¨ªa esta propuesta de refer¨¦ndum, pues los programas y la hoja de ruta parlamentaria derivada de aquella elecci¨®n exclu¨ªan cualquier refer¨¦ndum que no fuese para ratificar una Constituci¨®n independentista. As¨ª que el secesionismo se aleja de su propia cobertura legitimadora, por d¨¦bil e inventada que resulte.

Convergentes, republicanos y miembros de la CUPaseguraban que aquel paso se deb¨ªa a que ya se hab¨ªa ¡°pasado la pantalla¡± de la fase auton¨®mica, y porque la ilegal consulta referendaria del 9-N de 2014 ya surt¨ªa efectos plenos.

Ahora la marcha atr¨¢s hacia algo parecido viene a reconocer por la v¨ªa de hecho que la pretendida mayor¨ªa no lo era, que la consulta era inane y que hay que volver a empezar. Intentando, entre otras cosas, atraerse a los comunes (el conglomerado de los seguidores de Ada Colau, Podemos e Iniciativa) con el se?uelo del ¡°derecho a decidir¡±.

El retroceso es loable como confesi¨®n impl¨ªcita del fracaso. Pero esconde arrogancia indebida, pues la moci¨®n ha reunido menos votos que otra de los comunes apelando a un refer¨¦ndum mucho m¨¢s et¨¦reo. Y apunta a que bajo su formulaci¨®n se plantee una estrategia de choque, con la pretensi¨®n de acumular m¨¢s prohibiciones e incluso su interrupci¨®n por la fuerza. Lo que proporcionar¨ªa carburante victimista y alguna atenci¨®n exterior que dotasen de m¨²sculo a un proc¨¦s desvitaminado.

Por el momento, las rituales protestas por la intervenci¨®n de los tribunales sobre la pol¨ªtica catalana exhiben escaso empaque. El Tribunal Constitucional (TC) ha evitado recurrir a la nueva norma que le permitir¨ªa sancionar a la presidenta del Parlament. Tampoco el Supremo ha persistido en procesar al portavoz convergente en el Congreso por malversar fondos p¨²blicos en la consulta referendaria, lo que podr¨ªa haberle acarreado pena de prisi¨®n. Y adem¨¢s, el TC ha validado leyes catalanas (como la que permite actuar contra la pobreza energ¨¦tica), desnaturalizando la acusaci¨®n de haberse convertido en brazo ejecutor de la pol¨ªtica del Gobierno.

La cuesti¨®n catalana necesita menos titulares judiciales y m¨¢s iniciativas pol¨ªticas que la encaucen.